El Defensor se lamenta: En Bolivia subsisten el racismo y la discriminación, pese a las leyes
La Paz, Oxígeno
El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, lamentó que en el país se mantengan vigentes la discriminación y el racismo a pesar de que el Estado Plurinacional ha aprobado leyes para sancionarlos y pese a que existen políticas públicas, institucionalidad y un Plan Plurinacional para erradicarlas.
“Acciones tan condenables, colonialistas y discriminatorias como las declaraciones de algunas personas en Chimoré que han pedido que los miembros del pueblo indígena de los yukisretornen a sus tierras porque dan mal aspecto a la ciudad, son muestras de que el problema está latente en todos los ámbitos de la sociedad pese a los esfuerzos que hace el Estado”, indicó el Defensor en referencia a la pretensión de las Juntas Vecinales y el Comité Cívico de Chimoré de pedir la salida más de 20 familias yukis de esa ciudad.
El caso fue seguido por las Representaciones de la Defensoría del Pueblo de Cochabamba y del Chapare y refutada por las autoridades ediles; sin embargo, Villena cuestionó el sólo hecho que se plantee expulsarlos de la Casa Comunal que habitan en Chimoré bajo argumentos que no toman en cuenta su condición de alta vulnerabilidad y cuando factores externos como la invasión de su territorio, los obligaron a salir y establecerse en esa región.
También expresó su preocupación por la discriminación que aún persiste en contra de las personas adultas mayores, que son víctimas de abandono y maltrato; o contra las personas con opciones sexuales diferentes, quienes en su primer informe anual, denunciaron la vulneración del derecho a la igualdad, a la no discriminación, al reconocimiento a la personalidad jurídica, a la vida, a la seguridad personal, a la educación, al disfrute del más alto nivel de salud y a formar una familia.
Asimismo, dijo que continua la discriminación cuando aún no se cumple la normativa que obliga a que del total del personal de instituciones estatales y empresas privadas, un 4% sean personas con discapacidad.
“Tener un día para reflexionar sobre estos hechos es destacable, pero no es suficiente, se deben desarrollar políticas públicas más consistentes que fortalezcan a las instancia que luchan contra la discriminación y el racismo y permita reducir la impunidad en este tipo de hechos; además es importante dar mayor énfasis a la parte educativa, para que las y los niños comiencen a ser formados con una mentalidad de respeto a los derechos humanos, donde la discriminación y el racismo no tengan cabida”, indicó.
Villena también aseguró que ha implementado procesos educativos, de sensibilización, información y difusión para contribuir a la erradicación progresiva del racismo y la discriminación en la sociedad boliviana, en este mismo sentido, se ha desarrollado el Primer Diplomado en Derechos Humanos para la Prevención del Racismo y Discriminación dirigido a servidores y servidoras públicas de los Órganos del Estado, auspiciado por el Viceministerio de Descolonización, la Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP), la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Defensoría del Pueblo en la gestión 2013-2014.
El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, lamentó que en el país se mantengan vigentes la discriminación y el racismo a pesar de que el Estado Plurinacional ha aprobado leyes para sancionarlos y pese a que existen políticas públicas, institucionalidad y un Plan Plurinacional para erradicarlas.
“Acciones tan condenables, colonialistas y discriminatorias como las declaraciones de algunas personas en Chimoré que han pedido que los miembros del pueblo indígena de los yukisretornen a sus tierras porque dan mal aspecto a la ciudad, son muestras de que el problema está latente en todos los ámbitos de la sociedad pese a los esfuerzos que hace el Estado”, indicó el Defensor en referencia a la pretensión de las Juntas Vecinales y el Comité Cívico de Chimoré de pedir la salida más de 20 familias yukis de esa ciudad.
El caso fue seguido por las Representaciones de la Defensoría del Pueblo de Cochabamba y del Chapare y refutada por las autoridades ediles; sin embargo, Villena cuestionó el sólo hecho que se plantee expulsarlos de la Casa Comunal que habitan en Chimoré bajo argumentos que no toman en cuenta su condición de alta vulnerabilidad y cuando factores externos como la invasión de su territorio, los obligaron a salir y establecerse en esa región.
También expresó su preocupación por la discriminación que aún persiste en contra de las personas adultas mayores, que son víctimas de abandono y maltrato; o contra las personas con opciones sexuales diferentes, quienes en su primer informe anual, denunciaron la vulneración del derecho a la igualdad, a la no discriminación, al reconocimiento a la personalidad jurídica, a la vida, a la seguridad personal, a la educación, al disfrute del más alto nivel de salud y a formar una familia.
Asimismo, dijo que continua la discriminación cuando aún no se cumple la normativa que obliga a que del total del personal de instituciones estatales y empresas privadas, un 4% sean personas con discapacidad.
“Tener un día para reflexionar sobre estos hechos es destacable, pero no es suficiente, se deben desarrollar políticas públicas más consistentes que fortalezcan a las instancia que luchan contra la discriminación y el racismo y permita reducir la impunidad en este tipo de hechos; además es importante dar mayor énfasis a la parte educativa, para que las y los niños comiencen a ser formados con una mentalidad de respeto a los derechos humanos, donde la discriminación y el racismo no tengan cabida”, indicó.
Villena también aseguró que ha implementado procesos educativos, de sensibilización, información y difusión para contribuir a la erradicación progresiva del racismo y la discriminación en la sociedad boliviana, en este mismo sentido, se ha desarrollado el Primer Diplomado en Derechos Humanos para la Prevención del Racismo y Discriminación dirigido a servidores y servidoras públicas de los Órganos del Estado, auspiciado por el Viceministerio de Descolonización, la Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP), la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Defensoría del Pueblo en la gestión 2013-2014.
