Brasil: Juez falla contra hidroeléctricas y les pide reparar daño por la crecida del río Madera
Cochabamba, Los Tiempos
Un tribunal brasileño condenó ayer a las centrales hidroeléctricas de Jiraú y Santo Antonio a proveer ayuda a los miles de damnificados por la crecida del río Madeira, en la Amazonía, por considerar que estas represas contribuyeron a agrandar la inundación.
La decisión cautelar, tomada por el juez federal Herculano Martins Nacif, obliga a las empresas responsables de las hidroeléctricas a proveer a las poblaciones afectadas todas sus necesidades básicas, incluyendo vivienda, alimentación, transporte, educación y salud, según un comunicado.
La central de Santo Antonio, a 10 kilómetros de Porto Velho, ya está en operación, mientras que la de Jiraú, a 136 kilómetros río arriba, cerca de la frontera con Bolivia, está en construcción y comenzará a operar en 2016.
Las empresas también fueron obligadas a buscar o abrir rutas alternativas a las carreteras anegadas, en especial a la carretera federal BR-364, cuya inundación dejó aislado el estado de Acre, fronterizo con Perú y Bolivia.
El fallo judicial considera que las constructoras de las represas “subdimensionaron” el tamaño de los reservorios, por lo que les obligó a rehacer sus respectivos estudios de impacto ambiental.
Las dos represas están ubicadas en el río Madera, en el estado de Rondonia, fronterizo con Bolivia, y las inundaciones afectaron Rondonia, el Acre y el área amazónica, donde miles de personas tuvieron que dejar sus hogares o se han quedado aisladas.
Tan sólo en Porto Velho, capital de Rondonia, cerca de 10.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares. Otros 2.390 damnificados en la ciudad de Río Branco, capital de Acre, fueron acogidos en abrigos temporales.
Mientras que en Bolivia, sólo en el Beni existen 22.000 familias damnificadas, sin contar a los afectados en otras zonas como el norte paceño, ni las pérdidas en cultivos y ganadería.
Cuando se anunció la construcción de las represas, el Gobierno de Bolivia cuestionó la posibilidad de que hubieran inundaciones en este lado de la frontera, pero las autoridades brasileñas siempre lo rechazaron.
Hace algunas semanas, el Gobierno anunció que investigaría si existe relación entre las presas de Brasil en el río Madera y las inundaciones, a pesar de que hace unos 8 años que dispone de información que lo confirma.
Posteriormente, ante la presión de expertos, se volvió a poner el tema sobre el tapete y se incluyó su análisis en una reunión que se celebrará el 7 de abril en el país, entre los cancilleres de Brasil y Bolivia.
Mientras, ayer, por primera vez, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, señaló que las poblaciones del norte amazónico podrían estar sufriendo los efectos del reflujo de las aguas de las presas brasileñas. “Los últimos días es Guayaramerín que nos preocupa, no tenemos una rigurosa certeza de que la construcción de las represas de Jirau y San Antonio afecten. Al parecer hay un efecto de la construcción de las represas y nos preocupa el reflujo hidráulico de esta región hacia el municipio de Guayaramerín, también en Nueva Esperanza y Santos Mercado en el departamento de Pando”, señaló a Patria Nueva.
Dijo que un informe sobre el efecto de las presas estaría listo en unas 2 a 3 semanas.
La central de San Antonio, a 10 kilómetros de Porto Velho, ya está en operación, mientras que la de Jiraú, ubicada 136 kilómetros, cerca de la frontera boliviana, está en construcción y podría operar en 2016.
Un tribunal brasileño condenó ayer a las centrales hidroeléctricas de Jiraú y Santo Antonio a proveer ayuda a los miles de damnificados por la crecida del río Madeira, en la Amazonía, por considerar que estas represas contribuyeron a agrandar la inundación.
La decisión cautelar, tomada por el juez federal Herculano Martins Nacif, obliga a las empresas responsables de las hidroeléctricas a proveer a las poblaciones afectadas todas sus necesidades básicas, incluyendo vivienda, alimentación, transporte, educación y salud, según un comunicado.
La central de Santo Antonio, a 10 kilómetros de Porto Velho, ya está en operación, mientras que la de Jiraú, a 136 kilómetros río arriba, cerca de la frontera con Bolivia, está en construcción y comenzará a operar en 2016.
Las empresas también fueron obligadas a buscar o abrir rutas alternativas a las carreteras anegadas, en especial a la carretera federal BR-364, cuya inundación dejó aislado el estado de Acre, fronterizo con Perú y Bolivia.
El fallo judicial considera que las constructoras de las represas “subdimensionaron” el tamaño de los reservorios, por lo que les obligó a rehacer sus respectivos estudios de impacto ambiental.
Las dos represas están ubicadas en el río Madera, en el estado de Rondonia, fronterizo con Bolivia, y las inundaciones afectaron Rondonia, el Acre y el área amazónica, donde miles de personas tuvieron que dejar sus hogares o se han quedado aisladas.
Tan sólo en Porto Velho, capital de Rondonia, cerca de 10.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares. Otros 2.390 damnificados en la ciudad de Río Branco, capital de Acre, fueron acogidos en abrigos temporales.
Mientras que en Bolivia, sólo en el Beni existen 22.000 familias damnificadas, sin contar a los afectados en otras zonas como el norte paceño, ni las pérdidas en cultivos y ganadería.
Cuando se anunció la construcción de las represas, el Gobierno de Bolivia cuestionó la posibilidad de que hubieran inundaciones en este lado de la frontera, pero las autoridades brasileñas siempre lo rechazaron.
Hace algunas semanas, el Gobierno anunció que investigaría si existe relación entre las presas de Brasil en el río Madera y las inundaciones, a pesar de que hace unos 8 años que dispone de información que lo confirma.
Posteriormente, ante la presión de expertos, se volvió a poner el tema sobre el tapete y se incluyó su análisis en una reunión que se celebrará el 7 de abril en el país, entre los cancilleres de Brasil y Bolivia.
Mientras, ayer, por primera vez, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, señaló que las poblaciones del norte amazónico podrían estar sufriendo los efectos del reflujo de las aguas de las presas brasileñas. “Los últimos días es Guayaramerín que nos preocupa, no tenemos una rigurosa certeza de que la construcción de las represas de Jirau y San Antonio afecten. Al parecer hay un efecto de la construcción de las represas y nos preocupa el reflujo hidráulico de esta región hacia el municipio de Guayaramerín, también en Nueva Esperanza y Santos Mercado en el departamento de Pando”, señaló a Patria Nueva.
Dijo que un informe sobre el efecto de las presas estaría listo en unas 2 a 3 semanas.
La central de San Antonio, a 10 kilómetros de Porto Velho, ya está en operación, mientras que la de Jiraú, ubicada 136 kilómetros, cerca de la frontera boliviana, está en construcción y podría operar en 2016.