Bachelet vuelve a La Moneda con una ambiciosa agenda de reformas
Michelle Bachelet volverá a La Moneda este miércoles tras tomar posesión por segunda vez como presidenta chilena y lo hará con un ambicioso programa de Gobierno que incluye una ansiada reforma constitucional y una necesaria reforma educativa que requerirá de un profundo cambio del sistema tributario para financiarla. La líder socialista ha prometido resultados en sus primeros cien días.
Bachelet tomará de nuevo la vara de mando en una ceremonia celebrada en la sede del Congreso, en Valparaíso, que ha generado una gran expectación internacional --medible en la presencia de todos sus homólogos latinoamericanos-- por el liderazgo de la economía chilena en el desarrollo regional.
La ceremonia de investidura simbolizará el regreso de la izquierda al Gobierno, gracias a la aplastante victoria que la ex presidenta de ONU Mujeres consiguió en las elecciones celebradas el año pasado, en las que se impuso por hasta 25 puntos de diferencia a la candidata derechista Evelyn Matthei.
Bachelet ha liderado el cambio de una izquierda chilena que pagó sus años de estancamiento en 2010 con la victoria de Sebastián Piñera, quien consiguió que la centroderecha llegara al poder por primera vez desde el fin de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990).
Desde que anunció su candidatura presidencial, la médico de profesión ha luchado contra los escépticos que advierten de que la Nueva Mayoría de izquierda no es más que un nuevo nombre para una vieja Concertación que -auguran_una vez en La Moneda se esforzará por mantener el 'statu quo' que durante 20 años le ha dado tan buenos frutos.
"CAMBIAR EL ROSTRO DE CHILE"
Contra ello, Bachelet ha propuesto "cambiar el rostro de Chile" con un programa de Gobierno basado en tres reformas que considera fundamentales para, por un lado, consolidar el crecimiento económico que ha servido de ejemplo en toda América Latina y, por otro, acabar con las desigualdades sociales, en un país donde la brecha entre ricos y pobres, lejos de reducirse, se ha acentuado por el inmovilismo de Gobierno y Congreso.
Su gran apuesta es una reforma constitucional a fondo con el fin de desprenderse de la Carta Magna heredada del régimen castrense, que, a pesar de que ha sido remendada en democracia, todavía adolece de graves defectos. Su pretensión es incluir un amplio catálogo de derechos fundamentales y crear un sistema electoral realmente representativo.
"Chile merece que el texto constitucional reconozca y se base en un sistema plenamente democrático, y que recoja las normas y principios de Derechos Humanos reconocidos en el ámbito internacional, en toda su extensión", señala en la 'hoja de ruta' de su Ejecutivo.
También se ha fijado como reto abordar una reforma educativa que colme las expectativas de estudiantes y profesores, que desde 2011 exigen en las calles de todo el país una educación pública, gratuita y de calidad y que, al mismo tiempo, sirva a los objetivos de desarrollo del país sudamericano.
El propósito de esta reforma es "pasar de la educación como un bien que es posible transar en el mercado y la competencia como mecanismo regulador de la calidad, a un sistema educacional coordinado que ofrece a los niños y jóvenes de Chile un derecho social".
Lo que se traduce en garantizar el acceso universal a todos los niveles educativos, con especial énfasis en la fase preescolar, tradicionalmente olvidada, y en eliminar progresivamente la financiación y el lucro privados hasta llegar a la gratuidad. Todo ello coordinado por el Gobierno central, poniendo fin así a la caótica municipalización educativa.
Además, Bachelet ha pensado una reforma fiscal basada en "que los que más tienen paguen más" y en "un tratamiento similar de las rentas del trabajo y del capital" con la que espera recaudar el equivalente a un tres por ciento del PIB para financiar los 15.000 millones de dólares que necesita para implementar su programa de Gobierno.
En este punto ha encontrado la oposición del mundo empresarial, que advierte de que un cambio tributario de esta envergadura podría ser catastrófico para una economía que comienza a ralentizar su crecimiento.
LUCHA LEGISLATIVA
Para desprenderse definitivamente del prejuicio de la pasividad de la izquierda chilena, Bachelet ha anunciado que en los primeros cien días de Gobierno presentará un paquete con 50 medidas concretas que allanará el camino hacia la implementación del resto de su programa.
Sin embargo, para hacer realidad sus promesas electorales, el nuevo Ejecutivo tendrá que desplegar sus dotes negociadoras, ya que los resultados de los comicios legislativos celebrados el pasado 17 de noviembre le dejaron un Congreso con una mayoría insuficiente para llevar a cabo sus reformas.
El principal escollo en este sentido es la reforma constitucional, para cuya aprobación necesita el apoyo de al menos dos tercios de la sede legislativa, con los que no cuenta, por lo que la solución pasa por un juego de alianzas que podrían significar concesiones en los planos educativo y tributario.
La reforma constitucional suscita debate incluso en las filas de la Nueva Mayoría. Mientras que la Democracia Cristiana se inclina por enmendar la Carta Magna con una comisión bicameral, el Partido Comunista y el Radical Socialdemócrata abogan por celebrar una Asamblea Constituyente.
AGENDA INTERNACIONAL
En el plano internacional, el principal reto de Bachelet será cerrar el capítulo de los conflictos territoriales, estrechando lazos con Bolivia, país que el 24 de abril de 2013 demandó a Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para exigir la devolución de la salida al mar que perdió en la llamada Guerra del Pacífico, en el siglo XIX.
Según han revelado recientemente altos cargos del Partido Comunista -miembro de la Nueva Mayoría_Bachelet pretende abordar este tema con su homólogo boliviano, Evo Morales, a pesar del fracaso del diálogo sobre la agenda de 13 puntos que pactaron durante su primer mandato.
Con Perú, a quien la CIJ ha reconocido mayor soberanía marítima en detrimento de Chile, Bachelet prevé continuar con el diálogo iniciado por el Gobierno de Piñera para implementar la decisión judicial, a pesar de los llamamientos de algunos sectores a desconocerlo.
En cuanto a sus otros vecinos regionales, la líder socialista aspira a mantener el papel de Chile como bálsamo en las crisis bilaterales que cíclicamente recorren el subcontinente. A este respecto, su primera tarea será destrabar la crisis venezolana en la reunión de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) que se celebrará en Santiago el próximo jueves.
