Ningún grupo apoyará al PP en la eliminación de la justicia universal
La reducción de la jurisdiccion internacional sorprende a un sector de jueces y fiscales
Fernando Garea
Madrid, El País
El PP estará solo este martes en el pleno del Congreso en la toma en consideración de la proposición de ley que limita la llamada justicia universal hasta dejarla en nada. Ningún otro grupo apoyará la reforma exprés de la Ley Orgánica del Poder Judicial que busca fundamentalmente acabar con los conflictos diplomáticos por la persecución de delitos fuera de territorio español, especialmente el abierto con China por la investigación del genocidio en Tíbet. El portavoz del PP, Alfonso Alonso, admitió expresamente que su interés es eliminar la justicia universal porque “solo provoca conflictos”.
El Ministerio de Justicia ha renunciado a cambiar la norma por un proyecto de ley y ha usado la vía insólita esta legislatura de la proposición del PP para eludir los informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado. El texto del PP es tan restrictivo que limita la incautación de droga en alta mar, la lucha contra la ablación y la pederastia y obliga a archivar sumarios como el de la muerte del cámara de Tele 5 José Couso en Irak.
Todos los demás grupos han rechazado la iniciativa y así lo defenderán en el pleno. En 2009 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero llevó a cabo una primera poda de la justicia universal, pero con acuerdo con el PP y otros partidos. La portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez, intentó el martes forzar una petición de informe al Poder Judicial, apelando a un precedente de reforma legal. El PP la rechazó en la Mesa con la abstención de CiU. El representante de CiU, Jordi Jané, asegura que su grupo no se plantea apoyar la reforma. Explica que CiU siempre se ha abstenido cuando se trata de pedir ese tipo de informes. El PSOE ha recurrido el rechazo del PP y tendrá respuesta hoy mismo. La reforma podría estar en vigor en un mes y supondrá el archivo de decenas de sumarios.
La severa reducción del espacio de la justicia universal ha sorprendido negativamente a un importante sector de jueces y fiscales de la Audiencia Nacional, que la contemplan desde dos vertientes. Un grupo de juristas pone el acento en el hecho de que España dejará de ser un país referente en la protección de los derechos humanos y en la persecución de los delitos de genocidio y lesa humanidad.
Otro grupo subraya que el texto presentado por el PP abre espacios de impunidad que dificultan la investigación de graves delitos de crimen organizado transnacional como el narcotráfico y deja sin protección a víctimas de delitos como la trata de blancas o la mutilación genital. Algunos jueces de instrucción meditan la posibilidad de plantear cuestiones de constitucionalidad a medida que se vayan viendo obligados a archivar las causas de justicia universal que tienen abiertas, ya que entienden que podría darse un incumplimiento de los convenios internacionales firmados por España.
Organizaciones como la Asociación pro Derechos Humanos, Human Rights Watch y Amnistía Internacional, entre otras, han hecho público un comunicado en el que recuerdan los convenios firmados por España y lamentan que se interfiera en la independencia del sistema judicial.
Madrid, El País
El PP estará solo este martes en el pleno del Congreso en la toma en consideración de la proposición de ley que limita la llamada justicia universal hasta dejarla en nada. Ningún otro grupo apoyará la reforma exprés de la Ley Orgánica del Poder Judicial que busca fundamentalmente acabar con los conflictos diplomáticos por la persecución de delitos fuera de territorio español, especialmente el abierto con China por la investigación del genocidio en Tíbet. El portavoz del PP, Alfonso Alonso, admitió expresamente que su interés es eliminar la justicia universal porque “solo provoca conflictos”.
El Ministerio de Justicia ha renunciado a cambiar la norma por un proyecto de ley y ha usado la vía insólita esta legislatura de la proposición del PP para eludir los informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado. El texto del PP es tan restrictivo que limita la incautación de droga en alta mar, la lucha contra la ablación y la pederastia y obliga a archivar sumarios como el de la muerte del cámara de Tele 5 José Couso en Irak.
Todos los demás grupos han rechazado la iniciativa y así lo defenderán en el pleno. En 2009 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero llevó a cabo una primera poda de la justicia universal, pero con acuerdo con el PP y otros partidos. La portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez, intentó el martes forzar una petición de informe al Poder Judicial, apelando a un precedente de reforma legal. El PP la rechazó en la Mesa con la abstención de CiU. El representante de CiU, Jordi Jané, asegura que su grupo no se plantea apoyar la reforma. Explica que CiU siempre se ha abstenido cuando se trata de pedir ese tipo de informes. El PSOE ha recurrido el rechazo del PP y tendrá respuesta hoy mismo. La reforma podría estar en vigor en un mes y supondrá el archivo de decenas de sumarios.
La severa reducción del espacio de la justicia universal ha sorprendido negativamente a un importante sector de jueces y fiscales de la Audiencia Nacional, que la contemplan desde dos vertientes. Un grupo de juristas pone el acento en el hecho de que España dejará de ser un país referente en la protección de los derechos humanos y en la persecución de los delitos de genocidio y lesa humanidad.
Otro grupo subraya que el texto presentado por el PP abre espacios de impunidad que dificultan la investigación de graves delitos de crimen organizado transnacional como el narcotráfico y deja sin protección a víctimas de delitos como la trata de blancas o la mutilación genital. Algunos jueces de instrucción meditan la posibilidad de plantear cuestiones de constitucionalidad a medida que se vayan viendo obligados a archivar las causas de justicia universal que tienen abiertas, ya que entienden que podría darse un incumplimiento de los convenios internacionales firmados por España.
Organizaciones como la Asociación pro Derechos Humanos, Human Rights Watch y Amnistía Internacional, entre otras, han hecho público un comunicado en el que recuerdan los convenios firmados por España y lamentan que se interfiera en la independencia del sistema judicial.
