Más de 4.000 militares colombianos, investigados por asesinar a civiles
Bogotá, EP
La Unidad de Derechos Humanos del Ejército de Colombia, encargada de investigar los excesos y las violaciones de las Fuerzas Armadas, ha confirmado que unos 4.173 efectivos castrenses están siendo investigados por su supuesta implicación en los 'falsos positivos', como se denomina a los asesinatos de civiles inocentes a manos de militares para después hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate.
Esta unidad del Ejército ha incluido a los 1.784 militares que actualmente están acusados y esperan su sentencia, y a los 2.088 que se encuentran privados de libertad. En el mismo informe se han incluido las investigaciones de la Fiscalía, que señalan la implicación de más de 100 miembros de la Armada Nacional y de 26 agentes de la Policía Nacional.
Los funcionarios del Ejército que podrían estar implicados pertenecen a diferentes jerarquías de la institución. Así, 401 tienen rango de oficiales entre coroneles, mayores, capitanes y tenientes; 2.908 son soldados, 823 suboficiales y el resto aún está por establecer.
Por su parte, el Ministerio de Defensa ha comunicado que se están llevando a cabo unas 443 investigaciones internas, en las que hallaron responsabilidades de los uniformados implicados, tal y como ha publicado la emisora colombiana Caracol Radio.
BARRERO, DENUNCIADO ANTE TPI
El abogado de las víctimas asesinadas de manera extrajudicial por el Ejército de Colombia, Luis Guillermo Pérez, ha interpuesto una denuncia en la Tribunal Penal Internacional (TPI) contra el general Leonardo Barrero por su implicación en dichos homicidios.
Pérez también ha pedido a la Fiscalía General que actúe con contundencia ante los casos de corrupción en el Ejército y tome medidas cautelares para el embargo de los bienes, que a su vez puedan servir para reparar el daño a las víctimas de los 'falsos positivos'.
El letrado también ha criticado las palabras del general, quien fue sorprendido en las grabaciones que han destapado el escándalo de corrupción refiriéndose a la Fiscalía como una 'huevonada' a la que habría que denunciar formando una "mafia".
Pérez ha calificado dichas expresiones de atentado contra las administración de justicia y contra los derechos de las víctimas, a la vez que ha denunciado que el Gobierno haya tomado esas palabras como versión oficial para hacer valer su destitución, y no el daño que le ha hecho a los afectados.
'FALSOS POSITIVOS'
La comisión de acusaciones del Congreso de Colombia ha revelado unos audios de cientos de horas de grabación en las que el coronel Robinson González del Río --preso por 'falsos positivos'-- aparece cuadrando contratos con generales y coroneles y organiza los pagos a los presos con el fin de mantener su silencio, según ha publicado la revista colombiana Semana.
Las grabaciones son parte de la investigación por prevaricación contra el exmagistrado del Concejo Superior de la Judicatura, Henry Villarraga, por favorecer presuntamente a González del Río para que su caso por un 'falso positivo' pasara de un tribunal ordinario a uno militar.
Los audios salpicarían a algunos generales del Ejército y a varios tenientes coroneles y coroneles, en concreto a una docena de altos cargos que González del Río clasifica de intermediarios y 'padrinos' en conversaciones que se desarrollaron entre 2012 y 2013, donde se hacen referencias explícitas a la asignación de millonarios contratos a diferentes unidades militares y se habla de 'mordidas' (sobornos) de hasta el 50 por ciento.
La Unidad de Derechos Humanos del Ejército de Colombia, encargada de investigar los excesos y las violaciones de las Fuerzas Armadas, ha confirmado que unos 4.173 efectivos castrenses están siendo investigados por su supuesta implicación en los 'falsos positivos', como se denomina a los asesinatos de civiles inocentes a manos de militares para después hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate.
Esta unidad del Ejército ha incluido a los 1.784 militares que actualmente están acusados y esperan su sentencia, y a los 2.088 que se encuentran privados de libertad. En el mismo informe se han incluido las investigaciones de la Fiscalía, que señalan la implicación de más de 100 miembros de la Armada Nacional y de 26 agentes de la Policía Nacional.
Los funcionarios del Ejército que podrían estar implicados pertenecen a diferentes jerarquías de la institución. Así, 401 tienen rango de oficiales entre coroneles, mayores, capitanes y tenientes; 2.908 son soldados, 823 suboficiales y el resto aún está por establecer.
Por su parte, el Ministerio de Defensa ha comunicado que se están llevando a cabo unas 443 investigaciones internas, en las que hallaron responsabilidades de los uniformados implicados, tal y como ha publicado la emisora colombiana Caracol Radio.
BARRERO, DENUNCIADO ANTE TPI
El abogado de las víctimas asesinadas de manera extrajudicial por el Ejército de Colombia, Luis Guillermo Pérez, ha interpuesto una denuncia en la Tribunal Penal Internacional (TPI) contra el general Leonardo Barrero por su implicación en dichos homicidios.
Pérez también ha pedido a la Fiscalía General que actúe con contundencia ante los casos de corrupción en el Ejército y tome medidas cautelares para el embargo de los bienes, que a su vez puedan servir para reparar el daño a las víctimas de los 'falsos positivos'.
El letrado también ha criticado las palabras del general, quien fue sorprendido en las grabaciones que han destapado el escándalo de corrupción refiriéndose a la Fiscalía como una 'huevonada' a la que habría que denunciar formando una "mafia".
Pérez ha calificado dichas expresiones de atentado contra las administración de justicia y contra los derechos de las víctimas, a la vez que ha denunciado que el Gobierno haya tomado esas palabras como versión oficial para hacer valer su destitución, y no el daño que le ha hecho a los afectados.
'FALSOS POSITIVOS'
La comisión de acusaciones del Congreso de Colombia ha revelado unos audios de cientos de horas de grabación en las que el coronel Robinson González del Río --preso por 'falsos positivos'-- aparece cuadrando contratos con generales y coroneles y organiza los pagos a los presos con el fin de mantener su silencio, según ha publicado la revista colombiana Semana.
Las grabaciones son parte de la investigación por prevaricación contra el exmagistrado del Concejo Superior de la Judicatura, Henry Villarraga, por favorecer presuntamente a González del Río para que su caso por un 'falso positivo' pasara de un tribunal ordinario a uno militar.
Los audios salpicarían a algunos generales del Ejército y a varios tenientes coroneles y coroneles, en concreto a una docena de altos cargos que González del Río clasifica de intermediarios y 'padrinos' en conversaciones que se desarrollaron entre 2012 y 2013, donde se hacen referencias explícitas a la asignación de millonarios contratos a diferentes unidades militares y se habla de 'mordidas' (sobornos) de hasta el 50 por ciento.