El precio de criticar a Abbas
Los servicios de seguridad palestinos castigan a los empresarios, periodistas y activistas que se atreven a expresar en público su disidencia con el Gobierno
David Alandete
Ramala, El País
Criticar al presidente palestino se paga caro. O al menos conlleva un considerable descenso en el volumen de negocio. Lo sabe muy bien el empresario Mohamed al Sabawi, quien a finales de año pasado se atrevió a decir en público que “la gente quiere la caída” de Mahmud Abbas, presidente de la Autoridad Nacional Palestina. En represalia, fue detenido e interrogado durante ocho horas. Su familia inició una campaña de protesta. Ahora se ha visto forzada a callar, pues sus compañías pierden autorizaciones y clientes. Hacerle la oposición a los dirigentes palestinos se ha convertido en un ejercicio arriesgado en Cisjordania.
Las organizaciones humanitarias opinan que esas coerciones no obedecen a una política sistemática del Gobierno, sino a un exceso de celo de los servicios de seguridad. “El problema es que las fuerzas de seguridad palestinas no rinden cuentas tras estos arrestos arbitrarios y acusaciones de abusos”, opina Bill Van Esweld, investigador de la organización Human Rights Watch en Ramala. “No hay evidencias de que los abusos estén conectados con el presidente. Todo apunta a que son iniciativas de las fuerzas de seguridad. Es un problema que debe resolverse”.
El empresario Al Sabawi expresó esa voluntad de ver marcharse a Abbas después de que las fuerzas de seguridad ocuparan sin permiso la terraza del edificio de una de sus empresas durante la visita a Ramala del presidente francés, François Hollande, en noviembre. Su familia criticó lo que consideró un abuso contra la libertad de expresión y que le ha traído graves pérdidas. A la inmobiliaria Union Construction Investment, de la que Sabawi es accionista mayoritario, el Gobierno palestino le ha dificultado el registro de varias parcelas para la construcción, según fuentes cercanas al empresario. La aseguradora Al Ahalia, también propiedad de Al Sabawi, ha visto cómo la guardia presidencial palestina le ha cancelado la compra de pólizas para sus empleados.
Tal ha sido la presión y las pérdidas, que Al Sabawi ha dejado de hablar públicamente. Ehab Alshamali, su asesor legal, recibió a este diario en Ramala el martes. Tras consultar con el empresario dijo que “el señor Al Sabawi rechaza hacer declaraciones”. El general Adnan Damiri, portavoz de las fuerzas de seguridad palestinas, asegura que a Al Sabawi se le arrestó para interrogarle por orden de la fiscalía, y añade que “no debería proyectar sus propios problemas financieros sobre otros”. “La policía palestina no hace política”, puntualiza. “No interferimos en las libertades de expresión, ni en las críticas al presidente ni a nadie. No tenemos problema alguno con las críticas políticas. Sí estamos en contra de la difamación, y aún así no arrestamos a nadie hasta que tenemos una orden de la fiscalía para ello”.
Esas fuerzas de seguridad han arrestado a periodistas palestinos críticos con el Gobierno. George Kanawati, director de Radio Belén 2000, fue detenido en noviembre y salió de su interrogatorio con un ojo morado. Mamdo Hamamreh, de la televisión Al Quds, fue condenado a un año por publicar en Facebook una foto comparando a Abbas con un villano televisivo.
El hecho de que el propio Abbas perdonara a Hamamreh es significativo. “Seguro que no es el presidente quien ordena estas acciones”, asegura Musa Rimawi, que dirige el Centro Palestino para el Desarrollo y las Libertades de Prensa, una organización que vigila la libertad de expresión. “Hay en las fuerzas de seguridad quien quiere demostrar que es muy leal”.
Los territorios palestinos ocupan el puesto 138 en el índice de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras publicado la semana pasada, por detrás de países como Afganistán. El año pasado, varios periodistas protestaron contra el silenciamiento de informadores críticos. En una carta al primer ministro, Rami Hamdalá, denunciaron prácticas “dañinas” y “vergonzosas”.
Entre ellas, el arresto durante 10 días de 2012 de Yousef Shayeb por escribir un reportaje en el diario jordano Al Ghad, en el que dejó al descubierto una trama de corruptelas en la Embajada palestina en Francia que salpicó al ministro de Exteriores, Riad al Malki. Por las presiones del Gobierno palestino, Shayeb perdió su trabajo y aún tiene pendiente una causa abierta por injurias. “Cuando publiqué mi artículo pensé que recibiría reconocimiento, por denunciar abusos y hacer avanzar la libertad de prensa en Palestina. Imaginé que abrirían una investigación”, dice hoy. “Al contrario, me detuvieron y me denunciaron”. Los servicios de seguridad le pidieron que delatara a sus fuentes y entregara los documentos en los que basada su investigación. Él se negó.
Todos esos activistas, observadores y reporteros mantienen que la peor amenaza para la libertad de prensa y la disidencia en Cisjordania es la ocupación de Israel y el arresto de palestinos por su Ejército. Las últimas elecciones fueron en 2006. Tras una guerra civil el grupo islamista Hamás tomó el control de Gaza y el partido Al Fatah, en el que milita Abbas, se mantuvo en Cisjordania. El mandato del presidente expiró en 2010, pero hace y deshace gobiernos a discreción.
La mano del espionaje alcanza a Internet. Anas Saad Awwad fue acusado de injuriar a Abbas y condenado a prisión por manipular una foto de Abbas para vestirlo con una camiseta del Real Madrid con el lema “nuevo jugador”.
Ramala, El País
Criticar al presidente palestino se paga caro. O al menos conlleva un considerable descenso en el volumen de negocio. Lo sabe muy bien el empresario Mohamed al Sabawi, quien a finales de año pasado se atrevió a decir en público que “la gente quiere la caída” de Mahmud Abbas, presidente de la Autoridad Nacional Palestina. En represalia, fue detenido e interrogado durante ocho horas. Su familia inició una campaña de protesta. Ahora se ha visto forzada a callar, pues sus compañías pierden autorizaciones y clientes. Hacerle la oposición a los dirigentes palestinos se ha convertido en un ejercicio arriesgado en Cisjordania.
Las organizaciones humanitarias opinan que esas coerciones no obedecen a una política sistemática del Gobierno, sino a un exceso de celo de los servicios de seguridad. “El problema es que las fuerzas de seguridad palestinas no rinden cuentas tras estos arrestos arbitrarios y acusaciones de abusos”, opina Bill Van Esweld, investigador de la organización Human Rights Watch en Ramala. “No hay evidencias de que los abusos estén conectados con el presidente. Todo apunta a que son iniciativas de las fuerzas de seguridad. Es un problema que debe resolverse”.
El empresario Al Sabawi expresó esa voluntad de ver marcharse a Abbas después de que las fuerzas de seguridad ocuparan sin permiso la terraza del edificio de una de sus empresas durante la visita a Ramala del presidente francés, François Hollande, en noviembre. Su familia criticó lo que consideró un abuso contra la libertad de expresión y que le ha traído graves pérdidas. A la inmobiliaria Union Construction Investment, de la que Sabawi es accionista mayoritario, el Gobierno palestino le ha dificultado el registro de varias parcelas para la construcción, según fuentes cercanas al empresario. La aseguradora Al Ahalia, también propiedad de Al Sabawi, ha visto cómo la guardia presidencial palestina le ha cancelado la compra de pólizas para sus empleados.
Tal ha sido la presión y las pérdidas, que Al Sabawi ha dejado de hablar públicamente. Ehab Alshamali, su asesor legal, recibió a este diario en Ramala el martes. Tras consultar con el empresario dijo que “el señor Al Sabawi rechaza hacer declaraciones”. El general Adnan Damiri, portavoz de las fuerzas de seguridad palestinas, asegura que a Al Sabawi se le arrestó para interrogarle por orden de la fiscalía, y añade que “no debería proyectar sus propios problemas financieros sobre otros”. “La policía palestina no hace política”, puntualiza. “No interferimos en las libertades de expresión, ni en las críticas al presidente ni a nadie. No tenemos problema alguno con las críticas políticas. Sí estamos en contra de la difamación, y aún así no arrestamos a nadie hasta que tenemos una orden de la fiscalía para ello”.
Esas fuerzas de seguridad han arrestado a periodistas palestinos críticos con el Gobierno. George Kanawati, director de Radio Belén 2000, fue detenido en noviembre y salió de su interrogatorio con un ojo morado. Mamdo Hamamreh, de la televisión Al Quds, fue condenado a un año por publicar en Facebook una foto comparando a Abbas con un villano televisivo.
El hecho de que el propio Abbas perdonara a Hamamreh es significativo. “Seguro que no es el presidente quien ordena estas acciones”, asegura Musa Rimawi, que dirige el Centro Palestino para el Desarrollo y las Libertades de Prensa, una organización que vigila la libertad de expresión. “Hay en las fuerzas de seguridad quien quiere demostrar que es muy leal”.
Los territorios palestinos ocupan el puesto 138 en el índice de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras publicado la semana pasada, por detrás de países como Afganistán. El año pasado, varios periodistas protestaron contra el silenciamiento de informadores críticos. En una carta al primer ministro, Rami Hamdalá, denunciaron prácticas “dañinas” y “vergonzosas”.
Entre ellas, el arresto durante 10 días de 2012 de Yousef Shayeb por escribir un reportaje en el diario jordano Al Ghad, en el que dejó al descubierto una trama de corruptelas en la Embajada palestina en Francia que salpicó al ministro de Exteriores, Riad al Malki. Por las presiones del Gobierno palestino, Shayeb perdió su trabajo y aún tiene pendiente una causa abierta por injurias. “Cuando publiqué mi artículo pensé que recibiría reconocimiento, por denunciar abusos y hacer avanzar la libertad de prensa en Palestina. Imaginé que abrirían una investigación”, dice hoy. “Al contrario, me detuvieron y me denunciaron”. Los servicios de seguridad le pidieron que delatara a sus fuentes y entregara los documentos en los que basada su investigación. Él se negó.
Todos esos activistas, observadores y reporteros mantienen que la peor amenaza para la libertad de prensa y la disidencia en Cisjordania es la ocupación de Israel y el arresto de palestinos por su Ejército. Las últimas elecciones fueron en 2006. Tras una guerra civil el grupo islamista Hamás tomó el control de Gaza y el partido Al Fatah, en el que milita Abbas, se mantuvo en Cisjordania. El mandato del presidente expiró en 2010, pero hace y deshace gobiernos a discreción.
La mano del espionaje alcanza a Internet. Anas Saad Awwad fue acusado de injuriar a Abbas y condenado a prisión por manipular una foto de Abbas para vestirlo con una camiseta del Real Madrid con el lema “nuevo jugador”.
