El fin de una gran mentira kirchnerista
El Gobierno argentino reconoce la rampante inflación e inaugura un índice acorde a los requisitos del FMI
Alejandro Rebossio
Buenos Aires, El País
Después del magro resultado del kirchnerismo en las elecciones legistlativas de octubre pasado, la presidenta de Argentina, la peronista Cristina Fernández de Kirchner, renovó su gabinete de ministros al mes siguiente y ha comenzado a adoptar una serie de medidas forzada por los problemas económicos que arrastra el país. El nuevo ministro de Economía, Axel Kicillof, comenzó por negociar un acuerdo para indemnizar a Repsol por la expropiación del 51% de YPF, continuó devaluando el peso el 14% en enero, permitió que el Banco Central subiera los tipos de interés y el jueves anunció un nuevo índice de inflación, que, a diferencia del vigente en los últimos siete años, mide la inflación real, tres veces mayor a la reconocida hasta ahora.
Desde 2007 en adelante, primero el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) y después el de Fernández subestimaron el índice de precios al consumidor (IPC) como un intento de negar la creciente inflación, que desde entonces superó el 20% anual (la única excepción fue en 2009). La mentira del IPC fue primero denunciada por los empleados del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), muchos de los cuales sufrieron represalias. También la oposición cargó durante estos años contra las estadísticas falsas.
Los mercados castigaron a Argentina porque había títulos públicos que se ajustaban según el IPC y por eso la prima de riesgo de este país, que en 2006 se asemejaba a la de Brasil, ahora se parece más a la de Ucrania y por eso el país no puede endeudarse a tipos razonables. Pero siete años después de informar que la inflación rondaba el 1% mensual, frente a consultoras y agencias provinciales de estadística que calculaban más del doble, el Gobierno aceptó que en enero pasado, el mes de la devaluación, la inflación había subido un 3,7% frente al mes anterior. Economistas críticos del kirchnerismo consideraron más fiable el nuevo IPC. “Es un paso adelante”, opinó Roberto Lavagna, que había sido ministro de Economía de Kirchner entre 2003 y 2005 y que ahora apoya al eventual candidato presidencial del peronismo opositor para las elecciones de 2015, Sergio Massa. De todos modos, Lavagna pidió que, ahora que se ha reconocido el problema de la inflación, se adopte un plan para reducirla. En términos anuales, la inflación ronda el 30%, aunque esta cifra no podrá calcularse con el nuevo índice hasta que pase el año.
Pero ni la situación económica ni la política explican solas el sinceramiento del IPC. El Gobierno de Fernández, que siempre ha renegado de las políticas de ajuste del Fondo Monetario Internacional (FMI), ha elaborado un nuevo índice bajo la amenaza lanzada por este organismo en 2012 de que le mostraría la tarjeta roja. Eso significaría en primer lugar la interrupción de créditos que en el futuro pudiese necesitar Argentina y, de continuar la manipulación estadística, que el país fuese expulsado del FMI.
Otra de las consecuencias del reconocimiento de un IPC mayor es que el Gobierno deberá admitir que hay más argentinos que están en la pobreza, porque sus ingresos no alcanzan para comprar productos que ahora se reconocen más caros. El INDEC dice que solo el 4,7% de los argentinos es pobre, pero la Universidad Católica Argentina considera que 10 millones, un cuarto de la población, padece carencias básicas.
Buenos Aires, El País
Después del magro resultado del kirchnerismo en las elecciones legistlativas de octubre pasado, la presidenta de Argentina, la peronista Cristina Fernández de Kirchner, renovó su gabinete de ministros al mes siguiente y ha comenzado a adoptar una serie de medidas forzada por los problemas económicos que arrastra el país. El nuevo ministro de Economía, Axel Kicillof, comenzó por negociar un acuerdo para indemnizar a Repsol por la expropiación del 51% de YPF, continuó devaluando el peso el 14% en enero, permitió que el Banco Central subiera los tipos de interés y el jueves anunció un nuevo índice de inflación, que, a diferencia del vigente en los últimos siete años, mide la inflación real, tres veces mayor a la reconocida hasta ahora.
Desde 2007 en adelante, primero el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) y después el de Fernández subestimaron el índice de precios al consumidor (IPC) como un intento de negar la creciente inflación, que desde entonces superó el 20% anual (la única excepción fue en 2009). La mentira del IPC fue primero denunciada por los empleados del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), muchos de los cuales sufrieron represalias. También la oposición cargó durante estos años contra las estadísticas falsas.
Los mercados castigaron a Argentina porque había títulos públicos que se ajustaban según el IPC y por eso la prima de riesgo de este país, que en 2006 se asemejaba a la de Brasil, ahora se parece más a la de Ucrania y por eso el país no puede endeudarse a tipos razonables. Pero siete años después de informar que la inflación rondaba el 1% mensual, frente a consultoras y agencias provinciales de estadística que calculaban más del doble, el Gobierno aceptó que en enero pasado, el mes de la devaluación, la inflación había subido un 3,7% frente al mes anterior. Economistas críticos del kirchnerismo consideraron más fiable el nuevo IPC. “Es un paso adelante”, opinó Roberto Lavagna, que había sido ministro de Economía de Kirchner entre 2003 y 2005 y que ahora apoya al eventual candidato presidencial del peronismo opositor para las elecciones de 2015, Sergio Massa. De todos modos, Lavagna pidió que, ahora que se ha reconocido el problema de la inflación, se adopte un plan para reducirla. En términos anuales, la inflación ronda el 30%, aunque esta cifra no podrá calcularse con el nuevo índice hasta que pase el año.
Pero ni la situación económica ni la política explican solas el sinceramiento del IPC. El Gobierno de Fernández, que siempre ha renegado de las políticas de ajuste del Fondo Monetario Internacional (FMI), ha elaborado un nuevo índice bajo la amenaza lanzada por este organismo en 2012 de que le mostraría la tarjeta roja. Eso significaría en primer lugar la interrupción de créditos que en el futuro pudiese necesitar Argentina y, de continuar la manipulación estadística, que el país fuese expulsado del FMI.
Otra de las consecuencias del reconocimiento de un IPC mayor es que el Gobierno deberá admitir que hay más argentinos que están en la pobreza, porque sus ingresos no alcanzan para comprar productos que ahora se reconocen más caros. El INDEC dice que solo el 4,7% de los argentinos es pobre, pero la Universidad Católica Argentina considera que 10 millones, un cuarto de la población, padece carencias básicas.
