El Ejército colombiano niega haber realizado escuchas ilegales
Seis militares que trabajaron en la unidad de inteligencia que está en el centro de la polémica por espionaje serán sustituidos
Elizabeth Reyes L.
Bogotá, El País
Doce días después de haberse destapado el escándalo de las supuestas escuchas ilegales a los negociadores de paz con las FARC por parte de miembros del Ejército, un informe presentado en la noche del viernes al presidente Juan Manuel Santos por el general Ernesto Maldonado, Inspector del Ejército, asegura que la creación de la fachada de inteligencia militar desde la que presuntamente se espiaron a los negociadores fue legal. Según Maldonado, su funcionamiento estaba “soportado” en órdenes de operaciones emitidas por un comandante de batallón de inteligencia, así como por rubros autorizados por la ley.
El general Maldonado leyó un comunicado en el que sostuvo que en la fachada, llamada Andrómeda, desde la que además se habrían espiado comunicaciones a integrantes del equipo de las FARC en La Habana y periodistas colombianos, de agencias internacionales y otros medios de Europa, no se habían adelantado interceptaciones de comunicaciones ni realizado actividades ilícitas.
El oficial no dijo nada sobre si en los operativos que realizaron hackers contratados por personal de inteligencia se interceptaron mensajes del equipo de negociadores de paz, pero aseguró que estas investigaciones serán adelantadas por la Fiscalía y la Justicia Penal Militar, que determinarán si fueron ilegales o no. Así que para el Ejército, solo cuando la Fiscalía termine de revisar y analizar la información contenida en los computadores que fueron incautados en el local que hacía las veces de fachada, se sabrá si fueron utilizados para chuzar, como se le conoce en Colombia a las escuchas ilegales.
Según Maldonado, para la investigación que realizó su dependencia, se verificaron las acciones que realizó dicha fachada de inteligencia durante 2012, 2013 y lo que va de 2014, así como la ejecución presupuestal para los gastos de mantenimiento y funcionamiento del local de un restaurante en el occidente de Bogotá, además de diez entrevistas y 22 pruebas de detector de mentiras.
Lo que sí aceptó el militar es que hubo errores de procedimiento en el manejo de Andrómeda, “para proteger el secreto de la operación” –ya que fue descubierta–, por lo que recomendó relevar de sus cargos a seis funcionarios, de los cuales no dio los nombres, que estuvieron involucrados directamente en el trabajo que se realizaba en la fachada de inteligencia, mientras se adelantan las investigaciones. Ya se había hecho lo mismo, apenas estalló el escándalo, con los generales Mauricio Zúñiga y Jorge Zuluaga, cabezas de la inteligencia militar en Colombia.
Con esto –sin mayores sorpresas– las respuestas que los colombianos esperaban escuchar para esclarecer las posibles escuchas ilegales denunciadas por la revista Semana, tendrán que esperar, ya que lo anunciado por el Ejército, va en la misma línea de lo que ya había dicho el presidente Santos sobre la legalidad de Andrómeda, a pesar de que un primer momento le atribuyó las escuchas ilegales a “fuerzas oscuras” que acechaban los diálogos de paz con las FARC.
Pero a pesar del informe del Ejército, este viernes, horas antes de que se pronunciara el general Rodríguez, el parlamentario Simón Gaviria, director del partido Liberal, afirmó que sabía de la existencia de “400 mensajes de whatsapps y 500 de Blackberry interceptados y decenas de correos electrónicos” de periodistas, políticos y empresarios. Según Gaviria, entre los espiados también estaban miembros de su partido y del Polo Democrático, de la oposición. En Colombia, estas interceptaciones solo pueden hacerse con autorización judicial.
El miércoles, en una sesión reservada de la comisión de inteligencia del Congreso, donde se citó a la cúpula militar y al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, para conocer de fondo lo que venía ocurriendo en Andrómeda, no hubo mayores avances y las explicaciones no convencieron a los congresistas. Como ha sucedido desde que estalló el escándalo, Pinzón volvió a defender las labores de inteligencia lícita que allí se hacían y aclaró que la cuestionada fachada de inteligencia militar únicamente podía monitorear el espectro electromagnético, algo que, aunque polémico, está autorizado por la ley colombiana.
El mandatario colombiano le pidió también a la Procuraduría General que se ponga al frente de la investigación disciplinaria y ha reiterado que si se descubren abusos de la inteligencia militar “se actuará con toda la contundencia en aplicación de sanciones”.
Elizabeth Reyes L.
Bogotá, El País
Doce días después de haberse destapado el escándalo de las supuestas escuchas ilegales a los negociadores de paz con las FARC por parte de miembros del Ejército, un informe presentado en la noche del viernes al presidente Juan Manuel Santos por el general Ernesto Maldonado, Inspector del Ejército, asegura que la creación de la fachada de inteligencia militar desde la que presuntamente se espiaron a los negociadores fue legal. Según Maldonado, su funcionamiento estaba “soportado” en órdenes de operaciones emitidas por un comandante de batallón de inteligencia, así como por rubros autorizados por la ley.
El general Maldonado leyó un comunicado en el que sostuvo que en la fachada, llamada Andrómeda, desde la que además se habrían espiado comunicaciones a integrantes del equipo de las FARC en La Habana y periodistas colombianos, de agencias internacionales y otros medios de Europa, no se habían adelantado interceptaciones de comunicaciones ni realizado actividades ilícitas.
El oficial no dijo nada sobre si en los operativos que realizaron hackers contratados por personal de inteligencia se interceptaron mensajes del equipo de negociadores de paz, pero aseguró que estas investigaciones serán adelantadas por la Fiscalía y la Justicia Penal Militar, que determinarán si fueron ilegales o no. Así que para el Ejército, solo cuando la Fiscalía termine de revisar y analizar la información contenida en los computadores que fueron incautados en el local que hacía las veces de fachada, se sabrá si fueron utilizados para chuzar, como se le conoce en Colombia a las escuchas ilegales.
Según Maldonado, para la investigación que realizó su dependencia, se verificaron las acciones que realizó dicha fachada de inteligencia durante 2012, 2013 y lo que va de 2014, así como la ejecución presupuestal para los gastos de mantenimiento y funcionamiento del local de un restaurante en el occidente de Bogotá, además de diez entrevistas y 22 pruebas de detector de mentiras.
Lo que sí aceptó el militar es que hubo errores de procedimiento en el manejo de Andrómeda, “para proteger el secreto de la operación” –ya que fue descubierta–, por lo que recomendó relevar de sus cargos a seis funcionarios, de los cuales no dio los nombres, que estuvieron involucrados directamente en el trabajo que se realizaba en la fachada de inteligencia, mientras se adelantan las investigaciones. Ya se había hecho lo mismo, apenas estalló el escándalo, con los generales Mauricio Zúñiga y Jorge Zuluaga, cabezas de la inteligencia militar en Colombia.
Con esto –sin mayores sorpresas– las respuestas que los colombianos esperaban escuchar para esclarecer las posibles escuchas ilegales denunciadas por la revista Semana, tendrán que esperar, ya que lo anunciado por el Ejército, va en la misma línea de lo que ya había dicho el presidente Santos sobre la legalidad de Andrómeda, a pesar de que un primer momento le atribuyó las escuchas ilegales a “fuerzas oscuras” que acechaban los diálogos de paz con las FARC.
Pero a pesar del informe del Ejército, este viernes, horas antes de que se pronunciara el general Rodríguez, el parlamentario Simón Gaviria, director del partido Liberal, afirmó que sabía de la existencia de “400 mensajes de whatsapps y 500 de Blackberry interceptados y decenas de correos electrónicos” de periodistas, políticos y empresarios. Según Gaviria, entre los espiados también estaban miembros de su partido y del Polo Democrático, de la oposición. En Colombia, estas interceptaciones solo pueden hacerse con autorización judicial.
El miércoles, en una sesión reservada de la comisión de inteligencia del Congreso, donde se citó a la cúpula militar y al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, para conocer de fondo lo que venía ocurriendo en Andrómeda, no hubo mayores avances y las explicaciones no convencieron a los congresistas. Como ha sucedido desde que estalló el escándalo, Pinzón volvió a defender las labores de inteligencia lícita que allí se hacían y aclaró que la cuestionada fachada de inteligencia militar únicamente podía monitorear el espectro electromagnético, algo que, aunque polémico, está autorizado por la ley colombiana.
El mandatario colombiano le pidió también a la Procuraduría General que se ponga al frente de la investigación disciplinaria y ha reiterado que si se descubren abusos de la inteligencia militar “se actuará con toda la contundencia en aplicación de sanciones”.
