El Constitucional alemán allana el camino a que el BCE compre deuda
-La autoridad bancaria europea recibe con agrado la decisión del tribunal
-El órgano dice que el BCE se “inmiscuye en la soberanía de los Estados”
Juan Gómez
Berlín, El País
El Banco Central Europeo (BCE) ha recibido con agrado la inhibición del Tribunal Constitucional (TC) alemán en las querellas contra su programa de compra ilimitada de deuda soberana. Los jueces de Karlsruhe han remitido este viernes el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que deberá decidir si la posibilidad de una intervención ilimitada del banco emisor en los mercados de deuda se ajusta a los Tratados europeos. Aunque el TC alemán se ha mostrado particularmente duro con el programa de compra de bonos y se ha expresado claramente favorable a las tesis críticas del Banco Central alemán (Bundesbank), su inhibición se ha interpretado como un espaldarazo al BCE y al controvertido plan de compra de deuda.
En verano de 2012, su presidente Mario Draghi anunció que haría todo lo posible por estabilizar el euro y presentó, algunas semanas más tarde, el plan que permitiría la adquisición ilimitada de deuda soberana de los países en crisis, siempre a cambio de estrictas condiciones de rescate.
Dicho plan no le ha costado un solo euro al BCE, porque su mero anuncio ha atajado los embates más duros de la crisis de la deuda española e italiana. Sus primas de riesgo sobre el bono alemán se han reducido drásticamente. No obstante, los sectores liberal-conservadores de la opinión pública alemana y una parte de sus grandes medios de comunicación han considerado, con el jefe del Bundesbank, Jens Weidmann, que el BCE ha vulnerado los Tratados europeos que prohíben la financiación directa de los Estados. El TC ha sostenido en su decisión del viernes que ha detectado indicios “sólidos” de que el banco emisor “se inmiscuye en la soberanía de los Estados y se salta la prohibición” de prestar dinero a los Estados.
La decisión del TC no cierra del todo la puerta a posibles restricciones futuras desde Karlsruhe. Seis de los ocho magistrados que se han ocupado del caso han considerado que el programa puede ser ilegal. Han aceptado las tesis de Weidmann y el Bundesbank. Los otros dos han considerado, por contra, que el más alto tribunal alemán carece de competencias para juzgar el caso. En la misma dirección se ha pronunciado el poderoso ministro de Hacienda de Angela Merkel, el también democristiano Wolfgang Schäuble (CDU). Como Weidmann, ha sido invitado este verano a exponer su punto de vista ante el tribunal.
En el BCE han recordado el viernes el testimonio del entonces miembro alemán de su Consejo de Gobierno, Jörg Asmussen, que ha explicado a los jueces que el programa es “necesario, efectivo y conforme a los Tratados” europeos. Como nunca se ha puesto en marcha, por ahora solo se puede hablar de la eficacia del anuncio. Para no pocos economistas, la simple existencia del programa seguirá convenciendo a los inversores de que la deuda de los países periféricos como España es un valor seguro. El TC nunca había remitido antes una decisión a los tribunales europeos. Con ello parecen reconocer los límites de sus propias competencias legales. Tanto la Comisión Europea como el Gobierno de Merkel han repetido su convicción de que el programa es legal. Los portavoces de la canciller se han negado a comentar la sentencia, de la que han dicho que “se ha tomado nota”. En Hacienda han recordado la intervención de Schäuble este verano.
El TC ha segurado en su decisión que el programa podría ajustase a derecho si se le imponen algunas restricciones. En el BCE han dicho que no es del todo ilimitado, porque solo permite comprar deuda ya existente y emitida en bonos de uno y tres años. Los jueces alemanes creen, por el contrario, que la puesta en marcha del programa podría significar “una considerable redistribución de la riqueza” entre los socios de la UE. Un efecto que “no está previsto” en los Tratados y que abriría una puerta trasera hacia un sistema de cohesión financiera que nadie ha aprobado en Europa.
Entre los querellantes contra Draghi, las reacciones a la decisión del TC fueron variopintas. El dirigente socialcristiano bávaro Peter Gauweiler (CSU) ha hablado de “un éxito parcial”, porque los jueces asumieron tesis contrarias a las del Gobierno. En declaraciones al diario conservador Frankfurter Allgemeine Zeitung, el candidato del nuevo partido euroescéptico AFD ha criticado, en cambio, lo que considera “una verdadera abdicación del Tribunal Constitucional”.
-El órgano dice que el BCE se “inmiscuye en la soberanía de los Estados”
Juan Gómez Berlín, El País
El Banco Central Europeo (BCE) ha recibido con agrado la inhibición del Tribunal Constitucional (TC) alemán en las querellas contra su programa de compra ilimitada de deuda soberana. Los jueces de Karlsruhe han remitido este viernes el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que deberá decidir si la posibilidad de una intervención ilimitada del banco emisor en los mercados de deuda se ajusta a los Tratados europeos. Aunque el TC alemán se ha mostrado particularmente duro con el programa de compra de bonos y se ha expresado claramente favorable a las tesis críticas del Banco Central alemán (Bundesbank), su inhibición se ha interpretado como un espaldarazo al BCE y al controvertido plan de compra de deuda.
En verano de 2012, su presidente Mario Draghi anunció que haría todo lo posible por estabilizar el euro y presentó, algunas semanas más tarde, el plan que permitiría la adquisición ilimitada de deuda soberana de los países en crisis, siempre a cambio de estrictas condiciones de rescate.
Dicho plan no le ha costado un solo euro al BCE, porque su mero anuncio ha atajado los embates más duros de la crisis de la deuda española e italiana. Sus primas de riesgo sobre el bono alemán se han reducido drásticamente. No obstante, los sectores liberal-conservadores de la opinión pública alemana y una parte de sus grandes medios de comunicación han considerado, con el jefe del Bundesbank, Jens Weidmann, que el BCE ha vulnerado los Tratados europeos que prohíben la financiación directa de los Estados. El TC ha sostenido en su decisión del viernes que ha detectado indicios “sólidos” de que el banco emisor “se inmiscuye en la soberanía de los Estados y se salta la prohibición” de prestar dinero a los Estados.
La decisión del TC no cierra del todo la puerta a posibles restricciones futuras desde Karlsruhe. Seis de los ocho magistrados que se han ocupado del caso han considerado que el programa puede ser ilegal. Han aceptado las tesis de Weidmann y el Bundesbank. Los otros dos han considerado, por contra, que el más alto tribunal alemán carece de competencias para juzgar el caso. En la misma dirección se ha pronunciado el poderoso ministro de Hacienda de Angela Merkel, el también democristiano Wolfgang Schäuble (CDU). Como Weidmann, ha sido invitado este verano a exponer su punto de vista ante el tribunal.
En el BCE han recordado el viernes el testimonio del entonces miembro alemán de su Consejo de Gobierno, Jörg Asmussen, que ha explicado a los jueces que el programa es “necesario, efectivo y conforme a los Tratados” europeos. Como nunca se ha puesto en marcha, por ahora solo se puede hablar de la eficacia del anuncio. Para no pocos economistas, la simple existencia del programa seguirá convenciendo a los inversores de que la deuda de los países periféricos como España es un valor seguro. El TC nunca había remitido antes una decisión a los tribunales europeos. Con ello parecen reconocer los límites de sus propias competencias legales. Tanto la Comisión Europea como el Gobierno de Merkel han repetido su convicción de que el programa es legal. Los portavoces de la canciller se han negado a comentar la sentencia, de la que han dicho que “se ha tomado nota”. En Hacienda han recordado la intervención de Schäuble este verano.
El TC ha segurado en su decisión que el programa podría ajustase a derecho si se le imponen algunas restricciones. En el BCE han dicho que no es del todo ilimitado, porque solo permite comprar deuda ya existente y emitida en bonos de uno y tres años. Los jueces alemanes creen, por el contrario, que la puesta en marcha del programa podría significar “una considerable redistribución de la riqueza” entre los socios de la UE. Un efecto que “no está previsto” en los Tratados y que abriría una puerta trasera hacia un sistema de cohesión financiera que nadie ha aprobado en Europa.
Entre los querellantes contra Draghi, las reacciones a la decisión del TC fueron variopintas. El dirigente socialcristiano bávaro Peter Gauweiler (CSU) ha hablado de “un éxito parcial”, porque los jueces asumieron tesis contrarias a las del Gobierno. En declaraciones al diario conservador Frankfurter Allgemeine Zeitung, el candidato del nuevo partido euroescéptico AFD ha criticado, en cambio, lo que considera “una verdadera abdicación del Tribunal Constitucional”.
