Los militares argentinos velan por el control de las fronteras
Tras la dictadura, la labor del Ejército fue restringida a la defensa de la soberanía nacional. Tras Ahora colabora en seguridad interior
Alejandro Rebossio
Buenos Aires, El País
A diferencia de muchos otros países latinoamericanos, es muy raro que en Argentina se vean por las calles militares con sus uniformes verdes y sus armas largas. Dejaron de dirigir la política de seguridad interior después de la sangrienta dictadura que encabezaron entre 1976 y 1983, en la que se denunciaron 30.000 desaparecidos y por la que ha habido 1.055 uniformados acusados de crímenes de lesa humanidad ante la justicia. Por aquel pasado tan tenebroso es que ha surgido cierta polémica por la decisión del Gobierno de la peronista Cristina Fernández de Kirchner de que las Fuerzas Armadas colaboren con una tarea de seguridad interna como es la vigilancia del espacio aéreo y las fronteras terrestre y fluvial del norte de Argentina, donde limita con Bolivia, Paraguay y Brasil.
Lo que no hacen los militares argentinos, a diferencia de otros de sus colegas latinoamericanos, es combatir directamente a los delincuentes sino que se limitan a informar de movimientos sospechosos a las fuerzas de seguridad, ya sea la Policía Federal, la Gendarmería Nacional (policía de fronteras terrestres) y la Prefectura Naval (policía de mares y ríos).
Las leyes de defensa (1988), seguridad interior (1991) e inteligencia (2001) prohíben la participación de las Fuerzas Armadas en tareas internas y les fija como misión la de responder a cualquier agresión militar de un estado extranjero. Mientras Colombia, México o Brasil envían sus tropas para combatir al narcotráfico, en Argentina ese es asunto de las fuerzas policiales.
En 2011, el Gobierno de Fernández decidió reforzar el control de la frontera norte de su país ante los riesgos del tráfico de drogas, pero también de armas o el contrabando de mercaderías lícitas. El operativo se llamó Escudo Norte, quedó en manos de las fuerzas de seguridad, pero Fernández autorizó a los militares a vigilar las fronteras aéreas, terrestres y fluviales.
Desde entonces, entre 315 y 415 uniformados de la Fuerza Aérea y del Ejército operan 24 radares con los que controlan el ingreso irregular de aviones, avionetas o helicópteros, es decir, aquellos que no han informado a las autoridades de su entrada al país. Desde 2011 hasta ahora, los radares captaron la llegada de 55.418 naves, de las cuales solo 513 se encontraban en situación irregular. Otros 307 vuelos no registrados fueron identificados en forma visual por los militares.
“Cuando los radares detectan un tránsito aéreo irregular, las Fuerzas Armadas lo informan como dato neutro, sin analizar y en forma inmediata, a la fuerza de seguridad correspondiente, que en general es la Gendarmería”, explica a EL PAÍS el ministro de Defensa de Argentina, Agustín Rossi. “Cuando el tránsito aéreo irregular está dentro de la zona de alcance de una nave interceptora de la Fuerza Aérea o de la Armada, se le da la orden de despegue, en general se hace un procedimiento de acercamiento, se termina el proceso de identificación de la nave y se comunica a la fuerza de seguridad correspondiente. No hacemos absolutamente nada más que la identificación”, explica Rossi.
En septiembre pasado se añadieron nuevas tareas al Ejército. Después de la derrota del kirchnerismo en las elecciones legislativas primarias de agosto en la provincia de Buenos Aires (donde votan casi cuatro de cada diez argentinos), el Gobierno de Fernández dispuso que 4.000 gendarmes que custodiaban la frontera Norte vinieran a la periferia de la capital para combatir la inseguridad urbana, en el país con mayor tasa de robos per cápita de Latinoamérica. Para no dejar descuidados los límites con Bolivia, Paraguay y Brasil, la jefa de Estado dispuso que se rotaran en esas zonas entre 1.200 y 1.500 integrantes del Ejército. “En general se desplazan en lugares de tránsito nulo, fuera de lo que son las rutas habituales”, explica el ministro de Defensa. “La consigna es la misma: si observamos una situación irregular, informamos a la fuerza de seguridad para que actúe y nos retiramos del lugar. En general, lo que termina generándose es un efecto fuertemente disuasivo. Pero no paramos vehículos, no interceptamos a nadie”, añade quien fuera jefe del grupo de diputados kirchneristas entre 2005 y 2013, cuando dejó el Parlamento para unirse al Ejecutivo .
Dentro del propio peronismo kirchnerista algunos dirigentes más conservadores pretenden que las Fuerzas Armadas se involucren directamente en el combate contra el tráfico de estupefacientes. “En algún momento habrá que ver un poco, por las características que toma el narcotráfico, el tema del rol de las Fuerzas Armadas", propuso el pasado jueves el gobernador de Buenos Aires y aspirante a suceder a Fernández, Daniel Scioli. Pero esa una opción rechazada por el más progresista Rossi. No obstante, la oposición también ha criticado al Gobierno por involucrar de alguna manera a los militares en la seguridad interior, aunque solo sea para vigilancia.
“El Gobierno se ha venido moviendo en forma peligrosa de lo que dicen las leyes, que dicen que las Fuerzas Armadas solo actúan para repeler agresiones de fuerzas armadas externas”, advierte el senador Fernando Pino Solanas, de la alianza de centroizquierda Unen, en diálogo telefónico. “Acá hay un operativo para control interior. Hay una adaptación del Ejército para la lucha contra el narcotráfico, que en México y Colombia fue terrible”, lamenta Solanas, que también critica que el kirchnerismo, que impulsó en 2003 la reanudación de los juicios contra los criminales de la dictadura, haya nombrado en 2013 al frente del Ejército a César Milani, un militar de inteligencia que ha sido denunciado por supuestas violaciones a los derechos humanos durante el régimen. Pero por ahora la participación castrense en seguridad interior dista mucho de lo que es en otras latitudes latinoamericanas.
Buenos Aires, El País
A diferencia de muchos otros países latinoamericanos, es muy raro que en Argentina se vean por las calles militares con sus uniformes verdes y sus armas largas. Dejaron de dirigir la política de seguridad interior después de la sangrienta dictadura que encabezaron entre 1976 y 1983, en la que se denunciaron 30.000 desaparecidos y por la que ha habido 1.055 uniformados acusados de crímenes de lesa humanidad ante la justicia. Por aquel pasado tan tenebroso es que ha surgido cierta polémica por la decisión del Gobierno de la peronista Cristina Fernández de Kirchner de que las Fuerzas Armadas colaboren con una tarea de seguridad interna como es la vigilancia del espacio aéreo y las fronteras terrestre y fluvial del norte de Argentina, donde limita con Bolivia, Paraguay y Brasil.
Lo que no hacen los militares argentinos, a diferencia de otros de sus colegas latinoamericanos, es combatir directamente a los delincuentes sino que se limitan a informar de movimientos sospechosos a las fuerzas de seguridad, ya sea la Policía Federal, la Gendarmería Nacional (policía de fronteras terrestres) y la Prefectura Naval (policía de mares y ríos).
Las leyes de defensa (1988), seguridad interior (1991) e inteligencia (2001) prohíben la participación de las Fuerzas Armadas en tareas internas y les fija como misión la de responder a cualquier agresión militar de un estado extranjero. Mientras Colombia, México o Brasil envían sus tropas para combatir al narcotráfico, en Argentina ese es asunto de las fuerzas policiales.
En 2011, el Gobierno de Fernández decidió reforzar el control de la frontera norte de su país ante los riesgos del tráfico de drogas, pero también de armas o el contrabando de mercaderías lícitas. El operativo se llamó Escudo Norte, quedó en manos de las fuerzas de seguridad, pero Fernández autorizó a los militares a vigilar las fronteras aéreas, terrestres y fluviales.
Desde entonces, entre 315 y 415 uniformados de la Fuerza Aérea y del Ejército operan 24 radares con los que controlan el ingreso irregular de aviones, avionetas o helicópteros, es decir, aquellos que no han informado a las autoridades de su entrada al país. Desde 2011 hasta ahora, los radares captaron la llegada de 55.418 naves, de las cuales solo 513 se encontraban en situación irregular. Otros 307 vuelos no registrados fueron identificados en forma visual por los militares.
“Cuando los radares detectan un tránsito aéreo irregular, las Fuerzas Armadas lo informan como dato neutro, sin analizar y en forma inmediata, a la fuerza de seguridad correspondiente, que en general es la Gendarmería”, explica a EL PAÍS el ministro de Defensa de Argentina, Agustín Rossi. “Cuando el tránsito aéreo irregular está dentro de la zona de alcance de una nave interceptora de la Fuerza Aérea o de la Armada, se le da la orden de despegue, en general se hace un procedimiento de acercamiento, se termina el proceso de identificación de la nave y se comunica a la fuerza de seguridad correspondiente. No hacemos absolutamente nada más que la identificación”, explica Rossi.
En septiembre pasado se añadieron nuevas tareas al Ejército. Después de la derrota del kirchnerismo en las elecciones legislativas primarias de agosto en la provincia de Buenos Aires (donde votan casi cuatro de cada diez argentinos), el Gobierno de Fernández dispuso que 4.000 gendarmes que custodiaban la frontera Norte vinieran a la periferia de la capital para combatir la inseguridad urbana, en el país con mayor tasa de robos per cápita de Latinoamérica. Para no dejar descuidados los límites con Bolivia, Paraguay y Brasil, la jefa de Estado dispuso que se rotaran en esas zonas entre 1.200 y 1.500 integrantes del Ejército. “En general se desplazan en lugares de tránsito nulo, fuera de lo que son las rutas habituales”, explica el ministro de Defensa. “La consigna es la misma: si observamos una situación irregular, informamos a la fuerza de seguridad para que actúe y nos retiramos del lugar. En general, lo que termina generándose es un efecto fuertemente disuasivo. Pero no paramos vehículos, no interceptamos a nadie”, añade quien fuera jefe del grupo de diputados kirchneristas entre 2005 y 2013, cuando dejó el Parlamento para unirse al Ejecutivo .
Dentro del propio peronismo kirchnerista algunos dirigentes más conservadores pretenden que las Fuerzas Armadas se involucren directamente en el combate contra el tráfico de estupefacientes. “En algún momento habrá que ver un poco, por las características que toma el narcotráfico, el tema del rol de las Fuerzas Armadas", propuso el pasado jueves el gobernador de Buenos Aires y aspirante a suceder a Fernández, Daniel Scioli. Pero esa una opción rechazada por el más progresista Rossi. No obstante, la oposición también ha criticado al Gobierno por involucrar de alguna manera a los militares en la seguridad interior, aunque solo sea para vigilancia.
“El Gobierno se ha venido moviendo en forma peligrosa de lo que dicen las leyes, que dicen que las Fuerzas Armadas solo actúan para repeler agresiones de fuerzas armadas externas”, advierte el senador Fernando Pino Solanas, de la alianza de centroizquierda Unen, en diálogo telefónico. “Acá hay un operativo para control interior. Hay una adaptación del Ejército para la lucha contra el narcotráfico, que en México y Colombia fue terrible”, lamenta Solanas, que también critica que el kirchnerismo, que impulsó en 2003 la reanudación de los juicios contra los criminales de la dictadura, haya nombrado en 2013 al frente del Ejército a César Milani, un militar de inteligencia que ha sido denunciado por supuestas violaciones a los derechos humanos durante el régimen. Pero por ahora la participación castrense en seguridad interior dista mucho de lo que es en otras latitudes latinoamericanas.
