La élite comunista de China oculta empresas en paraísos fiscales
Una investigación revela la actividad en refugios opacos de familiares de la élite
En la base de datos a la que ha tenido acceso EL PAIS figuran magnates y compañías estatales
El cuñado del presidente e hijos de exprimeros ministros y otros altos dirigentes, implicados
Jan Martínez Ahrens / Fernando Gualdoni / Jesús Sérvulo González / Andrea Rizzi
Madrid, El País
China vive la mayor y más veloz transformación que ha experimentado un país en las últimas décadas. El proceso de apertura y reforma ha sacado a cientos de millones de personas de la pobreza, pero la brecha social ha alcanzado un nivel peligroso. El enriquecimiento acelerado de las élites ha erosionado la credibilidad de los mandatarios comunistas, cuyas promesas de acabar con la desigualdad y la corrupción se enfrentan ahora a un nuevo escándalo: el uso masivo de paraísos fiscales por parte de sus familiares directos. EL PAÍS, junto con otros medios internacionales como The Guardian, BBC, Le Monde, Süddeutsche Zeitung o Asahi Shimbun, ha tenido acceso a una base documental obtenida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que revela que al menos 13 parientes de máximos dirigentes del régimen —incluidos el actual presidente, Xi Jinping, y los ex primeros ministros Wen Jiabao y Li Peng—, así como 15 grandes empresarios y grandes compañías estatales han mantenido gran actividad en refugios fiscales.
Los registros de estas sociedades opacas, analizados en colaboración con dicho consorcio, proceden de una filtración de más de dos millones de archivos de dos gestoras (Portcullis TrustNet y Commonwealth Trust) que operan en las Islas Vírgenes Británicas. La elección de este archipiélago del Caribe por parte de la élite china no es extraña: el territorio británico de ultramar era el segundo inversor directo en China en 2010 —año hasta el que figuran registros en la base de datos filtrada—, solo por detrás de Hong Kong. Con apenas 27.000 habitantes, tiene inscritas más de un millón de sociedades, el 40% procedente de China, Hong Kong y Singapur.
El examen de los datos evidencia cómo numerosos integrantes de la élite comunista han abierto sociedades offshore después de haber labrado enormes fortunas a la sombra del régimen. Esta práctica corrobora una de las debilidades sistémicas chinas: que las tres décadas transcurridas desde que Deng Xiaoping abandonó la economía central planificada y saltó al capitalismo bajo el gobierno único del Partido Comunista Chino (PCCh) han enriquecido de forma desmesurada a un sector privilegiado de la población, gracias a su cercanía al poder.
Los documentos, que llegan hasta principios de 2010, permiten constatar cómo estas tramas familiares, pertenecientes a los más altos linajes comunistas, se han aprovechado de la opacidad de las Islas Vírgenes Británicas para enviar el dinero fuera de los circuitos habituales a través de empresas creadas por ellos mismos o de su participación en otras ya constituidas. Esto facilita ocultar bienes y dinero del control oficial (China limita el movimiento de capital al extranjero a 50.000 dólares por habitante y año) e incluso beneficiarse de los privilegios fiscales de Pekín a inversores extranjeros.
En los datos analizados figuran al menos 13 miembros de la denominada nobleza roja, es decir, parientes de los dirigentes de la cúpula comunista en activo, jubilados o fallecidos (ver gráficos de las páginas 4 y 5). Entre ellos, destacan el cuñado de Xi Jinping; el hijo y el yerno del anterior primer ministro, Wen Jiabao; la hija de su antecesor, Li Peng; un yerno del fallecido Deng Xiaoping, o el nieto del legendario comandante de la revolución Su Yu. Estas 13 personas aparecen vinculadas al menos a 25 sociedades en calidad de accionistas o directores.
El caso de Deng Jiagui, marido de Qi Qiaoqiao, hermana mayor del actual presidente chino, es emblemático de la nueva China: construyó junto a su pareja un imperio inmobiliario en Hong Kong y Shenzhen en apenas 20 años. Wen Yunsong, hijo del ex primer ministro Wen Jiabao, creó en un paraíso fiscal la empresa Trend Gold Consultants. Una investigación de The New York Times publicada en 2012 cifra la fortuna de la familia de Wen Jiabao en 2.700 millones de dólares.
Otra aristócrata que ha operado en refugios fiscales es Li Xiaolin, la hija del ex primer ministro Li Peng, quien reprimió sangrientamente las manifestaciones democráticas de Tiannanmen. La hija es conocida en su país como Power Queen (Reina de la Energía) porque controla uno de los monopolios eléctricos chinos, y porque ostenta su riqueza e influencia sin ningún pudor.
Gran parte de la actividad offshore desarrollada por la nobleza roja corresponde a la época en que su parentela ejercía el poder. Así ocurre, por ejemplo, con el hijo y el yerno del exprimer ministro Wen Jiabao, fundadores de una empresa en las Islas Vírgenes Británicas en pleno mandato del padre (2003-2013). En el caso del actual presidente, Xi Jinping —él mismo un príncipe, nombre con el que son conocidos los descendientes de los altos líderes y exlíderes del PCCh—, la constitución de la sociedad offshore coincide con su etapa como vicepresidente (2008-2013), aunque la creación de la inmobiliaria copropiedad de su cuñado Deng Jiagui fue anterior a su llegada a la presidencia en marzo del año pasado. En la base de datos no figuran el presidente ni el ex primer ministro.
También constan en los registros al menos una quincena de magnates empresariales. Muchos son protagonistas de la vertiginosa efervescencia económica experimentada por China en las dos últimas décadas. Es el caso de Ma Huateng, fundador de Tencent, el coloso de la mensajería digital, con una fortuna estimada en 10.100 millones de dólares (7.400 millones de euros).
EL PAÍS ha mantenido contacto directo con autoridades diplomáticas del país asiático para contrastar la información concerniente a los familiares de los mandatarios chinos. El Gobierno de Pekín, como ha sido su práctica habitual ante otras revelaciones periodísticas de este tipo, ha declinado dar respuesta. Los casos que se publican a partir de la investigación han sido comprobados documentalmente y este periódico dispone de los registros correspondientes.
Fuentes próximas al Gobierno chino sostienen que la apertura de sociedades en paraísos fiscales no está vinculada a un fenómeno de corrupción o delictivo e insisten en que se trata de una práctica mercantil común entre empresarios chinos para competir con firmas extranjeras que invierten en China y que el Gobierno favorece con exenciones de impuestos. Para obtener las mismas condiciones, siempre según estas fuentes, los magnates locales abren sociedades en la Islas Vírgenes Británicas, desde allí reenvían el dinero al país asiático y, reconvertido en capital extranjero, reciben beneficios fiscales. Esta práctica se ha reducido notablemente, según las mismas fuentes, que alegan que ninguno de los documentos implica directamente a mandatarios chinos, sino solo a familiares que son empresarios. En esta línea, sugieren que la salida a la luz de los datos perjudica a los líderes que luchan contra la corrupción en China.
Las gestoras Portcullis TrustNet y Commonwealth Trust han declinado dar su opinión a este periódico sobre la filtración.
Investigaciones anteriores —como la de The New York Times u otra de la agencia de noticias estadounidense Bloomberg— sobre la acumulación de bienes de la élite comunista han acarreado la imposición de barreras al trabajo periodístico de dichos medios y el bloqueo de sus ediciones digitales en China. En el último año, el régimen chino ha emprendido una cruzada contra la corrupción, el despilfarro y el enriquecimiento ilícito de sus clases política y empresarial.
La filtración saca a la luz la colaboración de importantes entidades financieras, como UBS y Credit Suisse, en el flujo de dinero hacia los paraísos fiscales. Pero sobre todo revela el desdoblamiento ideológico del sistema chino, que en el interior del país actúa como guardián de una férrea disciplina económica, pero en el exterior se convierte en un usuario compulsivo de los servicios y privilegios que facilita la opacidad de los paraísos fiscales.
Los cables de Wikileaks publicados en 2010 por este diario y otras cuatro cabeceras internacionales ya daban algunas pistas sobre el sospechoso enriquecimiento de las familias de los máximos dirigentes chinos. Un informe secreto enviado a Washington desde el consulado de Shanghái en 2007 recoge declaraciones de una fuente que señala que “la familia de Wen es un notable dolor de cabeza político para el [entonces] primer ministro” y el “disgusto” del mismo con los negocios de sus allegados.
En otro cable, un viejo amigo del actual presidente sostiene que Xi Jinping “no es corrupto y no está para nada interesado en el dinero”, pero podría “ser corrompido por el poder”. La fuente describe a Xi Yuanping —hermano del dirigente— como “muy rico” y destaca su costumbre de “exhibir joyas y ropa de diseño”.
Uno de los sectores chinos más activos en la creación de firmas en los paraísos fiscales es el petrolero, según los documentos filtrados. La trinidad energética —Petrochina, Sinopec y China National Offshore Oil Corporation (CNOOC)— es la punta de lanza y el sustento de la pujanza económica del país, y sus dirigentes están entre los más influyentes dentro de la élite local. Tanto es así, que varios expertos afirman que los altos cargos de la industria energética tienen un grupo propio dentro del aparato del PCCh. Muchos de los dirigentes que conforman la “facción petrolera” han sido formados en universidades occidentales y cuentan con una amplia experiencia internacional. Y aunque son designados por el Politburó, tienen autonomía para gestionar a las empresas tanto desde el punto de vista financiero como estratégico. La base de datos muestra que las petroleras y sus directivos establecieron docenas de empresas en las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Cook y otras jurisdicciones extraterritoriales entre 1995 y 2008, aunque no hay pruebas de que hayan participado en actos ilegales.
Los documentos sobre las actividades opacas de la élite china remiten a uno de los problemas fundamentales del gigante asiático: el fuerte aumento de la desigualdad social. Los dirigentes comunistas temen el malestar y las protestas que el desigual reparto de la renta puede inducir, hasta el punto de haber convertido el asunto en una auténtica prioridad política. Pese a ello, la acumulación de riqueza en pocas manos no deja de crecer: el número de mil millonarios en el país asiático ha pasado en una década de cero a 315. Y la afluencia del dinero fácil a las élites políticas es tal que 153 de las 1.000 personas incluidas en la lista de los más ricos de China son diputados de la Asamblea Popular Nacional o de su órgano consultivo. En esta línea, los 20 miembros más opulentos de esta asamblea acumulaban en 2012 un patrimonio de 62.200 millones de dólares, es decir, 46 veces más que los 20 congresistas estadounidenses más acaudalados, según datos de Roll Call, un centro de información especializado en la política de Washington.
Además de ser causa de indignación popular, la salida ilícita de capitales es un factor que potencia la desigualdad, porque reduce la capacidad de recaudación y por tanto de redistribución por parte del Estado. La cuantificación exacta de los movimientos ocultos de capitales es hoy en día imposible, pero la organización sin ánimo de lucro Global Financial Integrity, un centro de estudios estadounidense, ha calculado que en 2011 —último año disponible— salieron ilegalmente de China unos 150.000 millones de dólares, casi un 12% del PIB español.
En la base de datos a la que ha tenido acceso EL PAIS figuran magnates y compañías estatales
El cuñado del presidente e hijos de exprimeros ministros y otros altos dirigentes, implicados
Madrid, El País
China vive la mayor y más veloz transformación que ha experimentado un país en las últimas décadas. El proceso de apertura y reforma ha sacado a cientos de millones de personas de la pobreza, pero la brecha social ha alcanzado un nivel peligroso. El enriquecimiento acelerado de las élites ha erosionado la credibilidad de los mandatarios comunistas, cuyas promesas de acabar con la desigualdad y la corrupción se enfrentan ahora a un nuevo escándalo: el uso masivo de paraísos fiscales por parte de sus familiares directos. EL PAÍS, junto con otros medios internacionales como The Guardian, BBC, Le Monde, Süddeutsche Zeitung o Asahi Shimbun, ha tenido acceso a una base documental obtenida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que revela que al menos 13 parientes de máximos dirigentes del régimen —incluidos el actual presidente, Xi Jinping, y los ex primeros ministros Wen Jiabao y Li Peng—, así como 15 grandes empresarios y grandes compañías estatales han mantenido gran actividad en refugios fiscales.
Los registros de estas sociedades opacas, analizados en colaboración con dicho consorcio, proceden de una filtración de más de dos millones de archivos de dos gestoras (Portcullis TrustNet y Commonwealth Trust) que operan en las Islas Vírgenes Británicas. La elección de este archipiélago del Caribe por parte de la élite china no es extraña: el territorio británico de ultramar era el segundo inversor directo en China en 2010 —año hasta el que figuran registros en la base de datos filtrada—, solo por detrás de Hong Kong. Con apenas 27.000 habitantes, tiene inscritas más de un millón de sociedades, el 40% procedente de China, Hong Kong y Singapur.
El examen de los datos evidencia cómo numerosos integrantes de la élite comunista han abierto sociedades offshore después de haber labrado enormes fortunas a la sombra del régimen. Esta práctica corrobora una de las debilidades sistémicas chinas: que las tres décadas transcurridas desde que Deng Xiaoping abandonó la economía central planificada y saltó al capitalismo bajo el gobierno único del Partido Comunista Chino (PCCh) han enriquecido de forma desmesurada a un sector privilegiado de la población, gracias a su cercanía al poder.
Los documentos, que llegan hasta principios de 2010, permiten constatar cómo estas tramas familiares, pertenecientes a los más altos linajes comunistas, se han aprovechado de la opacidad de las Islas Vírgenes Británicas para enviar el dinero fuera de los circuitos habituales a través de empresas creadas por ellos mismos o de su participación en otras ya constituidas. Esto facilita ocultar bienes y dinero del control oficial (China limita el movimiento de capital al extranjero a 50.000 dólares por habitante y año) e incluso beneficiarse de los privilegios fiscales de Pekín a inversores extranjeros.
En los datos analizados figuran al menos 13 miembros de la denominada nobleza roja, es decir, parientes de los dirigentes de la cúpula comunista en activo, jubilados o fallecidos (ver gráficos de las páginas 4 y 5). Entre ellos, destacan el cuñado de Xi Jinping; el hijo y el yerno del anterior primer ministro, Wen Jiabao; la hija de su antecesor, Li Peng; un yerno del fallecido Deng Xiaoping, o el nieto del legendario comandante de la revolución Su Yu. Estas 13 personas aparecen vinculadas al menos a 25 sociedades en calidad de accionistas o directores.
El caso de Deng Jiagui, marido de Qi Qiaoqiao, hermana mayor del actual presidente chino, es emblemático de la nueva China: construyó junto a su pareja un imperio inmobiliario en Hong Kong y Shenzhen en apenas 20 años. Wen Yunsong, hijo del ex primer ministro Wen Jiabao, creó en un paraíso fiscal la empresa Trend Gold Consultants. Una investigación de The New York Times publicada en 2012 cifra la fortuna de la familia de Wen Jiabao en 2.700 millones de dólares.
Otra aristócrata que ha operado en refugios fiscales es Li Xiaolin, la hija del ex primer ministro Li Peng, quien reprimió sangrientamente las manifestaciones democráticas de Tiannanmen. La hija es conocida en su país como Power Queen (Reina de la Energía) porque controla uno de los monopolios eléctricos chinos, y porque ostenta su riqueza e influencia sin ningún pudor.
Gran parte de la actividad offshore desarrollada por la nobleza roja corresponde a la época en que su parentela ejercía el poder. Así ocurre, por ejemplo, con el hijo y el yerno del exprimer ministro Wen Jiabao, fundadores de una empresa en las Islas Vírgenes Británicas en pleno mandato del padre (2003-2013). En el caso del actual presidente, Xi Jinping —él mismo un príncipe, nombre con el que son conocidos los descendientes de los altos líderes y exlíderes del PCCh—, la constitución de la sociedad offshore coincide con su etapa como vicepresidente (2008-2013), aunque la creación de la inmobiliaria copropiedad de su cuñado Deng Jiagui fue anterior a su llegada a la presidencia en marzo del año pasado. En la base de datos no figuran el presidente ni el ex primer ministro.
También constan en los registros al menos una quincena de magnates empresariales. Muchos son protagonistas de la vertiginosa efervescencia económica experimentada por China en las dos últimas décadas. Es el caso de Ma Huateng, fundador de Tencent, el coloso de la mensajería digital, con una fortuna estimada en 10.100 millones de dólares (7.400 millones de euros).
EL PAÍS ha mantenido contacto directo con autoridades diplomáticas del país asiático para contrastar la información concerniente a los familiares de los mandatarios chinos. El Gobierno de Pekín, como ha sido su práctica habitual ante otras revelaciones periodísticas de este tipo, ha declinado dar respuesta. Los casos que se publican a partir de la investigación han sido comprobados documentalmente y este periódico dispone de los registros correspondientes.
Fuentes próximas al Gobierno chino sostienen que la apertura de sociedades en paraísos fiscales no está vinculada a un fenómeno de corrupción o delictivo e insisten en que se trata de una práctica mercantil común entre empresarios chinos para competir con firmas extranjeras que invierten en China y que el Gobierno favorece con exenciones de impuestos. Para obtener las mismas condiciones, siempre según estas fuentes, los magnates locales abren sociedades en la Islas Vírgenes Británicas, desde allí reenvían el dinero al país asiático y, reconvertido en capital extranjero, reciben beneficios fiscales. Esta práctica se ha reducido notablemente, según las mismas fuentes, que alegan que ninguno de los documentos implica directamente a mandatarios chinos, sino solo a familiares que son empresarios. En esta línea, sugieren que la salida a la luz de los datos perjudica a los líderes que luchan contra la corrupción en China.
Las gestoras Portcullis TrustNet y Commonwealth Trust han declinado dar su opinión a este periódico sobre la filtración.
Investigaciones anteriores —como la de The New York Times u otra de la agencia de noticias estadounidense Bloomberg— sobre la acumulación de bienes de la élite comunista han acarreado la imposición de barreras al trabajo periodístico de dichos medios y el bloqueo de sus ediciones digitales en China. En el último año, el régimen chino ha emprendido una cruzada contra la corrupción, el despilfarro y el enriquecimiento ilícito de sus clases política y empresarial.
La filtración saca a la luz la colaboración de importantes entidades financieras, como UBS y Credit Suisse, en el flujo de dinero hacia los paraísos fiscales. Pero sobre todo revela el desdoblamiento ideológico del sistema chino, que en el interior del país actúa como guardián de una férrea disciplina económica, pero en el exterior se convierte en un usuario compulsivo de los servicios y privilegios que facilita la opacidad de los paraísos fiscales.
Los cables de Wikileaks publicados en 2010 por este diario y otras cuatro cabeceras internacionales ya daban algunas pistas sobre el sospechoso enriquecimiento de las familias de los máximos dirigentes chinos. Un informe secreto enviado a Washington desde el consulado de Shanghái en 2007 recoge declaraciones de una fuente que señala que “la familia de Wen es un notable dolor de cabeza político para el [entonces] primer ministro” y el “disgusto” del mismo con los negocios de sus allegados.
En otro cable, un viejo amigo del actual presidente sostiene que Xi Jinping “no es corrupto y no está para nada interesado en el dinero”, pero podría “ser corrompido por el poder”. La fuente describe a Xi Yuanping —hermano del dirigente— como “muy rico” y destaca su costumbre de “exhibir joyas y ropa de diseño”.
Uno de los sectores chinos más activos en la creación de firmas en los paraísos fiscales es el petrolero, según los documentos filtrados. La trinidad energética —Petrochina, Sinopec y China National Offshore Oil Corporation (CNOOC)— es la punta de lanza y el sustento de la pujanza económica del país, y sus dirigentes están entre los más influyentes dentro de la élite local. Tanto es así, que varios expertos afirman que los altos cargos de la industria energética tienen un grupo propio dentro del aparato del PCCh. Muchos de los dirigentes que conforman la “facción petrolera” han sido formados en universidades occidentales y cuentan con una amplia experiencia internacional. Y aunque son designados por el Politburó, tienen autonomía para gestionar a las empresas tanto desde el punto de vista financiero como estratégico. La base de datos muestra que las petroleras y sus directivos establecieron docenas de empresas en las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Cook y otras jurisdicciones extraterritoriales entre 1995 y 2008, aunque no hay pruebas de que hayan participado en actos ilegales.
Los documentos sobre las actividades opacas de la élite china remiten a uno de los problemas fundamentales del gigante asiático: el fuerte aumento de la desigualdad social. Los dirigentes comunistas temen el malestar y las protestas que el desigual reparto de la renta puede inducir, hasta el punto de haber convertido el asunto en una auténtica prioridad política. Pese a ello, la acumulación de riqueza en pocas manos no deja de crecer: el número de mil millonarios en el país asiático ha pasado en una década de cero a 315. Y la afluencia del dinero fácil a las élites políticas es tal que 153 de las 1.000 personas incluidas en la lista de los más ricos de China son diputados de la Asamblea Popular Nacional o de su órgano consultivo. En esta línea, los 20 miembros más opulentos de esta asamblea acumulaban en 2012 un patrimonio de 62.200 millones de dólares, es decir, 46 veces más que los 20 congresistas estadounidenses más acaudalados, según datos de Roll Call, un centro de información especializado en la política de Washington.
Además de ser causa de indignación popular, la salida ilícita de capitales es un factor que potencia la desigualdad, porque reduce la capacidad de recaudación y por tanto de redistribución por parte del Estado. La cuantificación exacta de los movimientos ocultos de capitales es hoy en día imposible, pero la organización sin ánimo de lucro Global Financial Integrity, un centro de estudios estadounidense, ha calculado que en 2011 —último año disponible— salieron ilegalmente de China unos 150.000 millones de dólares, casi un 12% del PIB español.
