El régimen sirio derriba miles de viviendas en barrios de la oposición
Un informe de Human Rights Watch afirma que lo hacen para "castigar a las comunidades"
Afloran nuevos casos de acoso a la población en plena negociación de paz en Ginebra
David Alandete
Jerusalén, El País
El minuto de silencio por los fallecidos en el conflicto que ayer mantuvieron conjuntamente los emisarios del régimen sirio y la oposición lleva camino de ser el único verdadero acto de conciliación alcanzado en la primera ronda de la cumbre de paz de Ginebra II, que acaba hoy. El compromiso de permitir que 500 familias abandonen el asediado centro de Homs queda de momento incumplido porque el régimen denuncia, entre otras cosas, la presencia de francotiradores de milicias islamistas que no aceptan las conversaciones de paz y amenazan la seguridad de los evacuados. Mientras dialoga, Bachar el Asad mantiene una incansable ofensiva con la que quiere aprovechar las divisiones en el bando rebelde para seguir recobrando terreno. Ayer, la organización Human Rights Watch (HRW) le acusó de emplear demoliciones masivas como arma de guerra.
La demolición de barriadas enteras es la última en una larga lista de atrocidades que las organizaciones humanitarias atribuyen al régimen de El Asad. Durante 12 meses, a partir de julio de 2012, con excavadoras y explosivos, las fuerzas armadas sirias derribaron edificios en 140 hectáreas en las provincias de Hama y Damasco, escenario de intensos enfrentamientos en los casi tres años de revuelta popular. Para elaborar su informe, HRW analizó imágenes de satélite de 16 áreas en Siria; entrevistó a 16 ciudadanos que perdieron sus hogares y testigos, y contrastó sus testimonios con vídeos grabados por opositores y difundidos en redes sociales. El informe, titulado Totalmente arrasados, acusa al régimen de “haber borrado del mapa vecindarios enteros”.
Con los derribos el régimen aplasta, literalmente, zonas opositoras conquistadas y crea perímetros de seguridad en torno a áreas estratégicas. “En algunos casos [las demoliciones] parecen ser castigos colectivos a civiles que apoyan a los opositores. En otros casos el Gobierno arrasa vecindarios porque quiere aniquilar a milicianos rebeldes que se refugian en ese área. Y también se han visto esos derribos en casos en los que el régimen quiere proteger un área concreta, como un aeropuerto militar”, explica Ole Solvang, uno de los investigadores de HRW. Esta organización considera que las demoliciones pueden constituir un crimen de guerra y advierte de su posible generalización si el régimen va ganando terreno como ha hecho en meses pasados.
Ayer, el mediador de Naciones Unidas para Siria, Lakhdar Brahimi, lamentó al término de la penúltima sesión de las negociaciones de paz de Ginebra II que el régimen aún no haya logrado evacuar a los civiles asediados en Homs durante más de 18 meses y que tampoco permita que las organizaciones humanitarias les entreguen ayuda, a pesar del compromiso adquirido el pasado fin de semana. “La cuestión planteada ahora es si primero se deja entrar la ayuda y después se deja salir a los civiles o lo contrario”, dijo en una rueda de prensa, según France Press.
A pesar de su aparente disposición a negociar, el régimen ha mantenido también en días pasados su feroz campaña de asedio a zonas rebeldes en lo que uno de los miembros de la delegación de la opositora Coalición Nacional Siria, Anas al Abdeh, ha calificado de “política de hambruna sistemática”. Tampoco ha desistido del empleo como proyectiles de barriles cargados con explosivos, una rudimentaria arma prohibida por la legislación internacional, por la gran cantidad de víctimas civiles que provoca. Ayer, en un solo ataque con uno de esos barriles, lanzado desde un helicóptero en la localidad de Daraya, en Damasco, murieron 11 personas, incluidos tres niños, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. También hubo ataques aéreos en la provincia de Alepo, tras los que fallecieron al menos ocho personas, según la misma fuente.
A medida que el régimen ha ido ganando terreno en el conflicto ha buscado legitimidad en los foros internacionales. Aparte de su participación en la cumbre de Ginebra II, en septiembre evitó un ataque con misiles de EE UU al aceptar desprenderse de su arsenal de armas químicas, que deberían ser destruidas en alta mar. Según los términos de ese acuerdo, el próximo miércoles Siria debería haber evacuado la totalidad se las sustancias y compuestos tóxicos. Según reveló ayer el Pentágono, sólo ha salido del país un 4%. “No sé cuáles son los motivos del Gobierno sirio, si es incompetencia o por qué llevan este retraso en la entrega de materiales”, dijo ayer el secretario de Defensa, Chuck Hagel, en una visita a Polonia, informa Reuters. “Pero el gobierno sirio debe asumir sus responsabilidades y respetar los compromisos que ha adquirido”.
La Casa Blanca había decidido atacar al régimen sirio después de un ataque con gas sarín ocurrido en agosto en las afueras de Damasco, en el que según un informe norteamericano murieron 1.429 personas. A pesar de los indicios que apuntaban a Damasco, las autoridades sirias acusaron a los opositores de haber usado esas armas, algo en lo que le secundó Rusia, uno de sus principales aliados.
Ayer, el jefe de inspectores de la ONU en esta investigación, Ake Sellstrom, dijo que es “difícil de entender” cómo la oposición podía ser responsable de un ataque semejante. “Me resulta extraño. Si de verdad quieren culpar a la oposición, deberían tener una narrativa sólida sobre cómo esta consiguió las municiones, y no aprovecharon la oportunidad de contarnos esa narrativa”, dijo a la publicación especializada CBRNe World.
Afloran nuevos casos de acoso a la población en plena negociación de paz en Ginebra
Jerusalén, El País
El minuto de silencio por los fallecidos en el conflicto que ayer mantuvieron conjuntamente los emisarios del régimen sirio y la oposición lleva camino de ser el único verdadero acto de conciliación alcanzado en la primera ronda de la cumbre de paz de Ginebra II, que acaba hoy. El compromiso de permitir que 500 familias abandonen el asediado centro de Homs queda de momento incumplido porque el régimen denuncia, entre otras cosas, la presencia de francotiradores de milicias islamistas que no aceptan las conversaciones de paz y amenazan la seguridad de los evacuados. Mientras dialoga, Bachar el Asad mantiene una incansable ofensiva con la que quiere aprovechar las divisiones en el bando rebelde para seguir recobrando terreno. Ayer, la organización Human Rights Watch (HRW) le acusó de emplear demoliciones masivas como arma de guerra.
La demolición de barriadas enteras es la última en una larga lista de atrocidades que las organizaciones humanitarias atribuyen al régimen de El Asad. Durante 12 meses, a partir de julio de 2012, con excavadoras y explosivos, las fuerzas armadas sirias derribaron edificios en 140 hectáreas en las provincias de Hama y Damasco, escenario de intensos enfrentamientos en los casi tres años de revuelta popular. Para elaborar su informe, HRW analizó imágenes de satélite de 16 áreas en Siria; entrevistó a 16 ciudadanos que perdieron sus hogares y testigos, y contrastó sus testimonios con vídeos grabados por opositores y difundidos en redes sociales. El informe, titulado Totalmente arrasados, acusa al régimen de “haber borrado del mapa vecindarios enteros”.
Con los derribos el régimen aplasta, literalmente, zonas opositoras conquistadas y crea perímetros de seguridad en torno a áreas estratégicas. “En algunos casos [las demoliciones] parecen ser castigos colectivos a civiles que apoyan a los opositores. En otros casos el Gobierno arrasa vecindarios porque quiere aniquilar a milicianos rebeldes que se refugian en ese área. Y también se han visto esos derribos en casos en los que el régimen quiere proteger un área concreta, como un aeropuerto militar”, explica Ole Solvang, uno de los investigadores de HRW. Esta organización considera que las demoliciones pueden constituir un crimen de guerra y advierte de su posible generalización si el régimen va ganando terreno como ha hecho en meses pasados.
Ayer, el mediador de Naciones Unidas para Siria, Lakhdar Brahimi, lamentó al término de la penúltima sesión de las negociaciones de paz de Ginebra II que el régimen aún no haya logrado evacuar a los civiles asediados en Homs durante más de 18 meses y que tampoco permita que las organizaciones humanitarias les entreguen ayuda, a pesar del compromiso adquirido el pasado fin de semana. “La cuestión planteada ahora es si primero se deja entrar la ayuda y después se deja salir a los civiles o lo contrario”, dijo en una rueda de prensa, según France Press.
A pesar de su aparente disposición a negociar, el régimen ha mantenido también en días pasados su feroz campaña de asedio a zonas rebeldes en lo que uno de los miembros de la delegación de la opositora Coalición Nacional Siria, Anas al Abdeh, ha calificado de “política de hambruna sistemática”. Tampoco ha desistido del empleo como proyectiles de barriles cargados con explosivos, una rudimentaria arma prohibida por la legislación internacional, por la gran cantidad de víctimas civiles que provoca. Ayer, en un solo ataque con uno de esos barriles, lanzado desde un helicóptero en la localidad de Daraya, en Damasco, murieron 11 personas, incluidos tres niños, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. También hubo ataques aéreos en la provincia de Alepo, tras los que fallecieron al menos ocho personas, según la misma fuente.
A medida que el régimen ha ido ganando terreno en el conflicto ha buscado legitimidad en los foros internacionales. Aparte de su participación en la cumbre de Ginebra II, en septiembre evitó un ataque con misiles de EE UU al aceptar desprenderse de su arsenal de armas químicas, que deberían ser destruidas en alta mar. Según los términos de ese acuerdo, el próximo miércoles Siria debería haber evacuado la totalidad se las sustancias y compuestos tóxicos. Según reveló ayer el Pentágono, sólo ha salido del país un 4%. “No sé cuáles son los motivos del Gobierno sirio, si es incompetencia o por qué llevan este retraso en la entrega de materiales”, dijo ayer el secretario de Defensa, Chuck Hagel, en una visita a Polonia, informa Reuters. “Pero el gobierno sirio debe asumir sus responsabilidades y respetar los compromisos que ha adquirido”.
La Casa Blanca había decidido atacar al régimen sirio después de un ataque con gas sarín ocurrido en agosto en las afueras de Damasco, en el que según un informe norteamericano murieron 1.429 personas. A pesar de los indicios que apuntaban a Damasco, las autoridades sirias acusaron a los opositores de haber usado esas armas, algo en lo que le secundó Rusia, uno de sus principales aliados.
Ayer, el jefe de inspectores de la ONU en esta investigación, Ake Sellstrom, dijo que es “difícil de entender” cómo la oposición podía ser responsable de un ataque semejante. “Me resulta extraño. Si de verdad quieren culpar a la oposición, deberían tener una narrativa sólida sobre cómo esta consiguió las municiones, y no aprovecharon la oportunidad de contarnos esa narrativa”, dijo a la publicación especializada CBRNe World.
