Berlín y París incumplen con Grecia
Las actas confidenciales del FMI de mayo de 2010 revelan que la banca alemana y francesa se deshizo de la deuda griega pese a las promesas de sus Gobiernos
Luis Doncel
Bruselas, El País
Alemania, Francia y Holanda, en uno de los peores momentos de la crisis del euro, se comprometieron a que sus bancos apoyarían a Grecia y no se desharían de deuda helena. Era una de las bazas con la que jugaban para tratar de vencer las importantes resistencias en el seno del Fondo Monetario Internacional (FMI) a conceder el mayor paquete de préstamos de su historia, según las actas de este organismo del 10 de mayo de 2010, a las que ha tenido acceso EL PAÍS. Pero los tres socios europeos incumplieron su palabra, agravando así la crisis. Nada más aprobarse el plan de ayuda para un país al borde de la bancarrota, las entidades financieras empezaron a deshacerse de unos títulos que quemaban las manos.
Las decisiones que hace cuatro años se tomaron en despachos de Bruselas, Washington y Fráncfort han dejado una profunda huella en el sur de Europa. Nacía entonces una troika de acreedores (Comisión Europea, FMI y BCE) que impuso recortes y reformas a cambio de préstamos primero a Atenas, y más tarde a Dublín, Lisboa y Nicosia. Las actas confidenciales del directorio del FMI del mismo día del rescate muestran que las divergencias y las dudas sobre el éxito del plan empezaron ya aquel 10 de mayo.
El documento es fundamental no solo por mostrar a las claras las críticas que países como China, Australia, Argentina o Brasil presentaron desde el principio. El tiempo transcurrido pone en perspectiva los argumentos que su usaron para que el organismo que entonces encabezaba Dominique Strauss-Kahn desembolsara 30.000 millones de euros. “Los representantes holandés, francés y alemán transmitieron el compromiso de que sus bancos comerciales seguirían apoyando a Grecia y manteniendo su exposición”, asegura el documento “estrictamente confidencial”. Pero los datos demuestran justo lo contrario.
Las decisiones que hace cuatro años se tomaron en despachos de Bruselas, Washington y Fráncfort han dejado una profunda huella en el sur de Europa.
Los bancos de los tres países tenían en el primer trimestre de 2010, antes del rescate, más de 122.000 millones de dólares en deuda helena. A pesar de los compromisos de sus Gobiernos, los bancos alemanes, franceses y holandeses deshicieron posiciones sin dudar. Vendieron a toda prisa, echando gasolina sobre la crisis griega y ayudando a que se propagara. A finales del año pasado, esta cifra había caído un 72%, hasta quedar ligeramente por debajo de los 34.000 millones.
Cuando a principios de 2012 se hizo evidente que Grecia se encaminaba de nuevo a la quiebra y la troika aprobó al mismo tiempo un segundo rescate y una quita en la deuda de los acreedores privados, las entidades alemanas, francesas y holandesas atesoraban 66.000 millones en títulos griegos, casi la mitad de lo que tenían cuando dos años antes habían asegurado mantener su apoyo a la deuda helena.
El compromiso franco-alemán-holandés no fue la única intervención europea. Alemania, Bélgica, España, Francia, Holanda y Dinamarca emitieron un comunicado conjunto en el que apoyaban que el FMI prestara dinero a Grecia.
Muchas de las dudas de los miembros del Fondo han terminado por convertirse en realidad. “Algunos representantes (China, Egipto y Suiza) insisten en el riesgo de que los análisis conjuntos acaben revelando diferencias de criterio entre las tres instituciones representadas”, señalaba el memorando, firmado por Francesco Spadafora, asesor del director ejecutivo del FMI. Con el tiempo, esos choques se han hecho evidentes. Cuando el FMI admitió que se equivocó al infravalorar los efectos de los recortes en la economía griega, la Comisión Europea se revolvió indignada negando cualquier error.
Las críticas recogidas en un documento de tan solo cuatro páginas vienen por varios frentes. Por una parte, China y Suiza alertaban sobre la posibilidad de que los pronósticos de crecimiento para Grecia fueran demasiado optimistas. “Incluso una ligera desviación sobre el escenario base podría poner en riesgo la sostenibilidad de la deuda griega”, sostenían. A estos temores, los altos funcionarios del Fondo replicaban que también cabía la posibilidad de que Grecia creciera más de lo previsto.
Al mismo tiempo, Argentina, Australia, Canadá, Brasil y Rusia señalaban “los inmensos riesgos” del programa, no solo para Grecia, sino para el prestigio del FMI. Los propios funcionarios del Fondo reconocían que estos peligros eran reales. Muchos insistían en la posibilidad de repetir errores que el organismo ya había cometido en el pasado en Argentina y en Asia. Australia, además, lanzaba una puya a la Comisión Europea, al asegurar que sus exigencias a Grecia parecían “la lista de la compra”.
Otros países apuntaron un riesgo que finalmente se convirtió en realidad: la necesidad de conceder una quita ante la imposibilidad griega de devolver todas sus deudas. “Argentina, Brasil, India, Rusia y Suiza echan de menos un elemento: se debería haber incluido una reestructuración de la deuda con una quita para el sector privado”. Finalmente, esa decisión llegó. Pero hubo que esperar casi dos años más.
Bruselas, El País
Alemania, Francia y Holanda, en uno de los peores momentos de la crisis del euro, se comprometieron a que sus bancos apoyarían a Grecia y no se desharían de deuda helena. Era una de las bazas con la que jugaban para tratar de vencer las importantes resistencias en el seno del Fondo Monetario Internacional (FMI) a conceder el mayor paquete de préstamos de su historia, según las actas de este organismo del 10 de mayo de 2010, a las que ha tenido acceso EL PAÍS. Pero los tres socios europeos incumplieron su palabra, agravando así la crisis. Nada más aprobarse el plan de ayuda para un país al borde de la bancarrota, las entidades financieras empezaron a deshacerse de unos títulos que quemaban las manos.
Las decisiones que hace cuatro años se tomaron en despachos de Bruselas, Washington y Fráncfort han dejado una profunda huella en el sur de Europa. Nacía entonces una troika de acreedores (Comisión Europea, FMI y BCE) que impuso recortes y reformas a cambio de préstamos primero a Atenas, y más tarde a Dublín, Lisboa y Nicosia. Las actas confidenciales del directorio del FMI del mismo día del rescate muestran que las divergencias y las dudas sobre el éxito del plan empezaron ya aquel 10 de mayo.
El documento es fundamental no solo por mostrar a las claras las críticas que países como China, Australia, Argentina o Brasil presentaron desde el principio. El tiempo transcurrido pone en perspectiva los argumentos que su usaron para que el organismo que entonces encabezaba Dominique Strauss-Kahn desembolsara 30.000 millones de euros. “Los representantes holandés, francés y alemán transmitieron el compromiso de que sus bancos comerciales seguirían apoyando a Grecia y manteniendo su exposición”, asegura el documento “estrictamente confidencial”. Pero los datos demuestran justo lo contrario.
Las decisiones que hace cuatro años se tomaron en despachos de Bruselas, Washington y Fráncfort han dejado una profunda huella en el sur de Europa.
Los bancos de los tres países tenían en el primer trimestre de 2010, antes del rescate, más de 122.000 millones de dólares en deuda helena. A pesar de los compromisos de sus Gobiernos, los bancos alemanes, franceses y holandeses deshicieron posiciones sin dudar. Vendieron a toda prisa, echando gasolina sobre la crisis griega y ayudando a que se propagara. A finales del año pasado, esta cifra había caído un 72%, hasta quedar ligeramente por debajo de los 34.000 millones.
Cuando a principios de 2012 se hizo evidente que Grecia se encaminaba de nuevo a la quiebra y la troika aprobó al mismo tiempo un segundo rescate y una quita en la deuda de los acreedores privados, las entidades alemanas, francesas y holandesas atesoraban 66.000 millones en títulos griegos, casi la mitad de lo que tenían cuando dos años antes habían asegurado mantener su apoyo a la deuda helena.
El compromiso franco-alemán-holandés no fue la única intervención europea. Alemania, Bélgica, España, Francia, Holanda y Dinamarca emitieron un comunicado conjunto en el que apoyaban que el FMI prestara dinero a Grecia.
Muchas de las dudas de los miembros del Fondo han terminado por convertirse en realidad. “Algunos representantes (China, Egipto y Suiza) insisten en el riesgo de que los análisis conjuntos acaben revelando diferencias de criterio entre las tres instituciones representadas”, señalaba el memorando, firmado por Francesco Spadafora, asesor del director ejecutivo del FMI. Con el tiempo, esos choques se han hecho evidentes. Cuando el FMI admitió que se equivocó al infravalorar los efectos de los recortes en la economía griega, la Comisión Europea se revolvió indignada negando cualquier error.
Las críticas recogidas en un documento de tan solo cuatro páginas vienen por varios frentes. Por una parte, China y Suiza alertaban sobre la posibilidad de que los pronósticos de crecimiento para Grecia fueran demasiado optimistas. “Incluso una ligera desviación sobre el escenario base podría poner en riesgo la sostenibilidad de la deuda griega”, sostenían. A estos temores, los altos funcionarios del Fondo replicaban que también cabía la posibilidad de que Grecia creciera más de lo previsto.
Al mismo tiempo, Argentina, Australia, Canadá, Brasil y Rusia señalaban “los inmensos riesgos” del programa, no solo para Grecia, sino para el prestigio del FMI. Los propios funcionarios del Fondo reconocían que estos peligros eran reales. Muchos insistían en la posibilidad de repetir errores que el organismo ya había cometido en el pasado en Argentina y en Asia. Australia, además, lanzaba una puya a la Comisión Europea, al asegurar que sus exigencias a Grecia parecían “la lista de la compra”.
Otros países apuntaron un riesgo que finalmente se convirtió en realidad: la necesidad de conceder una quita ante la imposibilidad griega de devolver todas sus deudas. “Argentina, Brasil, India, Rusia y Suiza echan de menos un elemento: se debería haber incluido una reestructuración de la deuda con una quita para el sector privado”. Finalmente, esa decisión llegó. Pero hubo que esperar casi dos años más.
