Rajoy: “Esa consulta es inconstitucional y no se va a celebrar”
Van Rompuy: “Si una parte se independiza sale de la UE”
El Gobierno da mucho valor al apoyo del PSOE
Carlos E. Cué
Madrid, El País
Los partidos catalanes se van a encontrar con un muro muy alto. El que representa la suma del PP, el PSOE y las instituciones europeas. Quiso la casualidad que el día clave del anuncio de la consulta soberanista catalana coincidiera con una reunión en La Moncloa entre Mariano Rajoy y Hermann van Rompuy, presidente del Consejo Europeo. El presidente del Gobierno fue tajante: “Garantizo que ese referéndum no se va a celebrar. Es inconstitucional”. Pero aún más claro fue Van Rompuy, que dejó de lado la diplomacia y le lanzó un cable político a Rajoy muy importante: “Si una parte de un Estado de la UE se separa, desde el día de su independencia ese territorio dejaría de ser parte de la UE, los tratados no se aplicarían. Tendría que pedir el ingreso y eso es algo que tendrían que decidir todos, y repito todos, los Estados miembros de la UE. Espero que España siga siendo un país unido. Toda mi carrera he estado en contra de las separaciones en los países”.
El presidente del Consejo, que fue primer ministro de Bélgica, un país con graves problemas de este tipo, llevaba escrito el texto y leyó incluso los artículos que avalaban su afirmación, en un discurso claramente hablado con Rajoy.
El Gobierno, aunque públicamente no quería adelantar acontecimientos, en privado estaba preparado para este momento. Aunque aún había una última esperanza de que los partidos catalanes no lograran ponerse de acuerdo, en el fondo los estrategas de La Moncloa contaban con una decisión de este tipo, aunque no tan rápida y contundente: pregunta y fecha antes de que acabe el año. A partir de ahora la entrada en el Gobierno catalán de ERC también está en la agenda de los asesores de Rajoy en este asunto. ¿Y después? La consulta se parará, 2014 será un año de gran tensión política y este proceso acabará probablemente en unas elecciones plebiscitarias que La Moncloa augura para 2016, aunque nadie se atreve a hacer cálculos.
Lo más importante para el Gobierno en este momento es tranquilizar a su electorado y al ala conservadora de su partido. Este jueves en el Congreso había diputados, unos pocos, que planteaban que tal vez ha llegado el momento de usar el artículo 155 de la Constitución y suspender la autonomía catalana. “Para algo se puso en la Constitución, para momentos como este”, resumía uno. Sin embargo, en el Gobierno descartan esa opción. “No va a hacer falta”, insisten. Hay muchas otras formas de parar esta ofensiva, y la más eficaz es la del Tribunal Constitucional, repiten.
Por eso Rajoy quiso lanzar ese mensaje de tranquilidad a un electorado que está muy inquieto con la crisis independentista, como recordó la semana pasada Ana Botella, alcaldesa de Madrid y esposa de José María Aznar. Rajoy no quiso decir nada sobre el artículo 155 pese a las preguntas reiteradas.
El presidente le dio incluso mayor solemnidad al transformar la respuesta en una especie de declaración institucional leída ante Van Rompuy antes de dar paso a las preguntas, que por primera vez en 10 años fueron realizadas por periodistas elegidos por la secretaría de Estado de Comunicación y no por los informadores.
“Aunque no sea costumbre, permítanme que me refiera a un asunto que está hoy de actualidad, y es el anuncio realizado por varios partidos catalanes de plantear una consulta de autodeterminación. Quiero decirles con toda claridad que esa consulta no se va a celebrar, es inconstitucional y no se va a celebrar. Choca con el fundamento de la Constitución, que es la indisoluble unidad de España. El Gobierno no puede negociar sobre algo que es propiedad de los españoles, la soberanía. A los españoles corresponde decir qué es España y cómo se organiza. Les garantizo que esta consulta no se celebrará. Eso está fuera de toda discusión ni negociación”, aseguró el presidente. Esa era la consigna, y el mensaje repetido tanto por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, como por el portavoz parlamentario del PP, Alfonso Alonso.
El Ejecutivo sigue convencido de que Artur Mas, que tiene una presión clara de Josep Antoni Duran, no llegará a realizar una consulta no autorizada. “No daremos la imagen de una consulta popular con urnas en las calles y con la Guardia Civil. CiU siempre ha dicho que quiere una consulta pactada”, señaló en el Congreso Duran. El Ejecutivo se aferra a eso e incluso algunos interlocutores señalan que ese es el pacto no escrito con Mas, que tiene una enorme presión del gran empresariado catalán, al que La Moncloa está empujando. El Ejecutivo confía así en que el presidente catalán acate la resolución del Constitucional que impedirá la consulta y convoque elecciones.
Lo que no está claro es qué pasará el día después. El Gobierno sigue apelando a la responsabilidad de Mas y no quiere hablar de la ciudadanía que presiona para esa consulta y que se verá frustrada si no se realiza, lo que provocará un nuevo problema político. La Moncloa atribuye toda la clave a Mas y CiU, y cree que si cambia de idea y la suaviza, los catalanes, o al menos una buena parte, bajarán también sus expectativas. “Antes de abrir un proceso apelo a la responsabilidad del presidente de la Generalitat y al compromiso político que firmó de no violentar las leyes”, le espetó Rajoy desde La Moncloa.
En el Gobierno aseguran que Rajoy está tranquilo y le da una gran importancia a la posición clarísima del líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, que fue de los primeros en asegurar que la consulta no se celebrará. “Mi coincidencia en este asunto es total”, remachó Rajoy.
El presidente esquivó el asunto del artículo 155 de la Constitución: “No voy a entrar en detalles de lo que vamos a hacer, les digo que no se va a celebrar. La soberanía española no es negociable. No puedo ni quiero ni pretendo negociar, porque es disparatado”. También evitó entrar en el problema del crecimiento de los independentistas, pero sí quiso lanzar un mensaje amable a los catalanes: “No es cierto que en el resto de España no se quiera a Cataluña. No es cierto que no se valore lo mucho que han aportado. Los saben los catalanes que viven fuera de Cataluña. Lamento las iniciativas que alientan la división y fragmentan a la sociedad”.
El Gobierno da mucho valor al apoyo del PSOE
Madrid, El País
Los partidos catalanes se van a encontrar con un muro muy alto. El que representa la suma del PP, el PSOE y las instituciones europeas. Quiso la casualidad que el día clave del anuncio de la consulta soberanista catalana coincidiera con una reunión en La Moncloa entre Mariano Rajoy y Hermann van Rompuy, presidente del Consejo Europeo. El presidente del Gobierno fue tajante: “Garantizo que ese referéndum no se va a celebrar. Es inconstitucional”. Pero aún más claro fue Van Rompuy, que dejó de lado la diplomacia y le lanzó un cable político a Rajoy muy importante: “Si una parte de un Estado de la UE se separa, desde el día de su independencia ese territorio dejaría de ser parte de la UE, los tratados no se aplicarían. Tendría que pedir el ingreso y eso es algo que tendrían que decidir todos, y repito todos, los Estados miembros de la UE. Espero que España siga siendo un país unido. Toda mi carrera he estado en contra de las separaciones en los países”.
El presidente del Consejo, que fue primer ministro de Bélgica, un país con graves problemas de este tipo, llevaba escrito el texto y leyó incluso los artículos que avalaban su afirmación, en un discurso claramente hablado con Rajoy.
El Gobierno, aunque públicamente no quería adelantar acontecimientos, en privado estaba preparado para este momento. Aunque aún había una última esperanza de que los partidos catalanes no lograran ponerse de acuerdo, en el fondo los estrategas de La Moncloa contaban con una decisión de este tipo, aunque no tan rápida y contundente: pregunta y fecha antes de que acabe el año. A partir de ahora la entrada en el Gobierno catalán de ERC también está en la agenda de los asesores de Rajoy en este asunto. ¿Y después? La consulta se parará, 2014 será un año de gran tensión política y este proceso acabará probablemente en unas elecciones plebiscitarias que La Moncloa augura para 2016, aunque nadie se atreve a hacer cálculos.
Lo más importante para el Gobierno en este momento es tranquilizar a su electorado y al ala conservadora de su partido. Este jueves en el Congreso había diputados, unos pocos, que planteaban que tal vez ha llegado el momento de usar el artículo 155 de la Constitución y suspender la autonomía catalana. “Para algo se puso en la Constitución, para momentos como este”, resumía uno. Sin embargo, en el Gobierno descartan esa opción. “No va a hacer falta”, insisten. Hay muchas otras formas de parar esta ofensiva, y la más eficaz es la del Tribunal Constitucional, repiten.
Por eso Rajoy quiso lanzar ese mensaje de tranquilidad a un electorado que está muy inquieto con la crisis independentista, como recordó la semana pasada Ana Botella, alcaldesa de Madrid y esposa de José María Aznar. Rajoy no quiso decir nada sobre el artículo 155 pese a las preguntas reiteradas.
El presidente le dio incluso mayor solemnidad al transformar la respuesta en una especie de declaración institucional leída ante Van Rompuy antes de dar paso a las preguntas, que por primera vez en 10 años fueron realizadas por periodistas elegidos por la secretaría de Estado de Comunicación y no por los informadores.
“Aunque no sea costumbre, permítanme que me refiera a un asunto que está hoy de actualidad, y es el anuncio realizado por varios partidos catalanes de plantear una consulta de autodeterminación. Quiero decirles con toda claridad que esa consulta no se va a celebrar, es inconstitucional y no se va a celebrar. Choca con el fundamento de la Constitución, que es la indisoluble unidad de España. El Gobierno no puede negociar sobre algo que es propiedad de los españoles, la soberanía. A los españoles corresponde decir qué es España y cómo se organiza. Les garantizo que esta consulta no se celebrará. Eso está fuera de toda discusión ni negociación”, aseguró el presidente. Esa era la consigna, y el mensaje repetido tanto por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, como por el portavoz parlamentario del PP, Alfonso Alonso.
El Ejecutivo sigue convencido de que Artur Mas, que tiene una presión clara de Josep Antoni Duran, no llegará a realizar una consulta no autorizada. “No daremos la imagen de una consulta popular con urnas en las calles y con la Guardia Civil. CiU siempre ha dicho que quiere una consulta pactada”, señaló en el Congreso Duran. El Ejecutivo se aferra a eso e incluso algunos interlocutores señalan que ese es el pacto no escrito con Mas, que tiene una enorme presión del gran empresariado catalán, al que La Moncloa está empujando. El Ejecutivo confía así en que el presidente catalán acate la resolución del Constitucional que impedirá la consulta y convoque elecciones.
Lo que no está claro es qué pasará el día después. El Gobierno sigue apelando a la responsabilidad de Mas y no quiere hablar de la ciudadanía que presiona para esa consulta y que se verá frustrada si no se realiza, lo que provocará un nuevo problema político. La Moncloa atribuye toda la clave a Mas y CiU, y cree que si cambia de idea y la suaviza, los catalanes, o al menos una buena parte, bajarán también sus expectativas. “Antes de abrir un proceso apelo a la responsabilidad del presidente de la Generalitat y al compromiso político que firmó de no violentar las leyes”, le espetó Rajoy desde La Moncloa.
En el Gobierno aseguran que Rajoy está tranquilo y le da una gran importancia a la posición clarísima del líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, que fue de los primeros en asegurar que la consulta no se celebrará. “Mi coincidencia en este asunto es total”, remachó Rajoy.
El presidente esquivó el asunto del artículo 155 de la Constitución: “No voy a entrar en detalles de lo que vamos a hacer, les digo que no se va a celebrar. La soberanía española no es negociable. No puedo ni quiero ni pretendo negociar, porque es disparatado”. También evitó entrar en el problema del crecimiento de los independentistas, pero sí quiso lanzar un mensaje amable a los catalanes: “No es cierto que en el resto de España no se quiera a Cataluña. No es cierto que no se valore lo mucho que han aportado. Los saben los catalanes que viven fuera de Cataluña. Lamento las iniciativas que alientan la división y fragmentan a la sociedad”.
