Londres ataca la libre movilidad en la UE
Los países del Este reprochan a Reino Unido la hostilidad hacia sus ciudadanos
Lucía Abellán / Walter Oppenheimer
Bruselas / Londres, El País
El rechazo de Reino Unido a las grandes señas de identidad de la UE ha llegado hasta la esencia misma del proyecto comunitario: la libre movilidad de los ciudadanos. La ministra británica de Interior, Theresa May, planteó ayer a sus socios comunitarios lo que su Gobierno lleva tiempo insinuando: que el derecho a la circulación sin barreras en el seno de la UE pueda limitarse. “¿Por qué no podemos imponer cupos si la inmigración europea alcanza ciertos niveles?”, disparó May antes de entrar en la reunión de ministros de Interior. Por pimera vez, esas propuestas encontraron un frente común de oposición en los principales países del Este, los que más aludidos se sienten por ese recelo a la libre circulación.
La idea británica no tiene visos de prosperar porque supone anular un principio fundamental del proyecto comunitario, consagrado en sus tratados. Pero la insistencia de sus dirigentes en ese debate arrastra a otros Estados miembros con una larga tradición europeísta. La razón por la que los ministros comunitarios abordaron ayer la libre circulación tiene su origen en una carta conjunta que enviaron hace unos meses los representantes de Alemania, Reino Unido, Holanda y Austria a la Comisión Europea, alarmados por lo que osadamente denominan turismo de prestaciones.
El malestar que ese concepto provoca en el Ejecutivo comunitario y en muchos países miembros llevó a cuatro Gobiernos del Este a reaccionar. Hungría animó el debate con una carta escrita por su ministro de Exteriores y sus homólogos de Polonia, República Checa y Eslovaquia en la que recuerdan a Londres cómo los datos evidencian que la contribución de los ciudadanos del Este ha sido “tremendamente beneficiosa” para la economía británica. Incluso añaden que, al ser más jóvenes, la media de esos ciudadanos es laboralmente más activa que la de los nacionales de origen y que tienen muchas más posibilidades de regresar a sus territorios que otros extranjeros.
Las intervenciones de esos ministros se vieron apoyadas por los datos que presentó la Comisión Europea. En un informe sobre la libre movilidad y los supuestos abusos que genera (el relato británico los centra en rumanos y búlgaros, los últimos en incorporarse al proyecto europeo y los más desfavorecidos económicamente), el Ejecutivo comunitario concluye que apenas un 1% de la población de la UE reside en otro Estado miembro sin ejercer ningún tipo de actividad. Y esa cifra incluye a los estudiantes.
Los datos destierran el mito de esa “inmigración masiva” de la que habla Londres, al menos en lo que respecta a los ciudadanos europeos. La ministra británica relativizó el informe, según fuentes europeas, y aseguró que no resuelve sus problemas, entre los que citó los matrimonios de conveniencia que permiten acceder de forma automática a los derechos de los británicos.
Con más o menos matices, la mayoría de los titulares de Interior respaldaron la postura de la Comisión, partidaria de atajar los problemas que surjan pero sin poner en cuestión la ausencia de barreras en el seno de la UE. Molesta con el nivel al que ha llegado el debate, la comisaria de Justicia, Viviane Reding, instó a los gobernantes a perseguir el fraude que detecten en el acceso a las prestaciones: “Los Estados miembros deberían hacer sus deberes; eso es lo que les pido”.
El debate fue largo (alrededor de una hora y media) pero no especialmente tenso, según las fuentes consultadas. Pese a todo, tanto Alemania como Holanda y Austria mostraron inquietudes similares a las de Londres, aunque sin llegar a apoyar sus revolucionarias propuestas. La Comisión se comprometió a aplicar, junto a los Estados miembros, algunas medidas de control como combatir los matrimonios de conveniencia y coordinar mejor las reglas de Seguridad Social que rigen en cada Estado.
La idea británica de poder imponer cuotas a la llegada de trabajadores de los países más pobres de la UE fue lanzada la semana pasada por el primer ministro David Cameron en un artículo publicado en el diario Financial Times. En ese texto, Cameron sostiene que “la libre circulación dentro de Europa tiene que ser menos libre”. Y por eso defiende que los países más pobres tengan que alcanzar un cierto nivel de riqueza antes de acceder de forma plena a derecho de libre circulación y que, hasta que alcancen ese nivel, “los Estados puedan imponer de forma individual un tope si el flujo procedente de la UE alcanza cierto número en un año”. May desarrolló ayer esa idea.
En primer lugar, habló de limitar la libre movilidad para las próximas ampliaciones de la UE, de forma que se establezca una moratoria en ese derecho hasta que los recién llegados alcancen un determinado nivel económico. En segundo lugar, deslizó la idea de poder poner un tope al número de europeos que deciden instalarse en otro país comunitario. Paradójicamente, Reino Unido ha pasado de ser el país más fervientemente defensor de las ampliaciones (en buena medida por el mayor número de consumidores a los que se puede acceder por el mercado único) a recelar de los recién incorporados.
Londres renuncia, eso sí, a pedir medidas excepcionales para frenar la libre circulación más inmediata: la que disfrutarán todos los rumanos y búlgaros en los 28 países comunitarios cuando el próximo 1 de enero expiren las restricciones temporales que los Estados miembros podían imponerles desde su incorporación, en 2007.
La obsesión de Cameron con la inmigración es meramente electoralista. Con ella pretende atajar la amenaza del UKIP, un partido antieuropeo y antiinmigración que, si obtiene buenos resultados en las generales de 2015, puede perjudicar las opciones de los conservadores debido a las particularidades del sistema electoral británico.
Las propuestas de este partido contra los inmigrantes reciben el aplauso de los tabloides, pero provocan cada vez más incomodidad en la patronal y entre los empresarios, que ven en los inmigrantes de Europa del Este a trabajadores no solo potencialmente más baratos sino más cualificados y con una superior ética laboral que los británicos.
Bruselas / Londres, El País
El rechazo de Reino Unido a las grandes señas de identidad de la UE ha llegado hasta la esencia misma del proyecto comunitario: la libre movilidad de los ciudadanos. La ministra británica de Interior, Theresa May, planteó ayer a sus socios comunitarios lo que su Gobierno lleva tiempo insinuando: que el derecho a la circulación sin barreras en el seno de la UE pueda limitarse. “¿Por qué no podemos imponer cupos si la inmigración europea alcanza ciertos niveles?”, disparó May antes de entrar en la reunión de ministros de Interior. Por pimera vez, esas propuestas encontraron un frente común de oposición en los principales países del Este, los que más aludidos se sienten por ese recelo a la libre circulación.
La idea británica no tiene visos de prosperar porque supone anular un principio fundamental del proyecto comunitario, consagrado en sus tratados. Pero la insistencia de sus dirigentes en ese debate arrastra a otros Estados miembros con una larga tradición europeísta. La razón por la que los ministros comunitarios abordaron ayer la libre circulación tiene su origen en una carta conjunta que enviaron hace unos meses los representantes de Alemania, Reino Unido, Holanda y Austria a la Comisión Europea, alarmados por lo que osadamente denominan turismo de prestaciones.
El malestar que ese concepto provoca en el Ejecutivo comunitario y en muchos países miembros llevó a cuatro Gobiernos del Este a reaccionar. Hungría animó el debate con una carta escrita por su ministro de Exteriores y sus homólogos de Polonia, República Checa y Eslovaquia en la que recuerdan a Londres cómo los datos evidencian que la contribución de los ciudadanos del Este ha sido “tremendamente beneficiosa” para la economía británica. Incluso añaden que, al ser más jóvenes, la media de esos ciudadanos es laboralmente más activa que la de los nacionales de origen y que tienen muchas más posibilidades de regresar a sus territorios que otros extranjeros.
Las intervenciones de esos ministros se vieron apoyadas por los datos que presentó la Comisión Europea. En un informe sobre la libre movilidad y los supuestos abusos que genera (el relato británico los centra en rumanos y búlgaros, los últimos en incorporarse al proyecto europeo y los más desfavorecidos económicamente), el Ejecutivo comunitario concluye que apenas un 1% de la población de la UE reside en otro Estado miembro sin ejercer ningún tipo de actividad. Y esa cifra incluye a los estudiantes.
Los datos destierran el mito de esa “inmigración masiva” de la que habla Londres, al menos en lo que respecta a los ciudadanos europeos. La ministra británica relativizó el informe, según fuentes europeas, y aseguró que no resuelve sus problemas, entre los que citó los matrimonios de conveniencia que permiten acceder de forma automática a los derechos de los británicos.
Con más o menos matices, la mayoría de los titulares de Interior respaldaron la postura de la Comisión, partidaria de atajar los problemas que surjan pero sin poner en cuestión la ausencia de barreras en el seno de la UE. Molesta con el nivel al que ha llegado el debate, la comisaria de Justicia, Viviane Reding, instó a los gobernantes a perseguir el fraude que detecten en el acceso a las prestaciones: “Los Estados miembros deberían hacer sus deberes; eso es lo que les pido”.
El debate fue largo (alrededor de una hora y media) pero no especialmente tenso, según las fuentes consultadas. Pese a todo, tanto Alemania como Holanda y Austria mostraron inquietudes similares a las de Londres, aunque sin llegar a apoyar sus revolucionarias propuestas. La Comisión se comprometió a aplicar, junto a los Estados miembros, algunas medidas de control como combatir los matrimonios de conveniencia y coordinar mejor las reglas de Seguridad Social que rigen en cada Estado.
La idea británica de poder imponer cuotas a la llegada de trabajadores de los países más pobres de la UE fue lanzada la semana pasada por el primer ministro David Cameron en un artículo publicado en el diario Financial Times. En ese texto, Cameron sostiene que “la libre circulación dentro de Europa tiene que ser menos libre”. Y por eso defiende que los países más pobres tengan que alcanzar un cierto nivel de riqueza antes de acceder de forma plena a derecho de libre circulación y que, hasta que alcancen ese nivel, “los Estados puedan imponer de forma individual un tope si el flujo procedente de la UE alcanza cierto número en un año”. May desarrolló ayer esa idea.
En primer lugar, habló de limitar la libre movilidad para las próximas ampliaciones de la UE, de forma que se establezca una moratoria en ese derecho hasta que los recién llegados alcancen un determinado nivel económico. En segundo lugar, deslizó la idea de poder poner un tope al número de europeos que deciden instalarse en otro país comunitario. Paradójicamente, Reino Unido ha pasado de ser el país más fervientemente defensor de las ampliaciones (en buena medida por el mayor número de consumidores a los que se puede acceder por el mercado único) a recelar de los recién incorporados.
Londres renuncia, eso sí, a pedir medidas excepcionales para frenar la libre circulación más inmediata: la que disfrutarán todos los rumanos y búlgaros en los 28 países comunitarios cuando el próximo 1 de enero expiren las restricciones temporales que los Estados miembros podían imponerles desde su incorporación, en 2007.
La obsesión de Cameron con la inmigración es meramente electoralista. Con ella pretende atajar la amenaza del UKIP, un partido antieuropeo y antiinmigración que, si obtiene buenos resultados en las generales de 2015, puede perjudicar las opciones de los conservadores debido a las particularidades del sistema electoral británico.
Las propuestas de este partido contra los inmigrantes reciben el aplauso de los tabloides, pero provocan cada vez más incomodidad en la patronal y entre los empresarios, que ven en los inmigrantes de Europa del Este a trabajadores no solo potencialmente más baratos sino más cualificados y con una superior ética laboral que los británicos.
