Diputados sospechan de una ‘mano negra’ en Minería
La Paz, Erbol“Aquí ha aparecido fantasmas o manos negras que han hecho que haya modificaciones”, afirmó de forma contundente el titular del Comité de Minería de la Cámara de Diputados, Pascual Guarachi, legislador cooperativista del MAS que pidió dar con los responsables del cambio de fecha en un contrato minero que ocasionó una pérdida aproximada de 20 millones de dólares al Estado.
El asambleísta afirmó que se realizarán las solicitudes de informe necesarias al Ministro de Minería, Mario Virreyra, para esclarecer los pormenores del acuerdo entre Comibol y la empresa Illapa (SinchiWayra). El primer documento, firmado en 2012 después de la nacionalización de Colquiri, contempla como “fecha efectiva” de inicio el 1 de octubre de 2011, el mismo contrato, pero aprobado por la Asamblea Legislativa en abril de 2013, registra como año de inicio el 2012 en lugar de 2011.
“Se va indagar para que se pueda encontrar a los culpables porque no puede ser que de esta forma en el margen de ingresos que se quería obtener existan pérdidas, quiere decir que aquí ha aparecido fantasmas o manos negras que han trabajado en este tiempo y hecho estas modificaciones, creemos que el culpable estaría en el Ministerio de Minería y nosotros vamos a pedir peticiones de informes porque esto no puede ser”, manifestó Guarachi.
Otro diputado minero, Carlos Troche, explicó que en pasados días fue remitido ante la cartera de Estado correspondiente una solicitud de informe escrito y se espera la respuesta de la autoridad. Manifestó que se tiene que determinar quiénes son los responsables del daño económico causado al Estado para que se los sancione con la Ley Anticorrupción.
“Los contratos están suscritos, están firmados, lamentablemente es un tema que nos preocupa altamente en los niveles bajos, en este caso en la administración del Estado, seguramente de aquí en adelante sabremos responsabilidades y en el marco de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz seguramente se tomarán acciones al respecto”, apuntó.
La pasada jornada, el presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, sostuvo que el Estado no cobró unos 10 millones de dólares más por la firma de contrato entre la Comibol y la empresa Illapa (Sinchi Wayra) por limitaciones en la Constitución Política del Estado referidas a la retroactividad.
“Lamentablemente la ley no es retroactiva, hubiéramos querido cobrar retroactividad en la mejora en el nuevo pago de interés, hubiera sido excelente que el estado podría haber ganado 8 ó 10 dólares más, pero hay una limitación constitucional que se dieron cuenta en la parte jurídica y lamentablemente uno no puede ir para atrás”, señaló.
Finalmente el senador Andrés Villca, exteriorizó su preocupación por la aprobación de este contrato. Lamentó la forma en la que el documento llegó desde el Ministerio de Minería y la propia Comisión asignada para su análisis y aseguró que se buscará acumular todos los datos para dar con los culpables.
“La Asamblea Legislativa hace el trabajo correspondiente cuando nos remiten el informe correspondiente de todo el trabajo que han hecho en la elaboración de un nuevo contrato. Seguramente se van a hacer las investigaciones y si hay culpables tienen que responder”, dijo.
