Gobierno busca reponer proyecto de Ley de Extinción

La Paz, Erbol
La ministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Nardy Suxo, confirmó hoy la existencia de un nuevo proyecto de Ley para la extinción de dominio de bienes en el país, norma que sólo se aplicará en el caso de delitos de corrupción, luego que un anterior texto fue rechazado en el Legislativo por la existencia de artículos inconstitucionales.


Según la autoridad, se espera que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) pueda agilizar el tratamiento de esta propuesta de ley que es socializada en el gabinete de ministros. La afirmación la realizó a tiempo de anunciar el encuentro que sostendrán representantes de 30 países de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), en Santa Cruz, para abordar el tema de corrupción.

“Hemos trabajado ya un borrador en el Ministerio, lo estamos pasando a los diferentes ministerios que tienen que dar su opinión, y luego lo pasaremos al CONAPES para que pueda ser tratado ahí ese proyecto, lo que sí esperamos es que la Asamblea Legislativa pueda aprobar este proyecto de ley que tiene que ver con la extinción de dominio de los bienes de las personas que ya están siendo procesadas por hechos de corrupción porque luego el Estado no puede recuperar el daño económico que sufre por hechos cometidos por servidores públicos o exservidores públicos”, apuntó.

El anterior proyecto de Ley de extinción de dominio, que incluía a personas acusadas por contrabando y narcotráfico, fue severamente cuestionado por los choferes y gremiales, quienes advertían el riesgo de la pérdida de su capital. También se recuerda el roce que existió entre Rebeca Delgado y el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

Suxo también anticipó la iniciativa de crear un organismo regional que mida los niveles de corrupción, debido a que no se confía en el reporte anual del Transparencia Internacional que ubicó en 2012 a Bolivia en el puesto 105 de los países en la lucha contra estas prácticas y en 2013 la agrupó junto a Venezuela, México, Paraguay como los países que peor puntuaron.

“Nosotros por eso estamos impulsando el hecho de que se cree un sistema que sea más participativo, que se recoja no sólo la percepción ciudadana de un pequeño grupo, sino absolutamente de todos los ciudadanos y de todos los sectores, y eso para nosotros es importante porque eso nos ayuda a ver dónde se está fallando en cada país en el trabajo de transparencia y lucha contra la corrupción”, indicó.

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