El lado salvaje del éxito chino
Dos periodistas recorren Europa estudiando los métodos de las redes de delitos económicos
El imperio levantado por inmigrantes asiáticos se sustenta muchas veces sobre pilares oscuros
Heriberto Araújo / Juan Pablo Cardenal, El País
La estampa gris e industrial de la ciudad toscana de Prato se hace visible a medida que el rutilante Mercedes de Hu Yong Zhang se abre paso entre el tráfico de la capital mundial de la moda rápida, la pronto moda. Los comercios presididos por carteles con ideogramas en mandarín flanquean la Vía Pistoiese, por donde se extiende la zona comercial china. El centro neurálgico de la comunidad late gracias a los miles de negocios —entre ellos, 2.600 talleres textiles— en manos de una comunidad que, a imagen y semejanza de Hu, es protagonista de un éxito empresarial fulgurante. De recién llegados a amos de la confección en poco más de una década. Un enriquecimiento glorioso que habría fascinado al mismísimo Deng Xiao Ping, a quien se atribuye la famosa metáfora.
“Cuando llegué me puse a trabajar en el restaurante de mis padres. Ya en los noventa monté uno de los primeros talleres chinos de Prato. Poco a poco fuimos subiendo en la escala de valor y desplazando a los italianos”, cuenta este hombre de 43 años y natural de Wenzhou. Para desbancar a sus competidores acuñaron una fórmula ganadora: el Made in Italy by Chinese, que no es otra cosa que producir por encargo para las grandes marcas de moda con el prestigioso sello de origen italiano, pero a los precios y la rapidez imbatibles que proporciona la mano de obra china, demasiadas veces explotada de forma clandestina. Gracias a este modelo la comunidad china de Prato es probablemente la más dinámica de Europa, al generar un negocio evaluado en 2.000 millones de euros anuales en esta ciudad de 195.000 habitantes. Pero, a la vez, se ha convertido también en el kilómetro cero de la criminalidad económica china.
Lo sabe bien Mattia Ianniello, investigador de la Guardia de Finanza de Florencia. Han pasado ya más de seis años y en su memoria mantiene intactas las imágenes de las pesquisas del mayor zarpazo contra el hampa china en Italia, la Operación Cian Ba, cuya fase final se desarrolló en 2012. Recuerda el régimen de “esclavitud”, los ritmos extenuantes y las condiciones infrahumanas que vivían los empleados en las entrañas de los talleres intervenidos en Prato: “Había algunos atados a la cama”, recuerda. Un sufrimiento que genera una competitividad imbatible y beneficios millonarios en negro para quienes controlan el negocio.
“Todo comenzó cuando una empresa de transporte y custodia de dinero nos contó que su mayor negocio no estaba en los bancos, sino en los chinos. Recogían de forma regular varios millones de euros en pequeños negocios chinos, mientras que los bancos movían una media de 200.000 o 300.000 euros al día. Y nos preguntamos: ¿de dónde procede todo ese dinero?”, explica Ianniello. Así que tiraron del hilo. “El primer negocio que investigamos fue una librería en Prato que enviaba remesas. Tenía una superficie de unos diez metros cuadrados, pero enviaba un millón de euros al día divididos en cantidades inferiores a 2.000 euros”.
Esas cifras suponían que cientos de clientes debían aparecer diariamente en el local, al menos uno cada dos o tres minutos. Sin embargo, apenas entraba un puñado de personas en la librería Ou Hua, situada en el número 13 de la Vía Cavour y regentada por una histórica familia china. La misma familia que, según los fiscales, controlaba otras 13 agencias de envío de remesas por toda Italia e incluso la matriz financiera, la Money2Money. ¿Cuál era el origen de todo ese dinero? ¿Y por qué evitaban en sus transacciones el sistema bancario?
El sistema era relativamente sencillo: según la policía, recibían diariamente varios millones de euros en efectivo de la comunidad china, generados por la venta sin declarar de prendas textiles y otras mercancías, la emigración ilegal, la prostitución, el contrabando o el comercio de artículos falsificados, y los enviaban a China camuflados como remesas de inmigrantes. Cuanto más efectivo enviaban, más necesarios eran los miles de pasaportes e identidades falsas chinas que manejaban para dividir las remesas en cantidades menores a 2.000 euros por persona y trimestre, que es el umbral fijado por el Banco de Italia para que una transacción no sea señalada como sospechosa. Así sacaron ilícitamente de Italia más de 4.500 millones de euros en cuatro años, según las autoridades italianas.
Quienes combaten el crimen organizado económico chino en España saben que la Operación Cian Ba no es un caso aislado, sino un botón de muestra de un sofisticado fraude transnacional que ha alcanzado cotas alarmantes. El análisis de decenas de sumarios y casos judiciales en España, Francia, Italia, Portugal, Austria y Rumania, y el centenar de entrevistas con investigadores, fiscales, agentes de aduanas y funcionarios de agencias tributarias y de Interpol apuntan inexorablemente en la misma dirección: la existencia de una economía multimillonaria que progresa y se hace fuerte por cauces ilícitos, como si de un imperio invisible se tratase, y cuya ventaja competitiva reside precisamente en las ventajas que reportan las ilegalidades. Circunstancia esta reconocida incluso por algunos prohombres de la comunidad china en España.
Uno de ellos es el afable vicepresidente de una de las asociaciones chinas en nuestro país quien, por razones obvias, habla a condición de anonimato. “Muchos chinos en España quisieran dar una visión solo positiva de la comunidad, pero yo quisiera hablar francamente. No podemos olvidar algunas partes de la historia”, se arranca durante un almuerzo en Wenzhou. “Para los chinos, ganar dinero en Europa es casi imposible si no evitan el pago de impuestos, porque los negocios no dan tantos beneficios. En el comercio mayorista todos hacen lo mismo porque hay mucha competencia por captar clientes. Y los restaurantes, si solo utilizaran trabajadores legales, sería muy difícil que pudieran sobrevivir”, admite entre bocanadas de humo. “Es imposible acabar con esto porque los chinos aprovechan los puntos débiles del sistema. Y la gente siempre quiere más dinero. Y si no te pillan, siempre puedes seguir ganando mucho más”, zanja entre carcajadas.
Todas las operaciones desencadenadas en nuestro país en los últimos cinco años, incluida la mediática Emperador, dibujaron un modus operandi delictivo en esa línea. El fraude arranca en la importación cotidiana y masiva de mercancía de lícito comercio sobre la que, sin embargo, los negociantes asiáticos tratan de pagar los menores impuestos y aranceles posibles. También tocan el comercio ilícito: contrabando de tabaco, de ropa de marca falsificada o de medicamentos falsos. La explotación de mano de obra china procedente de la inmigración clandestina es también recurrente. Y, finalmente, crean ingeniosas tramas para sacar ilícita y subrepticiamente los abundantes beneficios con destino a China, donde se reinvierte en producción o en ladrillo. El círculo completo.
Nada se deja al azar entre las familias chinas que controlan estos negocios y que, dicho sea de paso, no integran mafias ni triadas. No hay tatuajes, torturas, ni un malvado capo dei capi. De hecho, el perfil de los ideólogos de las tramas es mucho menos cinematográfico de lo que podría pensarse: bascula entre el empresario hecho a sí mismo y el hábil delincuente capaz de explotar las fisuras de nuestro sistema; perfil este que coincide con el de Gao Ping, el supuesto cabecilla de la trama desarticulada por la Operación Emperador que logró blanquear y evadir entre 800 y 1.200 millones de euros en un periodo de cuatro años. Son, en definitiva, emprendedores que se dedican a una actividad legal —el comercio o la producción textil—, pero que llevan hasta extremos delictivos el ejercicio de sus actividades para hacerlas más lucrativas.
Viaje al puerto de Valencia. En un almacén del complejo portuario, el de mayor tráfico marítimo de contenedores de España, se puede comprobar cómo las mercancías procedentes del gigante asiático sucumben muchas veces al escrutinio oficial. Un grupo de funcionarios inspecciona un contenedor procedente de China que Rita, el superordenador de la Agencia Tributaria, ha considerado que merece las comprobaciones que aparea ser considerada una mercancía del “circuito rojo”: la apertura para revisar la carga. Las inconsistencias en su declaración aduanera han hecho saltar la alarma.
Según fuentes no oficiales, entre el 5% y 8% de los contenedores del puerto valenciano se someten a revisión física. Los análisis de riesgo que efectúa Rita son la herramienta fundamental para el control inteligente de las mercancías que entran en España, porque el enorme volumen de comercio impediría un control pormenorizado de todas las mercancías sin colapsar los puertos. Una situación que da pie al fraude. La forma habitual de hacerlo es falseando la cantidad, el valor y la naturaleza de la mercancía para ahorrar en el pago de aranceles o IVA; así como el origen de la carga o la identidad real del importador, normalmente a través de estructuras societarias, para asegurarse que les asignen “circuito verde”. Cuanto mayor sea la cantidad defraudada al Tesoro público, más competitividad y margen de beneficio.
La primera alerta se dio en Nápoles. Su puerto se había convertido en 2004 en el coladero por el que entraban de contrabando las mercancías chinas gracias al arreglo que los comerciantes chinos tenían con la Camorra, que controlaba las dársenas. En cuanto se endurecieron las inspecciones, el tráfico se desvió en bloque a otros puertos, como Valencia, hasta que una mayor vigilancia en el español llevó a los importadores a despachar por puertos menos combativos: Constanza, Atenas, Lisboa, Southampton o incluso Hamburgo. Así es el juego del gato y el ratón en el que los importadores parecen ir un paso por delante gracias a las múltiples opciones que brindan cientos de puertos en 28 países comunitarios. “Estas prácticas de fraude son masivas, conocidas y extensivas, aunque los chinos no son los únicos que las hacen”, explican desde la Agencia Tributaria. La escala del fraude es formidable: “No hay nadie que no lo cometa en sectores como el textil o el calzado porque, si no lo hicieran, no podría vender la mercancía al mismo precio que sus competidores y estarían automáticamente fuera del mercado”, remarcan otras fuentes de la investigación.
Nadie es capaz de cuantificar, ni siquiera aproximadamente, cuál es el flujo de esa mercancía que los importadores chinos meten fraudulentamente en Europa. Pero se pueden extraer conclusiones tomando como muestra las principales operaciones policiales en los polígonos industriales de España donde los importadores monopolizan la distribución. El primer gran caso contra el crimen económico chino fue el que llevó la Guardia Civil en 2011, cuando decapitó la actividad empresarial y el aparato de blanqueo de uno de los supuestos próceres de la comunidad —Wen Hai Ye Wang o Luis Ye— en el marco de la Operación Long-Dragón Blanco.
Luis Ye llegó a España a finales de los ochenta y enseguida se incorporó al ciclo empresarial clásico: abrió primero un par de restaurantes chinos en Madrid con otros familiares, luego un supermercado de alimentos asiáticos y más tarde se metió de lleno en la importación de mercancías, en una época de gran rentabilidad, justo en el momento en que los bazares chinos empezaban a brotar como setas en nuestras ciudades. Pero no se conformó con eso.
Poco a poco, creó un holding de al menos 25 empresas, que utilizaba para traer trabajadores chinos y le permitieron impulsar “durante décadas” la emigración ilegal, según los informes de la Guardia Civil, que intervino en los registros policiales documentación relacionada con 300 personas. También apostó por el contrabando de productos falsos y de tabaco, lo que le debía reportar jugosos beneficios teniendo en cuenta que un contenedor de tabaco se vende por 700.000 euros cuando traerlo de China cuesta 100.000. El dineral que supuestamente iba amasando permitió a Luis Ye proveer a los emigrantes que traía y a otros miembros de la comunidad china con la financiación necesaria para que montaran restaurantes, bazares, peluquerías, bares y otros pequeños negocios. Según la Guardia Civil, los préstamos de ese “banco paralelo” tenían “su origen en el dinero ilícito de la organización”.
En el otro gran caso contra las redes delictivas asiáticas, el célebre Emperador, los informes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional revelan que las empresas vinculadas a Gao Ping en el polígono fuenlabreño de Cobo Calleja (Madrid) importaban unos 1.500 contenedores anuales. Puestos uno detrás de otro, esos contenedores conformarían una serpiente metálica que se extendería desde la Puerta del Sol de Madrid hasta el aeropuerto de Barajas. Solo se declaraba entre el 10% y el 20% del valor real de los bienes, y el 80% restante generaba una economía sumergida equivalente a varios cientos de millones de euros anuales.
Algo similar se sospecha que acontece en el polígono ilicitano del Carrús, tradicional epicentro del zapato de producción española y donde en 2004 se produjeron incidentes y destrozos contra los negocios chinos en protesta por una supuesta competencia desleal asentada en el contrabando, la explotación laboral, la evasión fiscal y otras infracciones. Una década después, sin embargo, no parece que las cosas hayan cambiado. “Estamos exactamente ante la misma situación de competencia desleal que entonces”, confirma Luis Ángel Mateo, teniente de alcalde de empresa y empleo del Ayuntamiento de Elche. Se refiere a una retahíla de ilegalidades: desde personal chino que no está dado de alta hasta sumergir gran parte del negocio para no pagar impuestos, sin olvidar las infracciones técnicas o en materia de horarios comerciales.
La comunidad china de Elche es un bastión económico de la ciudad. Controla 150 de las 400 empresas del polígono ilicitano y ha expandido sus negocios a la vecina localidad de Crevillente. La Operación Heijin, lanzada el pasado abril por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Alicante, expuso el alcance de sus actividades delictivas, al desmantelar una trama en la que una sola importadora de calzado —Ou Lin Li— declaró únicamente una quinta parte de un negocio que, entre 2009 y 2011, logró evadir más de 103 millones de euros.
Los chinos en Elche dicen sentirse “víctimas de una persecución policial y periodística”. Uno de los empleados en una de las empresas investigadas reconoce que la economía sumergida sigue muy presente en el distrito chino del Carrús, pero, a la vez, da una versión muy particular de qué hay detrás de las actuaciones policiales. “Los españoles están en el paro y no tienen dinero. Se creen que los chinos nos lo hemos llevado. Creen que todo es culpa de los chinos. No tienen razón, nosotros trabajamos 13 o 14 horas diarias”, advierte. Luis Ángel Mateo, el edil ilicitano, responde de forma contundente: “¿Persecución policial? Si se instalaran en Elche empresas extranjeras que cumplieran la legalidad no habría ningún tipo de persecución”, remata.
¿Y qué sucede con los cuantiosos beneficios obtenidos en negro? Una parte sale en billetes de 500 escondidos, por ejemplo, en paquetes de café o en el interior de los envoltorios de bombones Ferrero Rocher que llevan como regalo las familias chinas cuando regresan por vacaciones. O se envía, al igual que en Italia, en forma de falsas remesas que en realidad son envíos masivos para pagar a proveedores. Pero, a la vez, una parte de ese capital de origen fraudulento se queda en España, donde se usa para financiar —muchas veces en condiciones de usura— la apertura de nuevos negocios minoristas de otros compatriotas. Ello explicaría, según policías, fiscales y unidades antimafia de España, Italia y Francia, la rápida proliferación de negocios nuevos en manos de la comunidad china como bares, peluquerías o tiendas de ropa o, en el caso del país francés, las cafeterías-estanco (bar-tabac).
La disposición de dinero en efectivo explica también la expansión rapidísima de polígonos como Cobo Calleja o el Carrús. Nadie pone en duda la gran capacidad de trabajo de la comunidad, y por supuesto no hay que confundir la parte con el todo y meter al conjunto de los chinos en el mismo saco. Pero una fuente que conoce el polígono de Fuenlabrada desde hace más de dos décadas aporta un valioso ejemplo al recordar, por ejemplo, cómo antes de la crisis “los chinos llegaban con cajas de zapatos con billetes de 500 euros y máquinas de contar dinero” y abonaban una parte muy importante del precio de las naves en efectivo, pagando además una prima. Los edificios llegaron a costar cuatro o cinco millones de euros en tiempos de bonanza, y otro gran proyecto chino como el complejo comercial Plaza Oriente, intento de crear un auténtico Chinatown madrileño, está valorado en 65 millones de euros.
H. Araújo y J. P. Cardenal son los autores de La silenciosa conquista China (Crítica, 2011) y acaban de publicar El imperio invisible (Crítica).
El imperio levantado por inmigrantes asiáticos se sustenta muchas veces sobre pilares oscuros
La estampa gris e industrial de la ciudad toscana de Prato se hace visible a medida que el rutilante Mercedes de Hu Yong Zhang se abre paso entre el tráfico de la capital mundial de la moda rápida, la pronto moda. Los comercios presididos por carteles con ideogramas en mandarín flanquean la Vía Pistoiese, por donde se extiende la zona comercial china. El centro neurálgico de la comunidad late gracias a los miles de negocios —entre ellos, 2.600 talleres textiles— en manos de una comunidad que, a imagen y semejanza de Hu, es protagonista de un éxito empresarial fulgurante. De recién llegados a amos de la confección en poco más de una década. Un enriquecimiento glorioso que habría fascinado al mismísimo Deng Xiao Ping, a quien se atribuye la famosa metáfora.
“Cuando llegué me puse a trabajar en el restaurante de mis padres. Ya en los noventa monté uno de los primeros talleres chinos de Prato. Poco a poco fuimos subiendo en la escala de valor y desplazando a los italianos”, cuenta este hombre de 43 años y natural de Wenzhou. Para desbancar a sus competidores acuñaron una fórmula ganadora: el Made in Italy by Chinese, que no es otra cosa que producir por encargo para las grandes marcas de moda con el prestigioso sello de origen italiano, pero a los precios y la rapidez imbatibles que proporciona la mano de obra china, demasiadas veces explotada de forma clandestina. Gracias a este modelo la comunidad china de Prato es probablemente la más dinámica de Europa, al generar un negocio evaluado en 2.000 millones de euros anuales en esta ciudad de 195.000 habitantes. Pero, a la vez, se ha convertido también en el kilómetro cero de la criminalidad económica china.
Lo sabe bien Mattia Ianniello, investigador de la Guardia de Finanza de Florencia. Han pasado ya más de seis años y en su memoria mantiene intactas las imágenes de las pesquisas del mayor zarpazo contra el hampa china en Italia, la Operación Cian Ba, cuya fase final se desarrolló en 2012. Recuerda el régimen de “esclavitud”, los ritmos extenuantes y las condiciones infrahumanas que vivían los empleados en las entrañas de los talleres intervenidos en Prato: “Había algunos atados a la cama”, recuerda. Un sufrimiento que genera una competitividad imbatible y beneficios millonarios en negro para quienes controlan el negocio.
“Todo comenzó cuando una empresa de transporte y custodia de dinero nos contó que su mayor negocio no estaba en los bancos, sino en los chinos. Recogían de forma regular varios millones de euros en pequeños negocios chinos, mientras que los bancos movían una media de 200.000 o 300.000 euros al día. Y nos preguntamos: ¿de dónde procede todo ese dinero?”, explica Ianniello. Así que tiraron del hilo. “El primer negocio que investigamos fue una librería en Prato que enviaba remesas. Tenía una superficie de unos diez metros cuadrados, pero enviaba un millón de euros al día divididos en cantidades inferiores a 2.000 euros”.
Esas cifras suponían que cientos de clientes debían aparecer diariamente en el local, al menos uno cada dos o tres minutos. Sin embargo, apenas entraba un puñado de personas en la librería Ou Hua, situada en el número 13 de la Vía Cavour y regentada por una histórica familia china. La misma familia que, según los fiscales, controlaba otras 13 agencias de envío de remesas por toda Italia e incluso la matriz financiera, la Money2Money. ¿Cuál era el origen de todo ese dinero? ¿Y por qué evitaban en sus transacciones el sistema bancario?
El sistema era relativamente sencillo: según la policía, recibían diariamente varios millones de euros en efectivo de la comunidad china, generados por la venta sin declarar de prendas textiles y otras mercancías, la emigración ilegal, la prostitución, el contrabando o el comercio de artículos falsificados, y los enviaban a China camuflados como remesas de inmigrantes. Cuanto más efectivo enviaban, más necesarios eran los miles de pasaportes e identidades falsas chinas que manejaban para dividir las remesas en cantidades menores a 2.000 euros por persona y trimestre, que es el umbral fijado por el Banco de Italia para que una transacción no sea señalada como sospechosa. Así sacaron ilícitamente de Italia más de 4.500 millones de euros en cuatro años, según las autoridades italianas.
Quienes combaten el crimen organizado económico chino en España saben que la Operación Cian Ba no es un caso aislado, sino un botón de muestra de un sofisticado fraude transnacional que ha alcanzado cotas alarmantes. El análisis de decenas de sumarios y casos judiciales en España, Francia, Italia, Portugal, Austria y Rumania, y el centenar de entrevistas con investigadores, fiscales, agentes de aduanas y funcionarios de agencias tributarias y de Interpol apuntan inexorablemente en la misma dirección: la existencia de una economía multimillonaria que progresa y se hace fuerte por cauces ilícitos, como si de un imperio invisible se tratase, y cuya ventaja competitiva reside precisamente en las ventajas que reportan las ilegalidades. Circunstancia esta reconocida incluso por algunos prohombres de la comunidad china en España.
Uno de ellos es el afable vicepresidente de una de las asociaciones chinas en nuestro país quien, por razones obvias, habla a condición de anonimato. “Muchos chinos en España quisieran dar una visión solo positiva de la comunidad, pero yo quisiera hablar francamente. No podemos olvidar algunas partes de la historia”, se arranca durante un almuerzo en Wenzhou. “Para los chinos, ganar dinero en Europa es casi imposible si no evitan el pago de impuestos, porque los negocios no dan tantos beneficios. En el comercio mayorista todos hacen lo mismo porque hay mucha competencia por captar clientes. Y los restaurantes, si solo utilizaran trabajadores legales, sería muy difícil que pudieran sobrevivir”, admite entre bocanadas de humo. “Es imposible acabar con esto porque los chinos aprovechan los puntos débiles del sistema. Y la gente siempre quiere más dinero. Y si no te pillan, siempre puedes seguir ganando mucho más”, zanja entre carcajadas.
Todas las operaciones desencadenadas en nuestro país en los últimos cinco años, incluida la mediática Emperador, dibujaron un modus operandi delictivo en esa línea. El fraude arranca en la importación cotidiana y masiva de mercancía de lícito comercio sobre la que, sin embargo, los negociantes asiáticos tratan de pagar los menores impuestos y aranceles posibles. También tocan el comercio ilícito: contrabando de tabaco, de ropa de marca falsificada o de medicamentos falsos. La explotación de mano de obra china procedente de la inmigración clandestina es también recurrente. Y, finalmente, crean ingeniosas tramas para sacar ilícita y subrepticiamente los abundantes beneficios con destino a China, donde se reinvierte en producción o en ladrillo. El círculo completo.
Nada se deja al azar entre las familias chinas que controlan estos negocios y que, dicho sea de paso, no integran mafias ni triadas. No hay tatuajes, torturas, ni un malvado capo dei capi. De hecho, el perfil de los ideólogos de las tramas es mucho menos cinematográfico de lo que podría pensarse: bascula entre el empresario hecho a sí mismo y el hábil delincuente capaz de explotar las fisuras de nuestro sistema; perfil este que coincide con el de Gao Ping, el supuesto cabecilla de la trama desarticulada por la Operación Emperador que logró blanquear y evadir entre 800 y 1.200 millones de euros en un periodo de cuatro años. Son, en definitiva, emprendedores que se dedican a una actividad legal —el comercio o la producción textil—, pero que llevan hasta extremos delictivos el ejercicio de sus actividades para hacerlas más lucrativas.
Viaje al puerto de Valencia. En un almacén del complejo portuario, el de mayor tráfico marítimo de contenedores de España, se puede comprobar cómo las mercancías procedentes del gigante asiático sucumben muchas veces al escrutinio oficial. Un grupo de funcionarios inspecciona un contenedor procedente de China que Rita, el superordenador de la Agencia Tributaria, ha considerado que merece las comprobaciones que aparea ser considerada una mercancía del “circuito rojo”: la apertura para revisar la carga. Las inconsistencias en su declaración aduanera han hecho saltar la alarma.
Según fuentes no oficiales, entre el 5% y 8% de los contenedores del puerto valenciano se someten a revisión física. Los análisis de riesgo que efectúa Rita son la herramienta fundamental para el control inteligente de las mercancías que entran en España, porque el enorme volumen de comercio impediría un control pormenorizado de todas las mercancías sin colapsar los puertos. Una situación que da pie al fraude. La forma habitual de hacerlo es falseando la cantidad, el valor y la naturaleza de la mercancía para ahorrar en el pago de aranceles o IVA; así como el origen de la carga o la identidad real del importador, normalmente a través de estructuras societarias, para asegurarse que les asignen “circuito verde”. Cuanto mayor sea la cantidad defraudada al Tesoro público, más competitividad y margen de beneficio.
La primera alerta se dio en Nápoles. Su puerto se había convertido en 2004 en el coladero por el que entraban de contrabando las mercancías chinas gracias al arreglo que los comerciantes chinos tenían con la Camorra, que controlaba las dársenas. En cuanto se endurecieron las inspecciones, el tráfico se desvió en bloque a otros puertos, como Valencia, hasta que una mayor vigilancia en el español llevó a los importadores a despachar por puertos menos combativos: Constanza, Atenas, Lisboa, Southampton o incluso Hamburgo. Así es el juego del gato y el ratón en el que los importadores parecen ir un paso por delante gracias a las múltiples opciones que brindan cientos de puertos en 28 países comunitarios. “Estas prácticas de fraude son masivas, conocidas y extensivas, aunque los chinos no son los únicos que las hacen”, explican desde la Agencia Tributaria. La escala del fraude es formidable: “No hay nadie que no lo cometa en sectores como el textil o el calzado porque, si no lo hicieran, no podría vender la mercancía al mismo precio que sus competidores y estarían automáticamente fuera del mercado”, remarcan otras fuentes de la investigación.
Nadie es capaz de cuantificar, ni siquiera aproximadamente, cuál es el flujo de esa mercancía que los importadores chinos meten fraudulentamente en Europa. Pero se pueden extraer conclusiones tomando como muestra las principales operaciones policiales en los polígonos industriales de España donde los importadores monopolizan la distribución. El primer gran caso contra el crimen económico chino fue el que llevó la Guardia Civil en 2011, cuando decapitó la actividad empresarial y el aparato de blanqueo de uno de los supuestos próceres de la comunidad —Wen Hai Ye Wang o Luis Ye— en el marco de la Operación Long-Dragón Blanco.
Luis Ye llegó a España a finales de los ochenta y enseguida se incorporó al ciclo empresarial clásico: abrió primero un par de restaurantes chinos en Madrid con otros familiares, luego un supermercado de alimentos asiáticos y más tarde se metió de lleno en la importación de mercancías, en una época de gran rentabilidad, justo en el momento en que los bazares chinos empezaban a brotar como setas en nuestras ciudades. Pero no se conformó con eso.
Poco a poco, creó un holding de al menos 25 empresas, que utilizaba para traer trabajadores chinos y le permitieron impulsar “durante décadas” la emigración ilegal, según los informes de la Guardia Civil, que intervino en los registros policiales documentación relacionada con 300 personas. También apostó por el contrabando de productos falsos y de tabaco, lo que le debía reportar jugosos beneficios teniendo en cuenta que un contenedor de tabaco se vende por 700.000 euros cuando traerlo de China cuesta 100.000. El dineral que supuestamente iba amasando permitió a Luis Ye proveer a los emigrantes que traía y a otros miembros de la comunidad china con la financiación necesaria para que montaran restaurantes, bazares, peluquerías, bares y otros pequeños negocios. Según la Guardia Civil, los préstamos de ese “banco paralelo” tenían “su origen en el dinero ilícito de la organización”.
En el otro gran caso contra las redes delictivas asiáticas, el célebre Emperador, los informes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional revelan que las empresas vinculadas a Gao Ping en el polígono fuenlabreño de Cobo Calleja (Madrid) importaban unos 1.500 contenedores anuales. Puestos uno detrás de otro, esos contenedores conformarían una serpiente metálica que se extendería desde la Puerta del Sol de Madrid hasta el aeropuerto de Barajas. Solo se declaraba entre el 10% y el 20% del valor real de los bienes, y el 80% restante generaba una economía sumergida equivalente a varios cientos de millones de euros anuales.
Algo similar se sospecha que acontece en el polígono ilicitano del Carrús, tradicional epicentro del zapato de producción española y donde en 2004 se produjeron incidentes y destrozos contra los negocios chinos en protesta por una supuesta competencia desleal asentada en el contrabando, la explotación laboral, la evasión fiscal y otras infracciones. Una década después, sin embargo, no parece que las cosas hayan cambiado. “Estamos exactamente ante la misma situación de competencia desleal que entonces”, confirma Luis Ángel Mateo, teniente de alcalde de empresa y empleo del Ayuntamiento de Elche. Se refiere a una retahíla de ilegalidades: desde personal chino que no está dado de alta hasta sumergir gran parte del negocio para no pagar impuestos, sin olvidar las infracciones técnicas o en materia de horarios comerciales.
La comunidad china de Elche es un bastión económico de la ciudad. Controla 150 de las 400 empresas del polígono ilicitano y ha expandido sus negocios a la vecina localidad de Crevillente. La Operación Heijin, lanzada el pasado abril por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Alicante, expuso el alcance de sus actividades delictivas, al desmantelar una trama en la que una sola importadora de calzado —Ou Lin Li— declaró únicamente una quinta parte de un negocio que, entre 2009 y 2011, logró evadir más de 103 millones de euros.
Los chinos en Elche dicen sentirse “víctimas de una persecución policial y periodística”. Uno de los empleados en una de las empresas investigadas reconoce que la economía sumergida sigue muy presente en el distrito chino del Carrús, pero, a la vez, da una versión muy particular de qué hay detrás de las actuaciones policiales. “Los españoles están en el paro y no tienen dinero. Se creen que los chinos nos lo hemos llevado. Creen que todo es culpa de los chinos. No tienen razón, nosotros trabajamos 13 o 14 horas diarias”, advierte. Luis Ángel Mateo, el edil ilicitano, responde de forma contundente: “¿Persecución policial? Si se instalaran en Elche empresas extranjeras que cumplieran la legalidad no habría ningún tipo de persecución”, remata.
¿Y qué sucede con los cuantiosos beneficios obtenidos en negro? Una parte sale en billetes de 500 escondidos, por ejemplo, en paquetes de café o en el interior de los envoltorios de bombones Ferrero Rocher que llevan como regalo las familias chinas cuando regresan por vacaciones. O se envía, al igual que en Italia, en forma de falsas remesas que en realidad son envíos masivos para pagar a proveedores. Pero, a la vez, una parte de ese capital de origen fraudulento se queda en España, donde se usa para financiar —muchas veces en condiciones de usura— la apertura de nuevos negocios minoristas de otros compatriotas. Ello explicaría, según policías, fiscales y unidades antimafia de España, Italia y Francia, la rápida proliferación de negocios nuevos en manos de la comunidad china como bares, peluquerías o tiendas de ropa o, en el caso del país francés, las cafeterías-estanco (bar-tabac).
La disposición de dinero en efectivo explica también la expansión rapidísima de polígonos como Cobo Calleja o el Carrús. Nadie pone en duda la gran capacidad de trabajo de la comunidad, y por supuesto no hay que confundir la parte con el todo y meter al conjunto de los chinos en el mismo saco. Pero una fuente que conoce el polígono de Fuenlabrada desde hace más de dos décadas aporta un valioso ejemplo al recordar, por ejemplo, cómo antes de la crisis “los chinos llegaban con cajas de zapatos con billetes de 500 euros y máquinas de contar dinero” y abonaban una parte muy importante del precio de las naves en efectivo, pagando además una prima. Los edificios llegaron a costar cuatro o cinco millones de euros en tiempos de bonanza, y otro gran proyecto chino como el complejo comercial Plaza Oriente, intento de crear un auténtico Chinatown madrileño, está valorado en 65 millones de euros.
H. Araújo y J. P. Cardenal son los autores de La silenciosa conquista China (Crítica, 2011) y acaban de publicar El imperio invisible (Crítica).
