Palestina protesta por la inversión de una empresa de Almería en colonias israelíes
El ministerio de Exteriores palestino acusa a una empresa de Almería de proveer servicios a agricultores de asentamientos en los territorios ocupados, lo que supone una “violación del derecho internacional”
Carmen Rengel
Jerusalén, El País
El Gobierno de Palestina acaba de lanzar una nueva campaña de presión contra Israel en la que pide a 50 países que tomen medidas contra las empresas que, desde su territorio, trabajen en los asentamientos de Cisjordania o mantengan relaciones comerciales o financieras con firmas que estén instaladas en ellos. En el caso de España, el Ministerio de Exteriores ha mandado una carta en la que se señala expresamente a NaanDanJain Ibérica, dedicada a fabricar y vender sistemas de riego localizado y accesorios para regadío, ubicada en Santa María del Águila (Almería) y que tiene seis delegaciones entre España y Portugal.
La firma es una rama de la marca israelí de idéntico nombre, nacida en el kibutz Naan –en el centro del país-, a la que las autoridades palestinas acusan de “proveer servicios a agricultores de colonias en el Valle del Jordán, el Monte Hebrón y los Altos del Golán”, un territorio ocupado de forma “ilegal”, lo que supone una “violación del derecho internacional”. La empresa almeriense nació con su nombre actual en 2007, tras la unión de la matriz israelí con una empresa hindú, pero lleva desde 2001 operando en Andalucía. Indica en su página web que tiene 600 clientes en cartera en toda la península ibérica –distribuidores, instaladores y cooperativas- y que, pese a la crisis, sus operaciones están valoradas en 135 millones de euros. Tiene la segunda mayor planta de producción de la marca, sólo superada por la casa madre israelí. Los responsables de NaanDanJain han manifestado que no han recibido “ninguna notificación ni información” al respecto.
“Nuestro objetivo es mostrar a Israel que hay un precio por violar la legislación internacional”, explica Nabil Shaath, responsable del comité político de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP). Sostiene que con su iniciativa no buscan un “boicot a Israel”, sino “decirle al mundo: es hora de que dejéis de tratarlo como a un Estado por encima de la ley”, un “recordatorio” de que no deben “implicarse” en la ocupación. “No le estamos pidiendo a España que apruebe una nueva ley, sólo que, ya que ha invertido fuertemente en la creación de instituciones palestinas, y para lograr que esos esfuerzos se traduzcan en resultados, aplique sus propias normas que ya condenan las violaciones de los derechos humanos y no acepte las violaciones de esos derechos”, añade Shaath.
En el contexto de la Unión Europea, España es el país que menos firmas tiene identificadas en esta lista inicial de empresas contra las que Palestina pide el bloqueo, junto a Dinamarca, Rumanía y Chipre. Hay un total de 504 en todo el mundo, detectadas por el Gobierno palestino y organizaciones civiles israelíes, aunque ya se investiga para ampliar el número. Hay nombres muy conocidos en nuestro país, marcas como la alemana Siemens –que a través de una filial ha instalado sistemas de control de tráfico en las carreteras exclusivas para israelíes que llevan a las colonias- o la francesa Veolia –a la que contratan sus servicios de aguas y vertederos en varias de ellas-. La lista incluye entidades financieras como el Banco Hapoel y el Leumi, sin sucursales en España.
Reino Unido y Holanda ya llevan meses recomendando a sus empresas que no inviertan en los asentamientos ni se alíen con socios israelíes que lo hagan. Fruto de esta presión es la reciente decisión de la holandesa Royal HaskoningDHV, que iba a construir una planta de tratamiento de aguas más allá de la línea verde y acabó por retirarse del proyecto.
El portavoz del Ministerio de Exteriores de Israel, Yigal Palmor, ha lamentado lo que considera una “nueva campaña anti-israelí” en pleno proceso de paz y advierte de que, de aplicarse el bloqueo a las empresas, se pondría en peligro también el empleo de entre 20.000 y 30.000 palestinos, informa el diario Yedioth Ahronoth.
El presidente palestino, Mahmud Abbas, ya trasladó su petición contra las empresas a la jefa de la diplomacia de la UE, Catherine Ashton, a la que visitó el pasado jueves. La misma carta que ha recibido España ha sido enviada a América Latina, Australia, Sudáfrica, Japón y Corea del Sur y a inversores árabes particulares. En ellas, además, se pide a estos estados que recomienden a sus nacionales que vivan en colonias israelíes que salgan de ellas, porque incumplen la ley. Shaath confirma que la actitud de los países interpelados está siendo “muy positiva” hacia esta campaña, que define como un “elemento de cambio, una herramienta pacífica orientada a detener un crimen de guerra”.
La iniciativa palestina surge después de que en julio Bruselas aprobase una nueva directiva que prohíbe la financiación, la inversión o la concesión de becas y premios comunitarios a entidades o empresas que realicen actividades en las colonias, suelo ocupado palestino desde 1967 según reconoce Naciones Unidas. Este veto entrará en vigor el próximo 1 de enero. La UE también está debatiendo la imposición de un etiquetado que diferencie los productos que proceden de las colonias de los que llegan al espacio común desde el resto del territorio israelí. Abbas está intensificando sus contactos con Europa porque teme que se retrase o ablande la aplicación de esta directiva, que no ha gustado a Estados Unidos.
Shaath afirma que España les ha “asegurado” que “aplicará” la nueva política, “al igual que el resto de la Unión”, aunque denuncia el “fuerte chantaje de Israel”. “Garantizar la impunidad nunca nos llevará a la paz, sino a la inversa (…) La principal razón por la que han fallado estos 20 años de proceso de paz es la falta de rendición de cuentas”, concluye.
Zeev Elkin, vicecanciller israelí, ha advertido a Reuters de que sería un “error” para la UE distanciarse de un país como el suyo, un “estado de emprendedores”. Si no se resuelve la crisis causada por la nueva directiva, lo que vaticina es el distanciamiento de las dos partes. El programa Horizon 2020, que se está debatiendo estos días, es la primera prueba de fuego. Israel está en riesgo de perder parte de los fondos de este paquete científico, millonario, precisamente por los asentamientos. Bruselas sostiene que no cambiará su postura pero promete ser “flexible” en el diálogo. Como bálsamo, esta semana el comisario de Industria, Antonio Tajani, ha visitado Israel para debatir proyectos de cooperación en industria y turismo.
Jerusalén, El País
El Gobierno de Palestina acaba de lanzar una nueva campaña de presión contra Israel en la que pide a 50 países que tomen medidas contra las empresas que, desde su territorio, trabajen en los asentamientos de Cisjordania o mantengan relaciones comerciales o financieras con firmas que estén instaladas en ellos. En el caso de España, el Ministerio de Exteriores ha mandado una carta en la que se señala expresamente a NaanDanJain Ibérica, dedicada a fabricar y vender sistemas de riego localizado y accesorios para regadío, ubicada en Santa María del Águila (Almería) y que tiene seis delegaciones entre España y Portugal.
La firma es una rama de la marca israelí de idéntico nombre, nacida en el kibutz Naan –en el centro del país-, a la que las autoridades palestinas acusan de “proveer servicios a agricultores de colonias en el Valle del Jordán, el Monte Hebrón y los Altos del Golán”, un territorio ocupado de forma “ilegal”, lo que supone una “violación del derecho internacional”. La empresa almeriense nació con su nombre actual en 2007, tras la unión de la matriz israelí con una empresa hindú, pero lleva desde 2001 operando en Andalucía. Indica en su página web que tiene 600 clientes en cartera en toda la península ibérica –distribuidores, instaladores y cooperativas- y que, pese a la crisis, sus operaciones están valoradas en 135 millones de euros. Tiene la segunda mayor planta de producción de la marca, sólo superada por la casa madre israelí. Los responsables de NaanDanJain han manifestado que no han recibido “ninguna notificación ni información” al respecto.
“Nuestro objetivo es mostrar a Israel que hay un precio por violar la legislación internacional”, explica Nabil Shaath, responsable del comité político de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP). Sostiene que con su iniciativa no buscan un “boicot a Israel”, sino “decirle al mundo: es hora de que dejéis de tratarlo como a un Estado por encima de la ley”, un “recordatorio” de que no deben “implicarse” en la ocupación. “No le estamos pidiendo a España que apruebe una nueva ley, sólo que, ya que ha invertido fuertemente en la creación de instituciones palestinas, y para lograr que esos esfuerzos se traduzcan en resultados, aplique sus propias normas que ya condenan las violaciones de los derechos humanos y no acepte las violaciones de esos derechos”, añade Shaath.
En el contexto de la Unión Europea, España es el país que menos firmas tiene identificadas en esta lista inicial de empresas contra las que Palestina pide el bloqueo, junto a Dinamarca, Rumanía y Chipre. Hay un total de 504 en todo el mundo, detectadas por el Gobierno palestino y organizaciones civiles israelíes, aunque ya se investiga para ampliar el número. Hay nombres muy conocidos en nuestro país, marcas como la alemana Siemens –que a través de una filial ha instalado sistemas de control de tráfico en las carreteras exclusivas para israelíes que llevan a las colonias- o la francesa Veolia –a la que contratan sus servicios de aguas y vertederos en varias de ellas-. La lista incluye entidades financieras como el Banco Hapoel y el Leumi, sin sucursales en España.
Reino Unido y Holanda ya llevan meses recomendando a sus empresas que no inviertan en los asentamientos ni se alíen con socios israelíes que lo hagan. Fruto de esta presión es la reciente decisión de la holandesa Royal HaskoningDHV, que iba a construir una planta de tratamiento de aguas más allá de la línea verde y acabó por retirarse del proyecto.
El portavoz del Ministerio de Exteriores de Israel, Yigal Palmor, ha lamentado lo que considera una “nueva campaña anti-israelí” en pleno proceso de paz y advierte de que, de aplicarse el bloqueo a las empresas, se pondría en peligro también el empleo de entre 20.000 y 30.000 palestinos, informa el diario Yedioth Ahronoth.
El presidente palestino, Mahmud Abbas, ya trasladó su petición contra las empresas a la jefa de la diplomacia de la UE, Catherine Ashton, a la que visitó el pasado jueves. La misma carta que ha recibido España ha sido enviada a América Latina, Australia, Sudáfrica, Japón y Corea del Sur y a inversores árabes particulares. En ellas, además, se pide a estos estados que recomienden a sus nacionales que vivan en colonias israelíes que salgan de ellas, porque incumplen la ley. Shaath confirma que la actitud de los países interpelados está siendo “muy positiva” hacia esta campaña, que define como un “elemento de cambio, una herramienta pacífica orientada a detener un crimen de guerra”.
La iniciativa palestina surge después de que en julio Bruselas aprobase una nueva directiva que prohíbe la financiación, la inversión o la concesión de becas y premios comunitarios a entidades o empresas que realicen actividades en las colonias, suelo ocupado palestino desde 1967 según reconoce Naciones Unidas. Este veto entrará en vigor el próximo 1 de enero. La UE también está debatiendo la imposición de un etiquetado que diferencie los productos que proceden de las colonias de los que llegan al espacio común desde el resto del territorio israelí. Abbas está intensificando sus contactos con Europa porque teme que se retrase o ablande la aplicación de esta directiva, que no ha gustado a Estados Unidos.
Shaath afirma que España les ha “asegurado” que “aplicará” la nueva política, “al igual que el resto de la Unión”, aunque denuncia el “fuerte chantaje de Israel”. “Garantizar la impunidad nunca nos llevará a la paz, sino a la inversa (…) La principal razón por la que han fallado estos 20 años de proceso de paz es la falta de rendición de cuentas”, concluye.
Zeev Elkin, vicecanciller israelí, ha advertido a Reuters de que sería un “error” para la UE distanciarse de un país como el suyo, un “estado de emprendedores”. Si no se resuelve la crisis causada por la nueva directiva, lo que vaticina es el distanciamiento de las dos partes. El programa Horizon 2020, que se está debatiendo estos días, es la primera prueba de fuego. Israel está en riesgo de perder parte de los fondos de este paquete científico, millonario, precisamente por los asentamientos. Bruselas sostiene que no cambiará su postura pero promete ser “flexible” en el diálogo. Como bálsamo, esta semana el comisario de Industria, Antonio Tajani, ha visitado Israel para debatir proyectos de cooperación en industria y turismo.
