Núñez admite entrega de coca incautada a organizaciones sociales
El exviceministro de Coca, Dionisio Núñez, quien dijo que hasta ahora no le dieron ninguna explicación sobre su sorpresiva destitución, confirmó el desvío de una parte de la coca incautada a organizaciones sociales y el cobro de 1.200 bolivianos por la renovación de licencias de comercialización en 2013.
Núñez, en una entrevista concedida a ERBOL, dijo que el Viceministerio tiene el reporte periódico, mensual y bimestral de todas las actividades que realizaba la Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización (Digcoin).
“Tenemos todos los reportes sobre la cantidad de coca que se comercializa de La Paz y Cochabamba hacia el interior. Los detallistas tienen el permiso de llevar 10 taques de hoja de coca cada mes a su lugar de venta y los productores al detalle sólo seis taques. También tenemos el reporte de toda la coca incautada en los nueve departamentos y el reporte de la hoja de coca incautada que ha sido destinada a organizaciones sociales o ha sido incinerada o que está en depósitos de incautación”, afirmó Núñez.
Aunque no quiso hablar sobre cifras exactas (toneladas) de la hoja incautada, la exautoridad aseguró que el reglamento de circulación y comercialización de coca (aprobado con una resolución ministerial el 2006) prevé el destino del producto incautado a organizaciones sociales.
“La coca incautada que esté en condiciones para el consumo humano, según el reglamento, se puede (entregar) gratuitamente a alguna organización social que solicite para su evento (como una marcha, un congreso, una huelga) y consumo tradicional, que es el acullico”, afirmó.
Enfatizó que esa entrega de coca incautada a organizaciones sociales está debidamente detallada en los reportes de Digcoin.
“Hay reportes sobre la cantidad de solicitudes de ese tipo y la cantidad de coca entregada. Además, esos reportes que nos mandaba Digcoin nosotros los evaluábamos y están disponibles, (no es un secreto), es de conocimiento del Ministerio Rural y Tierras. Personalmente o al menos el equipo del Viceministerio, no notó ninguna irregularidad en esos informes porque si hubiera sido así, nosotros hubiéramos instruido la auditoria u otro tipos de control”, sostuvo.
Sin embargo reconoció que desde al menos 2010, la coca incautada ya no se incinera y que tampoco se podría haber entregado toneladas de ese producto a organizaciones sociales, porque estas entidades sólo requerían para sus actividades en cantidades mínimas.
“Pero estoy con la voluntad de aportar con todos los informes al Ministerio Público”, recalcó.
Cobros irregulares
“A mi (en este caso) solamente me salpicaría el haber autorizado el cobro de 1.200 (bolivianos) por el motivo de la renovación de licencias de comercialización”, afirmó.
Aunque –según Núñez– el reglamento de la comercialización de coca dice que cada 5 años se tiene que renovar las licencias y que esa renovación debe costar sólo 200 bolivianos.
“Eso dice el reglamento textualmente”, enfatizó. Pero, cuanto llegó el momento de hacer la primera renovación de licencias, es decir, el 2008, el Viceministerio de Coca, Digcoin y el Ministerio de Desarrollo Rural autorizaron un leve aumento a 600 bolivianos.
“Entonces, no se dijo nada de cobro irregular ni nada. Ahora que tocó la nueva renovación en 2013, porque ya pasaron cinco años, seguimos ese mismo procedimiento, es decir, primero preguntamos señores de Digcoin con cuánto se va renovar, ellos elevaron un informe diciendo que acordaron con los comerciantes de coca al detalle, para que la renovación de la licencia en 2013 se haga con 1.200, llegaron esos informes de Digcoin, de la Federación Nacional de Comerciantes de Coca al Detalle, sugiriendo que la renovación este año se haga con 1.200, sobre esa base, nosotros como Viceministerio dijimos que prosiga”, justificó.
El Ministerio Público investiga el presunto desvío de coca incautada y cobros irregulares en el Digcoin. Según el fiscal Roger Velásquez hay suficientes indicios de responsabilidad y por eso se determinó la aprehensión de Luis Cutipa, director general de Digcoin. Esta investigación surgió a partir de la denuncia de la propia ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo.
