Juez envía a la cárcel de Patacamaya a nueve imputados por emboscada de Apolo
Evo afirma que se planificó un ataque militar en ApoloBebés de tres y cuatro meses quedan en la orfandad tras ‘masacre’ en ApoloFamiliares reclaman por qué los uniformados fueron enviados sin armas El juez Instructor Mixto de Apolo, Daniel Guarachi, dispuso el martes detención preventiva en el penal de Patacamaya, para nueve imputados por el asesinato de militares y policías, en la emboscada a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), en esa región del norte de La Paz.
'Se dispone la detención preventiva en la cárcel de Patacamaya de la provincia Aroma de La Paz para los imputados por riesgos procesales de peligro de fuga hacia el Perú, la obstaculización en la investigación y peligro para la sociedad por tenencia de armas de fuego', explicó el juez, que rechazó un 'incidente accidental' de la defensa.
Los imputados son Domingo Guzmán Mendo, Hernán Salas, Sabino Cuba Estrada, Santiago Flores Huanca, Alejo Huanca Flores, Julián Flores Pamuri, Camilo Machaca, Darwin Choque Surco y Rubén Limaco Lipacho, imputados por asesinato, lesiones graves, lesiones gravísimas y otros delitos.
Por otra parte, el Juez dispuso medidas sustitutivas a la detención para Cacilda Capiona Ochoca, con la instrucción que debe presentarse en la Fiscalía de Apolo el primer lunes de cada mes para garantizar la investigación.
Con referencia al dirigente, Gregorio Cari Contreras, ordenó su libertad 'pura y simple'.
En la fundamentación de la imputación, el director funcional de la investigación, el fiscal Lepoldo Ramos, exhibió las evidencias colectadas en el escenario de la emboscada a efectivos de la FTC, entre ellos, proyectiles, casquillos de proyectiles, una escopeta de largo alcance, ondas, celulares y otros objetos utilizados por los cocaleros ilegales.
Acompañado del abogado del Ministerio de Gobierno y de la Policía, presentó las fotografías de los fallecidos: subteniente de Ejército, Oscar Gironda; el cabo policial Johnny Quispe; el suboficial de la Armada, Willy Luque y el médico Michel Olivares, que muestran evidencias de tortura.
Entregó también testimonios de los heridos, que rarificaron que fueron emboscados, torturados, vejados y mellados por un grupo de colonos que defienden la coca ilegal.
Ramos dejó establecido en la audiencia que 'la FTC, integrada por policías y militares, tiene la misión de erradicar cultivos de coca ilegal en todo el territorio nacional'.
'Ante la presencia de la Fuerza de Tarea Conjunta, los cocaleros ilegales congregados en la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos de la Provincia Franz Tamayo-Túpac Katari, liderados por los imputados y otras personas planificaron la emboscada con saña, alevosía y premeditación que se consumó con el empleo de armas de fuego', subrayó.
Por su parte, el abogado de la defensa, Benjamín Patzi, expresó su desacuerdo por el fallo del juez y dijo que 'no se fundamentó el por qué de la detención preventiva' y aseguró que no se cumplieron con las formalidades del proceso penal y 'que no se notificó para las pericias, por lo que se vulneró el debido proceso'.
