EE UU elude rendir cuentas a Europa
Washington ignora la exigencia de responsabilidades por el espionaje que plantea la UE
Lucía Abellán
Bruselas, El País
Estados Unidos ha hecho oídos sordos a las explicaciones que le exige Europa por los escándalos de espionaje. Ninguna de las negociaciones abiertas en Bruselas para aclarar por qué Gobiernos y ciudadanos europeos fueron vigilados por empresas y autoridades estadounidenses ha dado fruto y, en algunos casos, Washington ha bloqueado esa rendición de cuentas. Las discusiones entre expertos comunitarios y estadounidenses avanzan con lentitud y todas las autoridades de la Administración de Obama citadas a comparecer ante el Parlamento Europeo han rechazado acudir. La Comisión Europea prepara una evaluación de las relaciones transatlánticas para final de año.
Cuatro meses después de las primeras revelaciones, los papeles del exanalista Edward Snowden siguen aturdiendo a los ciudadanos sin que la Unión Europea haya podido obtener un relato convincente sobre estos episodios. El Ejecutivo comunitario se apresuró a exigir explicaciones, pero EE UU remitió las respuestas a una serie de grupos de trabajo que han diluido las expectativas creadas en los tres ámbitos de representación europea: Comisión, Consejo y Parlamento.
En el caso del Ejecutivo comunitario, el escándalo sirvió para activar un acuerdo que Europa llevaba años negociando con el fin de establecer un marco común de intercambio de datos con EE UU. Tras reunirse un par de veces, el grupo tendrá otra cita el próximo 18 de noviembre con un asunto clave sobre la mesa: cómo lograr que ciudadanos y empresas de la UE puedan apelar ante las autoridades estadounidenses si ven violada la privacidad de sus datos personales. En la actualidad no pueden hacerlo, mientras que los norteamericanos sí piden amparo ante los diferentes órganos nacionales de la UE. La vicepresidenta y comisaria de Justicia, Viviane Reding, ha mostrado su indignación por la falta de reciprocidad, pero Washington se resiste a dar su brazo a torcer.
A la vista de esa falta de avances, Reding amenazó en verano con suspender el llamado acuerdo de puerto seguro (safe harbour), por el cual unas 3.000 empresas estadounidenses obtienen datos de las europeas en un marco de confianza y seguridad. Bruselas está ahora revisando esa estructura, porque duda de que ofrezca las suficientes garantías —la adhesión es voluntaria y los controles, laxos— y decidirá si la mantiene o no a finales de año. Lo más probable es que la Comisión presente un informe sobre cómo funciona ese intercambio y qué se puede hacer para evitar los abusos. Pero está por ver el grado de exigencia que sea capaz de imponer la Comisión, pues los Estados miembros recelan de poner contra las cuerdas a Washington.
Esa actitud titubeante de algunos de los Veintiocho determina la suerte que están corriendo las negociaciones abiertas en el Consejo Europeo. “Ustedes nos piden explicaciones de cómo funcionan nuestros sistemas de inteligencia, pero entonces nosotros les preguntaremos a ustedes cómo funcionan los suyos”, desafiaron los expertos estadounidenses a los europeos en una de esas reuniones, según fuentes conocedoras de los contactos. Estados Unidos se niega así a ofrecer información sobre cómo su agencia de seguridad nacional (NSA) accedió al corazón de las instituciones europeas.
En el fondo, los representantes norteamericanos dominan la normativa comunitaria y saben que las posibilidades legales de pedirles explicaciones son escasas. Por eso exigieron negociaciones bilaterales —entre Washington y cada uno de los Estados que lo soliciten— para tratar cualquier cuestión relativa al espionaje por parte de la agencia estadounidense, pues no reconocen a la UE rango de interlocutor válido. Los representantes del Gobierno estadounidense en Bruselas no han aclarado a este diario el porqué de su actitud. De momento, se mantienen las formas y el grupo de trabajo entre el Ejecutivo estadounidense y el Consejo Europeo volverá a reunirse en unos días en Washington. Será la tercera cita y se desconoce si habrá alguna más. Los ministros de Justicia deberían evaluar las conclusiones de ese diálogo a finales de año.
El caso más evidente de ninguneo a las instituciones comunitarias se produce en el Parlamento Europeo, el más combativo con este caso, pero también el que menos atribuciones tiene para exigir responsabilidades. Conscientes de esa debilidad, el 100% de las autoridades estadounidenses a las que se ha convocado a que comparezcan ante la comisión de investigación que abrió la Eurocámara para aclarar los hechos ha excusado su presencia con amables cartas dirigidas a la Comisión de Libertades, según ha comprobado este diario. No han sido los únicos. Dos ministros holandeses y representantes de los servicios de inteligencia de Francia, Bélgica, Suecia, Dinamarca y Polonia también rechazaron acudir.
A la vista de estos hechos, los socialistas en la Eurocámara han pedido que se suspenda el acuerdo de intercambio de información sobre transacciones financieras que Europa mantiene con EE UU para luchar contra el terrorismo. La Comisión, de momento, no tiene intención de hacerlo. “Es lamentable que la Eurocámara sea la única institución europea que hace cuanto está en su mano para obtener información. Ningún Gobierno europeo está actuando para aclarar los hechos, tampoco el español”, critica Juan Fernando López Aguilar, presidente de la Comisión de Libertades de la Eurocámara, que investiga las revelaciones.
Bruselas fía todas sus esperanzas a lograr una norma europea de protección de datos que blinde los datos personales de los europeos. Pero las presiones de EE UU —tanto del Gobierno como de las grandes firmas tecnológicas— y la tibieza de los grandes Estados hacen peligrar el texto. El Parlamento Europeo ratificó el lunes una postura común, pero ahora son los Estados quienes tienen que negociar un texto único. Las fuentes consultadas dudan de que ese reto sea alcanzable antes de las próximas elecciones europeas, en mayo de 2014.
Bruselas, El País
Estados Unidos ha hecho oídos sordos a las explicaciones que le exige Europa por los escándalos de espionaje. Ninguna de las negociaciones abiertas en Bruselas para aclarar por qué Gobiernos y ciudadanos europeos fueron vigilados por empresas y autoridades estadounidenses ha dado fruto y, en algunos casos, Washington ha bloqueado esa rendición de cuentas. Las discusiones entre expertos comunitarios y estadounidenses avanzan con lentitud y todas las autoridades de la Administración de Obama citadas a comparecer ante el Parlamento Europeo han rechazado acudir. La Comisión Europea prepara una evaluación de las relaciones transatlánticas para final de año.
Cuatro meses después de las primeras revelaciones, los papeles del exanalista Edward Snowden siguen aturdiendo a los ciudadanos sin que la Unión Europea haya podido obtener un relato convincente sobre estos episodios. El Ejecutivo comunitario se apresuró a exigir explicaciones, pero EE UU remitió las respuestas a una serie de grupos de trabajo que han diluido las expectativas creadas en los tres ámbitos de representación europea: Comisión, Consejo y Parlamento.
En el caso del Ejecutivo comunitario, el escándalo sirvió para activar un acuerdo que Europa llevaba años negociando con el fin de establecer un marco común de intercambio de datos con EE UU. Tras reunirse un par de veces, el grupo tendrá otra cita el próximo 18 de noviembre con un asunto clave sobre la mesa: cómo lograr que ciudadanos y empresas de la UE puedan apelar ante las autoridades estadounidenses si ven violada la privacidad de sus datos personales. En la actualidad no pueden hacerlo, mientras que los norteamericanos sí piden amparo ante los diferentes órganos nacionales de la UE. La vicepresidenta y comisaria de Justicia, Viviane Reding, ha mostrado su indignación por la falta de reciprocidad, pero Washington se resiste a dar su brazo a torcer.
A la vista de esa falta de avances, Reding amenazó en verano con suspender el llamado acuerdo de puerto seguro (safe harbour), por el cual unas 3.000 empresas estadounidenses obtienen datos de las europeas en un marco de confianza y seguridad. Bruselas está ahora revisando esa estructura, porque duda de que ofrezca las suficientes garantías —la adhesión es voluntaria y los controles, laxos— y decidirá si la mantiene o no a finales de año. Lo más probable es que la Comisión presente un informe sobre cómo funciona ese intercambio y qué se puede hacer para evitar los abusos. Pero está por ver el grado de exigencia que sea capaz de imponer la Comisión, pues los Estados miembros recelan de poner contra las cuerdas a Washington.
Esa actitud titubeante de algunos de los Veintiocho determina la suerte que están corriendo las negociaciones abiertas en el Consejo Europeo. “Ustedes nos piden explicaciones de cómo funcionan nuestros sistemas de inteligencia, pero entonces nosotros les preguntaremos a ustedes cómo funcionan los suyos”, desafiaron los expertos estadounidenses a los europeos en una de esas reuniones, según fuentes conocedoras de los contactos. Estados Unidos se niega así a ofrecer información sobre cómo su agencia de seguridad nacional (NSA) accedió al corazón de las instituciones europeas.
En el fondo, los representantes norteamericanos dominan la normativa comunitaria y saben que las posibilidades legales de pedirles explicaciones son escasas. Por eso exigieron negociaciones bilaterales —entre Washington y cada uno de los Estados que lo soliciten— para tratar cualquier cuestión relativa al espionaje por parte de la agencia estadounidense, pues no reconocen a la UE rango de interlocutor válido. Los representantes del Gobierno estadounidense en Bruselas no han aclarado a este diario el porqué de su actitud. De momento, se mantienen las formas y el grupo de trabajo entre el Ejecutivo estadounidense y el Consejo Europeo volverá a reunirse en unos días en Washington. Será la tercera cita y se desconoce si habrá alguna más. Los ministros de Justicia deberían evaluar las conclusiones de ese diálogo a finales de año.
El caso más evidente de ninguneo a las instituciones comunitarias se produce en el Parlamento Europeo, el más combativo con este caso, pero también el que menos atribuciones tiene para exigir responsabilidades. Conscientes de esa debilidad, el 100% de las autoridades estadounidenses a las que se ha convocado a que comparezcan ante la comisión de investigación que abrió la Eurocámara para aclarar los hechos ha excusado su presencia con amables cartas dirigidas a la Comisión de Libertades, según ha comprobado este diario. No han sido los únicos. Dos ministros holandeses y representantes de los servicios de inteligencia de Francia, Bélgica, Suecia, Dinamarca y Polonia también rechazaron acudir.
A la vista de estos hechos, los socialistas en la Eurocámara han pedido que se suspenda el acuerdo de intercambio de información sobre transacciones financieras que Europa mantiene con EE UU para luchar contra el terrorismo. La Comisión, de momento, no tiene intención de hacerlo. “Es lamentable que la Eurocámara sea la única institución europea que hace cuanto está en su mano para obtener información. Ningún Gobierno europeo está actuando para aclarar los hechos, tampoco el español”, critica Juan Fernando López Aguilar, presidente de la Comisión de Libertades de la Eurocámara, que investiga las revelaciones.
Bruselas fía todas sus esperanzas a lograr una norma europea de protección de datos que blinde los datos personales de los europeos. Pero las presiones de EE UU —tanto del Gobierno como de las grandes firmas tecnológicas— y la tibieza de los grandes Estados hacen peligrar el texto. El Parlamento Europeo ratificó el lunes una postura común, pero ahora son los Estados quienes tienen que negociar un texto único. Las fuentes consultadas dudan de que ese reto sea alcanzable antes de las próximas elecciones europeas, en mayo de 2014.
