Bruselas rebate los clichés de la inmigración
La Comisión replica a los euroescépticos y demuestra que el número de comunitarios que no trabajan y se aprovechan del Estado de bienestar de otros países es reducido
Lucía Abellán
Bruselas, El País
La imagen de un parado de Europa del Este afincado en Londres que frecuenta el sistema de salud sin aportar nada a cambio se está instalando en la mente de muchos europeos como ejemplo indeseado de la integración comunitaria. Y, sin embargo, los datos no respaldan ese cliché. Cansada de oír las quejas de algunos países miembros —capitaneados por Reino Unido— sobre los supuestos abusos de la movilidad en el continente, la Comisión Europea rebatió este lunes con cifras esos argumentos. Lejos de ser una marea, el número de ciudadanos comunitarios mayores de edad inactivos que residen en otro país miembro apenas alcanza el 1% de toda la población de la UE: unos cinco millones de personas. Y el 13% de ellos son estudiantes.
Los líderes de las instituciones comunitarias llevan meses preocupados por el giro antiinmigración que han experimentado los discursos de muchos gobernantes al calor de la crisis. La tentación de culpar al extranjero de los problemas del Estado de bienestar ha llegado hasta el punto de arremeter no solo contra los inmigrantes de terceros países, sino contra los comunitarios, principalmente rumanos y búlgaros. El propio presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, sintetizó hoy esos miedos al admitir que las elecciones europeas del próximo mes de mayo serán "extremadamente difíciles" por el riesgo de que los partidos eurófobos capitalicen el descontento de la población.
Tras mucho tiempo de batalla dialéctica, la Comisión ha decidido arrojar luz sobre este debate tan propicio a la demagogia. Y ha demostrado con datos de distintas fuentes oficiales que el peso de esa población inactiva que tanto preocupa a Reino Unido, Alemania, Holanda o Austria es más que reducido. Paradójicamente, los países con mayor porcentaje de extranjeros comunitarios sin trabajo (Luxemburgo, con un 14%, y Chipre, con un 4%) apenas han alzado su voz en este debate. El informe no discrimina por nacionalidades, pero probablemente rumanos y búlgaros no conforman el grueso del colectivo, que reúne a desempleados, estudiantes, pensionistas, discapacitados y otros.
"El estudio deja claro que la mayoría de los ciudadanos europeos que se mueven a otro país lo hace para trabajar y pone en perspectiva la dimensión del llamado turismo de prestaciones, que no está muy extendido ni es sistemático", argumentó el comisario europeo de Empleo y Asuntos Sociales, László Andor, en un comunicado. Un portavoz de Andor añade que el informe se ha divulgado para "discutir sobre hechos, en vez de hacerlo sobre prejuicios". El comisario lo mencionará este martes a los ministros de Empleo de la UE, que se reunirán en Luxemburgo.
El texto concede, eso sí, que los flujos de unos países a otros están aumentando. En toda la UE el peso de otros ciudadanos comunitarios se ha duplicado en la última década, hasta alcanzar el 2,6% de la población, un nivel aún muy modesto. Si se toman los 15 países anteriores a las últimas ampliaciones, la presencia es mayor, del 3,2%, porque su mejor posición inicial atrae el éxodo. El documento constata también que Estados con altos niveles de empleo, como Austria y Reino Unido, "han experimentado flujos elevados de inmigrantes en comparación con otros países con menores niveles de empleo".
A partir de ahí, casi todo son paradojas. El único capítulo en el que los extranjeros comunitarios hacen un mayor uso —proporcional, no cuantitativo— de las prestaciones es el desempleo contributivo. Salvo en dos países: Reino Unido, donde solo el 1% de los inactivos intracomunitarios percibe prestación, frente al 4% de los nacionales. Y en Holanda, donde están igualados. Además, el 79% de quienes no tienen ocupación residen en un hogar donde sí hay actividad. Y la mitad de los inactivos llevan residiendo en el país más de 10 años, lo que aleja el mito de los recién llegados por los embates de la crisis.
Las cifras demuestran, por tanto, que el debate tiene mucho más de ideológico que de respuesta a un problema real. El Gobierno británico, además, aborda este asunto arrastrado por el auge electoral del partido ultranacionalista UKIP, que ha hecho del odio al extranjero su principal bandera.
Más allá del paro, el resto de indicadores muestran un peso muy inferior de los extranjeros comunitarios. El gasto que suponen en el capítulo de prestaciones no contributivas (complementos de pensión, subsidios de paro y otras rentas mínimas) apenas alcanza el 5% en la mayoría de los Estados (y en muchos está por debajo del 1%).
El sistema sanitario es otra de las conquistas que algunos europeos creen amenazada por lo que constituye la esencia del proyecto europeo: la libre movilidad entre fronteras. Los datos que aporta la Comisión reflejan que ese colectivo apenas supone un 0,2% del gasto total en salud.
Dada la falta de información en muchos campos, el estudio carece de precisión en algunos aspectos pero es el primer intento serio de abordar este debate con cifras por delante. Andor admite que puede haber problemas concretos en regiones y municipios determinados y anima a los Estados miembros a aliviar las presiones con los fondos europeos previstos a esos efectos.
Lucía Abellán
Bruselas, El País
La imagen de un parado de Europa del Este afincado en Londres que frecuenta el sistema de salud sin aportar nada a cambio se está instalando en la mente de muchos europeos como ejemplo indeseado de la integración comunitaria. Y, sin embargo, los datos no respaldan ese cliché. Cansada de oír las quejas de algunos países miembros —capitaneados por Reino Unido— sobre los supuestos abusos de la movilidad en el continente, la Comisión Europea rebatió este lunes con cifras esos argumentos. Lejos de ser una marea, el número de ciudadanos comunitarios mayores de edad inactivos que residen en otro país miembro apenas alcanza el 1% de toda la población de la UE: unos cinco millones de personas. Y el 13% de ellos son estudiantes.
Los líderes de las instituciones comunitarias llevan meses preocupados por el giro antiinmigración que han experimentado los discursos de muchos gobernantes al calor de la crisis. La tentación de culpar al extranjero de los problemas del Estado de bienestar ha llegado hasta el punto de arremeter no solo contra los inmigrantes de terceros países, sino contra los comunitarios, principalmente rumanos y búlgaros. El propio presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, sintetizó hoy esos miedos al admitir que las elecciones europeas del próximo mes de mayo serán "extremadamente difíciles" por el riesgo de que los partidos eurófobos capitalicen el descontento de la población.
Tras mucho tiempo de batalla dialéctica, la Comisión ha decidido arrojar luz sobre este debate tan propicio a la demagogia. Y ha demostrado con datos de distintas fuentes oficiales que el peso de esa población inactiva que tanto preocupa a Reino Unido, Alemania, Holanda o Austria es más que reducido. Paradójicamente, los países con mayor porcentaje de extranjeros comunitarios sin trabajo (Luxemburgo, con un 14%, y Chipre, con un 4%) apenas han alzado su voz en este debate. El informe no discrimina por nacionalidades, pero probablemente rumanos y búlgaros no conforman el grueso del colectivo, que reúne a desempleados, estudiantes, pensionistas, discapacitados y otros.
"El estudio deja claro que la mayoría de los ciudadanos europeos que se mueven a otro país lo hace para trabajar y pone en perspectiva la dimensión del llamado turismo de prestaciones, que no está muy extendido ni es sistemático", argumentó el comisario europeo de Empleo y Asuntos Sociales, László Andor, en un comunicado. Un portavoz de Andor añade que el informe se ha divulgado para "discutir sobre hechos, en vez de hacerlo sobre prejuicios". El comisario lo mencionará este martes a los ministros de Empleo de la UE, que se reunirán en Luxemburgo.
El texto concede, eso sí, que los flujos de unos países a otros están aumentando. En toda la UE el peso de otros ciudadanos comunitarios se ha duplicado en la última década, hasta alcanzar el 2,6% de la población, un nivel aún muy modesto. Si se toman los 15 países anteriores a las últimas ampliaciones, la presencia es mayor, del 3,2%, porque su mejor posición inicial atrae el éxodo. El documento constata también que Estados con altos niveles de empleo, como Austria y Reino Unido, "han experimentado flujos elevados de inmigrantes en comparación con otros países con menores niveles de empleo".
A partir de ahí, casi todo son paradojas. El único capítulo en el que los extranjeros comunitarios hacen un mayor uso —proporcional, no cuantitativo— de las prestaciones es el desempleo contributivo. Salvo en dos países: Reino Unido, donde solo el 1% de los inactivos intracomunitarios percibe prestación, frente al 4% de los nacionales. Y en Holanda, donde están igualados. Además, el 79% de quienes no tienen ocupación residen en un hogar donde sí hay actividad. Y la mitad de los inactivos llevan residiendo en el país más de 10 años, lo que aleja el mito de los recién llegados por los embates de la crisis.
Las cifras demuestran, por tanto, que el debate tiene mucho más de ideológico que de respuesta a un problema real. El Gobierno británico, además, aborda este asunto arrastrado por el auge electoral del partido ultranacionalista UKIP, que ha hecho del odio al extranjero su principal bandera.
Más allá del paro, el resto de indicadores muestran un peso muy inferior de los extranjeros comunitarios. El gasto que suponen en el capítulo de prestaciones no contributivas (complementos de pensión, subsidios de paro y otras rentas mínimas) apenas alcanza el 5% en la mayoría de los Estados (y en muchos está por debajo del 1%).
El sistema sanitario es otra de las conquistas que algunos europeos creen amenazada por lo que constituye la esencia del proyecto europeo: la libre movilidad entre fronteras. Los datos que aporta la Comisión reflejan que ese colectivo apenas supone un 0,2% del gasto total en salud.
Dada la falta de información en muchos campos, el estudio carece de precisión en algunos aspectos pero es el primer intento serio de abordar este debate con cifras por delante. Andor admite que puede haber problemas concretos en regiones y municipios determinados y anima a los Estados miembros a aliviar las presiones con los fondos europeos previstos a esos efectos.
