A 10 años de la masacre de octubre 2003, los actores sostienen su verdad

La Paz, Radio Fides
Al cumplirse los 10 años de los luctuosos hechos de octubre 2003, los principales personajes sostienen su verdad y los acusados no asumieron culpa alguna por las muertes y heridos.
Gonzalo Sánchez de Lozada, ex presidente en el 2003, radica actualmente en Washington DC-EEUU, desde ése año, realiza actividades empresariales “con mucho éxito”, según declaró su amigo y ex ministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín, en contacto telefónico con Fides desde EEUU.



“Él (Gonzalo Sánchez) está bien, sigue conservando el optimismo y el sentido del humor, tenemos una buena relación de amistad”, dijo Carlos Sánchez.

Berzaín, al igual que “Goni”, se autoexilió del país tras la revuelta que terminó con su expulsión del gobierno; radica también en el país del norte, en la ciudad de Miami.

Sánchez Berzaín, dijo a Fides, que al igual que Sánchez de Lozada, tomaron la determinación de no retornar a Bolivia, porque no existe un gobierno democrático y que todas las personas que se le oponen están exiliadas o tras las rejas.

El ex ministro de Defensa del gobierno de Goni sostiene que existen otros responsables por los hechos del 2003 y de su exilio, entre ellos, principalmente el ex vicepresidente Carlos Mesa, quien, según su versión, habría sido cómplice de todo un plan para derrocar al primer mandatario de entonces, con el deseo de reemplazarlo en el cargo. Identifica a los líderes de los movimientos sociales que encabezaron las movilizaciones, como los otros actores que “prepararon el derrocamiento” y que para ello recurrieron incluso a fuerzas guerrilleras extranjeras como de Colombia y Perú.

5 miembros del Alto Mando Militar del 2003 fueron procesados por estos hechos en un juicio de responsabilidades, que los sentenció a penas de entre 10 y 15 años de presidio.

Uno de ellos, el ex comandante del Ejército, Juan Veliz Herrera, considera injusta su condena y asegura que ninguno de los miembros de las FFAA tuvo responsabilidades por los hechos ya que “solo siguieron órdenes”, en el marco del cumplimiento de la Constitución Política del Estado y la ley orgánica de las FFAA, que los manda a “garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido”. Refiere que las autoridades políticas de entonces son las verdaderas responsables porque fueron quienes dispusieron mediante órdenes de los militares y son quienes deberían ser procesadas.

Sin embargo, coinciden con la versión del ex ministro de Defesa del 2003, en que, entre los responsables también estarían dirigentes de los movimientos sociales que propiciaron los hechos y que se encuentran protegidos por un Decreto de Amnistía firmado por Carlos Mesa, ya como presidente.

“La amnistía también debía incluir a los jefes militares que solo cumplimos órdenes; para nosotros es una tristeza porque estamos lejos de nuestras familias”, aseveró desde su reclusión en el penal de San Roque en Sucre.

El aludido, Carlos D. Mesa Gisbert, ex presidente del Estado y antes ex vicepresidente del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, considera al 17 de octubre de 2003 como el día más importante de su vida pública, porque habría marcado el inicio de un nuevo tránsito histórico del país, lo conceptúa como un “día imborrable de la historia boliviana.

“Un día que pudo haber rematado en sangre ese proceso y que, en cambio, fue encarado en el marco de los valores democráticos vigentes, no como un cascarón instrumental sino como una convicción íntima”, publicó en un artículo de su blog personal.

Los líderes sociales
Consultados al respecto los dirigentes indígenas y sindicales, niegan que se haya planificado un derrocamiento a Goni, y que al contrario la revuelta social respondía a un cansancio de la situación política- económica y social que se vivía en el país hasta entonces.

“El pueblo se cansó de la injusticia, la pobreza, la desocupación y de la prepotencia de los neoliberales”, (…), “acá no hubo un problema de hacer un golpe de estado ni nada, sino que fue la bronca de muchos años acumulado (…)”, apuntó Jaime Solares, ex ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB).

Otro de los líderes sociales de entonces, el ex dirigente de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Roberto de la Cruz, igualmente rechazó la versión de los exiliados y procesados sobre un presunto acuerdo entre la dirigencia de las organizaciones sociales y el entonces vicepresidente, Carlos Mesa, para derrocar a Gonzalo Sánchez de Lozada, añadió que está dispuesto a que el Decreto de Amnistía sea anulado para enfrentar cualquier investigación.

El abogado Rogelio Mayta, quien encabezó la parte jurídica por los hechos, durante estos diez años, aseguró que la versión de los acusados de ser responsables de los hechos, no tiene ningún asidero, porque durante todo el proceso, los investigados en Bolivia, no aportaron ninguna prueba que sostenga dicha versión, por lo que es totalmente falsa.

“Es una gran mentira, la intensión de un gran engaño a la opinión pública, una falsedad extrema, porque durante los años del proceso, exactamente se comprobó lo contrario”, refirió Mayta.

El jurista añadió que el decreto de Amnistía aprobado por Mesa, no fue limitativo para investigar otros hechos como la subversión, alzamiento armado, terrorismo, apología del delito u otros como los que sugiere Sánchez Berzaín, pero que la defensa de los procesados no aportaron ningún elemento que compruebe estas versiones y que al contrario sí se encontraron pruebas que las niegan, por lo que las afirmaciones de Sánchez Berzaín, “están absolutamente fuera de lugar”.

“Toda la comunidad de inteligencia de ese entonces, los oficiales mayores declararon que no ocurría nada de eso el 2003, no hubo alzamiento armado, no había grupos terroristas extranjeros, ni nacionales operando en territorio nacional, es lo que se tiene objetivamente por la prueba que se ha aportado en el juicio”, señaló.

En octubre del 2003 se vivieron días con bloqueos de la poblacion en distintos puntos de la sede de gobierno y en otros del departamento de La Paz, en protesta contra el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, lo que originó la denominada “Guerra del Gas”, en la ciudad de El Alto. Militares se enfrentaron desigualmente contra la población, causando 67 muertos y centenares de heridos.