Pinto se marcha de Brasilia "para evitar politización del caso"
Brasilia, EP
El senador boliviano Roger Pinto Molina, acusado de varios delitos de corrupción por Bolivia, se ha marchado de Brasilia "para evitar la politización del caso", y se ha establecido en el estado de Goiás, en el centro-oeste de Brasil, donde esperará a que el Gobierno brasileño decida su situación jurídica.
El abogado de Pinto, Fernando Tibúrcio, ha señalado que su cliente confía en que "el Gobierno le conceda el asilo político" y ha manifestado que el senador opositor se ha retirado unos días para "evitar la politización del caso, que puede confundir el debate técnico y jurídico", según la Agencia Brasil.
Tibúrcio ha recordado que el artículo 6 de la Convención sobre Asilo Territorial de 1954, aprobada por Brasil, defiende el derecho de libertad y de libre movimiento del asilado, que es aquel "individuo perseguido", como sucede con Pinto, según afirma su abogado, que sufre amenazas de las autoridades bolivianas.
El abogado ha manifestado que espera que en los próximos días el Gobierno brasileño defina el estatus de refugiado y conceda oficialmente el asilo político a Pinto, quien tiene previsto visitar a su familia que reside en Acre, en el noroeste de Brasil, en la frontera con Bolivia, a quienes hace más de un año que no ha visto.
CASO PINTO
El senador boliviano llegó a Brasil el pasado 24 de agosto, tras haber permanecido casi quince meses acogido en la Embajada brasileña en La Paz. Pinto Molina, quien se considera un "perseguido político", solicitó asilo en varias ocasiones, pero Bolivia siempre se negó a concederle el salvoconducto debido a sus imputaciones por supuestos casos de corrupción.
Sin embargo, tras un viaje de más de veinte horas en un coche oficial, Pinto Molina llegó a suelo brasileño sin el conocimiento del Gobierno de Dilma Rousseff, generando así una crisis diplomática que acabó con la dimisión del ministro de Exteriores de Brasil, Antonio Patriota.
A pesar de que Rousseff ha transmitido su apoyo a Morales en este caso, ha advertido de que la posible extradición de Pinto depende actualmente del Comité Nacional para los Refugiados (Conare) de Brasil.
El senador boliviano Roger Pinto Molina, acusado de varios delitos de corrupción por Bolivia, se ha marchado de Brasilia "para evitar la politización del caso", y se ha establecido en el estado de Goiás, en el centro-oeste de Brasil, donde esperará a que el Gobierno brasileño decida su situación jurídica.
El abogado de Pinto, Fernando Tibúrcio, ha señalado que su cliente confía en que "el Gobierno le conceda el asilo político" y ha manifestado que el senador opositor se ha retirado unos días para "evitar la politización del caso, que puede confundir el debate técnico y jurídico", según la Agencia Brasil.
Tibúrcio ha recordado que el artículo 6 de la Convención sobre Asilo Territorial de 1954, aprobada por Brasil, defiende el derecho de libertad y de libre movimiento del asilado, que es aquel "individuo perseguido", como sucede con Pinto, según afirma su abogado, que sufre amenazas de las autoridades bolivianas.
El abogado ha manifestado que espera que en los próximos días el Gobierno brasileño defina el estatus de refugiado y conceda oficialmente el asilo político a Pinto, quien tiene previsto visitar a su familia que reside en Acre, en el noroeste de Brasil, en la frontera con Bolivia, a quienes hace más de un año que no ha visto.
CASO PINTO
El senador boliviano llegó a Brasil el pasado 24 de agosto, tras haber permanecido casi quince meses acogido en la Embajada brasileña en La Paz. Pinto Molina, quien se considera un "perseguido político", solicitó asilo en varias ocasiones, pero Bolivia siempre se negó a concederle el salvoconducto debido a sus imputaciones por supuestos casos de corrupción.
Sin embargo, tras un viaje de más de veinte horas en un coche oficial, Pinto Molina llegó a suelo brasileño sin el conocimiento del Gobierno de Dilma Rousseff, generando así una crisis diplomática que acabó con la dimisión del ministro de Exteriores de Brasil, Antonio Patriota.
A pesar de que Rousseff ha transmitido su apoyo a Morales en este caso, ha advertido de que la posible extradición de Pinto depende actualmente del Comité Nacional para los Refugiados (Conare) de Brasil.