Naciones Unidas reclama a España juzgar las desapariciones del franquismo
Enviados de la ONU piden al Gobierno un plan estatal de búsqueda de fusilados
Natalia Junquera
Madrid, El País
La ONU dejó este lunes una larga lista de deberes al Ejecutivo. Tras pasar una semana en España y reunirse con “un centenar” de víctimas del franquismo y varias decenas de autoridades, estatales y autonómicas, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas para las Desapariciones Forzadas, que actúa como canal de comunicación entre las familias que buscan algún desaparecido y los Gobiernos, ha comunicado sus primeras impresiones —el informe definitivo lo presentará en 2014 ante el Consejo de Derechos Humanos— sobre si las autoridades españolas están haciendo lo suficiente por los familiares de los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura. La respuesta es que no. El Ejecutivo, aseguran los dos enviados de la ONU —Jasminka Dzumhur y Ariel Dulitzky— debe “asumir su responsabilidad”, elaborar un “plan nacional de búsqueda de desaparecidos”, derogar la ley de amnistía y juzgar en España las desapariciones forzadas.
Esta es la lista de deberes que deja Naciones Unidas tras reunirse, entre otros, con los secretarios de Estado de Justicia, Seguridad y Cooperación Internacional, representantes del Ministerio de Defensa y Exteriores, jueces del Consejo del Poder Judicial, fiscales, el presidente del Senado, la comisión de Interior del Congreso, la Defensora del Pueblo, o la Conferencia Episcopal. Durante su visita se desplazaron a Cataluña, País Vasco y Andalucía. El Gobierno no está obligado a hacer esos deberes, aunque en un plazo de dos años, la ONU recuerda que hará un informe de seguimiento para ver si le han hecho caso.
Juicios en España y colaboración con la juez argentina. La ONU recuerda que la desaparición forzada es “un delito continuado, que no prescribe”, por eso insta al Estado español a cumplir con sus “obligaciones internacionales”, tipificar este delito de forma autónoma en el Código Penal, “dejar sin efecto la ley de amnistía de 1977” y juzgar en España las más de 114.000 desapariciones de las que el juez Baltasar Garzón hablaba en su auto de 2008. Los enviados de Naciones Unidas lamentaron que no existiera ninguna investigación judicial sobre esas desapariciones, ni condenado alguno, y que los jueces no acudieran a las fosas cuando los familiares de las víctimas les informaban de hallazgos de restos humanos con signos de muerte violenta durante alguna exhumación.
Dulitzky atribuyó al auto del Supremo de 2012 y a un “efecto contrario” del procesamiento de Garzón que ningún otro juez se haya atrevido a emprender investigaciones similares. En todo caso, los enviados de la ONU piden al Gobierno que preste “todo el auxilio judicial” a cualquier procedimiento penal abierto por estos hechos en otros países, como Argentina, y animan al España a recuperar los principios de justicia universal que aplicaba antes de restringirla, en 2009, a casos en que hubiera víctimas españolas.
La búsqueda de desaparecidos, “política de Estado”. La búsqueda de quienes fueron detenidos y presuntamente fusilados durante el franquismo “no puede ser una tarea de los familiares, sino una obligación del Estado”, aseguran los expertos de la ONU, tras constatar durante su visita a España que las familias de las víctimas están prácticamente solas. “Es esencial que el Estado asuma su responsabilidad”, declaró Dulitzky, “y elabore un plan nacional de búsqueda de desaparecidos”, con una entidad estatal que elabore una base de datos centralizada. Como punto de partida, propuso utilizar la que había realizado Garzón. El Estado debe asumir esa tarea y prestar un “mayor apoyo institucional y financiero” a las víctimas. Y además, insistió, debe hacerlo de forma “urgente” porque muchos familiares de los desaparecidos tienen una edad muy avanzada y están muriendo.
Trato diferente según el partido que gobierne. Los expertos visitaron Madrid, Cataluña, Andalucía y País Vasco y pudieron constatar que el trato a las víctimas “depende altamente del partido político gobernante en cada lugar”. Así, en unas comunidades autónomas “las autoridades asumen la responsabilidad de la exhumación” y en otras son “completamente ajenas”.
Archivos que se abren si quiere el funcionario. El grupo constató la “resistencia” a desclasificar ciertos documentos y las dificultades de las víctimas para consultar información esencial. “Todavía depende de la voluntad del funcionario del registro por lo que proponemos una ley de acceso a la información que garantice el derecho a saber la verdad”.
Ley de memoria y Valle de los Caídos. Los enviados de la ONU consideran que la ley de memoria tenía un “alcance limitado” y que en cualquier caso el Gobierno ha dejado de dotarla de fondos para desarrollarla. El Ejecutivo había eliminado la partida, según les explicaron, “debido a la crisis”, pero los expertos insisten en que es necesario buscar los “fondos adecuados”. Tras visitar el Valle de los Caídos se mostraron de acuerdo con las conclusiones del grupo de expertos constituido por el Ejecutivo de Zapatero en 2011: sacar los restos de Franco y convertir su monumental tumba en un centro de memoria. “Es un debate que la sociedad española debería tener”, dijo Dulitzky.
41 fosas en espera
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que viajó en 2002 por primera vez a la sede de Naciones Unidas en Ginebra con 64 casos de desaparecidos del franquismo, celebra que "el principal organismo mundial de derechos humanos" reclame al Gobierno español "medidas reparadoras, que abran las puertas de la justicia". En estos momentos, la asociación tiene una lista de 41 fosas que esperan a ser exhumadas "debido a la falta de recursos". Además, ante la nula financiación peligra el laboratorio de estudio de restos que la ARMH tiene en Ponferrada (León). Durante su reunión con los enviados de la ONU, la ARMH mostró y entregó copia de las numerosas denuncias desatendidas que habían presentado en los últimos años en diferentes juzgados tras abrir una fosa y certificar el hallazgo de restos humanos con signos de muerte violenta.
Amnistía Internacional también pide al Gobierno que acate las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada.
Madrid, El País
La ONU dejó este lunes una larga lista de deberes al Ejecutivo. Tras pasar una semana en España y reunirse con “un centenar” de víctimas del franquismo y varias decenas de autoridades, estatales y autonómicas, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas para las Desapariciones Forzadas, que actúa como canal de comunicación entre las familias que buscan algún desaparecido y los Gobiernos, ha comunicado sus primeras impresiones —el informe definitivo lo presentará en 2014 ante el Consejo de Derechos Humanos— sobre si las autoridades españolas están haciendo lo suficiente por los familiares de los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura. La respuesta es que no. El Ejecutivo, aseguran los dos enviados de la ONU —Jasminka Dzumhur y Ariel Dulitzky— debe “asumir su responsabilidad”, elaborar un “plan nacional de búsqueda de desaparecidos”, derogar la ley de amnistía y juzgar en España las desapariciones forzadas.
Esta es la lista de deberes que deja Naciones Unidas tras reunirse, entre otros, con los secretarios de Estado de Justicia, Seguridad y Cooperación Internacional, representantes del Ministerio de Defensa y Exteriores, jueces del Consejo del Poder Judicial, fiscales, el presidente del Senado, la comisión de Interior del Congreso, la Defensora del Pueblo, o la Conferencia Episcopal. Durante su visita se desplazaron a Cataluña, País Vasco y Andalucía. El Gobierno no está obligado a hacer esos deberes, aunque en un plazo de dos años, la ONU recuerda que hará un informe de seguimiento para ver si le han hecho caso.
Juicios en España y colaboración con la juez argentina. La ONU recuerda que la desaparición forzada es “un delito continuado, que no prescribe”, por eso insta al Estado español a cumplir con sus “obligaciones internacionales”, tipificar este delito de forma autónoma en el Código Penal, “dejar sin efecto la ley de amnistía de 1977” y juzgar en España las más de 114.000 desapariciones de las que el juez Baltasar Garzón hablaba en su auto de 2008. Los enviados de Naciones Unidas lamentaron que no existiera ninguna investigación judicial sobre esas desapariciones, ni condenado alguno, y que los jueces no acudieran a las fosas cuando los familiares de las víctimas les informaban de hallazgos de restos humanos con signos de muerte violenta durante alguna exhumación.
Dulitzky atribuyó al auto del Supremo de 2012 y a un “efecto contrario” del procesamiento de Garzón que ningún otro juez se haya atrevido a emprender investigaciones similares. En todo caso, los enviados de la ONU piden al Gobierno que preste “todo el auxilio judicial” a cualquier procedimiento penal abierto por estos hechos en otros países, como Argentina, y animan al España a recuperar los principios de justicia universal que aplicaba antes de restringirla, en 2009, a casos en que hubiera víctimas españolas.
La búsqueda de desaparecidos, “política de Estado”. La búsqueda de quienes fueron detenidos y presuntamente fusilados durante el franquismo “no puede ser una tarea de los familiares, sino una obligación del Estado”, aseguran los expertos de la ONU, tras constatar durante su visita a España que las familias de las víctimas están prácticamente solas. “Es esencial que el Estado asuma su responsabilidad”, declaró Dulitzky, “y elabore un plan nacional de búsqueda de desaparecidos”, con una entidad estatal que elabore una base de datos centralizada. Como punto de partida, propuso utilizar la que había realizado Garzón. El Estado debe asumir esa tarea y prestar un “mayor apoyo institucional y financiero” a las víctimas. Y además, insistió, debe hacerlo de forma “urgente” porque muchos familiares de los desaparecidos tienen una edad muy avanzada y están muriendo.
Trato diferente según el partido que gobierne. Los expertos visitaron Madrid, Cataluña, Andalucía y País Vasco y pudieron constatar que el trato a las víctimas “depende altamente del partido político gobernante en cada lugar”. Así, en unas comunidades autónomas “las autoridades asumen la responsabilidad de la exhumación” y en otras son “completamente ajenas”.
Archivos que se abren si quiere el funcionario. El grupo constató la “resistencia” a desclasificar ciertos documentos y las dificultades de las víctimas para consultar información esencial. “Todavía depende de la voluntad del funcionario del registro por lo que proponemos una ley de acceso a la información que garantice el derecho a saber la verdad”.
Ley de memoria y Valle de los Caídos. Los enviados de la ONU consideran que la ley de memoria tenía un “alcance limitado” y que en cualquier caso el Gobierno ha dejado de dotarla de fondos para desarrollarla. El Ejecutivo había eliminado la partida, según les explicaron, “debido a la crisis”, pero los expertos insisten en que es necesario buscar los “fondos adecuados”. Tras visitar el Valle de los Caídos se mostraron de acuerdo con las conclusiones del grupo de expertos constituido por el Ejecutivo de Zapatero en 2011: sacar los restos de Franco y convertir su monumental tumba en un centro de memoria. “Es un debate que la sociedad española debería tener”, dijo Dulitzky.
41 fosas en espera
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que viajó en 2002 por primera vez a la sede de Naciones Unidas en Ginebra con 64 casos de desaparecidos del franquismo, celebra que "el principal organismo mundial de derechos humanos" reclame al Gobierno español "medidas reparadoras, que abran las puertas de la justicia". En estos momentos, la asociación tiene una lista de 41 fosas que esperan a ser exhumadas "debido a la falta de recursos". Además, ante la nula financiación peligra el laboratorio de estudio de restos que la ARMH tiene en Ponferrada (León). Durante su reunión con los enviados de la ONU, la ARMH mostró y entregó copia de las numerosas denuncias desatendidas que habían presentado en los últimos años en diferentes juzgados tras abrir una fosa y certificar el hallazgo de restos humanos con signos de muerte violenta.
Amnistía Internacional también pide al Gobierno que acate las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada.
