Justicia a 10.000 kilómetros del crimen
Víctimas y políticos se reunirán el 20-N en Buenos Aires con la juez de la causa del franquismo
Natalia Junquera
Madrid, El País
A los padres de Hilda Farfante, ambos maestros, los mató un grupo de falangistas, con un día de diferencia, en septiembre de 1936. Setenta y siete años después, Hilda ha ido a buscar justicia para sus padres a más de 10.000 kilómetros del lugar del crimen: a Argentina. Tenía cinco años cuando se quedó huérfana y hoy es una de las 170 firmas —entre ellas, muchas asociaciones que representan a decenas de víctimas— de la querella interpuesta en Buenos Aires el 14 de abril de 2010, día de la República, contra los crímenes del franquismo: fusilamientos, torturas, desapariciones forzadas y robo de bebés. Más de tres años después, y tras un largo periodo de parálisis, la causa ha empezado a moverse.
El pasado lunes, la juez argentina María Servini de Cubría recogió en Buenos Aires la declaración de Soledad Luque, que busca a su hermano mellizo, supuestamente robado; y el jueves se reunió con tres de los querellantes y sus abogados. Durante el encuentro acordaron que el próximo 20 de noviembre la magistrada recibirá a una delegación española compuesta por querellantes y políticos. Joan Tardà (ERC) planea viajar a Buenos Aires antes para sumar a la querella el caso del presidente de la Generalitat Lluís Companys, fusilado en 1940: “No podemos dejar pasar ese tren”, afirma. También han mostrado interés en ese viaje Joan Josep Nuet (IU) y el alcalde de Gernika, José María Gorroño (Bildu).
El presidente del Congreso argentino, el de la comisión de derechos humanos del Congreso y otros ocho diputados acaban de firmar una declaración de “apoyo al proceso judicial abierto” contra el franquismo en su país y su “enérgico repudio a los crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista y a la impunidad de que gozan sus responsables”.
Mañana, el abogado Carlos Slepoy pedirá a la juez que fije fecha para la toma de declaración por videoconferencia de las víctimas y para que cite como imputados a nueve cargos del franquismo. Se trata de tres exministros —José Utrera Molina, de Vivienda, suegro de Alberto Ruiz-Gallardón; Rodolfo Martín Villa, de Relaciones Sindicales; y Fernando Suárez González, de Trabajo—; dos jueces —Jesús Cejas Mohedano y Rodolfo Gómez Chaparro— y cuatro policías —José Antonio González Pacheco, Billy El Niño; José Ignacio Giralte; Celso Galván Abascal y Jesús Muñecas Aguilar.
Los querellantes coinciden en que ya no esperan nada de España; para ellos la justicia está ahora en Argentina, el país donde el dictador ha muerto en prisión y donde siguen celebrándose juicios por los crímenes de la dictadura. El proceso abierto en Buenos Aires es, para muchos de ellos, la última etapa de una carrera de fondo que 38 años después de la muerte de Franco aún no dan por perdida.
Hilda Farfante. “Me querellé en Argentina porque en España nos cerraron todas las puertas y porque yo creo en la justicia universal. Creo en ella desde que vi a Garzón ordenar la detención de Pinochet en Chile”, explica. Confío en ese camino de vuelta: igual que las Abuelas de Plaza de Mayo vinieron un día a hablar con Garzón —el juez abrió hace 17 años un proceso a la dictadura argentina desde España— ahora nosotros vamos a Buenos Aires a hablar con Servini de Cubría”.
“Los asesinos de mis padres ni se molestaron en hacer una farsa de juicio. Nunca he sabido dónde están sus cuerpos. Para mí, justicia, después de tanto tiempo, sería tener en las manos una sentencia que diga por qué les asesinaron, a ellos y tantos como ellos. Y que obliguen al Gobierno de España a buscarlos. A ese Gobierno que no se ha molestado siquiera en contarlos. Tengo esperanzas, aunque ya no tengo mucho tiempo. Si no lo veo yo, espero que esa sentencia la lean mis nietos".
Fausto Canales. El pasado 8 de mayo, Fausto Canales atravesó las puertas del consulado argentino citado a declarar por videoconferencia ante la juez Servini de Cubría. La desilusión fue enorme cuando, ya preparado para contarle a la juez cómo una madrugada de 1936 un grupo de falangistas sacó de la cama a su padre para matarlo, la magistrada suspendió las videoconferencias. Según explicó la propia juez, tomó la decisión después de que el embajador argentino la telefoneara para advertirle del “malestar” del Gobierno español con el procedimiento.
Fausto llevaba 14 años esperando ese momento. Desde que se jubiló, en 1999, ha recorrido cada archivo buscando información sobre las últimas horas de su padre. Ha llamado a todas las puertas de la justicia en España y también a la de Estrasburgo. Ha averiguado, con horror, que los restos de su padre fueron exhumados en 1959 de una fosa común por enviados del Régimen y trasladados sin consentimiento familiar al Valle de los Caídos.
“Fueron mis tías las que me contaron quién era mi padre porque mi madre rompía a llorar cada vez que se decía su nombre. Yo ya sé que quien lo mató ha muerto. Pero para mí, hacer justicia sería que un juez diga que lo asesinaron sin que se lo mereciera y borrara esa mancha que tantos hemos llevado dentro, cuando se decía: ‘Algo habrán hecho’. Esa mancha solo la puede borrar un juez. Un juez que diga que mi padre fue víctima de una desaparición forzada y que aquello fueron crímenes de lesa humanidad”.
De España, lamenta, “no se puede esperar nada. Aquí ha sido imposible que el Parlamento apruebe una condena del franquismo —el PP impidió el pasado 21 de mayo que se declarara el 18 de julio día de condena de la dictadura—. “La querella argentina es la última oportunidad”.
Merçona Puig Antich. El 2 de marzo de 1974 Salvador Puig Antich, de 25 años, murió, ejecutado a garrote vil, tras haber agonizado durante una eternidad de 20 minutos. Treinta y nueve años después, y tras haberlo intentado en todas las instancias de la justicia española y en Estrasburgo, la familia ha acudido a Argentina confiando en el principio de justicia universal. “Queremos que se reconozca que su juicio fue una farsa vergonzosa y su muerte, un asesinato, una venganza porque el régimen quería dar un respuesta contundente tras la muerte de Carrero Blanco”, explica Merçona. “Yo tenía 13 años cuando lo mataron. Ese día él no quiso que fuera a verle, pero unos días antes estuve con él y lo tenía claro: ‘Después de Carrero, el siguiente soy yo’, dijo. Quiero contárselo a la juez para que mi hermano no figure en la historia como un asesino, sino como una víctima. Era un anarquista, sí. Pero no mató a nadie”.
Emilio Silva. “El Poder Judicial chileno acaba de pedir perdón por sus ‘omisiones’ en la dictadura de Pinochet”, recuerda el cofundador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, también presente en la querella argentina. “En España no puede ser porque no ha habido una ruptura con el franquismo y tenemos alcaldes como el de Baralla (Lugo), del PP, diciendo que los condenados a muerte del franquismo se lo merecían. ¿Se imagina alguien a un alcalde alemán diciendo que los judíos se lo merecían? Lo que queremos es que una autoridad judicial asuma los casos de las víctimas del franquismo y diga que no, que no se lo merecían”.
Cecilio Gordillo. “Hemos aportado a la juez información sobre el trabajo forzado y las empresas que se beneficiaron de él durante el franquismo”, explica el coordinador del grupo de trabajo de memoria histórica de CGT Andalucía. “No me gustaría que se hiciera un juicio para la historia, sino para los que están aquí, aún vivos. Hemos ido al otro lado del mundo para intentarlo. Espero que no se cierre en falso”.
Madrid, El País
A los padres de Hilda Farfante, ambos maestros, los mató un grupo de falangistas, con un día de diferencia, en septiembre de 1936. Setenta y siete años después, Hilda ha ido a buscar justicia para sus padres a más de 10.000 kilómetros del lugar del crimen: a Argentina. Tenía cinco años cuando se quedó huérfana y hoy es una de las 170 firmas —entre ellas, muchas asociaciones que representan a decenas de víctimas— de la querella interpuesta en Buenos Aires el 14 de abril de 2010, día de la República, contra los crímenes del franquismo: fusilamientos, torturas, desapariciones forzadas y robo de bebés. Más de tres años después, y tras un largo periodo de parálisis, la causa ha empezado a moverse.
El pasado lunes, la juez argentina María Servini de Cubría recogió en Buenos Aires la declaración de Soledad Luque, que busca a su hermano mellizo, supuestamente robado; y el jueves se reunió con tres de los querellantes y sus abogados. Durante el encuentro acordaron que el próximo 20 de noviembre la magistrada recibirá a una delegación española compuesta por querellantes y políticos. Joan Tardà (ERC) planea viajar a Buenos Aires antes para sumar a la querella el caso del presidente de la Generalitat Lluís Companys, fusilado en 1940: “No podemos dejar pasar ese tren”, afirma. También han mostrado interés en ese viaje Joan Josep Nuet (IU) y el alcalde de Gernika, José María Gorroño (Bildu).
El presidente del Congreso argentino, el de la comisión de derechos humanos del Congreso y otros ocho diputados acaban de firmar una declaración de “apoyo al proceso judicial abierto” contra el franquismo en su país y su “enérgico repudio a los crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista y a la impunidad de que gozan sus responsables”.
Mañana, el abogado Carlos Slepoy pedirá a la juez que fije fecha para la toma de declaración por videoconferencia de las víctimas y para que cite como imputados a nueve cargos del franquismo. Se trata de tres exministros —José Utrera Molina, de Vivienda, suegro de Alberto Ruiz-Gallardón; Rodolfo Martín Villa, de Relaciones Sindicales; y Fernando Suárez González, de Trabajo—; dos jueces —Jesús Cejas Mohedano y Rodolfo Gómez Chaparro— y cuatro policías —José Antonio González Pacheco, Billy El Niño; José Ignacio Giralte; Celso Galván Abascal y Jesús Muñecas Aguilar.
Los querellantes coinciden en que ya no esperan nada de España; para ellos la justicia está ahora en Argentina, el país donde el dictador ha muerto en prisión y donde siguen celebrándose juicios por los crímenes de la dictadura. El proceso abierto en Buenos Aires es, para muchos de ellos, la última etapa de una carrera de fondo que 38 años después de la muerte de Franco aún no dan por perdida.
Hilda Farfante. “Me querellé en Argentina porque en España nos cerraron todas las puertas y porque yo creo en la justicia universal. Creo en ella desde que vi a Garzón ordenar la detención de Pinochet en Chile”, explica. Confío en ese camino de vuelta: igual que las Abuelas de Plaza de Mayo vinieron un día a hablar con Garzón —el juez abrió hace 17 años un proceso a la dictadura argentina desde España— ahora nosotros vamos a Buenos Aires a hablar con Servini de Cubría”.
“Los asesinos de mis padres ni se molestaron en hacer una farsa de juicio. Nunca he sabido dónde están sus cuerpos. Para mí, justicia, después de tanto tiempo, sería tener en las manos una sentencia que diga por qué les asesinaron, a ellos y tantos como ellos. Y que obliguen al Gobierno de España a buscarlos. A ese Gobierno que no se ha molestado siquiera en contarlos. Tengo esperanzas, aunque ya no tengo mucho tiempo. Si no lo veo yo, espero que esa sentencia la lean mis nietos".
Fausto Canales. El pasado 8 de mayo, Fausto Canales atravesó las puertas del consulado argentino citado a declarar por videoconferencia ante la juez Servini de Cubría. La desilusión fue enorme cuando, ya preparado para contarle a la juez cómo una madrugada de 1936 un grupo de falangistas sacó de la cama a su padre para matarlo, la magistrada suspendió las videoconferencias. Según explicó la propia juez, tomó la decisión después de que el embajador argentino la telefoneara para advertirle del “malestar” del Gobierno español con el procedimiento.
Fausto llevaba 14 años esperando ese momento. Desde que se jubiló, en 1999, ha recorrido cada archivo buscando información sobre las últimas horas de su padre. Ha llamado a todas las puertas de la justicia en España y también a la de Estrasburgo. Ha averiguado, con horror, que los restos de su padre fueron exhumados en 1959 de una fosa común por enviados del Régimen y trasladados sin consentimiento familiar al Valle de los Caídos.
“Fueron mis tías las que me contaron quién era mi padre porque mi madre rompía a llorar cada vez que se decía su nombre. Yo ya sé que quien lo mató ha muerto. Pero para mí, hacer justicia sería que un juez diga que lo asesinaron sin que se lo mereciera y borrara esa mancha que tantos hemos llevado dentro, cuando se decía: ‘Algo habrán hecho’. Esa mancha solo la puede borrar un juez. Un juez que diga que mi padre fue víctima de una desaparición forzada y que aquello fueron crímenes de lesa humanidad”.
De España, lamenta, “no se puede esperar nada. Aquí ha sido imposible que el Parlamento apruebe una condena del franquismo —el PP impidió el pasado 21 de mayo que se declarara el 18 de julio día de condena de la dictadura—. “La querella argentina es la última oportunidad”.
Merçona Puig Antich. El 2 de marzo de 1974 Salvador Puig Antich, de 25 años, murió, ejecutado a garrote vil, tras haber agonizado durante una eternidad de 20 minutos. Treinta y nueve años después, y tras haberlo intentado en todas las instancias de la justicia española y en Estrasburgo, la familia ha acudido a Argentina confiando en el principio de justicia universal. “Queremos que se reconozca que su juicio fue una farsa vergonzosa y su muerte, un asesinato, una venganza porque el régimen quería dar un respuesta contundente tras la muerte de Carrero Blanco”, explica Merçona. “Yo tenía 13 años cuando lo mataron. Ese día él no quiso que fuera a verle, pero unos días antes estuve con él y lo tenía claro: ‘Después de Carrero, el siguiente soy yo’, dijo. Quiero contárselo a la juez para que mi hermano no figure en la historia como un asesino, sino como una víctima. Era un anarquista, sí. Pero no mató a nadie”.
Emilio Silva. “El Poder Judicial chileno acaba de pedir perdón por sus ‘omisiones’ en la dictadura de Pinochet”, recuerda el cofundador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, también presente en la querella argentina. “En España no puede ser porque no ha habido una ruptura con el franquismo y tenemos alcaldes como el de Baralla (Lugo), del PP, diciendo que los condenados a muerte del franquismo se lo merecían. ¿Se imagina alguien a un alcalde alemán diciendo que los judíos se lo merecían? Lo que queremos es que una autoridad judicial asuma los casos de las víctimas del franquismo y diga que no, que no se lo merecían”.
Cecilio Gordillo. “Hemos aportado a la juez información sobre el trabajo forzado y las empresas que se beneficiaron de él durante el franquismo”, explica el coordinador del grupo de trabajo de memoria histórica de CGT Andalucía. “No me gustaría que se hiciera un juicio para la historia, sino para los que están aquí, aún vivos. Hemos ido al otro lado del mundo para intentarlo. Espero que no se cierre en falso”.
