España: El Ejecutivo diseña un plan contra la corrupción a medida del ‘caso Bárcenas’
Legisla sobre los tesoreros e instaura el delito de financiación ilegal
Carlos E. Cué
Madrid, El País
El Gobierno quiere salir cuanto antes de la espiral del caso Bárcenas, que ha hundido la imagen del PP y del presidente. Después de meses de promesas —Mariano Rajoy ya planteó las reformas en febrero—, el Consejo de Ministros estudió ayer un informe —esto es, aún no hay texto legal— con un paquete de reformas anticorrupción que parecen diseñadas a la medida para responder al caso del extesorero del PP, aunque la vicepresidenta se empeñó en negarlo.
Varias de las 40 medidas anunciadas ayer, y que serán discutidas con la oposición antes de convertirse en un texto legal y empezar su tramitación en el Congreso, se ajustan con precisión al escándalo que afecta al PP. El Gobierno, por ejemplo, regulará la figura del responsable de la gestión económico-financiera de los partidos, y obligará a todos estos tesoreros a comparecer anualmente en el Parlamento para dar cuenta de su gestión, algo inédito en España, donde siempre se ha entendido que la gestión del dinero de los partidos era algo privado, solo supervisado años después por el Tribunal de Cuentas y de forma muy suave.
Otra de las reformas a la medida del escándalo de los papeles de Bárcenas publicados por EL PAÍS es la “obligación de reflejar en la cuenta de ingresos de los partidos políticos todas las subvenciones, así como las donaciones que superen la cuantía que se establecerá en la ley”.
El Gobierno también se propone una modificación del control que hace el Tribunal de Cuentas de los partidos, especialmente criticado tras el caso Bárcenas, y se forzará “la colaboración obligatoria de las entidades de crédito con el Tribunal de Cuentas”, según la referencia del Consejo de Ministros.
Otro de los asuntos que parece también diseñado como respuesta al escándalo de posible financiación ilegal del PP es la introducción en España por primera vez del delito de financiación ilegal. Pese a los escándalos del pasado, este delito nunca había sido tipificado, y de hecho al propio Bárcenas no se le puede imputar. Si acaso el de falsedad contable, como en cualquier otra empresa. Lo que no dejó claro la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, a la hora de explicar las reformas, es quién será el responsable de esa financiación ilegal, el tesorero o sus superiores, esto es el secretario general o el líder del partido. Hasta ahora los políticos se han quitado toda responsabilidad en la gestión de las cuentas —así sucedió en el caso Filesa y también está pasando en el caso Bárcenas.
El Gobierno va más allá y ante la presión social hará cambios en toda la regulación de los cargos públicos. Sáenz de Santamaría detalló reformas para controlar más el gasto, como la eliminación de las tarjetas de crédito con cargo al dinero público —aunque el Gobierno admite que apenas existen y los ministros no las tienen— y la creación de una norma específica que regule las obligaciones y derechos de los cargos públicos. Además, se analizarán las cuentas de todos los cargos públicos para detectar movimientos sospechosos, un asunto sobre el que también sobrevuelan las cuentas en Suiza de Bárcenas.
El Gobierno deja para más adelante muchas reformas del Código Penal que ya estaban avanzadas, en especial cuestiones sobre el delito de cohecho y demás, que se aprobarán en el paquete conjunto, aunque ayer ya salieron adelante del Consejo de Ministros reformas del Código Penal que pueden afectar a políticos, en especial la que implica pena de prisión de tres meses a un año para el “administrador que omita la adopción de las medidas de vigilancia o control que resultan exigibles para evitar la infracción de deberes o conductas peligrosas tipificadas como delito”.
Además, se reformó ayer el delito de malversación. La modificación consiste básicamente en que todas las conductas de administración desleal de fondos públicos (por ejemplo, contratos por servicios que no se prestan, o que son completamente inútiles o están inflados) serán considerados malversación. Ya no habrá que probar que el acusado ha metido la mano en la caja: bastará con probar que esa administración desleal o malversación ha causado un perjuicio al erario público. Las penas también aumentan: del máximo actual de ocho años de cárcel a un máximo de 12 años
A pesar de los meses que han pasado desde la primera vez que Rajoy habló de muchas de estas medidas en el Congreso, en febrero, el Gobierno aún no tiene un texto detallado del gran paquete anticorrupción. El Ejecutivo quiere hablar primero con los grupos y espera tener una reforma lista para que entre en el Congreso en octubre. Esto implica que las reformas no estarán listas, en el mejor de los casos, hasta principios del año 2014, y es muy posible que se alarguen mucho más, como ha sucedido con la Ley de Transparencia, que aún no ha sido aprobada definitivamente a pesar de que se anunció en los primeros meses de 2012. El Gobierno querría contar con el PSOE, pero va a ser complicado porque los socialistas reclaman al Ejecutivo y en especial a Rajoy que comparezca para explicar si mintió al decir que Bárcenas estaba fuera del PP cuando él llegó a La Moncloa. La relación entre ambos partidos está así bloqueada.
Madrid, El País
El Gobierno quiere salir cuanto antes de la espiral del caso Bárcenas, que ha hundido la imagen del PP y del presidente. Después de meses de promesas —Mariano Rajoy ya planteó las reformas en febrero—, el Consejo de Ministros estudió ayer un informe —esto es, aún no hay texto legal— con un paquete de reformas anticorrupción que parecen diseñadas a la medida para responder al caso del extesorero del PP, aunque la vicepresidenta se empeñó en negarlo.
Varias de las 40 medidas anunciadas ayer, y que serán discutidas con la oposición antes de convertirse en un texto legal y empezar su tramitación en el Congreso, se ajustan con precisión al escándalo que afecta al PP. El Gobierno, por ejemplo, regulará la figura del responsable de la gestión económico-financiera de los partidos, y obligará a todos estos tesoreros a comparecer anualmente en el Parlamento para dar cuenta de su gestión, algo inédito en España, donde siempre se ha entendido que la gestión del dinero de los partidos era algo privado, solo supervisado años después por el Tribunal de Cuentas y de forma muy suave.
Otra de las reformas a la medida del escándalo de los papeles de Bárcenas publicados por EL PAÍS es la “obligación de reflejar en la cuenta de ingresos de los partidos políticos todas las subvenciones, así como las donaciones que superen la cuantía que se establecerá en la ley”.
El Gobierno también se propone una modificación del control que hace el Tribunal de Cuentas de los partidos, especialmente criticado tras el caso Bárcenas, y se forzará “la colaboración obligatoria de las entidades de crédito con el Tribunal de Cuentas”, según la referencia del Consejo de Ministros.
Otro de los asuntos que parece también diseñado como respuesta al escándalo de posible financiación ilegal del PP es la introducción en España por primera vez del delito de financiación ilegal. Pese a los escándalos del pasado, este delito nunca había sido tipificado, y de hecho al propio Bárcenas no se le puede imputar. Si acaso el de falsedad contable, como en cualquier otra empresa. Lo que no dejó claro la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, a la hora de explicar las reformas, es quién será el responsable de esa financiación ilegal, el tesorero o sus superiores, esto es el secretario general o el líder del partido. Hasta ahora los políticos se han quitado toda responsabilidad en la gestión de las cuentas —así sucedió en el caso Filesa y también está pasando en el caso Bárcenas.
El Gobierno va más allá y ante la presión social hará cambios en toda la regulación de los cargos públicos. Sáenz de Santamaría detalló reformas para controlar más el gasto, como la eliminación de las tarjetas de crédito con cargo al dinero público —aunque el Gobierno admite que apenas existen y los ministros no las tienen— y la creación de una norma específica que regule las obligaciones y derechos de los cargos públicos. Además, se analizarán las cuentas de todos los cargos públicos para detectar movimientos sospechosos, un asunto sobre el que también sobrevuelan las cuentas en Suiza de Bárcenas.
El Gobierno deja para más adelante muchas reformas del Código Penal que ya estaban avanzadas, en especial cuestiones sobre el delito de cohecho y demás, que se aprobarán en el paquete conjunto, aunque ayer ya salieron adelante del Consejo de Ministros reformas del Código Penal que pueden afectar a políticos, en especial la que implica pena de prisión de tres meses a un año para el “administrador que omita la adopción de las medidas de vigilancia o control que resultan exigibles para evitar la infracción de deberes o conductas peligrosas tipificadas como delito”.
Además, se reformó ayer el delito de malversación. La modificación consiste básicamente en que todas las conductas de administración desleal de fondos públicos (por ejemplo, contratos por servicios que no se prestan, o que son completamente inútiles o están inflados) serán considerados malversación. Ya no habrá que probar que el acusado ha metido la mano en la caja: bastará con probar que esa administración desleal o malversación ha causado un perjuicio al erario público. Las penas también aumentan: del máximo actual de ocho años de cárcel a un máximo de 12 años
A pesar de los meses que han pasado desde la primera vez que Rajoy habló de muchas de estas medidas en el Congreso, en febrero, el Gobierno aún no tiene un texto detallado del gran paquete anticorrupción. El Ejecutivo quiere hablar primero con los grupos y espera tener una reforma lista para que entre en el Congreso en octubre. Esto implica que las reformas no estarán listas, en el mejor de los casos, hasta principios del año 2014, y es muy posible que se alarguen mucho más, como ha sucedido con la Ley de Transparencia, que aún no ha sido aprobada definitivamente a pesar de que se anunció en los primeros meses de 2012. El Gobierno querría contar con el PSOE, pero va a ser complicado porque los socialistas reclaman al Ejecutivo y en especial a Rajoy que comparezca para explicar si mintió al decir que Bárcenas estaba fuera del PP cuando él llegó a La Moncloa. La relación entre ambos partidos está así bloqueada.
