El terror galvaniza a un país en crisis
El asalto deja en segundo plano los juicios a gobernantes y la desigualdad social
Ángeles Espinosa, El País
El Westgate se había convertido en un símbolo del boom económico que está atrayendo a numerosos inversores a África y del que Nairobi es uno de los mayores exponentes. Durante los últimos años, Kenia ha crecido por encima del 5% y lleva camino de convertirse en un país de renta media. Sin embargo, como en el resto del continente, los beneficios de ese desarrollo no se están repartiendo de forma equitativa. El atentado, que se ha producido además en un momento político delicado, pone de relieve factores de tensión.
“Kenia está desplazando a Sudáfrica como centro de negocios internacional de la región”, señala Cedric Barnes, responsable del International Crisis Group para el Cuerno de África. Ese crecimiento acelerado en varios países africanos ha aumentado las desigualdades. Tanto en Malí, como en Nigeria, como en Kenia, los islamistas violentos explotan ese caldo de cultivo para reclutar a sus militantes. En Kenia, además, confluye la desigualdad social con que los musulmanes (un 12% de sus 44 millones de habitantes) se sienten marginados, sobre todo en la costa y en el noreste del país. Además, cuenta con una nutrida comunidad somalí autóctona y medio millón de refugiados de esa nacionalidad. “Hay pruebas de que algunas mezquitas se han radicalizado”, apunta Barnes.
El atentado ha desatado un sentimiento de unidad nacional y numerosas muestras de solidaridad. No obstante, según se vaya superando el choque inicial y el duelo en el que se ha sumido la nación, algunos se preguntarán por qué los terroristas perdonaron la vida a aquellos que pudieron probar que eran musulmanes. De momento, los líderes religiosos de todas las confesiones han convocado un acto ecuménico el próximo martes.
Tanto el presidente Uhuru Kenyatta, como el vicepresidente William Ruto, quieren aprovechar el atentado para intentar que la Corte Penal Internacional (CPI) archive la causa por crímenes contra la humanidad abierta contra ambos por la violencia que sacudió el país tras las elecciones de 2007. De ahí que Kenyatta insistiera en su papel en la lucha internacional contra el terrorismo durante su discurso del martes.
“La comunidad internacional tiene que decidir si va a dejarles que se dediquen a gobernar el país, o les va a distraer con el juicio”, manifiesta Eric Shimoli, jefe de redacción del periódico Daily Nation. En un país en el que los partidos tienen una base tribal, los fieles seguidores de ambos apoyan el sobreseimiento de la causa, sobre todo porque ambos políticos alcanzaron un acuerdo y lanzaron un proceso de reconciliación nacional.
“Al principio, todo el mundo apoyó la imputación del tribunal, pero ahora hay una sensación de que el proceso se está alargando demasiado”, asegura Shimoli. En su opinión, “la CPI ha enviado el mensaje de que nadie escapa de la justicia y puede que sin él la reconciliación entre Kenyatta y Ruto no se hubiera producido”.
Observadores occidentales sospechan, sin embargo, que ambos hicieron las paces precisamente para evitar el tribunal internacional. En cualquier caso, las víctimas, sus familiares y las organizaciones de derechos humanos quieren que se haga justicia. Los 1.300 muertos, 5.000 heridos y medio millón de desplazados que provocó la violencia (y que en su mayoría no han podido regresara a sus hogares) esperan una reparación.
Ruto se encontraba en La Haya cuando se produjo el atentado y la CPI aplazó su juicio para que pudiera unirse al Gabinete durante la crisis. Sin embargo, el tribunal ha rechazado la solicitud de Kenyatta para retrasar a enero de 2014 su comparecencia, en principio prevista para el próximo 12 de noviembre.
Otro temor expresado estos días ha sido el efecto del atentado sobre el turismo. A pesar de la imagen de safaris y playas que se asocia con Kenia, el país apenas recibe 1,5 millones de visitantes anuales. Aún así, se trata de la segunda fuente de divisas después de la agricultura, que proporciona una cuarta parte del PIB, emplea al 18% de la población y constituye la mitad de las exportaciones (principalmente, té, café y flores cortadas). “Nos encontramos en la temporada alta y seguro que afecta, pero nos recuperaremos”, concluye Shimoli.
El Westgate se había convertido en un símbolo del boom económico que está atrayendo a numerosos inversores a África y del que Nairobi es uno de los mayores exponentes. Durante los últimos años, Kenia ha crecido por encima del 5% y lleva camino de convertirse en un país de renta media. Sin embargo, como en el resto del continente, los beneficios de ese desarrollo no se están repartiendo de forma equitativa. El atentado, que se ha producido además en un momento político delicado, pone de relieve factores de tensión.
“Kenia está desplazando a Sudáfrica como centro de negocios internacional de la región”, señala Cedric Barnes, responsable del International Crisis Group para el Cuerno de África. Ese crecimiento acelerado en varios países africanos ha aumentado las desigualdades. Tanto en Malí, como en Nigeria, como en Kenia, los islamistas violentos explotan ese caldo de cultivo para reclutar a sus militantes. En Kenia, además, confluye la desigualdad social con que los musulmanes (un 12% de sus 44 millones de habitantes) se sienten marginados, sobre todo en la costa y en el noreste del país. Además, cuenta con una nutrida comunidad somalí autóctona y medio millón de refugiados de esa nacionalidad. “Hay pruebas de que algunas mezquitas se han radicalizado”, apunta Barnes.
El atentado ha desatado un sentimiento de unidad nacional y numerosas muestras de solidaridad. No obstante, según se vaya superando el choque inicial y el duelo en el que se ha sumido la nación, algunos se preguntarán por qué los terroristas perdonaron la vida a aquellos que pudieron probar que eran musulmanes. De momento, los líderes religiosos de todas las confesiones han convocado un acto ecuménico el próximo martes.
Tanto el presidente Uhuru Kenyatta, como el vicepresidente William Ruto, quieren aprovechar el atentado para intentar que la Corte Penal Internacional (CPI) archive la causa por crímenes contra la humanidad abierta contra ambos por la violencia que sacudió el país tras las elecciones de 2007. De ahí que Kenyatta insistiera en su papel en la lucha internacional contra el terrorismo durante su discurso del martes.
“La comunidad internacional tiene que decidir si va a dejarles que se dediquen a gobernar el país, o les va a distraer con el juicio”, manifiesta Eric Shimoli, jefe de redacción del periódico Daily Nation. En un país en el que los partidos tienen una base tribal, los fieles seguidores de ambos apoyan el sobreseimiento de la causa, sobre todo porque ambos políticos alcanzaron un acuerdo y lanzaron un proceso de reconciliación nacional.
“Al principio, todo el mundo apoyó la imputación del tribunal, pero ahora hay una sensación de que el proceso se está alargando demasiado”, asegura Shimoli. En su opinión, “la CPI ha enviado el mensaje de que nadie escapa de la justicia y puede que sin él la reconciliación entre Kenyatta y Ruto no se hubiera producido”.
Observadores occidentales sospechan, sin embargo, que ambos hicieron las paces precisamente para evitar el tribunal internacional. En cualquier caso, las víctimas, sus familiares y las organizaciones de derechos humanos quieren que se haga justicia. Los 1.300 muertos, 5.000 heridos y medio millón de desplazados que provocó la violencia (y que en su mayoría no han podido regresara a sus hogares) esperan una reparación.
Ruto se encontraba en La Haya cuando se produjo el atentado y la CPI aplazó su juicio para que pudiera unirse al Gabinete durante la crisis. Sin embargo, el tribunal ha rechazado la solicitud de Kenyatta para retrasar a enero de 2014 su comparecencia, en principio prevista para el próximo 12 de noviembre.
Otro temor expresado estos días ha sido el efecto del atentado sobre el turismo. A pesar de la imagen de safaris y playas que se asocia con Kenia, el país apenas recibe 1,5 millones de visitantes anuales. Aún así, se trata de la segunda fuente de divisas después de la agricultura, que proporciona una cuarta parte del PIB, emplea al 18% de la población y constituye la mitad de las exportaciones (principalmente, té, café y flores cortadas). “Nos encontramos en la temporada alta y seguro que afecta, pero nos recuperaremos”, concluye Shimoli.
