El juez Ruz ve un posible encubrimiento en el borrado de los discos de Bárcenas
Envía los hechos a los Juzgados de Plaza de Castilla al no ser competente la Audiencia Nacional
Fernando J. Pérez
Madrid, El País
El caso del borrado y destrucción de los discos duros de los ordenadores de Luis Bárcenas inicia su recorrido judicial. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz emitió este jueves un auto —resolución razonada— en el que aprecia posibles delitos de encubrimiento por destrucción de pruebas y daños informáticos en la decisión del PP de eliminar los datos de las computadoras de su extesorero, actualmente en prisión, y los soportes que los contenían. El magistrado estima que la investigación de estos hechos no es competencia de la Audiencia Nacional sino de los juzgados de instrucción de Madrid, lugar en el que se cometieron los supuestos delitos, por lo que se inhibe en el juzgado ordinario de la capital al que corresponda el caso por turno de reparto.
El pasado 19 de agosto, el PP respondió al requerimiento del juez Ruz de que en el plazo de cinco días le entregara los ordenadores de Bárcenas que estaban custodiados en Génova 13. En el escrito que acompañaba a los dos ordenadores, un Mac y un Toshiba, el PP informaba de que había destruido los discos duros en cumplimiento de su protocolo de seguridad informática. La destrucción de todos estos elementos se produjo después de que, el pasado mes de abril, un juzgado ordinario fallara a favor del PP en la denuncia por robo que interpuso el extesorero cuando no pudo recoger los ordenadores en la sede de Génova 13. El juez consideró que las computadoras eran propiedad del partido y no del empleado.
En su auto, de 11 páginas, el magistrado se muestra sumamente cauteloso. Considera necesario efectuar "una valoración acerca de si en los hechos acaecidos es posible apreciar la concurrencia de indicios que hagan presumir, siquiera a modo apriorístico, su eventual relevancia penal". Según Ruz, una "primera aproximación y análisis" de los hechos "no permite descartar" su "relevancia penal" y su encaje en los tipos delictivos del encubrimiento —por destrucción de pruebas— o de daños informáticos.
Tras conocer la destrucción de las memorias informáticas, las acusaciones populares del PSOE, Manos Limpias y de la asociación DESC solicitaron a Ruz que identificara a las personas responsables de la eliminación de los datos y las citara como testigos. También solicitaban la declaración de Alberto Durán, el abogado del PP que firmó el escrito en el que entregaban los terminales informáticos sin los discos duros.
Finalmente, el pasado martes, la Fiscalía Anticorrupción solicitó a Ruz que sobre la destrucción de los discos se "dedujera testimonio", es decir, que se abriera una nueva investigación para comprobar la posibilidad de un delito.
En otra resolución conocida este jueves, Ruz ha rechazado poner en libertad provisional al extesorero del PP "al permanecer plenamente vigentes los riesgos de huida, de alteración de pruebas y de reiteración delictiva".
Ruz argumenta que todavía se encuentran "pendientes de práctica diversas diligencias de investigación" y que los delitos atribuidos al extesorero "han encontrado sustento fáctico en numerosos informes, efectos incautados y declaraciones practicadas" y son conductas graves, "cuya trascendencia se ve incrementada dada su generalización y reiteración en el tiempo".
Bárcenas pidió la libertad provisional el pasado 12 de septiembre porque no tiene "la menor tentación" de huir a otro país y porque, según él, no existe riesgo de destrucción de pruebas. La defensa del extesorero adujo en su escrito que este "hará todo lo posible para preservar cualquier material probatorio relevante que pueda estar a su alcance".
Un tercer auto, el juez revela que el pasado 30 de julio, día en que Ruz embargó las cuentas de Bárcenas, el entorno del extesorero ingresó más de 1.500 euros en efectivo para cubrir la cuota de leasing de un vehículo Land Rover. El magistrado ha pedido "de forma urgente" a la empresa propietaria del vehículo toda la información y documentación referida al contrato.
Madrid, El País
El caso del borrado y destrucción de los discos duros de los ordenadores de Luis Bárcenas inicia su recorrido judicial. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz emitió este jueves un auto —resolución razonada— en el que aprecia posibles delitos de encubrimiento por destrucción de pruebas y daños informáticos en la decisión del PP de eliminar los datos de las computadoras de su extesorero, actualmente en prisión, y los soportes que los contenían. El magistrado estima que la investigación de estos hechos no es competencia de la Audiencia Nacional sino de los juzgados de instrucción de Madrid, lugar en el que se cometieron los supuestos delitos, por lo que se inhibe en el juzgado ordinario de la capital al que corresponda el caso por turno de reparto.
El pasado 19 de agosto, el PP respondió al requerimiento del juez Ruz de que en el plazo de cinco días le entregara los ordenadores de Bárcenas que estaban custodiados en Génova 13. En el escrito que acompañaba a los dos ordenadores, un Mac y un Toshiba, el PP informaba de que había destruido los discos duros en cumplimiento de su protocolo de seguridad informática. La destrucción de todos estos elementos se produjo después de que, el pasado mes de abril, un juzgado ordinario fallara a favor del PP en la denuncia por robo que interpuso el extesorero cuando no pudo recoger los ordenadores en la sede de Génova 13. El juez consideró que las computadoras eran propiedad del partido y no del empleado.
En su auto, de 11 páginas, el magistrado se muestra sumamente cauteloso. Considera necesario efectuar "una valoración acerca de si en los hechos acaecidos es posible apreciar la concurrencia de indicios que hagan presumir, siquiera a modo apriorístico, su eventual relevancia penal". Según Ruz, una "primera aproximación y análisis" de los hechos "no permite descartar" su "relevancia penal" y su encaje en los tipos delictivos del encubrimiento —por destrucción de pruebas— o de daños informáticos.
Tras conocer la destrucción de las memorias informáticas, las acusaciones populares del PSOE, Manos Limpias y de la asociación DESC solicitaron a Ruz que identificara a las personas responsables de la eliminación de los datos y las citara como testigos. También solicitaban la declaración de Alberto Durán, el abogado del PP que firmó el escrito en el que entregaban los terminales informáticos sin los discos duros.
Finalmente, el pasado martes, la Fiscalía Anticorrupción solicitó a Ruz que sobre la destrucción de los discos se "dedujera testimonio", es decir, que se abriera una nueva investigación para comprobar la posibilidad de un delito.
En otra resolución conocida este jueves, Ruz ha rechazado poner en libertad provisional al extesorero del PP "al permanecer plenamente vigentes los riesgos de huida, de alteración de pruebas y de reiteración delictiva".
Ruz argumenta que todavía se encuentran "pendientes de práctica diversas diligencias de investigación" y que los delitos atribuidos al extesorero "han encontrado sustento fáctico en numerosos informes, efectos incautados y declaraciones practicadas" y son conductas graves, "cuya trascendencia se ve incrementada dada su generalización y reiteración en el tiempo".
Bárcenas pidió la libertad provisional el pasado 12 de septiembre porque no tiene "la menor tentación" de huir a otro país y porque, según él, no existe riesgo de destrucción de pruebas. La defensa del extesorero adujo en su escrito que este "hará todo lo posible para preservar cualquier material probatorio relevante que pueda estar a su alcance".
Un tercer auto, el juez revela que el pasado 30 de julio, día en que Ruz embargó las cuentas de Bárcenas, el entorno del extesorero ingresó más de 1.500 euros en efectivo para cubrir la cuota de leasing de un vehículo Land Rover. El magistrado ha pedido "de forma urgente" a la empresa propietaria del vehículo toda la información y documentación referida al contrato.
