El Gobierno propone una reforma penal que incluye libertad o indulto de los reos sin sentencia
Desde la ciudad de Santa Cruz, y ante ministros de Estado, gobernadores, alcaldes y autoridades judiciales, el presidente Evo Morales propuso este lunes la aplicación del indulto y la amnistía para los detenidos preventivos que hayan sido recluidos sin pruebas, como uno de los caminos para encarar la crisis penitenciaria que afecta a Bolivia y que estalló el pasado 24 de agosto en Palmasola.
La medida de aministía propuesa por el Presidente no debería ser aplicada en casos de corrupción, asesinato, violación y narcotráfico y forma parte de una serie de sugerencias que incluye la modificación del Código Penal, con el fin de evitar el estallido del sistema penitenciario.
“Estamos planteando indulto y amnistía, los requisitos serán sencillos, estos beneficios estarán dirigidos a personas que estuvieron detenidos preventivamente sin pruebas”, dijo el Jefe de Estado en la inauguración del “Encuentro por una reestructuración integral del régimen penitenciario donde participan autoridades nacionales, departamentales y municipales.
Morales explicó que hay detenidos preventivos que ingresan a las cárceles porque los querellantes que tienen bastante dinero pagan a jueces, fiscales y policías para detener a aquella persona con quien tiene algún problema. El indulto no será aplicado a casos de corrupción, asesinato, violación y narcotráfico, aunque este último caso debe ser analizado pues no es lo mismo un “pez gordo del narcotráfico” que una “mula”.
La propuesta fue lanzada ante la preocupación del número de detenidos preventivos que hay en el país, pues en las cárceles de Bolivia el 84 por ciento de reos no ha recibido sentencia del Órgano Judicial Purinacional y hay procesos que no avanzas por mucho tiempo; los sentenciados apenas alcanzan al 16 por ciento.
También se plantea que en la etapa de investigación “al cumplirse los seis meses de la etapa preparatoria, los jueces deberán proceder a la cesación de la detención preventiva y aplicar medidas sustitutivas tomando en cuenta la peculiaridades de cada caso concreto”.
Al cumplimiento de los pasos procesales y en caso de que no hubiera sentencia entonces se procederá a la extinción de la acción “debiendo responder por los hechos cometidos por las personas denunciadas”, explicó el Presidente.
Propuesta de reforma
Los jueces y fiscal deberán aplicar la sentencia condenatoria en las causas que corresponda. Para evitar la retardación de justicia habrá dos tribunales de juicio oral que se compondrán por un juez técnico y otro ciudadano “únicamente y con plena competencia”, dijo.
Se incrementará el número de jueces y fiscales para la atención de los casos, dependiendo al número de los existentes en cada distrito policial. También se “implementará el funcionamiento efectivo de los juzgados contravencionales para la atención de causas menores que facilitará la descongestión de la administración de la justicia”.
Para esta acción se hará convenios universidades públicas y privadas, con el fin de que los mejores estudiantes de los últimos cursos de las carreras de derecho puedan asistir jurídicamente y de manera gratuita a los privados de libertad hasta la conclusión del caso.
Todo proceso que está en etapa preparatoria de investigación que haya permanecido inactivo por un año, ya sea porque el querellante o el Ministerio Público no haya realizado ninguna acción, el proceso deberá ser archivada, sin embargo durante el siguiente año el proceso podrá será reabierto y si los plazos han sido vencidos, será archivado de manera definitiva.
También se plantea se realizarán de inspecciones sorpresivas en los penales para incautar instrumentos de agresión como arma blancas y otros.
