Con Cataluña fuera de la UE volverían las fronteras y los aranceles
Cualquier país candidato a la UE se enfrenta a años de trámites hasta su ingreso
Ciudadanos y empresas perderían el derecho al mercado único
Lucía Abellán
Bruselas, El País
Bruselas encara con una mezcla de reticencia y perplejidad el hipotético proceso de independencia catalana. La secesión en un Estado miembro y el tratamiento que debe otorgarse al nuevo país surgido de la independencia representan un escenario al que la Unión nunca se ha enfrentado y para el que los tratados no prevén mecanismos concretos. La lectura estricta de las normas vigentes, así como la interpretación que ofrecen algunas fuentes consultadas, ratifican que (en ausencia de acuerdo) Cataluña saldría automáticamente del ámbito comunitario y que el contador se pondría a cero en todos los terrenos. El nuevo proceso para integrarse en la UE sería largo, laborioso y sujeto a una condición fundamental: el visto bueno de España (y de otros países que pueden ejercer el veto para evitar tentaciones secesionistas en su territorio). En definitiva, no hay encaje dentro de la UE sin la aquiescencia del Gobierno español.
De la misma manera, nadie en las instituciones europeas se imagina un futuro catalán alejado del ámbito comunitario, del que lleva formando parte casi 30 años. Y el único obstáculo para esa integración sería político, no jurídico. En todo caso, sin un nuevo marco legal para afrontar la cuestión catalana, estas serían las principales consecuencias de la nueva situación:
Estado tercero
Cataluña no podría pedir su ingreso en la UE hasta que no alcanzase formalmente el estatus de independiente. A partir de ahí, tendría que presentar su candidatura, de la que se informaría al Parlamento Europeo y a las cámaras nacionales de los Estados miembros. Tras la aprobación por mayoría de la Eurocámara y la opinión de la Comisión, serían los Veintiocho, por unanimidad, los encargados de aprobar la solicitud. Un solo país, en este caso España, puede bloquear el proceso, aunque algunas fuentes apuntan que no se entendería la objeción española a un futuro catalán en el seno de la UE. Algo parecido podría suceder con la OTAN y otros organismos multilaterales.
Años de trámites
El acceso de cualquier país a la UE implica años de gestiones. Primero el país candidato presenta su propuesta y, si se acepta, comienza las negociaciones de adhesión. Un ejemplo: la Comisión recomendó en 2009 abrir negociaciones con Macedonia, pero el Consejo (los Estados miembros) aún no han dado su visto bueno. Bruselas insiste siempre en que no hay procesos idénticos —y Cataluña tiene todo el camino andado, puesto que ya cumple con todos los requisitos comunitarios—, pero el mero tránsito por la cadena burocrática implicaría años.
Vuelta al pasaporte
A la espera de otras negociaciones, los ciudadanos catalanes serían considerados extranjeros en la UE y, por tanto, perderían el derecho de circular libremente por sus fronteras y de trabajar sin restricciones en territorio comunitario. Las estancias en otros Estados miembros quedarían sujetas a permisos de trabajo o de estudio, entre otros.
Aranceles
La gran ventaja del mercado único desaparecería para las empresas catalanas. Cualquier firma radicada en la comunidad estaría sujeta a posibles aranceles (al menos a la espera de negociar acuerdos comerciales bilaterales con cada territorio). Y dejaría de beneficiarse de los tratados comerciales que la UE tiene firmados con otros territorios (el Mediterráneo, el Pacífico…), ilustra Araceli Mangas, catedrática de Derecho Internacional Público de la Universidad Complutense de Madrid. Cualquier empresa —incluidos los bancos— se enfrentaría a una maraña de dificultades difícil de desentrañar: posibles boicoteos y salida de inversiones y de capitales por el efecto incertidumbre están en la cabeza de los patronos, habitualmente poco favorables a estas aventuras: la banca de la City de Londres amenaza con marcharse si Reino Unido se separa de la UE. Los escenarios apocalípticos se abrían paso en el caso catalán, aunque es difícil
Limbo monetario
Una de las primeras incertidumbres económicas derivaría de la moneda. En principio, nada impide que Cataluña siga utilizando el euro. Hay países (Kosovo, Mónaco…) que lo emplean sin formar parte de la eurozona, pero la salida de ese ámbito impide participar en la toma de decisiones. Es decir, Cataluña no tendría nada que decir sobre la política que regula su propia moneda, una condición difícil de digerir.
Erasmus y fondos de cohesión
Cataluña dejaría de aspirar a dos de las grandes banderas con las que siempre se ha identificado a la UE. Los estudiantes catalanes no podrían optar al programa de intercambio Erasmus ni recibiría a jóvenes de otros Estados miembros. El territorio catalán tampoco optaría a los fondos estructurales y de cohesión, que han permitido un importante desarrollo económico en España desde su entrada a la UE, en 1986.
Precedentes
Los retos que representa el desafío catalán (y, de otra manera, el escocés) son inéditos en la UE. El precedente más citado es el de Groenlandia, aunque se trata del caso inverso: un territorio que, pese a seguir formando parte de un Estado miembro (Dinamarca), utilizó su autonomía para decidir desvincularse de la UE.
Ciudadanos y empresas perderían el derecho al mercado único
Bruselas, El País
Bruselas encara con una mezcla de reticencia y perplejidad el hipotético proceso de independencia catalana. La secesión en un Estado miembro y el tratamiento que debe otorgarse al nuevo país surgido de la independencia representan un escenario al que la Unión nunca se ha enfrentado y para el que los tratados no prevén mecanismos concretos. La lectura estricta de las normas vigentes, así como la interpretación que ofrecen algunas fuentes consultadas, ratifican que (en ausencia de acuerdo) Cataluña saldría automáticamente del ámbito comunitario y que el contador se pondría a cero en todos los terrenos. El nuevo proceso para integrarse en la UE sería largo, laborioso y sujeto a una condición fundamental: el visto bueno de España (y de otros países que pueden ejercer el veto para evitar tentaciones secesionistas en su territorio). En definitiva, no hay encaje dentro de la UE sin la aquiescencia del Gobierno español.
De la misma manera, nadie en las instituciones europeas se imagina un futuro catalán alejado del ámbito comunitario, del que lleva formando parte casi 30 años. Y el único obstáculo para esa integración sería político, no jurídico. En todo caso, sin un nuevo marco legal para afrontar la cuestión catalana, estas serían las principales consecuencias de la nueva situación:
Estado tercero
Cataluña no podría pedir su ingreso en la UE hasta que no alcanzase formalmente el estatus de independiente. A partir de ahí, tendría que presentar su candidatura, de la que se informaría al Parlamento Europeo y a las cámaras nacionales de los Estados miembros. Tras la aprobación por mayoría de la Eurocámara y la opinión de la Comisión, serían los Veintiocho, por unanimidad, los encargados de aprobar la solicitud. Un solo país, en este caso España, puede bloquear el proceso, aunque algunas fuentes apuntan que no se entendería la objeción española a un futuro catalán en el seno de la UE. Algo parecido podría suceder con la OTAN y otros organismos multilaterales.
Años de trámites
El acceso de cualquier país a la UE implica años de gestiones. Primero el país candidato presenta su propuesta y, si se acepta, comienza las negociaciones de adhesión. Un ejemplo: la Comisión recomendó en 2009 abrir negociaciones con Macedonia, pero el Consejo (los Estados miembros) aún no han dado su visto bueno. Bruselas insiste siempre en que no hay procesos idénticos —y Cataluña tiene todo el camino andado, puesto que ya cumple con todos los requisitos comunitarios—, pero el mero tránsito por la cadena burocrática implicaría años.
Vuelta al pasaporte
A la espera de otras negociaciones, los ciudadanos catalanes serían considerados extranjeros en la UE y, por tanto, perderían el derecho de circular libremente por sus fronteras y de trabajar sin restricciones en territorio comunitario. Las estancias en otros Estados miembros quedarían sujetas a permisos de trabajo o de estudio, entre otros.
Aranceles
La gran ventaja del mercado único desaparecería para las empresas catalanas. Cualquier firma radicada en la comunidad estaría sujeta a posibles aranceles (al menos a la espera de negociar acuerdos comerciales bilaterales con cada territorio). Y dejaría de beneficiarse de los tratados comerciales que la UE tiene firmados con otros territorios (el Mediterráneo, el Pacífico…), ilustra Araceli Mangas, catedrática de Derecho Internacional Público de la Universidad Complutense de Madrid. Cualquier empresa —incluidos los bancos— se enfrentaría a una maraña de dificultades difícil de desentrañar: posibles boicoteos y salida de inversiones y de capitales por el efecto incertidumbre están en la cabeza de los patronos, habitualmente poco favorables a estas aventuras: la banca de la City de Londres amenaza con marcharse si Reino Unido se separa de la UE. Los escenarios apocalípticos se abrían paso en el caso catalán, aunque es difícil
Limbo monetario
Una de las primeras incertidumbres económicas derivaría de la moneda. En principio, nada impide que Cataluña siga utilizando el euro. Hay países (Kosovo, Mónaco…) que lo emplean sin formar parte de la eurozona, pero la salida de ese ámbito impide participar en la toma de decisiones. Es decir, Cataluña no tendría nada que decir sobre la política que regula su propia moneda, una condición difícil de digerir.
Erasmus y fondos de cohesión
Cataluña dejaría de aspirar a dos de las grandes banderas con las que siempre se ha identificado a la UE. Los estudiantes catalanes no podrían optar al programa de intercambio Erasmus ni recibiría a jóvenes de otros Estados miembros. El territorio catalán tampoco optaría a los fondos estructurales y de cohesión, que han permitido un importante desarrollo económico en España desde su entrada a la UE, en 1986.
Precedentes
Los retos que representa el desafío catalán (y, de otra manera, el escocés) son inéditos en la UE. El precedente más citado es el de Groenlandia, aunque se trata del caso inverso: un territorio que, pese a seguir formando parte de un Estado miembro (Dinamarca), utilizó su autonomía para decidir desvincularse de la UE.
