Chaparina: El Defensor pide al Gobierno que suspenda a Llorenti del cargo de Embajador
El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, expresó este miércoles su indignación por el nulo avance en la investigación de la represión contra la marcha indígena del TIPNIS y pidió que la Cancillería del Estado Plurinacional suspenda de las funciones de Embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas a Sacha Llorenti, exministro de Gobierno.
En el comunicado hecho público este miércoles, el despacho dirigido por Villena recomienda “al Ministerio de Relaciones Exteriores, que suspenda de sus funciones de Embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas al Sr. Sacha Llorenti para que pueda explicar en nuestro país su participación, conocimiento y autorización en las acciones de infiltración, intervención y posterior traslado de los indígenas del TIPNIS, durante las horas posteriores a las acciones de Chaparina”.
Esa petición constituye, hasta ahora, la más fuerte expresada por una institución del Estado Plurinacional de Bolivia contra el exministro de Gobierno, Sacha Llorenti, uno de los actores protagónicos en el conflicto del TIPNIS. Diferentes datos surgidos en las últimas semanas, incluyendo la declaración de exdirector jurídico del Ministerio de Gobierno apuntan a que Llorenti dio la orden para la intervención policial.
Llorenti fue designado embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas casi un años después de que tuvo que renunciar al cargo de Ministro de Gobierno tras la represión policial contra los indígenas del TIPNIS, la tarde del 25 de septiembre en la localidad de Chaparina.
En función de los datos surgidos desde diferentes fuentes que apuntan al protagonismo de Llorenti, Villena solicita también al Ministerio Público que reconsidere la decisión de excluir a Llorenti del caso y que, en base a los nuevos elementos de prueba, “revierta la decisión de excluir de la investigación al Sr. Sacha Llorenti, Ministro de Gobierno, quien tenía plena autoridad sobre la Policía Boliviana y era responsable de la seguridad interna durante los luctuosos sucesos”.
Además, la Defensoría del Pueblo denunció que los autores intelectuales y materiales de la represión contra los marchistas “gozan de libertad, protección y tranquilidad” mientras que los indígenas son víctimas de las persecusión del sistema judicial.
A dos años de la violenta represión ejercida contra la marcha indígena del TIPNIS, y a cuatro años del nacimiento del Estado Plurinacional, nuevamente nos encontramos frente a la evidencia que la impunidad y la retardación son las respuestas del Estado a la demanda de justicia, añade.
El comunicado hace un repaso de la situación que han tenido que afrontar los indígenas de las tierras bajas que se movilizaron para oponerse a la construcción de una carretera por el corazón de una reserva natural, el Parque Nacional Isiboro Sécure.
"Los únicos avances que podemos verificar en este caso son la aparición de nuevos testimonios y confesiones que nos muestran una acción planificada de injerencia, infiltración e intervención de la movilización de los pueblos indígenas, cuyo delito fue exigir ser escuchados y reivindicar sus derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado Plurinacional", se lamenta el Defensor del Pueblo.
