Bruselas cierra las opciones sobre el futuro europeo de un Estado catalán
La Comisión Europea advierte: una Cataluña independiente sería un “país tercero”
Lucía Abellán / Miquel Noguer
Bruselas / Barcelona, El País
La Unión Europea cortó ayer en seco la aspiración de los independentistas catalanes de que una eventual secesión de Cataluña no supusiera su salida de la UE. La portavoz de la Comisión Europea, Pia Ahrenkilde, no dejó el menor resquicio de duda: Si un territorio de un Estado comunitario declara su independencia, automáticamente deja de pertenecer a la UE, y se convierte “en un país tercero”, aseguró. En la misma línea se pronunció en Barcelona el vicepresidente y comisario de Competencia, Joaquín Almunia. “La parte segregada [de un Estado de la UE] no es miembro de la UE”, sentenció.
Por su parte, Lituania y Estonia dieron marcha atrás en las declaraciones de apoyo al proceso soberanista realizadas por sus primeros ministros, Algirdas Butkevicius y Valdis Dombrovskis, respectivamente. Después de que el jefe de la diplomacia española, José Manuel García-Margallo, recibiera a sus embajadores en Madrid para pedirles explicaciones y trasladarles su queja, los ministerios lituano y letón de Asuntos Exteriores difundieron sendos comunicados en los que atribuían “a la tendenciosa y errónea interpretación de los medios de comunicación españoles” el supuesto respaldo de sus mandatarios a la independencia de Cataluña.
Tanto el Gobierno español como la Generalitat de Cataluña están moviendo sus fichas en el tablero europeo, conscientes de que la permanencia en la UE de un hipotético Estado independiente puede inclinar a parte de la sociedad catalana en favor de una opción u otra. De hecho, los borradores de pregunta para un hipotético referéndum que han circulado en los últimos meses incluyen una alusión a Cataluña como “nuevo Estado en Europa”; un eufemismo de la UE.
Sin aludir expresamente a Cataluña, y reiterando que se limita a recordar lo que dicen los tratados, la portavoz de la Comisión zanjó ayer la polémica al subrayar que, en caso de secesión, las normas comunitarias “dejan de aplicarse” al territorio que proclama su independencia. Aunque no es la primera vez que Bruselas se pronuncia en este sentido, no suele hacerlo con tal contundencia y la semana pasada evitó opinar sobre el éxito de la Diada. Ahrenkilde recordó que, para que la Comisión se pronuncie formalmente al respecto, debe solicitarlo el Estado afectado, en este caso España, lo que no ha ocurrido. Añadió, eso sí, que cualquier Estado, nuevo o preexistente, puede solicitar la adhesión a la Unión Europea.
Las palabras de la portavoz vinieron a reforzar el mensaje que horas antes había dejado en Barcelona el comisario de Competencia, el español Joaquín Almunia. Tras mostrar su aprecio por Cataluña, el vicepresidente europeo instó a los Gobierno central y catalán a abordar el problema territorial “en una mesa cara a cara y con la cabeza fría”, en vez de hacerlo a través de cartas abiertas al público.
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Hace un año, Almunia dijo que no sería “honesto” afirmar “de forma taxativa” que una Cataluña independiente quedaría fuera de la UE, aunque posteriormente matizó sus palabras.
“En la UE se mira con preocupación lo que ocurre en Cataluña. Me preguntan constantemente y no precisamente con simpatía”, admitió ayer Almunia. “Todos pedimos que se busquen vías para que la situación se encauce”, concluyó.
El consejero de Economía y Conocimiento de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, presente en la conferencia del comisario, aseguró que las palabras de este se ceñían a una “lectura jurídica” estricta del Tratado de la Unión, pero añadió que existe margen para la negociación, como demuestra el caso escocés. La Generalitat confía en que, si Escocia opta por la independencia en su próximo referéndum, pacte permanecer en la UE y eso sirva de precedente a Cataluña.
Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, ha advertido repetidamente que los casos de Cataluña y Escocia no son comparables, pues la segunda ha consensuado el referéndum con Londres, mientras que la Constitución española no permite la autodeterminación. También ha recordado que la entrada de un nuevo miembro en la UE debe ser aprobada por unanimidad y ha sugerido que España no sería la única en vetar el ingreso de Cataluña tras una secesión unilateral.
Ayer el ministro demostró su implicación en este asunto al recibir personalmente, en vez de delegar en algún alto cargo, a los embajadores de Lituania y Letonia para pedirles explicaciones por las declaraciones de sus respectivos primeros ministros en favor de la autodeterminación de Cataluña. Tras la protesta, la Embajada de Lituania en Madrid difundió una nota de rectificación en la que aseguraba que “no se puede comparar la ocupación soviética de los países bálticos con la situación en España. España es un país democrático, miembro de la Unión, nuestro socio cercano en la UE y OTAN. Todos los asuntos domésticos deben ser solucionados según las medidas democráticas y legales, que existen en el país, respetando la Constitución”.
Horas después, el Ministerio de Exteriores de Letonia difundió otra nota en la que subrayaba que la situación de Cataluña “es un asunto de política interior de España que debe ser resuelto según la legislación y la Constitución española” y que la independencia de los países bálticos es un “proceso histórico único” que no puede ser comparado con otros. Como Lituania, Letonia atribuyó a una “interpretación tendenciosa” el supuesto apoyo de su primer ministro al soberanismo catalán. Exteriores contactó con la tercera república báltica (Estonia) para evitar nuevos malentendidos.
Bruselas / Barcelona, El País
La Unión Europea cortó ayer en seco la aspiración de los independentistas catalanes de que una eventual secesión de Cataluña no supusiera su salida de la UE. La portavoz de la Comisión Europea, Pia Ahrenkilde, no dejó el menor resquicio de duda: Si un territorio de un Estado comunitario declara su independencia, automáticamente deja de pertenecer a la UE, y se convierte “en un país tercero”, aseguró. En la misma línea se pronunció en Barcelona el vicepresidente y comisario de Competencia, Joaquín Almunia. “La parte segregada [de un Estado de la UE] no es miembro de la UE”, sentenció.
Por su parte, Lituania y Estonia dieron marcha atrás en las declaraciones de apoyo al proceso soberanista realizadas por sus primeros ministros, Algirdas Butkevicius y Valdis Dombrovskis, respectivamente. Después de que el jefe de la diplomacia española, José Manuel García-Margallo, recibiera a sus embajadores en Madrid para pedirles explicaciones y trasladarles su queja, los ministerios lituano y letón de Asuntos Exteriores difundieron sendos comunicados en los que atribuían “a la tendenciosa y errónea interpretación de los medios de comunicación españoles” el supuesto respaldo de sus mandatarios a la independencia de Cataluña.
Tanto el Gobierno español como la Generalitat de Cataluña están moviendo sus fichas en el tablero europeo, conscientes de que la permanencia en la UE de un hipotético Estado independiente puede inclinar a parte de la sociedad catalana en favor de una opción u otra. De hecho, los borradores de pregunta para un hipotético referéndum que han circulado en los últimos meses incluyen una alusión a Cataluña como “nuevo Estado en Europa”; un eufemismo de la UE.
Sin aludir expresamente a Cataluña, y reiterando que se limita a recordar lo que dicen los tratados, la portavoz de la Comisión zanjó ayer la polémica al subrayar que, en caso de secesión, las normas comunitarias “dejan de aplicarse” al territorio que proclama su independencia. Aunque no es la primera vez que Bruselas se pronuncia en este sentido, no suele hacerlo con tal contundencia y la semana pasada evitó opinar sobre el éxito de la Diada. Ahrenkilde recordó que, para que la Comisión se pronuncie formalmente al respecto, debe solicitarlo el Estado afectado, en este caso España, lo que no ha ocurrido. Añadió, eso sí, que cualquier Estado, nuevo o preexistente, puede solicitar la adhesión a la Unión Europea.
Las palabras de la portavoz vinieron a reforzar el mensaje que horas antes había dejado en Barcelona el comisario de Competencia, el español Joaquín Almunia. Tras mostrar su aprecio por Cataluña, el vicepresidente europeo instó a los Gobierno central y catalán a abordar el problema territorial “en una mesa cara a cara y con la cabeza fría”, en vez de hacerlo a través de cartas abiertas al público.
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“En la UE se mira con preocupación lo que ocurre en Cataluña. Me preguntan constantemente y no precisamente con simpatía”, admitió ayer Almunia. “Todos pedimos que se busquen vías para que la situación se encauce”, concluyó.
El consejero de Economía y Conocimiento de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, presente en la conferencia del comisario, aseguró que las palabras de este se ceñían a una “lectura jurídica” estricta del Tratado de la Unión, pero añadió que existe margen para la negociación, como demuestra el caso escocés. La Generalitat confía en que, si Escocia opta por la independencia en su próximo referéndum, pacte permanecer en la UE y eso sirva de precedente a Cataluña.
Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, ha advertido repetidamente que los casos de Cataluña y Escocia no son comparables, pues la segunda ha consensuado el referéndum con Londres, mientras que la Constitución española no permite la autodeterminación. También ha recordado que la entrada de un nuevo miembro en la UE debe ser aprobada por unanimidad y ha sugerido que España no sería la única en vetar el ingreso de Cataluña tras una secesión unilateral.
Ayer el ministro demostró su implicación en este asunto al recibir personalmente, en vez de delegar en algún alto cargo, a los embajadores de Lituania y Letonia para pedirles explicaciones por las declaraciones de sus respectivos primeros ministros en favor de la autodeterminación de Cataluña. Tras la protesta, la Embajada de Lituania en Madrid difundió una nota de rectificación en la que aseguraba que “no se puede comparar la ocupación soviética de los países bálticos con la situación en España. España es un país democrático, miembro de la Unión, nuestro socio cercano en la UE y OTAN. Todos los asuntos domésticos deben ser solucionados según las medidas democráticas y legales, que existen en el país, respetando la Constitución”.
Horas después, el Ministerio de Exteriores de Letonia difundió otra nota en la que subrayaba que la situación de Cataluña “es un asunto de política interior de España que debe ser resuelto según la legislación y la Constitución española” y que la independencia de los países bálticos es un “proceso histórico único” que no puede ser comparado con otros. Como Lituania, Letonia atribuyó a una “interpretación tendenciosa” el supuesto apoyo de su primer ministro al soberanismo catalán. Exteriores contactó con la tercera república báltica (Estonia) para evitar nuevos malentendidos.
