La prima de riesgo se llama Bárcenas
La incertidumbre ante los movimientos del extesorero desbarata el plan de Mariano Rajoy para la segunda parte de la legislatura. El escándalo del extesorero del PP empaña los datos económicos
Fernando Garea
Madrid, El País
Se cuenta que al llegar a La Moncloa Mariano Rajoy se hizo instalar en el iPad una aplicación para seguir al minuto la evolución de la prima de riesgo. Vivía obsesionado con la evolución del diferencial de la deuda española con respecto a la alemana. No quiso tener un vicepresidente económico y casi todas sus energías estaban dirigidas a controlar esos datos macroeconómicos, mirando de reojo la opción de pedir un rescate global a Bruselas.
Hace un año, el presidente del Gobierno se fue de vacaciones con la sombra de ese rescate que en Europa y en España se daba por seguro, con las consecuencias del rescate parcial para la banca que había solicitado en mayo y con una prima de riesgo muy por encima de 500, un nivel insostenible para la economía española. En septiembre de 2012 Rajoy empezó el curso político bajo el signo de la incertidumbre económica y, por eso, limitó al máximo su agenda exterior.
Ahora, ha pasado las vacaciones e iniciará el curso con la prima de riesgo en 250 puntos, sin necesidad de utilizar la aplicación de su tableta. La palabra rescate ha desaparecido de la agenda política y hay algún indicio de que la recesión ha tocado fondo. Pero tiene un lastre que escapa a su control: su prima de riesgo ahora tiene el nombre de su extesorero. Si existiera, Rajoy pediría que le instalaran una aplicación para conocer los movimientos (y pensamientos) de Luis Bárcenas en la cárcel de Soto del Real.
Ni la comparecencia del presidente en el Congreso el 1 de agosto ni las declaraciones ante el juez de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y dos de sus predecesores han servido para calmar las aguas turbulentas del caso. Todo ha ido incluso a peor en lo político, porque en la comparecencia de Rajoy quedaron puntos oscuros o incompatibles con los hechos conocidos (como su relación con el extesorero tras conocerse su cuenta en Suiza) y porque la declaración de Cospedal, Javier Arenas y Francisco Álvarez-Cascos ante el juez abrió heridas internas en el PP y reabrió otras que se creían cicatrizadas. Ni la comparecencia en el Congreso ni las de la Audiencia Nacional han zanjado políticamente el asunto, como pretendía el PP al inicio de agosto.
Sin prima de riesgo que le amargue pero con la incertidumbre sobre Bárcenas, Rajoy se incorpora mañana a su despacho y deberá afrontar el inicio del curso con su credibilidad minada tras casi dos años en La Moncloa, según evidencia cada sondeo de Metroscopia para EL PAÍS. Su rescate ahora no viene de Europa, sino de un grupo parlamentario muy sólido en el que, gracias a la mayoría absoluta, no hay casi fisuras. Le blinda la falta de un mecanismo parlamentario de exigencia de responsabilidad al presidente.
El PP asegura que, sin la presión de una exigencia unánime de comparecencia como se produjo en julio, no solo no teme una hipotética moción de censura sino que entiende que ahora sería muy negativa para Alfredo Pérez Rubalcaba y acabaría definitivamente con su liderazgo en el PSOE. El argumentario del PP y el Gobierno, en la línea marcada por Rajoy en el Congreso, se esfuerza en sobreactuar para presentar el caso como un ataque de Rubalcaba, buscando recuperar la cohesión de los populares frente al adversario exterior. Esa estrategia apunta a un inicio de curso de fuerte confrontación entre el Gobierno y el principal partido de oposición. El PP busca recuperar una fidelidad de voto que ahora está en una cifra récord (por baja) del 35%, según Metroscopia, por el desencanto de los suyos.
El curso que se inicia tiene la notable peculiaridad de ser el que abre la segunda parte de la legislatura, la que Rajoy diseñó para recoger los frutos e intentar recuperarse del enorme desgaste de dos años de recortes. A finales de este año, por ejemplo, el presidente tendrá lista la propuesta de reforma fiscal que entrará en vigor en 2014, pero que el Gobierno espera rentabilizar políticamente en los próximos meses.
En ese tránsito hacia la nueva etapa surge la posibilidad de cambios en el Gobierno y en el partido. A la pregunta de si los habrá a la vuelta del verano, los ministros y dirigentes del PP consultados responden inclinados hacia el no, apoyándose en la reconocida trayectoria de Rajoy y porque esos cambios ahora podrían interpretarse como un reconocimiento de responsabilidades más allá de las aceptadas en el Congreso el 1 de agosto. Pero casi todos ellos añaden que serían necesarios y convenientes para retomar la iniciativa política ante el inicio de la segunda mitad de la legislatura.
También por la necesidad de soltar lastre de dirigentes especialmente quemados por el caso Bárcenas, como Javier Arenas, o de ajustar la estructura para evitar la sobreexposición de Dolores de Cospedal, a falta de un portavoz habitual en el partido. Pero todos vuelven a la premisa: Rajoy no suele dejar a nadie tirado y la lógica y la cadencia de sus tiempos políticos no coincide con la del resto de los mortales.
En el horizonte está la opción del ministro Miguel Arias Cañete como posible candidato en las elecciones europeas de junio, que le obligaría a salir del Gobierno unos meses antes. Y la necesidad de impulsar al PP en Andalucía con un candidato nuevo ante la eventualidad de elecciones anticipadas tras el abandono de José Antonio Griñán. Tan relevante es la influencia de Bárcenas en la agenda política y en los pasos de Rajoy, que los ataques del entorno del extesorero a Alberto Ruiz-Gallardón culpándole de parte de sus males han blindado probablemente al ministro de Justicia, si es que alguna vez se le pasó por la cabeza al presidente la idea de sacarlo del Gobierno. Y está latente el recelo que provoca en el PP que la número dos del Ejecutivo, Soraya Saénz de Santamaría, se esfuerce en quedar al margen del caso, dejando para otros la labor de defensa de Rajoy y preservándose del escándalo. Es casi la única que sale indemne.
Pese a todo, el Gobierno se ha ido este año de vacaciones y, además, ha querido que se sepa. La idea, según un ministro, es aparentar normalidad, que se note que el caso Bárcenas no altera el pulso del Ejecutivo. El año pasado los ministros solo tuvieron dos semanas de vacaciones, con orden de permanecer en España ante el temor de un rescate.
Ahora, significativamente, los ministros económicos han sido los más discretos durante el verano. No se ha hablado de economía, con la única excepción mínima del titular de Industria, José Manuel Soria, y ayer fugazmente el de Economía, Luis de Guindos; y eso que los datos empiezan a ser prometedores o, al menos, parece que la recesión ya ha tocado fondo. Solo ha roto la monotonía del verano del Gobierno el asunto de Gibraltar, sobre el que han hablado el titular de Exteriores y el de Interior, José Manuel García-Margallo y Jorge Fernández, respectivamente, pero jugando a favor de opinión pública. Habrá Consejo de Ministros el día 30.
En el PP, el planning de guardias semanales de sus dirigentes quedó distorsionado por la declaración ante el juez Pablo Ruz de los secretarios generales. Cerrará los turnos esta próxima semana el número tres del partido, Carlos Floriano. El argumentario de los populares, además de la citada referencia a Rubalcaba, incluye el intento de transmitir la idea de que el proceso penal que instruye Ruz está cerca de su final. Durante todo agosto, desde el PP se ha dejado caer que en otoño podría producirse el archivo de la causa, sin más base real que la necesidad de aparentar tranquilidad.
Pero el curso empezará como terminó el anterior, se vuelve a la casilla de salida, pero con mucho más desgaste. Esa apariencia de normalidad que se busca chocará con la realidad política la próxima semana, cuando el martes 27 el caso Bárcenas vuelva a la diputación permanente del Congreso. De nuevo todos los partidos, salvo el PP, recuperarán la posición crítica contra Rajoy y dejarán claro que su comparecencia no zanjó el asunto. Incluso CiU, que fue el partido que mantuvo una posición más tibia, parece dispuesto a volver a pedir explicaciones al presidente del Gobierno.
La siguiente etapa podría ser la votación que pretende forzar el PSOE en el Congreso para reprobar a Rajoy por sus supuestas mentiras sobre Bárcenas. Sería la primera vez que se votara en democracia la reprobación de un presidente del Gobierno, siempre que el PP no la bloquee. El PP explica que tiene intención de no rehuir ya la confrontación sobre el asunto, dando por enterrada la etapa en la que ni se mencionaba el nombre del extesorero. Sí tiene dudas sobre si admitirá a trámite la iniciativa en la Mesa del Congreso, porque ya hay dos mecanismos constitucionales para forzar el cese del presidente: la moción de censura y la de confianza.
Al ecuador de la legislatura el Gobierno de Rajoy llega con casi todos los frentes de confrontación política abiertos. Empezando por la reforma educativa en trámite, que llevará el próximo miércoles al Congreso al contestado ministro José Ignacio Wert para hablar de las becas.
En las próximas semanas, además, el PP quiere abrir formalmente los contactos con el PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Este proceso aplica por primera vez la reforma de Alberto Ruiz-Gallardón, que solo apoyaron los populares y que supone cambiar el modelo del Consejo y abrir la puerta a una renovación parcial en el Senado, solo con los votos del PP, si no hay consenso. A priori, la intención de Rubalcaba es dejar a salvo las instituciones y, por tanto, abrir la puerta a esa negociación a pesar de la ruptura de relaciones con el PP que anunció en julio. En manos de Gallardón está también el impulso de la polémica reforma de la ley del aborto, que cuenta con las reticencias de un sector del PP y del Gobierno.
Como consecuencia del caso Bárcenas, el Gobierno tiene intención de centrar parte de su agenda de septiembre en las medidas anticorrupción que reiteradamente ha anunciado Rajoy desde febrero sin que se hayan concretado hasta ahora. A diferencia de lo que ocurrió en el inicio del anterior curso político, Rajoy arrancará esta vez con una agenda cargada de viajes internacionales. En otoño se desplazará, entre otros, a San Petersburgo y Buenos Aires. No irá al Foro España-China que se celebrará el 12 de septiembre en Pekín. La razón oficial es la agenda de los dirigentes chinos, pero el resultado es que así el presidente estará en España cuando el 11 de septiembre se celebre la Diada en Cataluña, que este año, según la previsión de La Moncloa, será especialmente tensa y difícil. Ese mismo día se producirá la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso, con seguras referencias a Bárcenas en las preguntas de la oposición y a la independencia de Cataluña en las de CiU y ERC. Los dos asuntos que ocuparán a Rajoy en septiembre.
Madrid, El País
Se cuenta que al llegar a La Moncloa Mariano Rajoy se hizo instalar en el iPad una aplicación para seguir al minuto la evolución de la prima de riesgo. Vivía obsesionado con la evolución del diferencial de la deuda española con respecto a la alemana. No quiso tener un vicepresidente económico y casi todas sus energías estaban dirigidas a controlar esos datos macroeconómicos, mirando de reojo la opción de pedir un rescate global a Bruselas.
Hace un año, el presidente del Gobierno se fue de vacaciones con la sombra de ese rescate que en Europa y en España se daba por seguro, con las consecuencias del rescate parcial para la banca que había solicitado en mayo y con una prima de riesgo muy por encima de 500, un nivel insostenible para la economía española. En septiembre de 2012 Rajoy empezó el curso político bajo el signo de la incertidumbre económica y, por eso, limitó al máximo su agenda exterior.
Ahora, ha pasado las vacaciones e iniciará el curso con la prima de riesgo en 250 puntos, sin necesidad de utilizar la aplicación de su tableta. La palabra rescate ha desaparecido de la agenda política y hay algún indicio de que la recesión ha tocado fondo. Pero tiene un lastre que escapa a su control: su prima de riesgo ahora tiene el nombre de su extesorero. Si existiera, Rajoy pediría que le instalaran una aplicación para conocer los movimientos (y pensamientos) de Luis Bárcenas en la cárcel de Soto del Real.
Ni la comparecencia del presidente en el Congreso el 1 de agosto ni las declaraciones ante el juez de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y dos de sus predecesores han servido para calmar las aguas turbulentas del caso. Todo ha ido incluso a peor en lo político, porque en la comparecencia de Rajoy quedaron puntos oscuros o incompatibles con los hechos conocidos (como su relación con el extesorero tras conocerse su cuenta en Suiza) y porque la declaración de Cospedal, Javier Arenas y Francisco Álvarez-Cascos ante el juez abrió heridas internas en el PP y reabrió otras que se creían cicatrizadas. Ni la comparecencia en el Congreso ni las de la Audiencia Nacional han zanjado políticamente el asunto, como pretendía el PP al inicio de agosto.
Sin prima de riesgo que le amargue pero con la incertidumbre sobre Bárcenas, Rajoy se incorpora mañana a su despacho y deberá afrontar el inicio del curso con su credibilidad minada tras casi dos años en La Moncloa, según evidencia cada sondeo de Metroscopia para EL PAÍS. Su rescate ahora no viene de Europa, sino de un grupo parlamentario muy sólido en el que, gracias a la mayoría absoluta, no hay casi fisuras. Le blinda la falta de un mecanismo parlamentario de exigencia de responsabilidad al presidente.
El PP asegura que, sin la presión de una exigencia unánime de comparecencia como se produjo en julio, no solo no teme una hipotética moción de censura sino que entiende que ahora sería muy negativa para Alfredo Pérez Rubalcaba y acabaría definitivamente con su liderazgo en el PSOE. El argumentario del PP y el Gobierno, en la línea marcada por Rajoy en el Congreso, se esfuerza en sobreactuar para presentar el caso como un ataque de Rubalcaba, buscando recuperar la cohesión de los populares frente al adversario exterior. Esa estrategia apunta a un inicio de curso de fuerte confrontación entre el Gobierno y el principal partido de oposición. El PP busca recuperar una fidelidad de voto que ahora está en una cifra récord (por baja) del 35%, según Metroscopia, por el desencanto de los suyos.
El curso que se inicia tiene la notable peculiaridad de ser el que abre la segunda parte de la legislatura, la que Rajoy diseñó para recoger los frutos e intentar recuperarse del enorme desgaste de dos años de recortes. A finales de este año, por ejemplo, el presidente tendrá lista la propuesta de reforma fiscal que entrará en vigor en 2014, pero que el Gobierno espera rentabilizar políticamente en los próximos meses.
En ese tránsito hacia la nueva etapa surge la posibilidad de cambios en el Gobierno y en el partido. A la pregunta de si los habrá a la vuelta del verano, los ministros y dirigentes del PP consultados responden inclinados hacia el no, apoyándose en la reconocida trayectoria de Rajoy y porque esos cambios ahora podrían interpretarse como un reconocimiento de responsabilidades más allá de las aceptadas en el Congreso el 1 de agosto. Pero casi todos ellos añaden que serían necesarios y convenientes para retomar la iniciativa política ante el inicio de la segunda mitad de la legislatura.
También por la necesidad de soltar lastre de dirigentes especialmente quemados por el caso Bárcenas, como Javier Arenas, o de ajustar la estructura para evitar la sobreexposición de Dolores de Cospedal, a falta de un portavoz habitual en el partido. Pero todos vuelven a la premisa: Rajoy no suele dejar a nadie tirado y la lógica y la cadencia de sus tiempos políticos no coincide con la del resto de los mortales.
En el horizonte está la opción del ministro Miguel Arias Cañete como posible candidato en las elecciones europeas de junio, que le obligaría a salir del Gobierno unos meses antes. Y la necesidad de impulsar al PP en Andalucía con un candidato nuevo ante la eventualidad de elecciones anticipadas tras el abandono de José Antonio Griñán. Tan relevante es la influencia de Bárcenas en la agenda política y en los pasos de Rajoy, que los ataques del entorno del extesorero a Alberto Ruiz-Gallardón culpándole de parte de sus males han blindado probablemente al ministro de Justicia, si es que alguna vez se le pasó por la cabeza al presidente la idea de sacarlo del Gobierno. Y está latente el recelo que provoca en el PP que la número dos del Ejecutivo, Soraya Saénz de Santamaría, se esfuerce en quedar al margen del caso, dejando para otros la labor de defensa de Rajoy y preservándose del escándalo. Es casi la única que sale indemne.
Pese a todo, el Gobierno se ha ido este año de vacaciones y, además, ha querido que se sepa. La idea, según un ministro, es aparentar normalidad, que se note que el caso Bárcenas no altera el pulso del Ejecutivo. El año pasado los ministros solo tuvieron dos semanas de vacaciones, con orden de permanecer en España ante el temor de un rescate.
Ahora, significativamente, los ministros económicos han sido los más discretos durante el verano. No se ha hablado de economía, con la única excepción mínima del titular de Industria, José Manuel Soria, y ayer fugazmente el de Economía, Luis de Guindos; y eso que los datos empiezan a ser prometedores o, al menos, parece que la recesión ya ha tocado fondo. Solo ha roto la monotonía del verano del Gobierno el asunto de Gibraltar, sobre el que han hablado el titular de Exteriores y el de Interior, José Manuel García-Margallo y Jorge Fernández, respectivamente, pero jugando a favor de opinión pública. Habrá Consejo de Ministros el día 30.
En el PP, el planning de guardias semanales de sus dirigentes quedó distorsionado por la declaración ante el juez Pablo Ruz de los secretarios generales. Cerrará los turnos esta próxima semana el número tres del partido, Carlos Floriano. El argumentario de los populares, además de la citada referencia a Rubalcaba, incluye el intento de transmitir la idea de que el proceso penal que instruye Ruz está cerca de su final. Durante todo agosto, desde el PP se ha dejado caer que en otoño podría producirse el archivo de la causa, sin más base real que la necesidad de aparentar tranquilidad.
Pero el curso empezará como terminó el anterior, se vuelve a la casilla de salida, pero con mucho más desgaste. Esa apariencia de normalidad que se busca chocará con la realidad política la próxima semana, cuando el martes 27 el caso Bárcenas vuelva a la diputación permanente del Congreso. De nuevo todos los partidos, salvo el PP, recuperarán la posición crítica contra Rajoy y dejarán claro que su comparecencia no zanjó el asunto. Incluso CiU, que fue el partido que mantuvo una posición más tibia, parece dispuesto a volver a pedir explicaciones al presidente del Gobierno.
La siguiente etapa podría ser la votación que pretende forzar el PSOE en el Congreso para reprobar a Rajoy por sus supuestas mentiras sobre Bárcenas. Sería la primera vez que se votara en democracia la reprobación de un presidente del Gobierno, siempre que el PP no la bloquee. El PP explica que tiene intención de no rehuir ya la confrontación sobre el asunto, dando por enterrada la etapa en la que ni se mencionaba el nombre del extesorero. Sí tiene dudas sobre si admitirá a trámite la iniciativa en la Mesa del Congreso, porque ya hay dos mecanismos constitucionales para forzar el cese del presidente: la moción de censura y la de confianza.
Al ecuador de la legislatura el Gobierno de Rajoy llega con casi todos los frentes de confrontación política abiertos. Empezando por la reforma educativa en trámite, que llevará el próximo miércoles al Congreso al contestado ministro José Ignacio Wert para hablar de las becas.
En las próximas semanas, además, el PP quiere abrir formalmente los contactos con el PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Este proceso aplica por primera vez la reforma de Alberto Ruiz-Gallardón, que solo apoyaron los populares y que supone cambiar el modelo del Consejo y abrir la puerta a una renovación parcial en el Senado, solo con los votos del PP, si no hay consenso. A priori, la intención de Rubalcaba es dejar a salvo las instituciones y, por tanto, abrir la puerta a esa negociación a pesar de la ruptura de relaciones con el PP que anunció en julio. En manos de Gallardón está también el impulso de la polémica reforma de la ley del aborto, que cuenta con las reticencias de un sector del PP y del Gobierno.
Como consecuencia del caso Bárcenas, el Gobierno tiene intención de centrar parte de su agenda de septiembre en las medidas anticorrupción que reiteradamente ha anunciado Rajoy desde febrero sin que se hayan concretado hasta ahora. A diferencia de lo que ocurrió en el inicio del anterior curso político, Rajoy arrancará esta vez con una agenda cargada de viajes internacionales. En otoño se desplazará, entre otros, a San Petersburgo y Buenos Aires. No irá al Foro España-China que se celebrará el 12 de septiembre en Pekín. La razón oficial es la agenda de los dirigentes chinos, pero el resultado es que así el presidente estará en España cuando el 11 de septiembre se celebre la Diada en Cataluña, que este año, según la previsión de La Moncloa, será especialmente tensa y difícil. Ese mismo día se producirá la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso, con seguras referencias a Bárcenas en las preguntas de la oposición y a la independencia de Cataluña en las de CiU y ERC. Los dos asuntos que ocuparán a Rajoy en septiembre.
