El PSOE rechaza exigir responsabilidades políticas por el accidente de Santiago
IU y el BNG quieren que el Congreso cree una comisión de investigación
Fomento anuncia una comisión técnica de asesoría ferroviaria que hoy se reúne por primera vez
Anabel Díez
Madrid, El País
Millones de españoles cogen el tren en estos días; otros tantos ciudadanos extranjeros utilizan la red ferroviaria, y el sector del ferrocarril es puntero en las exportaciones españolas. Estas son las razones citadas por el PSOE para justificar que no planteará una batalla política ni pedirá responsabilidades al Gobierno por el accidente ferroviario del 24 de julio en Santiago. Esta actitud se pondrá de manifiesto en breve, cuando se sometan a votación en el Congreso las peticiones para crear una comisión de investigación, solicitada por Izquierda Unida y el BNG.
"Apoyaremos una comisión de estudio, pero no si se trata de depurar responsabilidades políticas", advierte el portavoz de Fomento del Grupo Socialista y responsable federal de Formación del PSOE, Rafael Simancas. El líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha dado instrucciones a su partido para actuar "con la máxima responsabilidad". Las seguirán los próximos jueves y viernes, cuando comparezcan en el Congreso los máximos representantes de Renfe y Adif y la ministra de Fomento, Ana Pastor.
No le extraña al BNG esta posición: "Los dos Gobiernos, el del PSOE y el del PP, tienen responsabilidad en el deficiente estado de las infraestructuras en Galicia", afirma la portavoz de Fomento del grupo nacionalista gallego en el Congreso, Rosana Pérez. "Nosotros no pedimos a priori responsabilidades políticas, pero si de la investigación se deriva que las hay, claro que las exigiremos", apostilla.
La menor o mayor prudencia y moderación de los grupos no invalida el criterio general de que "tiene que haber un antes y un después" de ese accidente y que del mismo se deben derivar cambios importantes. Así lo reconocen el portavoz socialista Rafael Simancas, el diputado de IU Gaspar Llamazares y la parlamentaria del BNG Rosana Pérez, que escucharán y replicarán el viernes a la ministra y, el día anterior, a los presidentes de Renfe y Adif, Julio Gómez-Pomar y Gonzalo Ferre. El portavoz socialista prepara su intervención en varios bloques de peticiones. Entre ellas, destacan la de un cambio en los protocolos de actuación en cabina y la revisión tecnológica para que la seguridad no dependa exclusivamente de la pericia del conductor, de manera que el fallo humano sea inexorablemente determinante en un accidente. Estas peticiones las esgrimen también el resto de los grupos. La vuelta a que en cabina vayan dos maquinistas va a ser una solicitud general, así como un cambio en los protocolos de actuación de los conductores respecto a cuándo pueden utilizar el teléfono.
A proveedores y fabricantes se les pedirá que tecnológicamente preparen los trenes para que pueda programarse la velocidad a la que deben circular y los límites en zonas complicadas, como en la que ocurrió el accidente, explica Simancas.
El foco de la responsabilidad se ha puesto en el maquinista, "pero no es la única; hay otras, que pueden ser políticas, al haber inaugurado un trazado que llaman de alta velocidad cuando ahora Renfe y Adif dicen que no es de alta velocidad", afirma Rosana Pérez. Como prueba de que hay aspectos importantes que cambiar, los portavoces mencionan medidas que ya ha anunciado el Ministerio de Fomento, tales como la instalación de freno automático en tramos de riesgo.
Además de las dos investigaciones abiertas, la judicial y la técnica del Ministerio de Fomento, falta la parlamentaria, reivindican Llamazares y Rosana Pérez. "Tenemos decenas de preguntas que hacer sobre lo que ha ocurrido, entre ellas si ha habido denuncias previas sobre el trazado y la ausencia de señalización del descenso de velocidad", señala Llamazares. Pero los portavoces se van a encontrar el jueves con la existencia de una nueva comisión de carácter técnico que el Ministerio de Fomento anunció ayer y cuya primera reunión se celebrará hoy. Se trata de una comisión destinada "al asesoramiento en materia ferroviaria", que tiene seis meses para elaborar un informe exhaustivo del sector ferroviario en España con medidas para reforzar la seguridad.
Fomento anuncia una comisión técnica de asesoría ferroviaria que hoy se reúne por primera vez
Madrid, El País
Millones de españoles cogen el tren en estos días; otros tantos ciudadanos extranjeros utilizan la red ferroviaria, y el sector del ferrocarril es puntero en las exportaciones españolas. Estas son las razones citadas por el PSOE para justificar que no planteará una batalla política ni pedirá responsabilidades al Gobierno por el accidente ferroviario del 24 de julio en Santiago. Esta actitud se pondrá de manifiesto en breve, cuando se sometan a votación en el Congreso las peticiones para crear una comisión de investigación, solicitada por Izquierda Unida y el BNG.
"Apoyaremos una comisión de estudio, pero no si se trata de depurar responsabilidades políticas", advierte el portavoz de Fomento del Grupo Socialista y responsable federal de Formación del PSOE, Rafael Simancas. El líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha dado instrucciones a su partido para actuar "con la máxima responsabilidad". Las seguirán los próximos jueves y viernes, cuando comparezcan en el Congreso los máximos representantes de Renfe y Adif y la ministra de Fomento, Ana Pastor.
No le extraña al BNG esta posición: "Los dos Gobiernos, el del PSOE y el del PP, tienen responsabilidad en el deficiente estado de las infraestructuras en Galicia", afirma la portavoz de Fomento del grupo nacionalista gallego en el Congreso, Rosana Pérez. "Nosotros no pedimos a priori responsabilidades políticas, pero si de la investigación se deriva que las hay, claro que las exigiremos", apostilla.
La menor o mayor prudencia y moderación de los grupos no invalida el criterio general de que "tiene que haber un antes y un después" de ese accidente y que del mismo se deben derivar cambios importantes. Así lo reconocen el portavoz socialista Rafael Simancas, el diputado de IU Gaspar Llamazares y la parlamentaria del BNG Rosana Pérez, que escucharán y replicarán el viernes a la ministra y, el día anterior, a los presidentes de Renfe y Adif, Julio Gómez-Pomar y Gonzalo Ferre. El portavoz socialista prepara su intervención en varios bloques de peticiones. Entre ellas, destacan la de un cambio en los protocolos de actuación en cabina y la revisión tecnológica para que la seguridad no dependa exclusivamente de la pericia del conductor, de manera que el fallo humano sea inexorablemente determinante en un accidente. Estas peticiones las esgrimen también el resto de los grupos. La vuelta a que en cabina vayan dos maquinistas va a ser una solicitud general, así como un cambio en los protocolos de actuación de los conductores respecto a cuándo pueden utilizar el teléfono.
A proveedores y fabricantes se les pedirá que tecnológicamente preparen los trenes para que pueda programarse la velocidad a la que deben circular y los límites en zonas complicadas, como en la que ocurrió el accidente, explica Simancas.
El foco de la responsabilidad se ha puesto en el maquinista, "pero no es la única; hay otras, que pueden ser políticas, al haber inaugurado un trazado que llaman de alta velocidad cuando ahora Renfe y Adif dicen que no es de alta velocidad", afirma Rosana Pérez. Como prueba de que hay aspectos importantes que cambiar, los portavoces mencionan medidas que ya ha anunciado el Ministerio de Fomento, tales como la instalación de freno automático en tramos de riesgo.
Además de las dos investigaciones abiertas, la judicial y la técnica del Ministerio de Fomento, falta la parlamentaria, reivindican Llamazares y Rosana Pérez. "Tenemos decenas de preguntas que hacer sobre lo que ha ocurrido, entre ellas si ha habido denuncias previas sobre el trazado y la ausencia de señalización del descenso de velocidad", señala Llamazares. Pero los portavoces se van a encontrar el jueves con la existencia de una nueva comisión de carácter técnico que el Ministerio de Fomento anunció ayer y cuya primera reunión se celebrará hoy. Se trata de una comisión destinada "al asesoramiento en materia ferroviaria", que tiene seis meses para elaborar un informe exhaustivo del sector ferroviario en España con medidas para reforzar la seguridad.
