Cospedal se desmarca de las cuentas del PP y del trato dado a Bárcenas
La secretaria general niega la contabilidad b del PP y los cobros que le atribuye el extesorero
Bárcenas afirmó en julio que entregó a ella ya a Rajoy 95.000 euros en billetes de 500
La número dos dice que luego fue informada de que se le debía pagar la indemnización
Fernando J. Pérez
Madrid, El País
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, se lanzó este miércoles con vehemencia por la senda abierta el martes por sus antecesores en el cargo Javier Arenas y Francisco Álvarez-Cascos en su declaración como testigo en el caso de los papeles de Bárcenas, la contabilidad secreta del extesorero del PP. La número dos de la formación conservadora se protegió del escándalo de los donativos irregulares y los sobresueldos opacos por una vía no exenta de riesgo político: admitir la absoluta falta de control de las cuentas del partido por parte de la cúpula de Génova 13. Cospedal trató en todo momento de mantener al presidente del partido y del Gobierno, Mariano Rajoy, al margen de cualquier decisión económica. “Ha sido una defensa del jefe en toda regla”, asegura un letrado presente en la declaración.
Durante las dos horas y media que duró su interrogatorio en la Audiencia Nacional ante el juez Pablo Ruz, Cospedal sostuvo que la gestión de los fondos del PP residía en exclusiva en los sucesivos tesoreros, a los que, al parecer, no se pedía que rindieran cuentas de su gestión. Según varios abogados presentes en la declaración, Cospedal explicó al juez que no existía ningún control ajeno a la tesorería en una formación que recibió no menos de 993 millones de euros de subvenciones públicas para su funcionamiento entre 1995 y 2011. Todos los responsables de las finanzas del PP excepto la actual, Carmen Navarro, que asumió el cargo el pasado enero, se han visto envueltos en distintos causas de financiación ilegal del partido. El penúltimo y más celebre de ellos, Luis Bárcenas, se encuentra en prisión desde el 27 de junio.
La secretaria general, nombrada tras el Congreso del PP de Valencia del año 2008, trató de justificar esta ausencia de controles de los fondos por parte de la cúpula directiva en los propios estatutos del partido. Según ella, el control del dinero correspondía en exclusiva a la tesorería. Sin embargo, las normas de funcionamiento del PP establecen en su artículo 42 que al secretario general le corresponde “la dirección de todos los servicios del partido y la jefatura de su personal”. Los estatutos no hacen referencia alguna a una supuesta independencia o autonomía de gestión del tesorero. Es más, en su artículo 45 se deja claro que el responsable de las finanzas desarrollará las funciones que legalmente le correspondan y “aquellas que le encomiende el Comité Ejecutivo”, del que depende orgánicamente.
Cospedal no tuvo responsabilidad en las cuentas, pero reconoció que ejerció las funciones de tesorera durante ocho meses tras la salida de Bárcenas del cargo, en marzo de 2010, y la toma de posesión de José Manuel Romay Beccaría, presidente del Consejo de Estado, como encargado de las finanzas.
El orden del día de la declaración tenía varios puntos de interés. El pasado 15 de julio, el extesorero Bárcenas declaró que entre los años 2009 y 2010 entregó a Rajoy y Cospedal 95.000 euros en metálico a cada uno como sobresueldo. Cospedal, al igual que ya hizo públicamente ese mismo día, negó de forma tajante ante el juez esta acusación del extesorero popular.
Al igual que ya hicieron el martes sus antecesores en el cargo Cascos y Arenas, Cospedal rechazó que el PP tuviera una contabilidad b, y aseguró que no tuvo conocimiento de la existencia de los papeles de Bárcenas, cuya veracidad rechazó en un principio, hasta que EL PAÍS los publicó el pasado 31 de enero.
Otra pregunta esperada tenía que ver con la supuesta comisión de 200.000 euros que los populares de Castilla-La Mancha, presididos por Cospedal, recibieron para la campaña electoral de 2007 por parte de Sacyr a cambio supuestamente de la concesión del servicio de recogida de basuras de Toledo.
Esta presunta mordida a cambio de un contrato valorado en 43 millones de euros quedó reflejada en un recibí que Bárcenas aportó al juzgado en su declaración del pasado 15 de julio. Ante el juez, Bárcenas explicó que Cospedal se encargó de poner en contacto al ahora expresidente de Sacyr, el empresario Luis del Rivero, y al consejero delegado de la firma, Manuel Manrique, con Vicente Tirado, secretario general del PP de Castilla-La Mancha.
Según fuentes jurídicas, fue el propio magistrado instructor el primero en preguntar a Cospedal por este supuesto pago, que la secretaria general del PP negó con rotundidad. Sin embargo, cuando los abogados de las acusaciones intentaron profundizar en el asunto, el magistrado impidió nuevas preguntas en atención a que está pendiente de resolverse la práctica de diligencias para aclarar su veracidad, informaron fuentes jurídicas. Según varios abogados, el juez Ruz “bajó el listón” de las preguntas improcedentes y rechazó varias cuestiones planteadas por las acusaciones populares, entre ellas una referida a los 500.000 euros de indemnización por despido que percibió el antiguo gerente del PP Cristóbal Páez, que el martes reconoció haber cobrado los 12.000 euros que figuran a su nombre en las cuentas secretas de Bárcenas.
Otro punto de atención de los abogados fue las condiciones para la salida de Bárcenas como tesorero del PP en marzo de 2010. Cospedal se desligó absolutamente de las negociaciones para el despido del encargado de las finanzas tras su imputación en el caso Gürtel de corrupción. Explicó que Mariano Rajoy le informó de que Luis Bárcenas mantendría una sala para su cajas y documentos, un chófer y una secretaria como parte de un acuerdo por su despido.
Según varios abogados presentes en la declaración, la número dos de la formación conservadora señaló también que le comunicaron, aunque no aclaró quién, que a Bárcenas habría que pagarle la indemnización por despido mediante la fórmula de mantenerle en la nómina del partido, lo que el pasado 25 de febrero Cospedal calificó de “indemnización en diferido”, una figura jurídica inexistente. La secretaria general ha afirmado que no tuvo constancia de la reunión de marzo de 2010 en la que supuestamente Rajoy y Javier Arenas pactaron con Bárcenas su salida.
Dirigentes populares caso, vinculan la declaración de Cospedal precisamente a las tensiones de esa época, cuando las diferencias entre la secretaria general y Arenas, veterano hombre fuerte del partido, se exacerbaron a cuenta del trato que la dirección debía dar a Bárcenas. En ese contexto, en marzo de ese año, se celebró ese encuentro, del que informó EL PAÍS, entre el antiguo responsable de finanzas, Arenas y Rajoy. La número dos del PP fue, según la versión más extendida en el partido, quien forzó a Bárcenas a que dejara su cargo y que dimitiera. Y Arenas, amigo del extesorero, defendió la necesidad de mantener una buena relación con él. Las respuestas de Cospedal, con las que elude toda responsabilidad en ese proceso, causaron malestar en un sector del partido. El entorno más próximo a la secretaria general, como el PP de Castilla-La Mancha, calificó en cambio de “transparente y valiente” esa actidud, puesto que considera que ella “no tiene nada que ocultar”.
Bárcenas afirmó en julio que entregó a ella ya a Rajoy 95.000 euros en billetes de 500
La número dos dice que luego fue informada de que se le debía pagar la indemnización
Madrid, El País
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, se lanzó este miércoles con vehemencia por la senda abierta el martes por sus antecesores en el cargo Javier Arenas y Francisco Álvarez-Cascos en su declaración como testigo en el caso de los papeles de Bárcenas, la contabilidad secreta del extesorero del PP. La número dos de la formación conservadora se protegió del escándalo de los donativos irregulares y los sobresueldos opacos por una vía no exenta de riesgo político: admitir la absoluta falta de control de las cuentas del partido por parte de la cúpula de Génova 13. Cospedal trató en todo momento de mantener al presidente del partido y del Gobierno, Mariano Rajoy, al margen de cualquier decisión económica. “Ha sido una defensa del jefe en toda regla”, asegura un letrado presente en la declaración.
Durante las dos horas y media que duró su interrogatorio en la Audiencia Nacional ante el juez Pablo Ruz, Cospedal sostuvo que la gestión de los fondos del PP residía en exclusiva en los sucesivos tesoreros, a los que, al parecer, no se pedía que rindieran cuentas de su gestión. Según varios abogados presentes en la declaración, Cospedal explicó al juez que no existía ningún control ajeno a la tesorería en una formación que recibió no menos de 993 millones de euros de subvenciones públicas para su funcionamiento entre 1995 y 2011. Todos los responsables de las finanzas del PP excepto la actual, Carmen Navarro, que asumió el cargo el pasado enero, se han visto envueltos en distintos causas de financiación ilegal del partido. El penúltimo y más celebre de ellos, Luis Bárcenas, se encuentra en prisión desde el 27 de junio.
La secretaria general, nombrada tras el Congreso del PP de Valencia del año 2008, trató de justificar esta ausencia de controles de los fondos por parte de la cúpula directiva en los propios estatutos del partido. Según ella, el control del dinero correspondía en exclusiva a la tesorería. Sin embargo, las normas de funcionamiento del PP establecen en su artículo 42 que al secretario general le corresponde “la dirección de todos los servicios del partido y la jefatura de su personal”. Los estatutos no hacen referencia alguna a una supuesta independencia o autonomía de gestión del tesorero. Es más, en su artículo 45 se deja claro que el responsable de las finanzas desarrollará las funciones que legalmente le correspondan y “aquellas que le encomiende el Comité Ejecutivo”, del que depende orgánicamente.
Cospedal no tuvo responsabilidad en las cuentas, pero reconoció que ejerció las funciones de tesorera durante ocho meses tras la salida de Bárcenas del cargo, en marzo de 2010, y la toma de posesión de José Manuel Romay Beccaría, presidente del Consejo de Estado, como encargado de las finanzas.
El orden del día de la declaración tenía varios puntos de interés. El pasado 15 de julio, el extesorero Bárcenas declaró que entre los años 2009 y 2010 entregó a Rajoy y Cospedal 95.000 euros en metálico a cada uno como sobresueldo. Cospedal, al igual que ya hizo públicamente ese mismo día, negó de forma tajante ante el juez esta acusación del extesorero popular.
Al igual que ya hicieron el martes sus antecesores en el cargo Cascos y Arenas, Cospedal rechazó que el PP tuviera una contabilidad b, y aseguró que no tuvo conocimiento de la existencia de los papeles de Bárcenas, cuya veracidad rechazó en un principio, hasta que EL PAÍS los publicó el pasado 31 de enero.
Otra pregunta esperada tenía que ver con la supuesta comisión de 200.000 euros que los populares de Castilla-La Mancha, presididos por Cospedal, recibieron para la campaña electoral de 2007 por parte de Sacyr a cambio supuestamente de la concesión del servicio de recogida de basuras de Toledo.
Esta presunta mordida a cambio de un contrato valorado en 43 millones de euros quedó reflejada en un recibí que Bárcenas aportó al juzgado en su declaración del pasado 15 de julio. Ante el juez, Bárcenas explicó que Cospedal se encargó de poner en contacto al ahora expresidente de Sacyr, el empresario Luis del Rivero, y al consejero delegado de la firma, Manuel Manrique, con Vicente Tirado, secretario general del PP de Castilla-La Mancha.
Según fuentes jurídicas, fue el propio magistrado instructor el primero en preguntar a Cospedal por este supuesto pago, que la secretaria general del PP negó con rotundidad. Sin embargo, cuando los abogados de las acusaciones intentaron profundizar en el asunto, el magistrado impidió nuevas preguntas en atención a que está pendiente de resolverse la práctica de diligencias para aclarar su veracidad, informaron fuentes jurídicas. Según varios abogados, el juez Ruz “bajó el listón” de las preguntas improcedentes y rechazó varias cuestiones planteadas por las acusaciones populares, entre ellas una referida a los 500.000 euros de indemnización por despido que percibió el antiguo gerente del PP Cristóbal Páez, que el martes reconoció haber cobrado los 12.000 euros que figuran a su nombre en las cuentas secretas de Bárcenas.
Otro punto de atención de los abogados fue las condiciones para la salida de Bárcenas como tesorero del PP en marzo de 2010. Cospedal se desligó absolutamente de las negociaciones para el despido del encargado de las finanzas tras su imputación en el caso Gürtel de corrupción. Explicó que Mariano Rajoy le informó de que Luis Bárcenas mantendría una sala para su cajas y documentos, un chófer y una secretaria como parte de un acuerdo por su despido.
Según varios abogados presentes en la declaración, la número dos de la formación conservadora señaló también que le comunicaron, aunque no aclaró quién, que a Bárcenas habría que pagarle la indemnización por despido mediante la fórmula de mantenerle en la nómina del partido, lo que el pasado 25 de febrero Cospedal calificó de “indemnización en diferido”, una figura jurídica inexistente. La secretaria general ha afirmado que no tuvo constancia de la reunión de marzo de 2010 en la que supuestamente Rajoy y Javier Arenas pactaron con Bárcenas su salida.
Dirigentes populares caso, vinculan la declaración de Cospedal precisamente a las tensiones de esa época, cuando las diferencias entre la secretaria general y Arenas, veterano hombre fuerte del partido, se exacerbaron a cuenta del trato que la dirección debía dar a Bárcenas. En ese contexto, en marzo de ese año, se celebró ese encuentro, del que informó EL PAÍS, entre el antiguo responsable de finanzas, Arenas y Rajoy. La número dos del PP fue, según la versión más extendida en el partido, quien forzó a Bárcenas a que dejara su cargo y que dimitiera. Y Arenas, amigo del extesorero, defendió la necesidad de mantener una buena relación con él. Las respuestas de Cospedal, con las que elude toda responsabilidad en ese proceso, causaron malestar en un sector del partido. El entorno más próximo a la secretaria general, como el PP de Castilla-La Mancha, calificó en cambio de “transparente y valiente” esa actidud, puesto que considera que ella “no tiene nada que ocultar”.
