Cameron pide a la Comisión Europea el envío urgente de observadores a Gibraltar
-El primer ministro británico ha telefoneado hoy a Barroso
-Rajoy hablará en las próximas horas con el presidente de la Comisión Europea
-El viceprimer ministro conversó por teléfono con Sáenz de Santamaría
Patricia Tubella / Luis Doncel
Londres / Bruselas, EL País
En una creciente escalada de tono sobre el contencioso de Gibraltar, el primer ministro británico, David Cameron, ha reclamado el envío “urgente” de observadores de la Unión Europea para que evalúen los controles españoles en la Verja, que el Reino Unido considera “desproporcionados, ilegítimos y políticamente motivados”. Cameron, que formuló este viernes esta demanda al presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel Durão Barroso, asegura que su Gobierno está reuniendo pruebas para demostrar que esos estrictos controles policiales violan la normativa europea.
En su conversación telefónica con Durão Barroso, Cameron sostuvo que las acciones del Ejecutivo español, “de naturaleza esporádica” y “contrarias al derecho de libre movimiento en la UE”, exigen una intervención de la Comisión en su condición de “guardiana de los tratados”. Su interlocutor le explicó que Bruselas sigue de cerca la situación del conflicto y hará lo que esté dentro de sus competencias para asegurar que se respetan las normas europeas, al tiempo que apelaba a los dos países afectados —el Reino Unido y España— a que actúen de acuerdo con su pertenencia a la UE.
Los portavoces de la Comisión no se pronuncian, por el momento, sobre la petición británica sobre el caso de Gibraltar. Bruselas ya ha señalado que una delegación de funcionarios europeos visitará el Peñón después del verano —probablemente en octubre— para cerciorarse de que se respetan las normas europeas.
El apremio de Cameron responde a su frustración por haber creído resuelto el problema de los controles de entrada y salida del Peñón tras la conversación telefónica mantenida hace dos semanas con el jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy. Pero no fue así, las colas siguen reproduciéndose a diario en la verja que separa España de la colonia, mientras Madrid sigue negando que esas medidas entrañen una represalia por que Gibraltar haya instalado 70 grandes bloques de hormigón en la bahía de Algeciras que impiden la pesca a una flota española de unos 50 barcos. España justifica la presión policial asegurando que es un arma esencial ante el incremento del contrabando de tabaco procedente del Peñón y, además, esgrime que es legal.
La Comisión recuerda que España tiene derecho a imponer controles en su frontera con Gibraltar, ya que si bien este territorio británico de ultramar forma parte de la Unión Europea, no participa del convenio de Schengen (el espacio europeo sin fronteras). Los responsables comunitarios insisten, eso sí, en que estos controles han de ser proporcionados. Pese a que no hay ninguna declaración pública al respecto, fuentes europeas reconocen en privado que las trabas a la circulación de personas y mercancías que ponen las autoridades españolas están muy cerca de traspasar los límites de la “proporcionalidad”.
Tras el apremio de Cameron sobre la Comisión Europea, el presidente Rajoy va a conversar en las próximas horas —previsiblemente hoy— con Durão Barroso, según han confirmado fuentes de La Moncloa. Estas no han querido pronunciarse sobre la petición de Cameron, a la espera de lo que hablen Rajoy y Barroso.
No obstante, fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores insisten en que todas las medidas adoptadas por España cumplen con la legalidad y que los controles policiales sobre los vehículos que cruzan la Verja son irrenunciables. Para remachar este argumento, fuentes diplomáticas recalcan que España está en su derecho y obligada a llevar a cabo dichos controles, que “no son obstáculo” a la libre circulación de mercancías o personas.
Por último, el viceprimer ministro británico, el liberal demócrata Nick Clegg, conversó por teléfono por la tarde de este viernes con su homóloga española, Soraya Sáenz de Santamaría, para exponerle las inquietudes de su Gobierno, que desde principios de la presente semana asegura que está preparando “acciones legales sin precedentes”. Fuentes gubernamentales rehusaron revelar el contenido de este contacto, pero otras fuentes afirman que fue muy protocolario y sin resultados concretos.
-Rajoy hablará en las próximas horas con el presidente de la Comisión Europea
-El viceprimer ministro conversó por teléfono con Sáenz de Santamaría
Londres / Bruselas, EL País
En una creciente escalada de tono sobre el contencioso de Gibraltar, el primer ministro británico, David Cameron, ha reclamado el envío “urgente” de observadores de la Unión Europea para que evalúen los controles españoles en la Verja, que el Reino Unido considera “desproporcionados, ilegítimos y políticamente motivados”. Cameron, que formuló este viernes esta demanda al presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel Durão Barroso, asegura que su Gobierno está reuniendo pruebas para demostrar que esos estrictos controles policiales violan la normativa europea.
En su conversación telefónica con Durão Barroso, Cameron sostuvo que las acciones del Ejecutivo español, “de naturaleza esporádica” y “contrarias al derecho de libre movimiento en la UE”, exigen una intervención de la Comisión en su condición de “guardiana de los tratados”. Su interlocutor le explicó que Bruselas sigue de cerca la situación del conflicto y hará lo que esté dentro de sus competencias para asegurar que se respetan las normas europeas, al tiempo que apelaba a los dos países afectados —el Reino Unido y España— a que actúen de acuerdo con su pertenencia a la UE.
Los portavoces de la Comisión no se pronuncian, por el momento, sobre la petición británica sobre el caso de Gibraltar. Bruselas ya ha señalado que una delegación de funcionarios europeos visitará el Peñón después del verano —probablemente en octubre— para cerciorarse de que se respetan las normas europeas.
El apremio de Cameron responde a su frustración por haber creído resuelto el problema de los controles de entrada y salida del Peñón tras la conversación telefónica mantenida hace dos semanas con el jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy. Pero no fue así, las colas siguen reproduciéndose a diario en la verja que separa España de la colonia, mientras Madrid sigue negando que esas medidas entrañen una represalia por que Gibraltar haya instalado 70 grandes bloques de hormigón en la bahía de Algeciras que impiden la pesca a una flota española de unos 50 barcos. España justifica la presión policial asegurando que es un arma esencial ante el incremento del contrabando de tabaco procedente del Peñón y, además, esgrime que es legal.
La Comisión recuerda que España tiene derecho a imponer controles en su frontera con Gibraltar, ya que si bien este territorio británico de ultramar forma parte de la Unión Europea, no participa del convenio de Schengen (el espacio europeo sin fronteras). Los responsables comunitarios insisten, eso sí, en que estos controles han de ser proporcionados. Pese a que no hay ninguna declaración pública al respecto, fuentes europeas reconocen en privado que las trabas a la circulación de personas y mercancías que ponen las autoridades españolas están muy cerca de traspasar los límites de la “proporcionalidad”.
Tras el apremio de Cameron sobre la Comisión Europea, el presidente Rajoy va a conversar en las próximas horas —previsiblemente hoy— con Durão Barroso, según han confirmado fuentes de La Moncloa. Estas no han querido pronunciarse sobre la petición de Cameron, a la espera de lo que hablen Rajoy y Barroso.
No obstante, fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores insisten en que todas las medidas adoptadas por España cumplen con la legalidad y que los controles policiales sobre los vehículos que cruzan la Verja son irrenunciables. Para remachar este argumento, fuentes diplomáticas recalcan que España está en su derecho y obligada a llevar a cabo dichos controles, que “no son obstáculo” a la libre circulación de mercancías o personas.
Por último, el viceprimer ministro británico, el liberal demócrata Nick Clegg, conversó por teléfono por la tarde de este viernes con su homóloga española, Soraya Sáenz de Santamaría, para exponerle las inquietudes de su Gobierno, que desde principios de la presente semana asegura que está preparando “acciones legales sin precedentes”. Fuentes gubernamentales rehusaron revelar el contenido de este contacto, pero otras fuentes afirman que fue muy protocolario y sin resultados concretos.
