Gobierno de Brasil reafirma su compromiso con una reforma política
Brasilia, EP
El vicepresidente de Brasil, Michel Temer, ha reafirmado el compromiso del Gobierno de llevar a cabo una reforma política y ha insistido en que "lo ideal" sería que estuviera vigente para las elecciones generales del próximo año, después de que retrasara la fecha, provocando una crítica generalizada.
A la salida de la reunión que ha mantenido este jueves con los socios del Gobierno en la Cámara de Diputados, Temer ha descartado que se pueda celebrar un plebiscito sobre la reforma política para que pueda estar vigente en los comicios de 2014, por la falta de apoyo parlamentario.
Estas declaraciones han hecho que la oposición en el Congreso haya acusado al Gobierno de dar marcha atrás en su promesa de reforma política, que ha contribuido, en gran medida, a calmar a los manifestantes en las calles.
En respuesta, Temer ha emitido un comunicado aclarando que dichas declaraciones solo "reflejaban la opinión de algunos líderes de la base aliada del Gobierno en la Cámara de Diputados sobre los plazos indicados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para la consulta popular".
"Reafirmo el compromiso de este Gobierno, anunciado por la presidenta, Dilma Rousseff, con una reforma política que amplíe la representatividad de las instituciones a través de una consulta popular", ha dicho el 'número dos'.
De la misma forma, aunque ha reconocido "las dificultades impuestas por el calendario", ha reafirmado "que el Gobierno mantiene su posición de que lo ideal es celebrar el plebiscito en una fecha que altere el sistema electoral para 2014".
Además, ha adelantado que "la próxima semana se celebrará una reunión con los líderes de la base aliada del Gobierno en el Senado para reafirmar su apoyo y discutir la elaboración del decreto legislativo para convocar el plebiscito".
LA PROMESA DE ROUSSEFF
El pasado 24 de junio, Rousseff propuso, en cadena nacional, la celebración de un referéndum que siente las bases de una reforma constitucional para "buscar soluciones" a los problemas que "inquietan y movilizan al pueblo brasileño".
La jefa de Estado planteó un programa de "pactos" para avanzar hacia un nuevo Brasil, dentro del cual figuran aspectos económicos como la "estabilidad fiscal" y políticos como la lucha contra la corrupción --que se castigará con penas más duras--, pero principalmente sociales, con cambios en sanidad, educación o infraestructuras.
Rousseff hizo este anuncio a raíz de las protestas que comenzaron el pasado 6 de junio de forma pacífica en Sao Paulo por la subida del precio del transporte público de 3 a 3,20 reales, pero que una semana después se tornaron violentas por la represión de la Policía Militar.
Entonces, miles de personas tomaron las calles de las principales ciudades para protestar, ya no solo por estas tarifas, sino también por los efectos sobre la Hacienda Pública de la Copa Confederaciones, el Mundial de Fútbol de 2014 y las Olimpiadas de 2016 y por los deficientes servicios públicos.
En respuesta, al menos once ciudades, incluidas Río de Janeiro y Sao Paulo, accedieron a cancelar el aumento del precio del transporte público o a aplicar una reducción, según los casos, pero no consiguieron calmar las calles.
Así, millones de personas han seguido con las manifestaciones en las grandes ciudades, dejando un saldo de al menos cuatro muertos y decenas de heridos y detenidos y graves disturbios, como los intentos de asalto al Congreso, al Ministerio de Exteriores y a ayuntamientos.
El vicepresidente de Brasil, Michel Temer, ha reafirmado el compromiso del Gobierno de llevar a cabo una reforma política y ha insistido en que "lo ideal" sería que estuviera vigente para las elecciones generales del próximo año, después de que retrasara la fecha, provocando una crítica generalizada.
A la salida de la reunión que ha mantenido este jueves con los socios del Gobierno en la Cámara de Diputados, Temer ha descartado que se pueda celebrar un plebiscito sobre la reforma política para que pueda estar vigente en los comicios de 2014, por la falta de apoyo parlamentario.
Estas declaraciones han hecho que la oposición en el Congreso haya acusado al Gobierno de dar marcha atrás en su promesa de reforma política, que ha contribuido, en gran medida, a calmar a los manifestantes en las calles.
En respuesta, Temer ha emitido un comunicado aclarando que dichas declaraciones solo "reflejaban la opinión de algunos líderes de la base aliada del Gobierno en la Cámara de Diputados sobre los plazos indicados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para la consulta popular".
"Reafirmo el compromiso de este Gobierno, anunciado por la presidenta, Dilma Rousseff, con una reforma política que amplíe la representatividad de las instituciones a través de una consulta popular", ha dicho el 'número dos'.
De la misma forma, aunque ha reconocido "las dificultades impuestas por el calendario", ha reafirmado "que el Gobierno mantiene su posición de que lo ideal es celebrar el plebiscito en una fecha que altere el sistema electoral para 2014".
Además, ha adelantado que "la próxima semana se celebrará una reunión con los líderes de la base aliada del Gobierno en el Senado para reafirmar su apoyo y discutir la elaboración del decreto legislativo para convocar el plebiscito".
LA PROMESA DE ROUSSEFF
El pasado 24 de junio, Rousseff propuso, en cadena nacional, la celebración de un referéndum que siente las bases de una reforma constitucional para "buscar soluciones" a los problemas que "inquietan y movilizan al pueblo brasileño".
La jefa de Estado planteó un programa de "pactos" para avanzar hacia un nuevo Brasil, dentro del cual figuran aspectos económicos como la "estabilidad fiscal" y políticos como la lucha contra la corrupción --que se castigará con penas más duras--, pero principalmente sociales, con cambios en sanidad, educación o infraestructuras.
Rousseff hizo este anuncio a raíz de las protestas que comenzaron el pasado 6 de junio de forma pacífica en Sao Paulo por la subida del precio del transporte público de 3 a 3,20 reales, pero que una semana después se tornaron violentas por la represión de la Policía Militar.
Entonces, miles de personas tomaron las calles de las principales ciudades para protestar, ya no solo por estas tarifas, sino también por los efectos sobre la Hacienda Pública de la Copa Confederaciones, el Mundial de Fútbol de 2014 y las Olimpiadas de 2016 y por los deficientes servicios públicos.
En respuesta, al menos once ciudades, incluidas Río de Janeiro y Sao Paulo, accedieron a cancelar el aumento del precio del transporte público o a aplicar una reducción, según los casos, pero no consiguieron calmar las calles.
Así, millones de personas han seguido con las manifestaciones en las grandes ciudades, dejando un saldo de al menos cuatro muertos y decenas de heridos y detenidos y graves disturbios, como los intentos de asalto al Congreso, al Ministerio de Exteriores y a ayuntamientos.
