El Gobierno egipcio ordena el desalojo de las protestas islamistas
El Gobierno interino nombrado tras el golpe de Estado cree que las acampadas son "un peligro para la seguridad nacional"
Ricard González
El Cairo, El País
Al Gobierno egipcio se le ha acabado la paciencia con las movilizaciones casi diarias que los Hermanos Musulmanes han organizado desde el golpe de Estado que depuso al presidente Mohamed Morsi el pasado 3 de julio. El Ejecutivo anunció ayer por la tarde que tomaría “todas las medidas legales necesarias para afrontar los actos de terrorismo y el corte de las calles”, lo que anticipa un incremento de la tensión y, probablemente, también de la violencia.
“El Gabinete ha revisado la situación de seguridad del país, y ha concluido que la situación peligrosa en Raba al Adauiya y la plaza Nahda, incluidos los actos terroristas y de corte de calles que han ocurrido, no es ya aceptable, pues constituye una amenaza para la seguridad nacional y la paz social”, según un comunicado de la ministra de Información, Dorreya Sharaf el Din. Sus palabras constituyen una seria amenaza a los miles de personas acampadas frente a la mezquita de Rabá al Adauiya y la Universidad de El Cairo, los dos epicentros de las movilizaciones islamistas.
El anuncio de las autoridades llegó solo unas horas después de que la jefa de la diplomacia de la UE, Catherine Ashton, abandonara la capital egipcia. Ashton se entrevistó con los principales líderes políticos del país, incluido el ex rais Morsi, que se encuentra detenido e incomunicado, para intentar reconducir el conflicto que enfrenta al Ejército y a la Hermandad, las dos instituciones más poderosas de Egipto. El portavoz de Ashton, Michael Mann, aseguró que está dispuesta a volver a Egipto si es necesario “para facilitar los movimientos hacia una transición democrática”. El enviado especial de la UE para el sur del Mediterráneo, el español Bernardino León, continuará con los esfuerzos de interlocución en Egipto. La responsable de Exteriores de los Veintiocho fue muy parca a la hora de explicar el contenido de sus encuentros. En varios medios de comunicación, se filtró que presentó una iniciativa por la que se archivarían los procesos legales contra los líderes de la Hermandad —casi todos en la cárcel o bajo orden de arrestos— y se garantizaría su participación en el proceso político a cambio de poner fin a las protestas. Sin embargo, el ministro de Exteriores, Nabil Fahmy, negó ayer que la representante europea hubiera propuesto un plan de reconciliación nacional. Según Fahmi, Ahston buscaba conocer de primera mano la situación del país y “sugerir ideas”.
En cambio, la versión de los Hermanos Musulmanes es que Ahston sí adoptó una actitud más intervencionista. Según un dirigente de su brazo político, Mohamed Beltagy, en su reunión con Morsi “le presionó para aceptar su derrocamiento y el golpe”. Los responsables islamistas no se han cansado de repetir que no pondrán fin a sus protestas hasta que Morsi vuelva a la presidencia del país, una posibilidad rechazada de forma categórica por las autoridades.
El pasado domingo, el presidente interino, Adli Mansur, delegó en el primer ministro la capacidad de aplicar varias medidas propias de la declaración del estado de emergencia, como por ejemplo, permitir al ejército el arresto de civiles. En caso de proceder al desalojo de los campamentos islamistas puede ocurrir una masacre peor que la del pasado sábado, cuando una actuación brutal de la policía para dispersar una marcha se saldó con la muerte de al menos 80 personas.
El Cairo, El País
Al Gobierno egipcio se le ha acabado la paciencia con las movilizaciones casi diarias que los Hermanos Musulmanes han organizado desde el golpe de Estado que depuso al presidente Mohamed Morsi el pasado 3 de julio. El Ejecutivo anunció ayer por la tarde que tomaría “todas las medidas legales necesarias para afrontar los actos de terrorismo y el corte de las calles”, lo que anticipa un incremento de la tensión y, probablemente, también de la violencia.
“El Gabinete ha revisado la situación de seguridad del país, y ha concluido que la situación peligrosa en Raba al Adauiya y la plaza Nahda, incluidos los actos terroristas y de corte de calles que han ocurrido, no es ya aceptable, pues constituye una amenaza para la seguridad nacional y la paz social”, según un comunicado de la ministra de Información, Dorreya Sharaf el Din. Sus palabras constituyen una seria amenaza a los miles de personas acampadas frente a la mezquita de Rabá al Adauiya y la Universidad de El Cairo, los dos epicentros de las movilizaciones islamistas.
El anuncio de las autoridades llegó solo unas horas después de que la jefa de la diplomacia de la UE, Catherine Ashton, abandonara la capital egipcia. Ashton se entrevistó con los principales líderes políticos del país, incluido el ex rais Morsi, que se encuentra detenido e incomunicado, para intentar reconducir el conflicto que enfrenta al Ejército y a la Hermandad, las dos instituciones más poderosas de Egipto. El portavoz de Ashton, Michael Mann, aseguró que está dispuesta a volver a Egipto si es necesario “para facilitar los movimientos hacia una transición democrática”. El enviado especial de la UE para el sur del Mediterráneo, el español Bernardino León, continuará con los esfuerzos de interlocución en Egipto. La responsable de Exteriores de los Veintiocho fue muy parca a la hora de explicar el contenido de sus encuentros. En varios medios de comunicación, se filtró que presentó una iniciativa por la que se archivarían los procesos legales contra los líderes de la Hermandad —casi todos en la cárcel o bajo orden de arrestos— y se garantizaría su participación en el proceso político a cambio de poner fin a las protestas. Sin embargo, el ministro de Exteriores, Nabil Fahmy, negó ayer que la representante europea hubiera propuesto un plan de reconciliación nacional. Según Fahmi, Ahston buscaba conocer de primera mano la situación del país y “sugerir ideas”.
En cambio, la versión de los Hermanos Musulmanes es que Ahston sí adoptó una actitud más intervencionista. Según un dirigente de su brazo político, Mohamed Beltagy, en su reunión con Morsi “le presionó para aceptar su derrocamiento y el golpe”. Los responsables islamistas no se han cansado de repetir que no pondrán fin a sus protestas hasta que Morsi vuelva a la presidencia del país, una posibilidad rechazada de forma categórica por las autoridades.
El pasado domingo, el presidente interino, Adli Mansur, delegó en el primer ministro la capacidad de aplicar varias medidas propias de la declaración del estado de emergencia, como por ejemplo, permitir al ejército el arresto de civiles. En caso de proceder al desalojo de los campamentos islamistas puede ocurrir una masacre peor que la del pasado sábado, cuando una actuación brutal de la policía para dispersar una marcha se saldó con la muerte de al menos 80 personas.
