El acuerdo sobre inmigración favorecería a los fabricantes de material de defensa
El incremento de seguridad en la frontera entre México y Estados Unidos podría beneficiar a algunas empresas privadas
Senadores se encuentran en desacuerdo sobre la estrategia de seguridad
Matea Gold, El País
El plan sobre seguridad de fronteras aprobado por el Senado estadounidense hace unos días incluye un lenguaje poco habitual que ordena la compra de modelos específicos de helicópteros y equipamiento de radar para su utilización en la frontera entre Estados Unidos y México; la operación supone un posible beneficio de decenas de millones de dólares para los principales contratistas de defensa.
La ley exigiría que la Patrulla de Fronteras de Estados Unidos adquiera, entre otras cosas, seis sistemas de radar aerotransportados Northrop Grumman que cuestan 9,3 millones de dólares cada uno, 15 helicópteros Sikorsky Black Hawk de más de 17 millones de dólares cada uno, y ocho helicópteros ligeros de policía fabricados por American Eurocopter de unos 3 millones de dólares cada uno.
Asimismo, la ley prevé la necesidad de 17 helicópteros UH-1N construidos por Bell Helicopter, un modelo más antiguo que la empresa ha dejado de fabricar.
Los grupos de vigilancia y los opositores a la ley dicen que estos y otros requisitos detallados crearían un método preocupante para evadir el proceso de pujas y que recuerdan a los viejos fondos predeterminados, los capítulos de gastos que los legisladores incluyen en una ley para beneficiar proyectos o a receptores concretos. En los últimos años, el Congreso ha ejercido una moratoria en este aspecto.
El texto está incluido en un paquete de medidas de seguridad de fronteras valorado en 46.000 millones de dólares que el Senado aprobó hace unos días dentro del proyecto de ley general sobre inmigración. El llamado refuerzo de fronteras --un gasto de 38.000 millones de dólares adicionales-- se añadió en la última semana de las negociaciones con el fin de obtener más apoyo republicano a la medida, que se aprobó con 68 votos, 14 ellos republicanos.
La ley desembolsaría 30.000 millones de dólares a lo largo de la próxima década para contratar a más de 19.000 nuevos agentes de la Patrulla de Fronteras, un número que duplicaría la fuerza actual y que muchos expertos en inmigración consideran innecesaria y despilfarradora.
La medida dedicaría también 7.500 millones de dólares a construir 560 kilómetros de verja en la frontera México-Estados Unidos y 4.500 millones a comprar nueva tecnología. La ley tendría que estar en vigor, con la instalación de sistemas de visado electrónico y verificación de empleo, antes de poder empezar a expedir permisos de residencia a los inmigrantes.
Los senadores Bob Corker (republicano de Tennessee) y John Hoeven (republicano de Dakota del Norte), ponentes del plan, dicen que las cláusulas pretenden tranquilizar a los republicanos preocupados por crear una vía hacia la nacionalización sin compensar con una vigilancia más dura en la frontera.
“Solo he querido colaborar con nuestro grupo para conseguir que participaran todos los representantes de nuestro partido posibles”, dice Hoeven. La estrategia, no obstante, no consiguió convencer a recalcitrantes como el senador Tom Coburn (republicano de Oklahoma), que dijo: “Los fondos del contribuyente deberían reforzar la seguridad fronteriza, no un estímulo para contratistas. Por desgracia, eso es lo que hace el proyecto del ley del Senado”.
La lista de material comprendido en la ley procede de un informe de necesidades tecnológicas elaborado por el servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos en 2010, según un alto funcionario del Departamento de Seguridad Interior, que ha hablado sobre el proceso interno con la condición de mantener su anonimato. Miembros del personal de la agencia reunieron la lista a petición de la Secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano, que acababa de detener un proyecto de verja virtual plagado de derroches y retrasos. Unos funcionarios de la Patrulla de Fronteras poroporcionaron la lista a varios asesores parlamentarios que habían preguntado qué hacía falta para controlar la frontera con eficacia.
En sendas entrevistas realizadas hace unos días, Corker y Hoeven dijeron que habían decidido añadir la lista al proyecto de ley para ayudar a convencer a varios senadores republicanos que no se fiaban de que Napolitano fuera a poner en marcha un plan de fronteras.
Los dos senadores dijeron que la propuesta permite a Napolitano sustituir unas marcas de tecnología por otras equivalentes siempre que lo notifique al Congreso en el plazo de 60 días. “Si quieren comprar algo mejor, pueden hacerlo”, dice Corker.
Pero los críticos dicen que, como la medida indica productos concretos, es probable que el servicio no busque alternativas. “Los congresistas han rubricado una lista de determinados productos y tecnologías y es diícil que una agencia ignore eso”, dice Steve Ellis, vicepresidente de la organización no partidista Taxpayers for Common Sense (Contribuyentes a favor del sentido común), que examina el gasto federal.
Los 4.500 millones de dólares reservados para tecnología serían una bendición para los contratistas de defensa, que están buscando nuevas oportunidades ahora que Estados Unidos está reduciendo su presencia en Afganistán.
Los 4.500 millones de dólares reservados para tecnología serían una bendición para los contratistas de defensa, que están buscando nuevas oportunidades ahora que Estados Unidos está reduciendo su presencia en Afganistán.
Las empresas matrices de las que fabrican los productos incluidos en la ley y sus empleados hn donado casi 11,5 millones de dólares a candidatos y campañas nacionales desde 2009, según el Center for Responsive Politics (Centro para una política receptiva). La mitad de ese dinero salió de Northrop Grumman.
Ni Corker ni Hoeven han recibido donaciones sustanciales de estas empresas ni del sector de la defensa en general.
“Estamos orgullosos de nuestra larga asociación con el Departamento de Seguridad Interior y nos honra que en repetidas ocasiones hayan decidido comprar nuestros helicópetros para sus importantes misiones”, ha dicho Ed Van Winkle, director de ventas a las fuerzas del orden de American Eurocopter. “Estamos preparados para producir y entregar más aparatos adaptados a los requisitos del cuerpo de Aduanas y Protección de Fronteras si el Congreso autoriza y financia su adquisición”.
Los representantes de Northrop Grumman, Sikorsky y Bell no han querido hacer comentarios.
El material que la ley considera necesario está identificado, en su mayor parte, por categoría, no por marca. Entre otros apartados, la ley pide 4.595 sensores de tierra autónomos, 104 dispositivos de identificación de isótopos radiactivos y 53 tubos de fibra óptica para inspección de depósitos, y especifica cuántos deberían desplegarse en cada sector de vigilancia. Asimismo exige la compra de cuatro nuevos vehículos aéreos no tripulados, además de los 10 que ya posee la Patrulla de Fronteras.
Los artículos nombrados figuraban así en la lista de peticiones del servicio de fronteras, según asesores del Senado que participaron en la redacción del plan y que han hablado a condición de permanecer anónimos. Dicen que la propuesta no anularía las normas contractuales que exigen una puja abierta.
Pero los grupos de vigilancia del Gobierno dicen que será difícil tener una puja abierta si el material ya está identificado por marca y modelo.
“La agencia está obligada legalmente a comprar los artículos concretos de las empresas mencionadas”, dice Scott Amey, asesor legal del Project on Government Oversight (Proyecto de supervisión del gobierno), un grupo independiente que trabaja para sacar a la luz el despilfarro y la corrupción. “No estoy seguro de cómo se puede convocar una puja abierta”.
Un artículo importante de la lista es el sistema de radar VADER, una tecnología aerotransportada y operada desde aparatos no tripulados, desarrollada por Northrop Grumman para la rama de investigación del Pentágono. La Patrulla de Fronteras ha probado uno de los sistemas, prestado por el Departamento de Defensa, para detectar a inmigrantes que tratan de cruzar la frontera de manera ilegal. Este año, la agencia recibió 18,6 millones de dólares para comprar dos sistemas de radar, y la ley de inmigración añadiría otros seis.
Los helicópteros Black Hawk solicitados en el plan incluyen cinco de los modelos de alta tecnología más recientes, con cabinas digitales. En cuanto al aparato de American Eurocopter, la Patrulla tendría que comprar ocho modelos AS-350 para sumar a los 85 que ya posee.
La ley especifica cómo se desplegarían los nuevos agentes de la Patrulla de Fronteras y exige que la agencia destine a 38.405 nuevos oficiales a la frontera con México antes del 30 de septiembre de 2021.
La Patrulla de Fronteras da trabajo a 21.000 agentes, una cifra récord en comparación con los 10.000 que tenía en 2004. En su última petición presupuestaria, el departamento no habló de nuevos agentes.
La Patrulla de Fronteras da trabajo a 21.000 agentes, una cifra récord en comparación con los 10.000 que tenía en 2004.
Muchos expertos en seguridad de fronteras dicen que duplicar la fuerza no es práctico y es una mala utilización de los recursos, y que más valdría gastar ese dinero en inspecciones del lugar de trabajo o el sistema electrónico E-Verify que emplean los empresarios para comprobar la nacionalidad de los solicitantes de empleo.
“Este plan de seguridad de fronteras tiene muchas cosas que encajan más con la guerra anterior”, dice Doris Meissner, que fue responsable de inmigración en el Gobierno de Clinton.
Los funcionarios de Seguridad Interior confían en poder reclutar y entrenar a todos los agentes que requiere la ley. Su portavoz, Peter Boogaard, dice que la medida “contribuiría a los históricos logros de esta administración en seguridad de fronteras”. Hoeven y Corker dicen que acordaron contratar a 20.000 agentes, en parte, porque era una cifra a medio camino entre las propuestas de otros senadores republicanos.
“Me gustaría decir que tiene una base científica”, añade Corker, que añade: “Nos pareció que con esto conseguiríamos sacar adelante el plan”.
Senadores se encuentran en desacuerdo sobre la estrategia de seguridad
El plan sobre seguridad de fronteras aprobado por el Senado estadounidense hace unos días incluye un lenguaje poco habitual que ordena la compra de modelos específicos de helicópteros y equipamiento de radar para su utilización en la frontera entre Estados Unidos y México; la operación supone un posible beneficio de decenas de millones de dólares para los principales contratistas de defensa.
La ley exigiría que la Patrulla de Fronteras de Estados Unidos adquiera, entre otras cosas, seis sistemas de radar aerotransportados Northrop Grumman que cuestan 9,3 millones de dólares cada uno, 15 helicópteros Sikorsky Black Hawk de más de 17 millones de dólares cada uno, y ocho helicópteros ligeros de policía fabricados por American Eurocopter de unos 3 millones de dólares cada uno.
Asimismo, la ley prevé la necesidad de 17 helicópteros UH-1N construidos por Bell Helicopter, un modelo más antiguo que la empresa ha dejado de fabricar.
Los grupos de vigilancia y los opositores a la ley dicen que estos y otros requisitos detallados crearían un método preocupante para evadir el proceso de pujas y que recuerdan a los viejos fondos predeterminados, los capítulos de gastos que los legisladores incluyen en una ley para beneficiar proyectos o a receptores concretos. En los últimos años, el Congreso ha ejercido una moratoria en este aspecto.
El texto está incluido en un paquete de medidas de seguridad de fronteras valorado en 46.000 millones de dólares que el Senado aprobó hace unos días dentro del proyecto de ley general sobre inmigración. El llamado refuerzo de fronteras --un gasto de 38.000 millones de dólares adicionales-- se añadió en la última semana de las negociaciones con el fin de obtener más apoyo republicano a la medida, que se aprobó con 68 votos, 14 ellos republicanos.
La ley desembolsaría 30.000 millones de dólares a lo largo de la próxima década para contratar a más de 19.000 nuevos agentes de la Patrulla de Fronteras, un número que duplicaría la fuerza actual y que muchos expertos en inmigración consideran innecesaria y despilfarradora.
La medida dedicaría también 7.500 millones de dólares a construir 560 kilómetros de verja en la frontera México-Estados Unidos y 4.500 millones a comprar nueva tecnología. La ley tendría que estar en vigor, con la instalación de sistemas de visado electrónico y verificación de empleo, antes de poder empezar a expedir permisos de residencia a los inmigrantes.
Los senadores Bob Corker (republicano de Tennessee) y John Hoeven (republicano de Dakota del Norte), ponentes del plan, dicen que las cláusulas pretenden tranquilizar a los republicanos preocupados por crear una vía hacia la nacionalización sin compensar con una vigilancia más dura en la frontera.
“Solo he querido colaborar con nuestro grupo para conseguir que participaran todos los representantes de nuestro partido posibles”, dice Hoeven. La estrategia, no obstante, no consiguió convencer a recalcitrantes como el senador Tom Coburn (republicano de Oklahoma), que dijo: “Los fondos del contribuyente deberían reforzar la seguridad fronteriza, no un estímulo para contratistas. Por desgracia, eso es lo que hace el proyecto del ley del Senado”.
La lista de material comprendido en la ley procede de un informe de necesidades tecnológicas elaborado por el servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos en 2010, según un alto funcionario del Departamento de Seguridad Interior, que ha hablado sobre el proceso interno con la condición de mantener su anonimato. Miembros del personal de la agencia reunieron la lista a petición de la Secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano, que acababa de detener un proyecto de verja virtual plagado de derroches y retrasos. Unos funcionarios de la Patrulla de Fronteras poroporcionaron la lista a varios asesores parlamentarios que habían preguntado qué hacía falta para controlar la frontera con eficacia.
En sendas entrevistas realizadas hace unos días, Corker y Hoeven dijeron que habían decidido añadir la lista al proyecto de ley para ayudar a convencer a varios senadores republicanos que no se fiaban de que Napolitano fuera a poner en marcha un plan de fronteras.
Los dos senadores dijeron que la propuesta permite a Napolitano sustituir unas marcas de tecnología por otras equivalentes siempre que lo notifique al Congreso en el plazo de 60 días. “Si quieren comprar algo mejor, pueden hacerlo”, dice Corker.
Pero los críticos dicen que, como la medida indica productos concretos, es probable que el servicio no busque alternativas. “Los congresistas han rubricado una lista de determinados productos y tecnologías y es diícil que una agencia ignore eso”, dice Steve Ellis, vicepresidente de la organización no partidista Taxpayers for Common Sense (Contribuyentes a favor del sentido común), que examina el gasto federal.
Los 4.500 millones de dólares reservados para tecnología serían una bendición para los contratistas de defensa, que están buscando nuevas oportunidades ahora que Estados Unidos está reduciendo su presencia en Afganistán.
Los 4.500 millones de dólares reservados para tecnología serían una bendición para los contratistas de defensa, que están buscando nuevas oportunidades ahora que Estados Unidos está reduciendo su presencia en Afganistán.
Las empresas matrices de las que fabrican los productos incluidos en la ley y sus empleados hn donado casi 11,5 millones de dólares a candidatos y campañas nacionales desde 2009, según el Center for Responsive Politics (Centro para una política receptiva). La mitad de ese dinero salió de Northrop Grumman.
Ni Corker ni Hoeven han recibido donaciones sustanciales de estas empresas ni del sector de la defensa en general.
“Estamos orgullosos de nuestra larga asociación con el Departamento de Seguridad Interior y nos honra que en repetidas ocasiones hayan decidido comprar nuestros helicópetros para sus importantes misiones”, ha dicho Ed Van Winkle, director de ventas a las fuerzas del orden de American Eurocopter. “Estamos preparados para producir y entregar más aparatos adaptados a los requisitos del cuerpo de Aduanas y Protección de Fronteras si el Congreso autoriza y financia su adquisición”.
Los representantes de Northrop Grumman, Sikorsky y Bell no han querido hacer comentarios.
El material que la ley considera necesario está identificado, en su mayor parte, por categoría, no por marca. Entre otros apartados, la ley pide 4.595 sensores de tierra autónomos, 104 dispositivos de identificación de isótopos radiactivos y 53 tubos de fibra óptica para inspección de depósitos, y especifica cuántos deberían desplegarse en cada sector de vigilancia. Asimismo exige la compra de cuatro nuevos vehículos aéreos no tripulados, además de los 10 que ya posee la Patrulla de Fronteras.
Los artículos nombrados figuraban así en la lista de peticiones del servicio de fronteras, según asesores del Senado que participaron en la redacción del plan y que han hablado a condición de permanecer anónimos. Dicen que la propuesta no anularía las normas contractuales que exigen una puja abierta.
Pero los grupos de vigilancia del Gobierno dicen que será difícil tener una puja abierta si el material ya está identificado por marca y modelo.
“La agencia está obligada legalmente a comprar los artículos concretos de las empresas mencionadas”, dice Scott Amey, asesor legal del Project on Government Oversight (Proyecto de supervisión del gobierno), un grupo independiente que trabaja para sacar a la luz el despilfarro y la corrupción. “No estoy seguro de cómo se puede convocar una puja abierta”.
Un artículo importante de la lista es el sistema de radar VADER, una tecnología aerotransportada y operada desde aparatos no tripulados, desarrollada por Northrop Grumman para la rama de investigación del Pentágono. La Patrulla de Fronteras ha probado uno de los sistemas, prestado por el Departamento de Defensa, para detectar a inmigrantes que tratan de cruzar la frontera de manera ilegal. Este año, la agencia recibió 18,6 millones de dólares para comprar dos sistemas de radar, y la ley de inmigración añadiría otros seis.
Los helicópteros Black Hawk solicitados en el plan incluyen cinco de los modelos de alta tecnología más recientes, con cabinas digitales. En cuanto al aparato de American Eurocopter, la Patrulla tendría que comprar ocho modelos AS-350 para sumar a los 85 que ya posee.
La ley especifica cómo se desplegarían los nuevos agentes de la Patrulla de Fronteras y exige que la agencia destine a 38.405 nuevos oficiales a la frontera con México antes del 30 de septiembre de 2021.
La Patrulla de Fronteras da trabajo a 21.000 agentes, una cifra récord en comparación con los 10.000 que tenía en 2004. En su última petición presupuestaria, el departamento no habló de nuevos agentes.
La Patrulla de Fronteras da trabajo a 21.000 agentes, una cifra récord en comparación con los 10.000 que tenía en 2004.
Muchos expertos en seguridad de fronteras dicen que duplicar la fuerza no es práctico y es una mala utilización de los recursos, y que más valdría gastar ese dinero en inspecciones del lugar de trabajo o el sistema electrónico E-Verify que emplean los empresarios para comprobar la nacionalidad de los solicitantes de empleo.
“Este plan de seguridad de fronteras tiene muchas cosas que encajan más con la guerra anterior”, dice Doris Meissner, que fue responsable de inmigración en el Gobierno de Clinton.
Los funcionarios de Seguridad Interior confían en poder reclutar y entrenar a todos los agentes que requiere la ley. Su portavoz, Peter Boogaard, dice que la medida “contribuiría a los históricos logros de esta administración en seguridad de fronteras”. Hoeven y Corker dicen que acordaron contratar a 20.000 agentes, en parte, porque era una cifra a medio camino entre las propuestas de otros senadores republicanos.
“Me gustaría decir que tiene una base científica”, añade Corker, que añade: “Nos pareció que con esto conseguiríamos sacar adelante el plan”.
