Crisis política en Perú por la designación de los miembros del Constitucional
Dos días después, se cae la elección de nuevos miembros del Tribunal Constitucional y Defensoría del Pueblo
La votación fue producto de un reparto de cupos entre Gana Perú, Perú Posible y el fujimorismo
Jacqueline Fowks
Lima, El País
El miércoles por la noche, cerca de mil jóvenes -convocados a través de Twitter- protestaron en el centro de Lima y buscaban llegar al Congreso. Luego de una semana de críticas a la militancia partidaria de tres candidatos al Tribunal Constitucional y la candidata a la Defensoría del Pueblo, el Legislativo votó a favor de la terna lograda mediante un pacto político. Los más cuestionados eran dos excongresistas del partido oficial y un exabogado de Alberto Fujimori y del grupo paramilitar Colina como nuevos magistrados del Constitucional.
El jueves, los diarios expresaban indignación por la "repartija" de cupos, y en las redes sociales crecía el rechazo bajo la etiqueta #verguenzanacional. Horas después, el presidente Ollanta Humala pidió al nuevo magistrado fujimorista y a la designada como Defensora del Pueblo que diesen "un paso al costado” debido a los cuestionamientos. Este viernes, mientras siguen las protestas, no es clara la vía que usarán el Gobierno y el Congreso para anular la elección y menguar el descrédito.
El Congreso había llegado a esa fórmula como último recurso para la elección de cinco magistrados del Constitucional que tenían su período vencido y también para reemplazar al defensor del Pueblo, Eduardo Vega, quien ejerció como "encargado" por más de dos años en el cargo. El Congreso no logró consensos antes para votar, uno por uno, a los magistrados del Constitucional, de la Defensoría y del Banco Central de Reserva, como dice la ley, por lo que el miércoles los legisladores votaron a manera de una lista única.
El Parlamento pudo haber ratificado al defensor del Pueblo interino, pero Vega se manifestó contra el Ejecutivo en dos oportunidades este año: no estuvo a favor de la candidatura presidencial de la primera dama Nadine Heredia, ni a favor de una ley que hacía discriminatorio el servicio militar obligando a enrolarse a los sorteados que no podían pagar una multa. El miércoles por la noche, el funcionario reconoció en una entrevista en televisión que el presidente Humala "le bajó el dedo".“Hay varios temas en que nos hemos enemistado con el Gobierno, pero la Defensoría nunca puede ser cómoda con el Gobierno”, comentó.
La lista de candidatos que aprobó el Congreso el miércoles fue producto de un nuevo pacto político entre el partido oficial, Gana Perú; Perú Posible –del expresidente Alejandro Toledo–; Fuerza Popular –fujimorista–; y el Partido Popular Cristiano de centro-derecha. Por ello, cuando el jueves el presidente Humala pidió a los recién designados Rolando Sousa y Pilar Freitas que dieran un paso al costado, generó el rechazo de los otros partidos que le han reclamado que no ha sabido respetar un pacto de caballeros.
Sousa fue congresista fujimorista y abogado del expresidente Alberto Fujimori en el juicio que lo llevó a la cárcel por crímenes de lesa humanidad y es socio del actual abogado del exmandatario, en el bufete Souza-Nakazaki. Con este grupo de abogados ha presentado recursos al Tribunal Constitucional en la defensa de un clan acusado de narcotráfico, y en la defensa de militares acusados de violaciones a los derechos humanos. A su vez, Freitas anunció que dejaría la militancia en Perú Posible para asumir como defensora del Pueblo. La abogada fue jefa de los Registros Públicos durante el gobierno de Alejandro Toledo, pero tiene denuncias de corrupción en su trayectoria como funcionaria pública desde los años 90 y en la presidencia de una entidad de caridad cuyo estatuto modificó para mantenerse en el cargo.
La sensibilidad de la ciudadanía hacia el manejo partidario en el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo surge debido a que hay causas que pueden llegar a esas instancias y que son de interés de los principales actores políticos, de dentro y fuera del Gobierno. El hermano del presidente Humala, Antauro Humala, está preso y su abogado, el patriarca Isaac Humala, presentó un recurso al Tribunal Constitucional sobre el proceso judicial que se le sigue a su hijo. Por otro lado, los expresidentes Alan García y Alejandro Toledo están bajo investigaciones preliminares del Ministerio Público y del Congreso por acusaciones de diverso tipo. Además, hasta hace un par de semanas, uno de los rumores más recurrentes era que el Gobierno acudiría al Tribunal Constitucional para que la primera dama Nadine Heredia pudiera ser candidata a la presidencia en el 2016.
La votación manipulada en el Congreso, para conformar un Tribunal Constitucional maleable desde el Ejecutivo, tiene un eco a la forma en que el gobierno de Alberto Fujimori instrumentó dicha instancia para permitir la ‘re-reelección’ en el año 2000. Tras las declaraciones del jueves de Humala, quien calificó de “legítima” la protesta ciudadana del miércoles y se mostró “decepcionado de la elección porque no cumple con las expectativas de la población”, le han llovido las críticas de los políticos que aceptaron el pacto político para esa lista controvertida de candidatos a los altos cargos en el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo.
“Humala nos ha dejado un mal sabor, un sinsabor muy grande”, ha dicho este viernes Luis Thais, secretario general de Perú Posible. El congresista Rennan Espinoza, del mismo partido, fue más explícito: “Es un acuerdo al que el Congreso tuvo que llegar lamentablemente para encontrar una salida. El pacto de caballeros lo ha roto ayer el presidente Humala”. Y una de las principales voceras del fujimorismo, la congresista Martha Chávez, ha disparado también contra el gobierno: “Algo se está tramando. El presidente Humala no sabe de compromisos. Esto lo han usado para enfrentar a la población con el Congreso y hacer ver como que hay repartija. Quizá quieren cerrar el Congreso, pero no estamos en el año 1992, entonces estábamos en una situación límite”.
Mientras tanto, el único abogado no cuestionado propuesto por el gobierno para el Tribunal Constitucional, Francisco Eguiguren, ha enviado una misiva al Congreso informando su disposición a declinar al cargo. Alejandro Toledo anunció que Pilar Freitas “dará un paso al costado” para no asumir como Defensora del Pueblo. El primer ministro Juan Jiménez ha anunciado que los excongresistas del partido del gobierno también desistirán de la designación, y Víctor Mayorga comunicó la misma decisión al Parlamento. En el Congreso, deben recoger 78 firmas para convocar a una legislatura extraordinaria este lunes y anular la votación del miércoles que quedó formalizada en una resolución legislativa publicada por el diario oficial. Ha faltado un día útil a esta semana de crisis política en el Perú. Está en curso una salida política y falta encontrar la vía formal.
La votación fue producto de un reparto de cupos entre Gana Perú, Perú Posible y el fujimorismo
Lima, El País
El miércoles por la noche, cerca de mil jóvenes -convocados a través de Twitter- protestaron en el centro de Lima y buscaban llegar al Congreso. Luego de una semana de críticas a la militancia partidaria de tres candidatos al Tribunal Constitucional y la candidata a la Defensoría del Pueblo, el Legislativo votó a favor de la terna lograda mediante un pacto político. Los más cuestionados eran dos excongresistas del partido oficial y un exabogado de Alberto Fujimori y del grupo paramilitar Colina como nuevos magistrados del Constitucional.
El jueves, los diarios expresaban indignación por la "repartija" de cupos, y en las redes sociales crecía el rechazo bajo la etiqueta #verguenzanacional. Horas después, el presidente Ollanta Humala pidió al nuevo magistrado fujimorista y a la designada como Defensora del Pueblo que diesen "un paso al costado” debido a los cuestionamientos. Este viernes, mientras siguen las protestas, no es clara la vía que usarán el Gobierno y el Congreso para anular la elección y menguar el descrédito.
El Congreso había llegado a esa fórmula como último recurso para la elección de cinco magistrados del Constitucional que tenían su período vencido y también para reemplazar al defensor del Pueblo, Eduardo Vega, quien ejerció como "encargado" por más de dos años en el cargo. El Congreso no logró consensos antes para votar, uno por uno, a los magistrados del Constitucional, de la Defensoría y del Banco Central de Reserva, como dice la ley, por lo que el miércoles los legisladores votaron a manera de una lista única.
El Parlamento pudo haber ratificado al defensor del Pueblo interino, pero Vega se manifestó contra el Ejecutivo en dos oportunidades este año: no estuvo a favor de la candidatura presidencial de la primera dama Nadine Heredia, ni a favor de una ley que hacía discriminatorio el servicio militar obligando a enrolarse a los sorteados que no podían pagar una multa. El miércoles por la noche, el funcionario reconoció en una entrevista en televisión que el presidente Humala "le bajó el dedo".“Hay varios temas en que nos hemos enemistado con el Gobierno, pero la Defensoría nunca puede ser cómoda con el Gobierno”, comentó.
La lista de candidatos que aprobó el Congreso el miércoles fue producto de un nuevo pacto político entre el partido oficial, Gana Perú; Perú Posible –del expresidente Alejandro Toledo–; Fuerza Popular –fujimorista–; y el Partido Popular Cristiano de centro-derecha. Por ello, cuando el jueves el presidente Humala pidió a los recién designados Rolando Sousa y Pilar Freitas que dieran un paso al costado, generó el rechazo de los otros partidos que le han reclamado que no ha sabido respetar un pacto de caballeros.
Sousa fue congresista fujimorista y abogado del expresidente Alberto Fujimori en el juicio que lo llevó a la cárcel por crímenes de lesa humanidad y es socio del actual abogado del exmandatario, en el bufete Souza-Nakazaki. Con este grupo de abogados ha presentado recursos al Tribunal Constitucional en la defensa de un clan acusado de narcotráfico, y en la defensa de militares acusados de violaciones a los derechos humanos. A su vez, Freitas anunció que dejaría la militancia en Perú Posible para asumir como defensora del Pueblo. La abogada fue jefa de los Registros Públicos durante el gobierno de Alejandro Toledo, pero tiene denuncias de corrupción en su trayectoria como funcionaria pública desde los años 90 y en la presidencia de una entidad de caridad cuyo estatuto modificó para mantenerse en el cargo.
La sensibilidad de la ciudadanía hacia el manejo partidario en el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo surge debido a que hay causas que pueden llegar a esas instancias y que son de interés de los principales actores políticos, de dentro y fuera del Gobierno. El hermano del presidente Humala, Antauro Humala, está preso y su abogado, el patriarca Isaac Humala, presentó un recurso al Tribunal Constitucional sobre el proceso judicial que se le sigue a su hijo. Por otro lado, los expresidentes Alan García y Alejandro Toledo están bajo investigaciones preliminares del Ministerio Público y del Congreso por acusaciones de diverso tipo. Además, hasta hace un par de semanas, uno de los rumores más recurrentes era que el Gobierno acudiría al Tribunal Constitucional para que la primera dama Nadine Heredia pudiera ser candidata a la presidencia en el 2016.
La votación manipulada en el Congreso, para conformar un Tribunal Constitucional maleable desde el Ejecutivo, tiene un eco a la forma en que el gobierno de Alberto Fujimori instrumentó dicha instancia para permitir la ‘re-reelección’ en el año 2000. Tras las declaraciones del jueves de Humala, quien calificó de “legítima” la protesta ciudadana del miércoles y se mostró “decepcionado de la elección porque no cumple con las expectativas de la población”, le han llovido las críticas de los políticos que aceptaron el pacto político para esa lista controvertida de candidatos a los altos cargos en el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo.
“Humala nos ha dejado un mal sabor, un sinsabor muy grande”, ha dicho este viernes Luis Thais, secretario general de Perú Posible. El congresista Rennan Espinoza, del mismo partido, fue más explícito: “Es un acuerdo al que el Congreso tuvo que llegar lamentablemente para encontrar una salida. El pacto de caballeros lo ha roto ayer el presidente Humala”. Y una de las principales voceras del fujimorismo, la congresista Martha Chávez, ha disparado también contra el gobierno: “Algo se está tramando. El presidente Humala no sabe de compromisos. Esto lo han usado para enfrentar a la población con el Congreso y hacer ver como que hay repartija. Quizá quieren cerrar el Congreso, pero no estamos en el año 1992, entonces estábamos en una situación límite”.
Mientras tanto, el único abogado no cuestionado propuesto por el gobierno para el Tribunal Constitucional, Francisco Eguiguren, ha enviado una misiva al Congreso informando su disposición a declinar al cargo. Alejandro Toledo anunció que Pilar Freitas “dará un paso al costado” para no asumir como Defensora del Pueblo. El primer ministro Juan Jiménez ha anunciado que los excongresistas del partido del gobierno también desistirán de la designación, y Víctor Mayorga comunicó la misma decisión al Parlamento. En el Congreso, deben recoger 78 firmas para convocar a una legislatura extraordinaria este lunes y anular la votación del miércoles que quedó formalizada en una resolución legislativa publicada por el diario oficial. Ha faltado un día útil a esta semana de crisis política en el Perú. Está en curso una salida política y falta encontrar la vía formal.
