La Europa más rica choca con Bruselas por la inmigración
Alemania lidera la petición de límites a la libre circulación de personas
Lucía Abellán
Bruselas, El País
La inmigración europea genera “considerables costes adicionales, especialmente en escuelas, sanidad y vivienda” en ciudades de Alemania, Reino Unido, Austria y Holanda. La Europa más próspera ha abandonado los eufemismos para cuestionar sin ambages uno de los pilares de la UE: la libre circulación de personas. Los ministros de Interior de los 27 han debatido en Luxemburgo sobre esos supuestos abusos a raíz de la carta en la que esos cuatro países pedían frenarlos. La forma de plantearlo suscitó un enérgico rechazo de la Comisión Europea, que exige a los países que aporten cifras antes de lanzar tales acusaciones.
El discurso antiinmigración fraguado inicialmente en Reino Unido ha alcanzado el corazón de Europa, con Alemania enarbolando una carta que habla de abusos en la libre circulación —cita casos como los matrimonios de conveniencia— y pide al Ejecutivo comunitario que los impida.
La iniciativa no prendió en la mayoría de los Estados miembros, que rechazaron la existencia de un problema generalizado, según fuentes diplomáticas. Pese a todo, la Comisión Europea se comprometió a elaborar para octubre un documento que clarifique los derechos y deberes de los ciudadanos extranjeros y sirva como guía para la actuación de los Estados.
Más allá de aceptar ese trámite, la Comisión está profundamente molesta por la deriva que ha adoptado el debate. La comisaria de Interior, Cecilia Malmström, instó a los Estados firmantes de la carta a que presentasen datos para documentar sus quejas. Apoyado por el austriaco, el ministro alemán, Hans Peter Friedrich, le espetó a Malmström que “solo tiene que pasearse por algunas de esas ciudades alemanas para entender el problema”. La comisaria le replicó en conferencia de prensa: “Viajo mucho por Europa, no solo leo papeles en mi despacho. Y somos conscientes de los movimientos entre fronteras, que normalmente son por buenas razones”. La responsable de Interior citó el caso de la captación de españoles cualificados que está realizando Alemania para solventar sus lagunas profesionales. Y alertó sobre los riesgos de asociar el término inmigración a los ciudadanos de los 27 Estados comunitarios, pues las reglas que rigen su presencia en la UE son diferentes.
En nombre de la presidencia del Consejo Europeo, el ministro irlandés, Alan Shatter, avisó de los riesgos de xenofobia que comporta un discurso de ese tipo y recordó que los pretendidos abusos del Estado de bienestar no provienen únicamente de extranjeros, sino también de ciudadanos autóctonos. El ministro español, Jorge Fernández Díaz, se sumó a la tesis mayoritaria y defendió la libre circulación como “algo que pertenece al código genético de la UE”, informa Efe.
El Ejecutivo comunitario rechaza que la libre circulación se limite a los ciudadanos que pretendan trabajar, estudiar o montar un negocio en el país de destino, como sugieren los firmantes de la carta, pues el Tratado de Maastricht consagra el derecho aun fuera de esos casos.
Lucía Abellán Bruselas, El País
La inmigración europea genera “considerables costes adicionales, especialmente en escuelas, sanidad y vivienda” en ciudades de Alemania, Reino Unido, Austria y Holanda. La Europa más próspera ha abandonado los eufemismos para cuestionar sin ambages uno de los pilares de la UE: la libre circulación de personas. Los ministros de Interior de los 27 han debatido en Luxemburgo sobre esos supuestos abusos a raíz de la carta en la que esos cuatro países pedían frenarlos. La forma de plantearlo suscitó un enérgico rechazo de la Comisión Europea, que exige a los países que aporten cifras antes de lanzar tales acusaciones.
El discurso antiinmigración fraguado inicialmente en Reino Unido ha alcanzado el corazón de Europa, con Alemania enarbolando una carta que habla de abusos en la libre circulación —cita casos como los matrimonios de conveniencia— y pide al Ejecutivo comunitario que los impida.
La iniciativa no prendió en la mayoría de los Estados miembros, que rechazaron la existencia de un problema generalizado, según fuentes diplomáticas. Pese a todo, la Comisión Europea se comprometió a elaborar para octubre un documento que clarifique los derechos y deberes de los ciudadanos extranjeros y sirva como guía para la actuación de los Estados.
Más allá de aceptar ese trámite, la Comisión está profundamente molesta por la deriva que ha adoptado el debate. La comisaria de Interior, Cecilia Malmström, instó a los Estados firmantes de la carta a que presentasen datos para documentar sus quejas. Apoyado por el austriaco, el ministro alemán, Hans Peter Friedrich, le espetó a Malmström que “solo tiene que pasearse por algunas de esas ciudades alemanas para entender el problema”. La comisaria le replicó en conferencia de prensa: “Viajo mucho por Europa, no solo leo papeles en mi despacho. Y somos conscientes de los movimientos entre fronteras, que normalmente son por buenas razones”. La responsable de Interior citó el caso de la captación de españoles cualificados que está realizando Alemania para solventar sus lagunas profesionales. Y alertó sobre los riesgos de asociar el término inmigración a los ciudadanos de los 27 Estados comunitarios, pues las reglas que rigen su presencia en la UE son diferentes.
En nombre de la presidencia del Consejo Europeo, el ministro irlandés, Alan Shatter, avisó de los riesgos de xenofobia que comporta un discurso de ese tipo y recordó que los pretendidos abusos del Estado de bienestar no provienen únicamente de extranjeros, sino también de ciudadanos autóctonos. El ministro español, Jorge Fernández Díaz, se sumó a la tesis mayoritaria y defendió la libre circulación como “algo que pertenece al código genético de la UE”, informa Efe.
El Ejecutivo comunitario rechaza que la libre circulación se limite a los ciudadanos que pretendan trabajar, estudiar o montar un negocio en el país de destino, como sugieren los firmantes de la carta, pues el Tratado de Maastricht consagra el derecho aun fuera de esos casos.
