El proyecto del Canal divide a Nicaragua
La oposición acusa al presidente Ortega de entregar la soberanía a China
CARLOS SALINAS MALDONADO
Managua, El País
Una Nicaragua dividida recibía ayer el anuncio de que la Asamblea Nacional de este país centroamericano había aprobado la víspera conceder al empresario chino Wang Jing la concesión, por 50 años prorrogables, de la construcción de un canal interoceánico rival del de Panamá. Numerosos políticos opositores, intelectuales, defensores del medio ambiente, medios críticos y hasta la principal cámara empresarial del país critican la concesión, por considerarla una “absurda” entrega de soberanía y amplios poderes “a un chino”.
Mientras, el Ejecutivo sandinista y sus partidarios celebran lo que consideran una oportunidad para sacar a Nicaragua de la miseria. “Con esta inversión queremos cerrar la angustia de los pobres. Es el día más importante del desarrollo histórico del país”, dijo Edwin Castro, diputado del oficialista Frente Sandinista.
Asesores del Gobierno de Daniel Ortega han dicho que la construcción de un canal por Nicaragua hará que la economía crezca hasta un 15% en los primeros años del inicio de la obra, y que además podría generar cientos de miles de empleos en este país de 5,6 millones de habitantes. El proyecto, tal y como está contemplado en la ley que aprobó la Asamblea Nacional, con los 61 votos a favor de los diputados sandinistas —la oposición, con 25 diputados, votó en contra— establece un megaproyecto que incluye la construcción de puertos de aguas profundas en el Caribe y en las costas del Pacífico, un ferrocarril, aeropuertos, un oleoducto y zonas de libre comercio. El coste de la obra ha sido calculada por el propio presidente Ortega en 40.000 millones de dólares (30.000 millones de euros).
La oposición y varios analistas han criticado la forma en que el Gobierno impulsó la ley, aprobada de forma expeditiva y sin consultas previas. Las críticas se centran en el hecho de que no se presentaron estudios de viabilidad ni de impacto ambiental que permitan determinar si es factible construir un proyecto de este nivel en Nicaragua, y de que no se consultó a las comunidades indígenas de las regiones del Caribe, que se verían afectadas por la obra.
Tampoco se hicieron consultas a expertos ni a la sociedad. Organizaciones de defensa del medioambiente, como la Alianza Nicaragüense ante el Cambio Climático y la Mesa Nacional para la Gestión del Riesgo, han calificado la obra como la “mayor amenaza a las condiciones ambientales de Nicaragua en toda su historia”. Sin embargo, las mayores dudas sobre el proyecto son las que rodean al hombre en cuyas manos el Gobierno ha depositado la obra faraónica: el empresario chino Wang Jing.
De Wang se sabe muy poco. Nació en Pekín en diciembre de 1972 y en 1995 fundó la empresa de telecomunicaciones Xinwei. Con esta empresa aterrizó Wang en Nicaragua en 2012, de la mano de Laureano Ortega, un hijo del presidente que ha sido nombrado asesor en temas de inversión. El empresario chino se reunió con Daniel Ortega en septiembre del año pasado. Como recuerdo de esa reunión hay una foto en la que el político y el inversionista se estrechan la mano como dos sonrientes socios que cierran un buen negocio. Wang prometió que iba a modernizar el sistema de telecomunicaciones de Nicaragua con una inversión, según dijo el Gobierno, de 2.000 millones de dólares (1.500 millones de euros) en tres años. Hasta ahora no ha desembolsado ni un dólar, pero en cambio prometió construir el llamado Gran Canal.
Para ello, el empresario chino creó tres compañías. Wang inscribió el 20 de agosto de 2012 la empresa HK Nicaragua Canal Development Investment Co. Ltd en el registro de empresas del Gobierno de Hong Kong. Esta compañía fue inscrita con unos fondos iniciales de 500.000 dólares hongkoneses (unos 48.000 euros), con él como director y único socio. La empresa no tiene oficinas en Hong Kong, por lo que Wang la inscribió en su dirección particular como domicilio, en el distrito Fengtai de Pekín.
Wang gestionará también con otras compañías las inversiones para construir los proyectos relacionados al Gran Canal, dado que la ley aprobada por la Asamblea nicaragüense le da amplísimos poderes: Wang podrá solicitar a la Comisión del Gran Canal —un ente gubernamental— la expropiación de propiedades que crea conveniente, el uso de recursos naturales y demandar apoyo oficial y privado para su proyecto.
Managua, El País
Una Nicaragua dividida recibía ayer el anuncio de que la Asamblea Nacional de este país centroamericano había aprobado la víspera conceder al empresario chino Wang Jing la concesión, por 50 años prorrogables, de la construcción de un canal interoceánico rival del de Panamá. Numerosos políticos opositores, intelectuales, defensores del medio ambiente, medios críticos y hasta la principal cámara empresarial del país critican la concesión, por considerarla una “absurda” entrega de soberanía y amplios poderes “a un chino”.
Mientras, el Ejecutivo sandinista y sus partidarios celebran lo que consideran una oportunidad para sacar a Nicaragua de la miseria. “Con esta inversión queremos cerrar la angustia de los pobres. Es el día más importante del desarrollo histórico del país”, dijo Edwin Castro, diputado del oficialista Frente Sandinista.
Asesores del Gobierno de Daniel Ortega han dicho que la construcción de un canal por Nicaragua hará que la economía crezca hasta un 15% en los primeros años del inicio de la obra, y que además podría generar cientos de miles de empleos en este país de 5,6 millones de habitantes. El proyecto, tal y como está contemplado en la ley que aprobó la Asamblea Nacional, con los 61 votos a favor de los diputados sandinistas —la oposición, con 25 diputados, votó en contra— establece un megaproyecto que incluye la construcción de puertos de aguas profundas en el Caribe y en las costas del Pacífico, un ferrocarril, aeropuertos, un oleoducto y zonas de libre comercio. El coste de la obra ha sido calculada por el propio presidente Ortega en 40.000 millones de dólares (30.000 millones de euros).
La oposición y varios analistas han criticado la forma en que el Gobierno impulsó la ley, aprobada de forma expeditiva y sin consultas previas. Las críticas se centran en el hecho de que no se presentaron estudios de viabilidad ni de impacto ambiental que permitan determinar si es factible construir un proyecto de este nivel en Nicaragua, y de que no se consultó a las comunidades indígenas de las regiones del Caribe, que se verían afectadas por la obra.
Tampoco se hicieron consultas a expertos ni a la sociedad. Organizaciones de defensa del medioambiente, como la Alianza Nicaragüense ante el Cambio Climático y la Mesa Nacional para la Gestión del Riesgo, han calificado la obra como la “mayor amenaza a las condiciones ambientales de Nicaragua en toda su historia”. Sin embargo, las mayores dudas sobre el proyecto son las que rodean al hombre en cuyas manos el Gobierno ha depositado la obra faraónica: el empresario chino Wang Jing.
De Wang se sabe muy poco. Nació en Pekín en diciembre de 1972 y en 1995 fundó la empresa de telecomunicaciones Xinwei. Con esta empresa aterrizó Wang en Nicaragua en 2012, de la mano de Laureano Ortega, un hijo del presidente que ha sido nombrado asesor en temas de inversión. El empresario chino se reunió con Daniel Ortega en septiembre del año pasado. Como recuerdo de esa reunión hay una foto en la que el político y el inversionista se estrechan la mano como dos sonrientes socios que cierran un buen negocio. Wang prometió que iba a modernizar el sistema de telecomunicaciones de Nicaragua con una inversión, según dijo el Gobierno, de 2.000 millones de dólares (1.500 millones de euros) en tres años. Hasta ahora no ha desembolsado ni un dólar, pero en cambio prometió construir el llamado Gran Canal.
Para ello, el empresario chino creó tres compañías. Wang inscribió el 20 de agosto de 2012 la empresa HK Nicaragua Canal Development Investment Co. Ltd en el registro de empresas del Gobierno de Hong Kong. Esta compañía fue inscrita con unos fondos iniciales de 500.000 dólares hongkoneses (unos 48.000 euros), con él como director y único socio. La empresa no tiene oficinas en Hong Kong, por lo que Wang la inscribió en su dirección particular como domicilio, en el distrito Fengtai de Pekín.
Wang gestionará también con otras compañías las inversiones para construir los proyectos relacionados al Gran Canal, dado que la ley aprobada por la Asamblea nicaragüense le da amplísimos poderes: Wang podrá solicitar a la Comisión del Gran Canal —un ente gubernamental— la expropiación de propiedades que crea conveniente, el uso de recursos naturales y demandar apoyo oficial y privado para su proyecto.
