ANÁLISIS Europa empieza a concretar su giro social
Esta vez hay dinero, 6.000 millones anuales. Hay unos objetivos y un mayor control de la Comisión
Xavier Vidal-Folch, El País
Un tímido giro social empieza en Europa, aunque sea de forma modesta e insuficiente. La UE ha tardado exactamente un año —hasta la cumbre del jueves y viernes pasados— en concretar los detalles, mecanismos y programas del Pacto para el Crecimiento y el Empleo. Un pacto que debía suavizar los dolorosos efectos de la política de austeridad excesiva. Sobre todo mediante estímulos crediticios a la demanda (por 120.000 millones de euros, el 1% del PIB comunitario) y una nueva política activa para liberar a los jóvenes del yugo del desempleo. Dos pilares para cuyo desarrollo ya está casi todo dispuesto. Y entre otros instrumentos clave, el acuerdo presupuestario entre Consejo y Parlamento, que flexibiliza el paquete financiero 2014-2020, de forma que podrán movilizarse partidas no usadas, cambiar el calendario de inversiones o revisarse todo el gasto a mitad del período septenal.
La inyección de crédito la hará, como se pactó el año pasado, el Banco Europeo de Inversiones (BEI), que ya ha ampliado capital en 10.000 millones para poder prestar más. Los ministros de Economía y los jefes de Gobierno han domeñado sus recelos a que ese incremento ponga en peligro su máxima calificación crediticia (AAA). Le han puesto ahora deberes muy concretos: “incrementar su actividad crediticia al menos en un 40% durante el período 2013-2015”. Como en 2012 prestó 44.846 millones dentro de la UE, el 40% anual implica que deberá ampliar sus préstamos en al menos 54.000 millones durante este trienio. Y deberá centrar sus esfuerzos en un mercado menos placentero que el suyo habitual de grandes corporaciones, el de las pymes. La Comisión pretende que lo haga en 12.000 millones.
Junto a ello, Los Veintisiete han alumbrado una nueva política para combatir la lacra del paro juvenil. Una lacra que ya afecta a seis millones de jóvenes menores de 25 años; cuesta al año 153.000 millones al conjunto de la Unión Europea (UE) un 1,2% de su PIB, un 20% más que el presupuesto comunitario; y es causa principal de la desafección democrática y europea entre las nuevas generaciones.
Hasta ahora, no existía en la UE una política de empleo que, como tal, tuviera un objetivo concreto, un presupuesto determinado y una autoridad de control, las tres cualidades de una auténtica política. El antecedente es la estrategia de Luxemburgo, nacida por impulso del recién llegado socialista francés Lionel Jospin en 1997, para compensar/completar el Pacto de Estabilidad que imponía mayor rigor en el control del déficit y la deuda públicos. Significativo paralelismo, el Pacto para el Crecimiento y el Empleo de 2012, que esta cumbre ha revigorizado, también fraguó a la llegada al poder de un correligionario de Jospin, François Hollande.
Pero ese proceso, al igual que sus sucesores de Cardiff (1998), Colonia (1999), y la Agenda 2000, nunca superó el estadio de la parapolítica para convertirse en política, algo parecido a la frontera que aleja a una parafarmacia de la farmacia. Luxemburgo suponía una coordinación de las políticas nacionales de empleo, una puesta en común, un aprendizaje de sus mejores prácticas, y una evaluación anual para nada conminatoria. Todo estaba basado en un voluntarismo benevolente, al carecer de partida presupuestaria y de auténtico control.
Ahora el mecanismo cambia y se dota de las hechuras de cualquier política. Hay dinero del presupuesto común: 6.000 millones anuales de dinero fresco desde 2014, que se podrá concentrar en los dos primeros de los siete ejercicios del paquete plurianual, y aumentar gracias a la flexibilidad entre partidas presupuestarias y entre ejercicios pactada en principio (falta la votación en el hemiciclo) entre Parlamento y Consejo; así como un mínimo de 80.000 millones para capital humano sacados de los fondos estructurales durante siete años. Hay objetivos específicos, el principal de los cuales es la “garantía joven” por la que todo menor de 25 años deberá recibir, antes de que se cumplan cuatro meses de acabar sus estudios o de entrar en el desempleo, una “buena oferta de empleo, educación continua, aprendizaje o formación práctica” (Trabajar juntos por la gente joven europea, COM (2013), 447 final). Y hay un mayor control de la Comisión, que actuará en complicidad con los Gobiernos, pero desde el gran poder que le otorga su cualidad de autoridad de la ejecución presupuestaria. Será, claro, mejorable. Pero empieza a parecer sólido.
Xavier Vidal-Folch, El País
Un tímido giro social empieza en Europa, aunque sea de forma modesta e insuficiente. La UE ha tardado exactamente un año —hasta la cumbre del jueves y viernes pasados— en concretar los detalles, mecanismos y programas del Pacto para el Crecimiento y el Empleo. Un pacto que debía suavizar los dolorosos efectos de la política de austeridad excesiva. Sobre todo mediante estímulos crediticios a la demanda (por 120.000 millones de euros, el 1% del PIB comunitario) y una nueva política activa para liberar a los jóvenes del yugo del desempleo. Dos pilares para cuyo desarrollo ya está casi todo dispuesto. Y entre otros instrumentos clave, el acuerdo presupuestario entre Consejo y Parlamento, que flexibiliza el paquete financiero 2014-2020, de forma que podrán movilizarse partidas no usadas, cambiar el calendario de inversiones o revisarse todo el gasto a mitad del período septenal.
La inyección de crédito la hará, como se pactó el año pasado, el Banco Europeo de Inversiones (BEI), que ya ha ampliado capital en 10.000 millones para poder prestar más. Los ministros de Economía y los jefes de Gobierno han domeñado sus recelos a que ese incremento ponga en peligro su máxima calificación crediticia (AAA). Le han puesto ahora deberes muy concretos: “incrementar su actividad crediticia al menos en un 40% durante el período 2013-2015”. Como en 2012 prestó 44.846 millones dentro de la UE, el 40% anual implica que deberá ampliar sus préstamos en al menos 54.000 millones durante este trienio. Y deberá centrar sus esfuerzos en un mercado menos placentero que el suyo habitual de grandes corporaciones, el de las pymes. La Comisión pretende que lo haga en 12.000 millones.
Junto a ello, Los Veintisiete han alumbrado una nueva política para combatir la lacra del paro juvenil. Una lacra que ya afecta a seis millones de jóvenes menores de 25 años; cuesta al año 153.000 millones al conjunto de la Unión Europea (UE) un 1,2% de su PIB, un 20% más que el presupuesto comunitario; y es causa principal de la desafección democrática y europea entre las nuevas generaciones.
Hasta ahora, no existía en la UE una política de empleo que, como tal, tuviera un objetivo concreto, un presupuesto determinado y una autoridad de control, las tres cualidades de una auténtica política. El antecedente es la estrategia de Luxemburgo, nacida por impulso del recién llegado socialista francés Lionel Jospin en 1997, para compensar/completar el Pacto de Estabilidad que imponía mayor rigor en el control del déficit y la deuda públicos. Significativo paralelismo, el Pacto para el Crecimiento y el Empleo de 2012, que esta cumbre ha revigorizado, también fraguó a la llegada al poder de un correligionario de Jospin, François Hollande.
Pero ese proceso, al igual que sus sucesores de Cardiff (1998), Colonia (1999), y la Agenda 2000, nunca superó el estadio de la parapolítica para convertirse en política, algo parecido a la frontera que aleja a una parafarmacia de la farmacia. Luxemburgo suponía una coordinación de las políticas nacionales de empleo, una puesta en común, un aprendizaje de sus mejores prácticas, y una evaluación anual para nada conminatoria. Todo estaba basado en un voluntarismo benevolente, al carecer de partida presupuestaria y de auténtico control.
Ahora el mecanismo cambia y se dota de las hechuras de cualquier política. Hay dinero del presupuesto común: 6.000 millones anuales de dinero fresco desde 2014, que se podrá concentrar en los dos primeros de los siete ejercicios del paquete plurianual, y aumentar gracias a la flexibilidad entre partidas presupuestarias y entre ejercicios pactada en principio (falta la votación en el hemiciclo) entre Parlamento y Consejo; así como un mínimo de 80.000 millones para capital humano sacados de los fondos estructurales durante siete años. Hay objetivos específicos, el principal de los cuales es la “garantía joven” por la que todo menor de 25 años deberá recibir, antes de que se cumplan cuatro meses de acabar sus estudios o de entrar en el desempleo, una “buena oferta de empleo, educación continua, aprendizaje o formación práctica” (Trabajar juntos por la gente joven europea, COM (2013), 447 final). Y hay un mayor control de la Comisión, que actuará en complicidad con los Gobiernos, pero desde el gran poder que le otorga su cualidad de autoridad de la ejecución presupuestaria. Será, claro, mejorable. Pero empieza a parecer sólido.
