Alemania desbloquea el acuerdo sobre los futuros rescates bancarios
Los acreedores y los accionistas serán los primeros en asumir pérdidas
Bruselas, EP
Los ministros de Economía de los Veintisiete lograron anoche, al segundo intento, un acuerdo sobre la nueva directiva para gestionar la reestructuración y liquidación de bancos que establece qué acreedores deben asumir pérdidas en futuras crisis bancarias, según anunciaron fuentes diplomáticas.
El compromiso alcanzado generaliza, según Europa Press, el modelo aplicado en el rescate bancario español, que consiste en imponer primero quitas obligatorias a algunos acreedores y permitir después la intervención del fondo de rescate de la UE (MEDE), pero de forma indirecta, a través del Estado. No obstante, las quitas futuras serán mayores que las impuestas en España.
La norma garantiza que en ningún caso se tocarán los depósitos inferiores a 100.000 euros y otorga una protección especial a los de más de 100.000 euros en manos de pymes y particulares, que solo sufrirán pérdidas como último recurso.
El acuerdo será ratificado por los jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre que empieza hoy y supone una de las piezas fundamentales de la unión bancaria, cuyo objetivo es romper el vínculo entre deuda bancaria y deuda soberana y evitar nuevos fiascos como el rescate de Chipre.
La directiva fija por primera vez un porcentaje mínimo de quita obligatorio equivalente al 8% de los pasivos del banco. Así se garantiza que sean los acreedores y los accionistas, y no los contribuyentes, los primeros en asumir pérdidas.
Una vez aplicada la quita obligatoria, la norma deja un amplio margen de maniobra a los Estados miembros para salvar a determinados acreedores de las quitas, hasta el 5% de los pasivos. Este rescate se financiará con los fondos de resolución nacionales, alimentados por los propios bancos.
En circunstancias excepcionales, la directiva autoriza a continuación el uso de fondos públicos nacionales y del MEDE antes de que todos los acreedores pierdan por completo su inversión, pero no de forma directa sino mediante un préstamo al Estado que computa como deuda pública, como en el caso de España.
La recapitalización directa solo podrá intervenir en una segunda fase, una vez que se hayan agotado todas las quitas posibles, si el banco sigue necesitando ayuda.
El acuerdo llegó de madrugada en una segunda reunión del Ecofin. En la anterior, los ministros de Finanzas de los Veintisiete no lograron avanzar debido a que Alemania se empeñó en bloquear el pacto. El bloqueo obedecía a uno de esos pulsos clásicos en la capital europea, entre París y Berlín, en desacuerdo sobre la manera de imponer pérdidas a los clientes, accionistas y acreedores de los bancos. Tampoco había acuerdo en que, en el caso de tener que liquidar un banco, pagaran primero los accionistas, en segundo lugar los poseedores de deuda de mala calidad, después los tenedores de deuda de máxima calidad y por último los depósitos por encima de la cifra mágica de 100.000 euros por cuenta. Salvo excepciones.
Alemania quería un sistema poco flexible, que no permitiera esas excepciones. Unas reglas de juego claras, que dieran poco margen a los Gobiernos e impidiesen, en último término, que los contribuyentes vuelvan a hacerse cargo de la factura. Francia, España, Reino Unido y otros países querían una mayor flexibilidad, para poder salvar a alguno de esos colectivos —las pymes y los particulares con cuentas superiores a 100.000 euros, en el caso español— y proteger de esa manera a sus sistemas financieros en caso de que sea necesario.
La protección se hará con los fondos de resolución bancaria nacionales o con un fondo europeo, una vez ese fondo —financiado, en principio, por los bancos— esté en marcha.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha celebrado el acuerdo del Ecofiny señaló que se trata de un "paso importante" para la unión bancaria. El ministro ha sostenido que el modelo de rescate bancario que fija la directiva es más estricto que el que se ha aplicado en el caso de España, ya que se exigirá a los acreedores que asuman un mayor porcentaje de pérdidas que las aplicadas a los preferentistas españoles. "En el caso de España, la recapitalización de los bancos ha sido bastante más favorable que lo que se ha acordado ahora para el resto de países, que lo que aparece en la directiva de resolución", ha asegurado.
Los ministros de Economía de los Veintisiete lograron anoche, al segundo intento, un acuerdo sobre la nueva directiva para gestionar la reestructuración y liquidación de bancos que establece qué acreedores deben asumir pérdidas en futuras crisis bancarias, según anunciaron fuentes diplomáticas.
El compromiso alcanzado generaliza, según Europa Press, el modelo aplicado en el rescate bancario español, que consiste en imponer primero quitas obligatorias a algunos acreedores y permitir después la intervención del fondo de rescate de la UE (MEDE), pero de forma indirecta, a través del Estado. No obstante, las quitas futuras serán mayores que las impuestas en España.
La norma garantiza que en ningún caso se tocarán los depósitos inferiores a 100.000 euros y otorga una protección especial a los de más de 100.000 euros en manos de pymes y particulares, que solo sufrirán pérdidas como último recurso.
El acuerdo será ratificado por los jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre que empieza hoy y supone una de las piezas fundamentales de la unión bancaria, cuyo objetivo es romper el vínculo entre deuda bancaria y deuda soberana y evitar nuevos fiascos como el rescate de Chipre.
La directiva fija por primera vez un porcentaje mínimo de quita obligatorio equivalente al 8% de los pasivos del banco. Así se garantiza que sean los acreedores y los accionistas, y no los contribuyentes, los primeros en asumir pérdidas.
Una vez aplicada la quita obligatoria, la norma deja un amplio margen de maniobra a los Estados miembros para salvar a determinados acreedores de las quitas, hasta el 5% de los pasivos. Este rescate se financiará con los fondos de resolución nacionales, alimentados por los propios bancos.
En circunstancias excepcionales, la directiva autoriza a continuación el uso de fondos públicos nacionales y del MEDE antes de que todos los acreedores pierdan por completo su inversión, pero no de forma directa sino mediante un préstamo al Estado que computa como deuda pública, como en el caso de España.
La recapitalización directa solo podrá intervenir en una segunda fase, una vez que se hayan agotado todas las quitas posibles, si el banco sigue necesitando ayuda.
El acuerdo llegó de madrugada en una segunda reunión del Ecofin. En la anterior, los ministros de Finanzas de los Veintisiete no lograron avanzar debido a que Alemania se empeñó en bloquear el pacto. El bloqueo obedecía a uno de esos pulsos clásicos en la capital europea, entre París y Berlín, en desacuerdo sobre la manera de imponer pérdidas a los clientes, accionistas y acreedores de los bancos. Tampoco había acuerdo en que, en el caso de tener que liquidar un banco, pagaran primero los accionistas, en segundo lugar los poseedores de deuda de mala calidad, después los tenedores de deuda de máxima calidad y por último los depósitos por encima de la cifra mágica de 100.000 euros por cuenta. Salvo excepciones.
Alemania quería un sistema poco flexible, que no permitiera esas excepciones. Unas reglas de juego claras, que dieran poco margen a los Gobiernos e impidiesen, en último término, que los contribuyentes vuelvan a hacerse cargo de la factura. Francia, España, Reino Unido y otros países querían una mayor flexibilidad, para poder salvar a alguno de esos colectivos —las pymes y los particulares con cuentas superiores a 100.000 euros, en el caso español— y proteger de esa manera a sus sistemas financieros en caso de que sea necesario.
La protección se hará con los fondos de resolución bancaria nacionales o con un fondo europeo, una vez ese fondo —financiado, en principio, por los bancos— esté en marcha.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha celebrado el acuerdo del Ecofiny señaló que se trata de un "paso importante" para la unión bancaria. El ministro ha sostenido que el modelo de rescate bancario que fija la directiva es más estricto que el que se ha aplicado en el caso de España, ya que se exigirá a los acreedores que asuman un mayor porcentaje de pérdidas que las aplicadas a los preferentistas españoles. "En el caso de España, la recapitalización de los bancos ha sido bastante más favorable que lo que se ha acordado ahora para el resto de países, que lo que aparece en la directiva de resolución", ha asegurado.
