Una ley contra el racismo amenaza con romper la coalición de Gobierno griega
Los dos socios de Samarás quieren castigar con cárcel a los agresores xenófobos
María Antonia Sánchez-Vallejo
Madrid, El País
Lo que no han logrado la ruina económica y su retahíla de consecuencias puede conseguirlo un proyecto de ley para penalizar la incitación al odio racial y la violencia xenófoba: la ruptura del Gobierno de coalición griego. Los dos socios menores, el socialista Pasok e Izquierda Democrática (Dimar, en sus siglas griegas), han plantado cara al primer ministro, Andonis Samarás, líder de la conservadora Nueva Democracia (ND, principal fuerza del tripartito), y anunciado que someterán por su cuenta al Parlamento un proyecto de ley contra el racismo que prevé multas y prisión para los culpables.
Las objeciones conservadoras —con el argumento de que la legislación vigente es adecuada para combatir esta lacra— han puesto al tripartito en la tesitura más delicada desde su formación, hace casi un año. ND se ha bajado en marcha de la iniciativa tras respaldarla inicialmente.
La crecientemente desafiante actitud en las calles y en el Parlamento del partido neonazi Aurora Dorada (AD, 18 diputados), al que muchos vinculan con la proliferación de ataques racistas —220 entre octubre de 2011 y diciembre de 2012—, está en el origen del proyecto de ley, redactado por el ministro de Justicia, Andonis Rupakiotis, aunque al mismo no han sido ajenas las repetidas llamadas de Bruselas —desde la comisaria de Interior, Cecilia Malmström, a Nils Muiznieks, responsable de Derechos Humanos del Consejo de Europa— a poner coto a los desmanes ultras e incluso prohibir el partido neonazi. El mismo Evánguelos Venizelos, líder socialista, recordó el lunes en referencia a AD: “Grecia tiene un grupo político que es descaradamente nazi y que organiza actos que violan el imperio de la ley”. Venizelos recordó que la violencia racista ensucia la imagen del país.
Aurora Dorada logró hace un año el apoyo del 7% del electorado, pero los sondeos de intención de voto le dan ahora el 10%, frente al 20% proyectado para ND y, algo menos, el principal partido de la oposición, el izquierdista Syriza. Tras las objeciones de Samarás, que le han valido un alud de críticas por supuesta connivencia con la extrema derecha, se hallan ciertos sectores del Ejército y la Iglesia ortodoxa, contrarios a la ley por “coartar la libertad de expresión”, pero también un indisimulado cálculo electoral: criminalizar a AD la haría acreedora de un caudal de votos que podrían poner en peligro una victoria pírrica —si se diere— de ND sobre Syriza. El Pasok, sin embargo, no tiene nada que perder: no solo sufre una sangría de defecciones, sino que los sondeos no le auguran más del 6% de los votos.
Mientras tanto, AD, que se jacta de su promesa de limpiar Grecia de “la escoria de la inmigración”, ha amenazado con sacar a las calles de Atenas a 100.000 personas si el Gobierno retoma el viejo proyecto de construir una mezquita en la capital griega, la única capital comunitaria sin una mezquita oficial —una iniciativa a la que Turquía, por cierto, ha prometido contribuir económicamente—, pero mientras tanto se conforma con amenazar a la Asociación de Musulmanes de Grecia con mensajes que rezan “os vamos a masacrar como a pollos” si no dejan el país en breve. Como subrayaba Nils Muiznieks, la violencia racista en Grecia es “una primitiva forma de terror”.
María Antonia Sánchez-Vallejo Madrid, El País
Lo que no han logrado la ruina económica y su retahíla de consecuencias puede conseguirlo un proyecto de ley para penalizar la incitación al odio racial y la violencia xenófoba: la ruptura del Gobierno de coalición griego. Los dos socios menores, el socialista Pasok e Izquierda Democrática (Dimar, en sus siglas griegas), han plantado cara al primer ministro, Andonis Samarás, líder de la conservadora Nueva Democracia (ND, principal fuerza del tripartito), y anunciado que someterán por su cuenta al Parlamento un proyecto de ley contra el racismo que prevé multas y prisión para los culpables.
Las objeciones conservadoras —con el argumento de que la legislación vigente es adecuada para combatir esta lacra— han puesto al tripartito en la tesitura más delicada desde su formación, hace casi un año. ND se ha bajado en marcha de la iniciativa tras respaldarla inicialmente.
La crecientemente desafiante actitud en las calles y en el Parlamento del partido neonazi Aurora Dorada (AD, 18 diputados), al que muchos vinculan con la proliferación de ataques racistas —220 entre octubre de 2011 y diciembre de 2012—, está en el origen del proyecto de ley, redactado por el ministro de Justicia, Andonis Rupakiotis, aunque al mismo no han sido ajenas las repetidas llamadas de Bruselas —desde la comisaria de Interior, Cecilia Malmström, a Nils Muiznieks, responsable de Derechos Humanos del Consejo de Europa— a poner coto a los desmanes ultras e incluso prohibir el partido neonazi. El mismo Evánguelos Venizelos, líder socialista, recordó el lunes en referencia a AD: “Grecia tiene un grupo político que es descaradamente nazi y que organiza actos que violan el imperio de la ley”. Venizelos recordó que la violencia racista ensucia la imagen del país.
Aurora Dorada logró hace un año el apoyo del 7% del electorado, pero los sondeos de intención de voto le dan ahora el 10%, frente al 20% proyectado para ND y, algo menos, el principal partido de la oposición, el izquierdista Syriza. Tras las objeciones de Samarás, que le han valido un alud de críticas por supuesta connivencia con la extrema derecha, se hallan ciertos sectores del Ejército y la Iglesia ortodoxa, contrarios a la ley por “coartar la libertad de expresión”, pero también un indisimulado cálculo electoral: criminalizar a AD la haría acreedora de un caudal de votos que podrían poner en peligro una victoria pírrica —si se diere— de ND sobre Syriza. El Pasok, sin embargo, no tiene nada que perder: no solo sufre una sangría de defecciones, sino que los sondeos no le auguran más del 6% de los votos.
Mientras tanto, AD, que se jacta de su promesa de limpiar Grecia de “la escoria de la inmigración”, ha amenazado con sacar a las calles de Atenas a 100.000 personas si el Gobierno retoma el viejo proyecto de construir una mezquita en la capital griega, la única capital comunitaria sin una mezquita oficial —una iniciativa a la que Turquía, por cierto, ha prometido contribuir económicamente—, pero mientras tanto se conforma con amenazar a la Asociación de Musulmanes de Grecia con mensajes que rezan “os vamos a masacrar como a pollos” si no dejan el país en breve. Como subrayaba Nils Muiznieks, la violencia racista en Grecia es “una primitiva forma de terror”.
