Un histórico caso contra la mafia lleva a juicio al Estado italiano
Palermo, Reuters
El jefe de jefes de la mafia siciliana y altos funcionarios italianos, antiguos y actuales, fueron a juicio el lunes por acusaciones de que mantuvieron negociaciones secretas para detener una oleada de atentados de la mafia a principios de la década de 1990.
El juicio procede de un periodo tumultuoso y tenebroso de la historia italiana, cuando las investigaciones de corrupción "tangentopoli" hicieron caer al 'establishment' al mismo tiempo en que una serie de bombas de la mafia mataron a 21 personas.
Los fiscales dijeron que las bombas pararon en 1994 después de un acuerdo mediado por Marcello Dell'Utri, ex senador y estrecho aliado de Silvio Berlusconi, que llenó el vacío de poder dejado por el colapso del antiguo sistema de partidos cuando entró en política ese mismo año.
El juez Alfredo Montalto inició el juicio en un tribunal de alta seguridad de cerca de Palermo en el vigésimo aniversario de un atentado con coche bomba de la mafia cerca de la galería de los Uffizi en Florencia que mató a cinco personas, una de ellas un recién nacido.
Los fiscales alegan que altos funcionarios y agentes de policía mantuvieron conversaciones con la mafia después de que el juez Giovanni Falcone, su esposa y tres guardaespaldas fueran asesinados por una bomba situada en una autovía cerca de Palermo en 1992.
La voluntad del Estado de entablar conversaciones después del asesinato de Falcone alentaron la colocación de más bombas, según los fiscales, y provocó el asesinato del fiscal Paolo Borsellino porque éste tuvo conocimiento de las negociaciones y se opuso.
A cambio de detener los atentados, la mafia siciliana quería sentencias más leves y mejores condiciones en la cárcel para los mafiosos condenados.
"El Estado no puede barrer sus responsabilidades bajo la alfombra", dijo el fiscal Antonino Di Matteo a periodistas antes del juicio del lunes.
Berlusconi no está acusado. Nicola Mancino, que era el ministro del Interior durante el periodo en que se produjeron las supuestas conversaciones, está siendo juzgado por falso testimonio, mientras otros acusados como Dell'Utri, podrían ser condenados por delitos de intento de chantaje al Estado.
Los 10 acusados niegan haber actuado mal.
Cuatro jefes de la mafia están procesados, entre ellos el ex jefe de jefes de la mafia siciliana Salvatore Rinna, apodado "la bestia". Tres estaban conectados a través de un video desde sus prisiones mientras que el cuarto, el desertor Giovanni Brusca, lo seguía desde un lugar secreto.
Mancino rechazó los cargos y dijo que no debería ser sometido a juicio junto a los mafiosos.
"Yo luché contra la mafia", dijo a periodistas cuando llegó a la audiencia del lunes. "No puedo ser juzgado junto a los mafiosos. Pediré que me juzguen por separado".
El jefe de jefes de la mafia siciliana y altos funcionarios italianos, antiguos y actuales, fueron a juicio el lunes por acusaciones de que mantuvieron negociaciones secretas para detener una oleada de atentados de la mafia a principios de la década de 1990.
El juicio procede de un periodo tumultuoso y tenebroso de la historia italiana, cuando las investigaciones de corrupción "tangentopoli" hicieron caer al 'establishment' al mismo tiempo en que una serie de bombas de la mafia mataron a 21 personas.
Los fiscales dijeron que las bombas pararon en 1994 después de un acuerdo mediado por Marcello Dell'Utri, ex senador y estrecho aliado de Silvio Berlusconi, que llenó el vacío de poder dejado por el colapso del antiguo sistema de partidos cuando entró en política ese mismo año.
El juez Alfredo Montalto inició el juicio en un tribunal de alta seguridad de cerca de Palermo en el vigésimo aniversario de un atentado con coche bomba de la mafia cerca de la galería de los Uffizi en Florencia que mató a cinco personas, una de ellas un recién nacido.
Los fiscales alegan que altos funcionarios y agentes de policía mantuvieron conversaciones con la mafia después de que el juez Giovanni Falcone, su esposa y tres guardaespaldas fueran asesinados por una bomba situada en una autovía cerca de Palermo en 1992.
La voluntad del Estado de entablar conversaciones después del asesinato de Falcone alentaron la colocación de más bombas, según los fiscales, y provocó el asesinato del fiscal Paolo Borsellino porque éste tuvo conocimiento de las negociaciones y se opuso.
A cambio de detener los atentados, la mafia siciliana quería sentencias más leves y mejores condiciones en la cárcel para los mafiosos condenados.
"El Estado no puede barrer sus responsabilidades bajo la alfombra", dijo el fiscal Antonino Di Matteo a periodistas antes del juicio del lunes.
Berlusconi no está acusado. Nicola Mancino, que era el ministro del Interior durante el periodo en que se produjeron las supuestas conversaciones, está siendo juzgado por falso testimonio, mientras otros acusados como Dell'Utri, podrían ser condenados por delitos de intento de chantaje al Estado.
Los 10 acusados niegan haber actuado mal.
Cuatro jefes de la mafia están procesados, entre ellos el ex jefe de jefes de la mafia siciliana Salvatore Rinna, apodado "la bestia". Tres estaban conectados a través de un video desde sus prisiones mientras que el cuarto, el desertor Giovanni Brusca, lo seguía desde un lugar secreto.
Mancino rechazó los cargos y dijo que no debería ser sometido a juicio junto a los mafiosos.
"Yo luché contra la mafia", dijo a periodistas cuando llegó a la audiencia del lunes. "No puedo ser juzgado junto a los mafiosos. Pediré que me juzguen por separado".