La agencia AP acusa al gobierno de Obama de espiar a sus periodistas
WASHINGTON, APEl Departamento de Justicia obtuvo en secreto los registros telefónicos de dos meses de reporteros y editores de The Associated Press, en lo que el presidente y director general de la agencia de noticias calificó como una “intromisión descomunal y sin precedentes” en cómo las organizaciones noticiosas realizan su trabajo.
Los registros obtenidos por el Departamento de Justicia incluyen las llamadas hechas desde los teléfonos de trabajo y personales de reporteros, desde los números generales de las oficinas de la AP en Nueva York, Washington y Hartford, Connecticut, y desde el número principal de la AP en la sala de prensa de la Cámara de Representantes, según los abogados de la AP. No estaba claro si los registros también incluyeron las llamadas realizadas a esos teléfonos o su duración.
En una carta de protesta enviada el lunes al secretario de Justicia, Eric Holder, el presidente y director general de la AP, Gary Pruitt, expresó que el gobierno solicitó y obtuvo información que va mucho más allá de lo que cualquier investigación en específico puede justificar. Pruitt exigió la devolución de los registros telefónicos y la destrucción de todas las copias.En total, el gobierno obtuvo los registros de más de 20 líneas telefónicas asignadas a la AP y sus periodistas en abril y mayo de 2012. No se conoce el número exacto de los periodistas que usaron esas líneas telefónicas en ese período, pero más de 100 periodistas trabajan en las oficinas cuyos registros telefónicos fueron solicitados, en una amplia gama de noticias sobre el gobierno y otros asuntos.
“No puede haber justificación posible para un acopio tan amplio de comunicaciones telefónicas de The Associated Press y sus reporteros. Estos registros potencialmente revelan comunicaciones con fuentes confidenciales en todas las actividades noticiosas de la AP durante un período de dos meses, ofrecen un vistazo a las operaciones de recopilación de información de la AP, y revelan información sobre las actividades y operaciones de la AP que el gobierno no tiene derecho imaginable a conocer”, expresó Pruitt.
El gobierno declinó decir por qué solicitó los registros. Funcionarios del gobierno habían expresado previamente en testimonios públicos que el fiscal federal en Washington realiza una investigación penal sobre quién puede haber entregado información contenida en un despacho de la AP del 7 de mayo de 2012 sobre un plan terrorista abortado. El despacho revelaba detalles de una operación de la CIA en Yemen que desarticuló un plan de al-Qaida en la primavera boreal de 2012 para detonar una bomba en un avión que se dirigía a Estados Unidos.
El gobierno declinó decir por qué solicitó los registros. Funcionarios del gobierno habían expresado previamente en testimonios públicos que el fiscal federal en Washington realiza una investigación penal sobre quién puede haber entregado información contenida en un despacho de la AP del 7 de mayo de 2012 sobre un plan terrorista abortado. El despacho revelaba detalles de una operación de la CIA en Yemen que desarticuló un plan de al-Qaida en la primavera boreal de 2012 para detonar una bomba en un avión que se dirigía a Estados Unidos.
Los fiscales han pedido en otras ocasiones los registros telefónicos de reporteros, pero el acopio de tales documentos de una gama tan amplia de oficinas de la AP, incluyendo los números de conmutadores generales de la agencia noticiosa y una línea de fax que presta servicio a toda la oficina, es poco común.En un testimonio rendido en febrero, el director de la CIA, John Brennan, dijo que el FBI le había preguntado si él era la fuente de la AP, lo que Brennan negó. Dijo que la filtración de información a los medios sobre el plan terrorista era una “revelación no autorizada y peligrosa de información secreta”.
En la carta de notificación a la AP, recibida el viernes, el Departamento de Justicia no ofreció ninguna explicación sobre el acopio de registros, según la carta de Pruitt y los abogados de la AP. Las autoridades obtuvieron los registros presumiblemente de manos de compañías telefónicas, aunque la carta del gobierno no explicó eso. Ninguna de la información entregada por el gobierno a la AP indica que se haya monitoreado alguna conversación telefónica.
Entre los números telefónicos obtenidos por el gobierno están los de cinco reporteros y un editor vinculados con el despacho del 7 de mayo de 2012.
El gobierno de Obama ha investigado con fuerza las revelaciones de información secreta a los medios y ha entablado seis procesos contra personas sospechosas de filtrar información secreta, más que todos los presidentes anteriores juntos.
La Casa Blanca informó el lunes que, excepto por los informes de prensa, no tenía conocimiento de que el Departamento de Justicia hubiese solicitado los registros telefónicos de la AP.
“No participamos en decisiones relacionadas con investigaciones penales porque esos asuntos los maneja independientemente el Departamento de Justicia”, dijo Jay Carney, portavoz de la Casa Blanca.
El representante republicano Darrell Issa, presidente de la Comisión para la Supervisión y Reforma del Gobierno, panel investigativo de la Cámara de Representantes, declaró a CNN que “tenían la obligación de buscar cualquier otra forma de conseguir (la información) antes de entrometerse en la libertad de prensa”.
Por su parte, el senador demócrata Patrick Leahy, presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado, dijo en una declaración enviada por correo electrónico que “el gobierno siempre tiene que demostrar la necesidad de conocer información privada, especialmente información sobre la prensa o sus fuentes confidenciales. (…) Inicialmente, me preocupa que el gobierno no haya cumplido esa responsabilidad. Me preocupan mucho estos señalamientos y espero escuchar la explicación del gobierno”.
Los reglamentos publicados por el Departamento de Justicia exigen que los requerimientos judiciales para obtener registros de organizaciones noticiosas deben ser aprobados personalmente por el secretario de Justicia, pero no se sabe si ocurrió así en este caso. La carta de notificación a la AP de que sus registros telefónicos se obtuvieron mediante citatorios judiciales fue enviada el viernes por Ronald Machen, fiscal federal de Washington.La Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), dijo que el uso de requerimientos judiciales para obtener una amplia gama de registros tiene un efecto disuasorio tanto sobre los periodistas como los denunciantes que desean revelan acciones indebidas del gobierno. “El secretario de Justicia tiene que explicar las acciones del Departamento de Justicia al público para que podamos asegurar que esta clase de intimidación a la prensa no vuelva a ocurrir”, dijo Laura Murphy, directora de la oficina de asuntos legislativos de la ACLU en Washington.
William Miller, portavoz de Machen, dijo el lunes que, en general, el fiscal federal sigue “todas las leyes aplicables, normas federales y del Departamento de Justicia al emitir citatorios judiciales para obtener registros telefónicos de organizaciones noticiosas”. Pero Miller declinó responder a preguntas sobre detalles específicos de los registros de la AP. “No hacemos comentarios sobre investigaciones penales en curso”, dijo Miller en un mensaje enviado por correo electrónico.
El Departamento de Justicia tiene reglas estrictas que gobiernan las solicitudes de registros telefónicos de organizaciones noticiosas. Un citatorio judicial sólo puede tomarse en cuenta después que se hayan realizado “todos los esfuerzos posibles” para obtener esa información de otras fuentes, indican las reglas. No estaba claro qué otros pasos pueda haber tomado el Departamento de Justicia para obtener la información en este caso.
Un citatorio judicial a los medios de comunicación debe ser “tan específico como sea posible” y “debe ser sobre información relevante de un asunto en específico y cubrir un período razonablemente limitado”, precisan las reglas.
Las razones para estas restricciones, afirma el Departamento de Justicia, son evitar acciones que “puedan afectar la función de recopilación de información noticiosa”, porque el gobierno reconoce que “la libertad de prensa no puede ser más amplia que la libertad de los reporteros para investigar y reportar noticias”.
Normalmente el gobierno informa por adelantado a las organizaciones noticiosas que desea obtener los registros telefónicos y entonces entran en negociaciones sobre esa información. En este caso, sin embargo, el gobierno, en su carta a la AP, citó una excepción a esas reglas que contempla que la notificación por adelantado puede pasarse por alto si la misma, según las reglas, puede “representar una amenaza sustancial a la integridad de la investigación”.
No se sabe si algún un juez o un jurado investigador aprobó los requerimientos judiciales.
El senador Rand Paul, republicano por Kentucky y potencial candidato presidencial en 2016, dijo que “la Cuarta Enmienda no es sólo una protección contra cateos y decomisos infundados, es una protección fundamental para la Primera Enmienda y todos los demás derechos constitucionales. (La Cuarta Enmienda) establece una norma a cumplir —una orden judicial— para que el gobierno pueda hacer algo que afecte el ejercicio de cualquiera de esos derechos. Debemos protegerla con todo el vigor con el que protegemos otras garantías constitucionales”.
El despacho de la AP del 7 de mayo de 2012 que reveló detalles de la operación de la CIA en Yemen para detener un plan que tenía como fin hacer explotar un avión comercial, se publicó cerca del primer aniversario de la muerte de Osama bin Laden ocurrida el 2 de mayo de 2011.
El plan era importante debido a su gravedad y porque la Casa Blanca había informado anteriormente al público que “no tenía información creíble de que organizaciones terroristas, como al-Qaida, estén planeando ataques en Estados Unidos para coincidir con el aniversario (del 2 de mayo) de la muerte de bin Laden”.
La AP demoró la publicación de la crónica a solicitud de funcionarios del gobierno, quienes dijeron que ponía en peligro la seguridad nacional. Una vez que los funcionarios dijeron que esas preocupaciones ya no existían, la AP reveló el plan, aunque el gobierno de Obama siguió solicitando que no se publicara la información hasta que el gobierno pudiera hacer un anuncio oficial.
El despacho del 7 de mayo fue escrito por los reporteros Matt Apuzzo y Adam Goldman, con contribuciones de los reporteros Kimberly Dozier, Eileen Sullivan y Alan Fram. Ellos y su editor, Ted Bridis, estuvieron entre los periodistas cuyos registros telefónicos de mayo y abril de 2012 fueron solicitados por el gobierno.
Brennan, el director de la CIA, habló sobre el despacho y la investigación de la AP en testimonios por escrito presentados al Senado. “La filtración irresponsable y dañina de información secreta ocurrió… cuando alguien informó a The Associated Press que el gobierno de Estados Unidos había interceptado un IED (siglas en inglés de artefacto explosivo casero) que presuntamente se iba a usar en un ataque, y que el gobierno tenía en su poder ese IED y lo estaba estudiando”, escribió Brennan.
El director de la CIA también defendió la decisión de la Casa Blanca de discutir el plan posteriormente. “Una vez que alguien filtró información sobre la interceptación del IED y que el artefacto estaba en nuestro poder, era imperativo informar al pueblo, sobre la base de la política del gobierno de que nunca existió ningún peligro para el pueblo estadounidense asociado con este plan de al-Qaida”, dijo Brennan a los senadores.
