Deniegan amparo a la mujer que solicitaba abortar un feto sin cerebro
Madrid, EP
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador ha desestimado la demanda de amparo presentada por Beatriz, una joven que desea someterse a aborto terapéutico porque el bebé que espera no tiene cerebro y porque ella padece lupus, una enfermedad que desgasta el sistema inmunológico.
La joven, de 22 años, había demandado al director y al jefe del servicio de perinatología del Hospital Nacional de Maternidad, en el que está ingresada, por vulneración a sus derechos a la vida y a la salud. Los abogados de Beatriz, cuyo hijo no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir fuera del vientre materno, pretendían que la Sala avalara una intervención médica para interrumpir la gestación, teniendo en cuenta que la joven padece lupus y otras complicaciones de salud que amenazan su vida.
Sin embargo, tres de los cinco magistrados de la Sala Constitucional han dictaminado que el personal del centro no incurrió en ninguna omisión porque han estado siguiendo constantemente el estado de salud de Beatriz.
En su veredicto, los magistrados recuerdan que en El Salvador la Constitución impide para avalar un aborto terapéutico ya que otorga protección a la persona humana "desde el instante de la concepción". Asimismo, han alegado que "sostiene que los derechos de la madre no pueden privilegiarse sobres los del 'nasciturus' ni viceversa". En El Salvador, la interrupción del embarazo está penada con entre dos y ocho años de cárcel.
ATENCIÓN MÉDICA
Así las cosas, los jueces han dado instrucciones a las autoridades sanitarias para que se siga de cerca el estado de salud de Beatriz y que se le brinde el tratamiento "que en cada momento resulte idóneo para su condición médica, así como implementar los procedimientos que, según la ciencia médica, se estimen indispensables para atender futuras complicaciones que se presenten".
Sin embargo, han reclamado a los médicos que atienden a la mujer "asumir los riesgos que conlleva el ejercicio de la profesión y decidir, al amparo de sus conocimientos científicos actualizados y del análisis de los registros, exámenes y del estado físico de la paciente, lo que clínicamente corresponda para garantizar la vida tanto de la madre como la del no nacido".
Según ha indicado una fuente de la Sala de lo Constitucional al diario 'El Faro', "serán los médicos, según el conocimiento de su especialidad, quienes deben determinar cuándo se da una circunstancia que haga necesaria la interrupción del embarazo".
La decisión de los jueces, según este diario, se ha basado en el informe elaborado por el Instituto de Medicina Legal a petición de los magistrados, que solicitaron que se realizaran exámenes a Beatriz para determinar su estado de salud. Los facultativos dictaminaron que no existía un grave riesgo de morir y que el hospital de Maternidad debía únicamente continuar con el tratamiento, mantenerla en observación y que solo debía intervenirse de producirse una crisis.
MATICES
Otro de los magistrados del Constitucional ha dado su visto bueno, aunque con algunos matices, a la decisión de desestimar el amparo de Beatriz. Así, según informa el diario local 'La Prensa', ha advertido de que la Sala Constitucional no puede convertirse en un "tribunal de autorización de interrupciones de embarazos".
Asimismo, ha subrayado que los demandantes no han conseguido demostrar que Beatriz estuviera ante un riesgo inminente de muerte sino que, en su opinión, el riesgo para su vida es eventual y futuro.
Los médicos que atienden a Beatriz, que a mediados de marzo superó ya las trece semanas de gestación, habían advertido ya el pasado 14 de abril de que era necesaria la interrupción del embarazo porque de lo contrario la madre podría fallecer por varios factores: una homorragia obstétrica grave, el agravamiento del lupus, el empeoramiento del fallo renal que también padece, o una preeclampsia que se podía manifestar a través de una hemorragia cerebral o un tromboembolismo pulmonar.
Además, numerosas instituciones, tanto nacionales como extranjeras han solicitado la intervención del Estado salvadoreño en este caso, incluida la ministra de Salud, María Isabel Rodríguez, y la Comisión Nacional de Bioética, así como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador ha desestimado la demanda de amparo presentada por Beatriz, una joven que desea someterse a aborto terapéutico porque el bebé que espera no tiene cerebro y porque ella padece lupus, una enfermedad que desgasta el sistema inmunológico.
La joven, de 22 años, había demandado al director y al jefe del servicio de perinatología del Hospital Nacional de Maternidad, en el que está ingresada, por vulneración a sus derechos a la vida y a la salud. Los abogados de Beatriz, cuyo hijo no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir fuera del vientre materno, pretendían que la Sala avalara una intervención médica para interrumpir la gestación, teniendo en cuenta que la joven padece lupus y otras complicaciones de salud que amenazan su vida.
Sin embargo, tres de los cinco magistrados de la Sala Constitucional han dictaminado que el personal del centro no incurrió en ninguna omisión porque han estado siguiendo constantemente el estado de salud de Beatriz.
En su veredicto, los magistrados recuerdan que en El Salvador la Constitución impide para avalar un aborto terapéutico ya que otorga protección a la persona humana "desde el instante de la concepción". Asimismo, han alegado que "sostiene que los derechos de la madre no pueden privilegiarse sobres los del 'nasciturus' ni viceversa". En El Salvador, la interrupción del embarazo está penada con entre dos y ocho años de cárcel.
ATENCIÓN MÉDICA
Así las cosas, los jueces han dado instrucciones a las autoridades sanitarias para que se siga de cerca el estado de salud de Beatriz y que se le brinde el tratamiento "que en cada momento resulte idóneo para su condición médica, así como implementar los procedimientos que, según la ciencia médica, se estimen indispensables para atender futuras complicaciones que se presenten".
Sin embargo, han reclamado a los médicos que atienden a la mujer "asumir los riesgos que conlleva el ejercicio de la profesión y decidir, al amparo de sus conocimientos científicos actualizados y del análisis de los registros, exámenes y del estado físico de la paciente, lo que clínicamente corresponda para garantizar la vida tanto de la madre como la del no nacido".
Según ha indicado una fuente de la Sala de lo Constitucional al diario 'El Faro', "serán los médicos, según el conocimiento de su especialidad, quienes deben determinar cuándo se da una circunstancia que haga necesaria la interrupción del embarazo".
La decisión de los jueces, según este diario, se ha basado en el informe elaborado por el Instituto de Medicina Legal a petición de los magistrados, que solicitaron que se realizaran exámenes a Beatriz para determinar su estado de salud. Los facultativos dictaminaron que no existía un grave riesgo de morir y que el hospital de Maternidad debía únicamente continuar con el tratamiento, mantenerla en observación y que solo debía intervenirse de producirse una crisis.
MATICES
Otro de los magistrados del Constitucional ha dado su visto bueno, aunque con algunos matices, a la decisión de desestimar el amparo de Beatriz. Así, según informa el diario local 'La Prensa', ha advertido de que la Sala Constitucional no puede convertirse en un "tribunal de autorización de interrupciones de embarazos".
Asimismo, ha subrayado que los demandantes no han conseguido demostrar que Beatriz estuviera ante un riesgo inminente de muerte sino que, en su opinión, el riesgo para su vida es eventual y futuro.
Los médicos que atienden a Beatriz, que a mediados de marzo superó ya las trece semanas de gestación, habían advertido ya el pasado 14 de abril de que era necesaria la interrupción del embarazo porque de lo contrario la madre podría fallecer por varios factores: una homorragia obstétrica grave, el agravamiento del lupus, el empeoramiento del fallo renal que también padece, o una preeclampsia que se podía manifestar a través de una hemorragia cerebral o un tromboembolismo pulmonar.
Además, numerosas instituciones, tanto nacionales como extranjeras han solicitado la intervención del Estado salvadoreño en este caso, incluida la ministra de Salud, María Isabel Rodríguez, y la Comisión Nacional de Bioética, así como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
